Al proceder con la medida, la fiscalía hondureña refiere que, de acuerdo con una investigación previa, se encontró la relación de Hernández “con personas vinculadas al narcotráfico y con quienes en su momento existió relación transaccional financiera y de constitución de sociedades”.
Hasta el momento el Ministerio Público que actuó a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en conjunto con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), conforme a las causales de privación de dominio de bienes de origen ilícito, no ha establecido cuáles son los bienes patrimoniales sujetos del aseguramiento y privación.
Una investigación de Criterio.hn publicada en febrero cuantificó que, a partir de 2010, cuando Juan Orlando Hernández se convirtió en presidente del Congreso Nacional, la expareja presidencial registró en territorio hondureño siete empresas y 60 bienes inmuebles cuyo valor ronda en 7.8 millones de dólares .
A lo anterior se suma la casa que Ana García, esposa de Juan Orlando Hernández, adquirió en el Condado de Broward, Miami, en junio de 2013, comprada a la empresa Monterra Plat por la cual fue expuesta en redes sociales y medios de comunicación de Honduras, al ser una propiedad adquirida por 805,000 dólares, unos 17.7 millones de lempiras, más el pago de 140,202 dólares por concepto de gastos de mantenimiento, servicios e impuestos de 2013 a 2019.
Y la familia extendida Hernández Alvarado-García registró al menos 109 bienes inmuebles y 11 empresas.
La solicitud de aseguramiento de los bienes se giró el 30 de marzo por el Ministerio Público al Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito. El MP solicitó realizar el proceso en secretividad con base a los artículos 225 y 278 del Código Procesal Penal.
La acción se registró cuatro días después de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificara la extradición del expresidente, acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por suponerlo responsable de tres delitos relacionados al tráfico de 500 mil kilogramos de cocaína, tráfico de armas y conspiración para usar dispositivos destructivos.
En un boletín, la Cote Suprema de Justicia informó sobre la aplicación de la medida de aseguramiento e incautación de bienes a Hernández y a 11 personas más (núcleo familiar). El Poder Judicial especificó que la petición del Juzgado de Privación de Dominio ordenó el aseguramiento e incautación de 30 bienes inmuebles, ocho sociedades mercantiles, 80 productos financieros y 16 vehículos.
La nota de prensa explica además que la medida de aseguramiento dura doce meses y se puede extender hasta doce meses más. Asimismo, que admitida la solicitud de privación definitiva del dominio, el juzgado pondrá la resolución en conocimiento a quien o quienes figuren como titulares de derechos reales, principales o accesorios y los emplazará para que, en el término de diez días hábiles, se presenten al juzgado y puedan entenderse del proceso judicial que ha iniciado sobre los bienes, instrumentos o ganancias.
Añade que una vez transcurrido el término de doce meses después de dictadas las y ejecutadas las medidas precautorias cautelares o de aseguramiento, sin que el Ministerio Público haya promovido la acción de privación del dominio, estas pueden ser revocadas .
«El término indicado en la ley de privación puede ser prorrogado mediante autorización judicial por un término igual por una sola vez y se comenzará a contar a partir de la inscripción en el registro correspondiente.
El abogado penalista Raúl Suazo explicó que los bienes que han sido asegurados pasarán primero por un proceso de investigación y los incautados pasarán a posesión del Estado de Honduras, pero hasta que el extraditable sea condenado en la corte donde se celebrará el juicio.
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DACIÓN DE BIENES
Cabe señalar que, en medio del proceso de extradición de Hernández, su esposa Ana García, entregó en carácter de dación por pago de deuda a banco Ficohsa tres bienes inmuebles por un monto de L 60, 119,295.96.
Del monto total de la dación 28,255,075.96 corresponden al inmueble de Villa Palmeras (colonia San Ignacio) y dos inmuebles en el sitio Hato de Enmedio (entre las colonias La Florencia, Tres Caminos y San Ignacio), en Tegucigalpa, y L 31,864,220.00 a la Finca Rústica “El Higuerito”, de 135 manzanas; adquirida en 2016 por L 11,624,571.43, ubicada en la aldea de El Higuerito, Juticalpa, Olancho.
La dación no es una figura nueva para los Hernández García, ya que el 6 de octubre de 2020, se pagó por dación de la hacienda Altamira de Cayo Blanco en el sitio de San Francisco del Corral y San Felipe L 41, 220,000 lempiras a banco Atlántida con quien a esa fecha Inversiones del Río tenía supuestamente una deuda por L 97,060,225.56.
LOS BIENES A NOMBRE DE JOH
La investigación de Criterio.hn consignó que seis bienes inmuebles fueron inscritos a nombre de Juan Orlando Hernández Alvarado, siendo estos el lote número 21 del bloque H de la urbanización Villa Palmeras, con un área de 672.11 metros cuadrados y valorado en 240,995.00 dólares.
De igual forma, el lote uno bloque B de la colonia Rubén Darío, con un área de 814.81metros cuadrados y valorado en 1, 200,000.00 lempiras. Otra de las propiedades es la ubicada en el lote número 13, bloque S-1 en la colonia Tepeyac, con un área de 625.20 metros cuadrados, comprado por 589,581.60 lempiras y vendido por USD 88,864.90.
También aparecen a su nombre el lote B de terreno situado en el Hato de En medio, cuya área es de 725.15 metros cuadrados, comprado por 1,900,000.00 lempiras. También, la fracción de terreno del Hato de en Medio del lote B, con un área de 475.39 metros cuadrados, adquirido por 201,131.00 dólares.
De igual manera, se encontró otro inmueble situado en la colonia Alameda, con un área de 299 metros cuadrados, adquirido por 100,000.00 lempiras.
Entre las empresas ligadas a Hernández se encuentra Inversiones del Río S. de R.L. y la empresa Servicios de Seguridad Lempira (Sersel), con la que, estando en el poder, la exfamilia presidencial logró millonarios contratos con el Estado.
Inversiones del Río S. de R.L., fue creada el 1 de diciembre de 2010 por Juan Orlando Hernández, su esposa Ana García y sus hermanos, la fallecida Hilda Hernández y Juan Antonio “Tony” Hernández, sentenciado en EE. UU. a cadena perpetua más 30 años de prisión por narcotráfico.
¿CÓMO QUEDAN LOS BIENES NO ASEGURADOS E INCAUTADOS?
De acuerdo con la investigación de Criterio.hn, la expareja presidencial registró siete empresas y 60 bienes inmuebles cuyo valor ronda en 7.8 millones de dólares.
Sin embargo, el aseguramiento e incautación solo se ha registrado con 33 bienes inmuebles, de acuerdo con el comunicado emitido hoy por el Ministerio Público, mismo que refiere que “los bienes otorgados en dación de pago a una institución financiera, luego de iniciado el proceso de extradición, se debe examinar la debida diligencia y acreditación de una tercería de buena fe exenta de culpa”.
Uno de los bienes entregados en dación en pago de deuda es la casa que ha habitado la expareja presidencial en los últimos años en Villa Palmeras, una exclusiva zona de Tegucigalpa que se conoce también como colonia San Ignacio.
Mientras el Ministerio Público investiga sobre la dación de bienes, Ana García seguirá viviendo en su residencia de Villa Palmeras, porque pactó con banco Ficohsa desalojar y entregar el inmueble doce meses después de la firma del contrato de dación, hecho que se registró el pasado 21 de marzo, por lo que tendrá plazo hasta el 21 de marzo de 2023.
Aunque en una búsqueda de Criterio.hn en el Registro de la Propiedad Inmueble de Francisco Morazán se encontró que ya existe medida cautelar de aseguramiento de acuerdo con un oficio emitido el 31 de marzo girado al Instituto de la Propiedad sobre el inmueble de Villa Palmeras y los lotes del sitio Hato de Enmedio en dación a banco Ficohsa.
La medida alcanza también a otro inmueble ubicado en la colonia Alameda de Tegucigalpa, adquirido el 4 de abril de 1986.
El Ministerio Público dice además en su comunicado que “sobre el resto de los bienes han recaído inversiones en concepto de mejoras que entran en el periodo de investigación y por tanto constituyen una mezcla de capitales, como precepto autorizante para el otorgamiento de las medidas solicitadas por el ente Fiscal”.
Es decir que hay bienes en sociedad entre los Hernández García y otras personas.
Es importante resaltar que el Ministerio Público refiere que los 33 inmuebles asegurados e incautados están distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, coincidiendo de esta manera con la investigación de Criterio.hn, aunque este medio aclaró en su momento que pueden existir otros bienes en otros lugares del país u otros transferidos a terceras personas que se habrían convertido en testaferros del exgobernante.
La fiscalía hondureña informó que el juez competente decidió otorgar el aseguramiento del total de bienes fijados en la pretensión del Ministerio Público, (lo que implica una prohibición registral de celebrar actos y contratos sobre los referidos bienes).
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