En el documento, el Estado hondureño realizó algunos cambios al oficio original enviado por la ONU, al tiempo que instruye ciertas condicionantes para que la CICIH funcione en el país, como por ejemplo, que no sea un «acusador privado».
En el documento original, la ONU pidió realizar investigaciones de forma independiente, así como constituirse como acusador privado.
Sin embargo, el Gobierno limita esa función y solamente le da la facultad para «acompañar en la realización de investigaciones para el ejercicio de las acciones de forma independiente».
La opinión del Gobierno es que esta comisión, debe, además de ser independiente y autónoma, respetar las leyes nacionales, en este caso la Constitución de la República, respetar la separación de poderes, respetar el monopolio de la acción criminal que tiene el Ministerio Público y de alguna manera cómo se acopla la comisión que será creada en el combate a la corrupción.
Lo anterior representa, si se aprueba el convenio para la creación de la CICIH, que este ente tenga las mismas funciones de acompañamiento y no acusador que tuvo la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que funcionó entre 2016 y 2020 con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA)
La MACCIH fue instalada en 2016 luego de un acuerdo entre Honduras con la OEA, pero en enero de 2020 el Congreso Nacional (de mayoría del Partido Nacional en ese entonces) no aprobó un segundo mandato de la Misión, que ya había denunciado actos de corrupción que salpicaron a diputados, funcionarios y exfuncionarios.
Aquí algunas condicionantes
En el inciso cinco, el documento original de la ONU menciona que «el Gobierno (de Honduras) reconoce que la implementación de las conclusiones del equipo de expertos que será enviado durante la Fase 1, que podrán incluir -más podrán no estar limitadas a- la necesidad de abrogar, derogar, reformar y aprobar ciertas leyes y determinados textos reglamentarios, constituirá un requisito para que las Naciones Unidas prosigan con su involucramiento».
No obstante, la respuesta del Gobierno agrega que estas podrán ser reformadas siempre que «no lesionen los derechos y libertades garantizadas por la Constitución de la República y respetando las atribuciones e independencia de los poderes del Estado».
De igual forma, sugieren una reforma al delito de enriquecimiento ilícito, incluyendo la abrogación del decreto 116-19, que contiene la Ley especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, conocido como «pacto de impunidad».
Esta normativa impide que el Ministerio Público presente requerimientos fiscales por malversación de fondos si no hay un informe previo del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
A ello, el Gobierno responde que las reformas legales que aseguren la investigación y el procesamiento serán bajo responsabilidad únicamente del Ministerio Público.
Para finalizar, menciona que Honduras y la ONU «entienden que cualquier acuerdo bilateral que estableciera un mecanismo internacional imparcial e independiente sería concluido únicamente después de que el Gobierno haya cumplido con su compromiso de implementar las conclusiones del grupo de expertos para el funcionamiento efectivo del mecanismo internacional».
Instalación de la CICIH en Honduras
El Gobierno de Honduras solicitó a la ONU el pasado 14 de febrero la instalación de la CICIH como parte de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda).
Un mes después, el 14 de marzo, la carta fue respondida por el secretario general de las ONU, Antonio Guterrez, en la que indicó que el Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de la ONU daría seguimiento a su solicitud a través de la creación de un equipo de expertos que realizaría una misión en Honduras.
Durante esa visita por parte del equipo de la ONU se desarrolló entre el 8 y el 14 de mayo de 2022, el cual presentó un informe sobre los hallazgos encontrados en Honduras para fortalecer la CICIH en el país.
https://confidencialhn.com/blog/2022/08/24/gobierno-niega-a-la-cicih-facultad-para-
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Presidenta Xiomara Castro condena ataque contra vicepresidenta argentina Cristina Fernández
RedacciónLa presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se solidarizó este martes
con la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, luego de que un
fiscal pidiera una pena de 12 años en su contra por supuesta corrupción. Nuestra solidaridad con @CFKArgentina. Condenamos el ataque de 'lawfare" contra la compañera Vicepresidenta. El uso de la judicialización de la política constituye un atentado contra la democracia. #TodosConCristina— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) August 23, 2022
Cristina Fernández está acusada de haber cometido presuntamente los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, debido a supuestas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante su mandato y el de su marido, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), en la sureña provincia argentina de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
Tras un alegato que se extendió por 9 jornadas, la Fiscalía pidió el lunes para Fernández una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, al tiempo que propuso decomisar bienes de los acusados en este juicio por una cuantía de 5.231 millones de pesos (unos 36,4 millones de dólares).
«Este no es un juicio a Cristina Fernández, este es un juicio al peronismo, a los Gobiernos nacionales y populares”, aseveró hoy Fernández tras lamentar la “persecución política y mediática» en su contra, en un discurso emitido por redes sociales desde su despacho en el Senado —del que es presidenta—, luego de que la Justicia rechazara su pedido de ampliar su declaración indagatoria en esta etapa del juicio.
Durante su alocución, la vicepresidenta argumentó que no existen pruebas en su contra y que ninguno de los citados a declarar durante el juicio apoyó con su testimonio la versión de los fiscales, a quienes culpó de adoptar el «guion» de los medios de comunicación afines a la actual oposición política.
Cristina Fernández asistió el pasado 27 de enero a la investidura presidencial de Xiomara Castro, del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre).
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