Redacción Central / EL LIBERTADOR
Washington. Durante el proceso judicial contra Tony Hernández, hermano del gobernante Juan Hernández, la Fiscalía de New York desclasificó (entre mayo y de agosto de 2019) documentos que involucra directamente a varios miembros del actual Gobierno en la conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos, la lista es encabezada por el propio jefe de Estado y otros funcionarios, también destaca el presidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).
Sobre el tema de los co-conspiradores, el pasado 30 de marzo del 2021 durante la lectura de sentencia de Juan Antonio Hernández el fiscal Matthew Laroche dijo lo siguiente:
“También es importante decir que muchos de los co-conspiradores del acusado han sido señalados públicamente y permanecen en Honduras y no les pasa nada. Se han enviado solicitudes de extradición y no han sido atendidas en cuanto a varias personas que hemos identificado en nuestra sentencia de sumisión”.
En Honduras el tema sobre las órdenes de extradición a las que se refiere el fiscal Laroche se ha manejado de forma totalmente hermética, y hasta el momento son públicas únicamente las órdenes de extradición pendientes contra Juan Carlos Bonilla alias “El tigre”, Arnaldo Urbina Soto (ex alcalde de Yoro, Yoro) junto a dos de sus hermanos quienes también fueron solicitados por la justicia estadounidense y Mario José Calix (ex vice alcalde de Gracias, Lempira).
Es importante recordar que esta no es la primera ocasión en la que los fiscales se refieren a la nula cooperación de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) y de los entes encargados de impartir justicia en el país, ya que en el pasado han criticado que estas instituciones no han brindado apoyo para el desarrollo de los procesos judiciales contra narcotraficantes hondureños que actualmente se realizan en el Distrito Sur de New York.
Muestra de ello, los documentos publicados por la Fiscalía el pasado 5 de febrero de 2021, en los que señalan que la investigación criminal contra Geovanny Fuentes Ramírez ha establecido que “la corrupción en Honduras es endémica y dado el objetivo establecido, la asistencia del gobierno hondureño en apoyo de estos enjuiciamientos en curso apenas se ha recibido.
Por ejemplo, el Gobierno hondureño sólo ha proporcionado registros limitados en respuesta a una solicitud de tratado de evidencia relacionada con Tony Hernández, y no ha cumplido solicitudes de extradición relacionadas con otros co-conspiradores acusados, y posibles testigos contra el acusado y “CC-4”, nombre código con el que se identifica al gobernante.
¿De quienes podrían ser las órdenes de extradición a las que se refiere la fiscalía?
Para responder a esta pregunta debemos señalar que dentro de los casos judiciales que se llevan a cabo en Estados Unidos, además de proceder contra el acusado, se incluyen dentro del caso una lista de los co-conspiradores quienes según investigaciones de la fiscalía contribuyeron a los crímenes cometidos por la persona que es juzgada.
Documentos federales del Departamento de Justicia de EE.UU. establecen la responsabilidad por actos y declaraciones de los co-conspiradores, que estipula que “cuando las personas participan en una conspiración para lograr un fin ilegal, se convierten en agentes o socios entre sí para llevar a cabo la conspiración. En consecuencia, los actos o declaraciones razonablemente previsibles de cualquier miembro de la conspiración, cometidos para promover el propósito común de la conspiración, se consideran conforme a la ley como los actos o declaraciones de todos los miembros de la conspiración, y todos los miembros de la conspiración son responsables de tales actos o declaraciones”.
Por lo tanto, una vez que mediante un juicio se demuestra la culpabilidad de un acusado, la fiscalía tiene elementos suficientes para solicitar la extradición de cualquiera de los co-conspiradores que fueron incluidos dentro del caso.
Ejemplo de ello es el caso de Tony Hernández, una vez que fue vencido en juicio la fiscalía acusó de manera formal a Mauricio Hernández Pineda (CC-6) y a Juan Carlos Bonilla (CC-7), el resto de co-conspiradores son Porfirio Lobo Sosa, Juan Orlando Hernández y el actual ministro de energía Roberto Ordoñez, quienes han sido señalados como altos oficiales en la conspiración de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, otros políticos y funcionarios que también fueron nombrados por su participación en las actividades delictivas de Tony son, el actual diputado por el departamento de Lempira, Juan Carlos Valenzuela, el ex Vice alcalde de Gracias Lempira, Mario José Cálix, el ex alcalde de Yoro, Yoro Arnaldo Urbina (quien tiene vigente una orden de extradición), el diputado por el departamento de Cortés, Reynaldo Ekonomo, el diputado por el departamento de Colón Óscar Nájera, la ex diputada por el departamento de Atlantida, Carmen Rivera, Hernán Hernández primo de Juan Orlando Hernández, el ex director del Fondo Vial de Honduras, Hugo Ardón, la directora de la agencia de Lucha contra el Narcotráfico en Honduras, Soraya Cálix (prima del extraditable Mario José Cálix).
Otro caso de alto impacto cuyo juicio se llevó a cabo en el mes de marzo de este año es el de Geovanny Fuentes, catalogado como socio de Juan Orlando Hernández y Juan Antonio Hernández, Fuentes fue vencido en juicio y actualmente está a la espera de su sentencia, la que podría llegar a ser incluso de cadena perpetua. Dentro de este caso la fiscalía incluyó a catorce co-conspiradores, CC-2: Pepe Lobo, CC-3: Ramón Aldaberto Martínez Hernández, CC-4: Juan Orlando Hernández, CC-5 Mario Mejía Vargas (policia enjuiciado en New York) CC-9: Leonel Sauceda, CC-10: Ex magistrado Julio Cesar Barahona, CC-13: Rolando Ponce Fonseca, Ex jefe de las FFAA, CC-14: Geovanny Gutiérrez (hijo de Fuentes).
La negativa de la justicia hondureña a las extradiciones
Documentos oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos señalan que la fiscalía para el Distrito Sur de New York ha enviado múltiples ordenes de extradición, para varios de los co-conspiradores señalados dentro del caso de Juan Antonio Hernández y de otros casos que actualmente se investigan en ese distrito. El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, al ser consultado sobre la no investigación en Honduras hacia Juan Antonio ´Tony´ Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, dijo que, “contra este ciudadano se llevó a cabo un procedimiento de privación de dominio”.
Argueta se refirió en Radio América sobre el tema señalando lo siguiente, “recordemos que en este caso como en cualquiera de los otros, muchas veces puede surgir el levantamiento de una investigación de carácter oficial como el Ministerio Publico, por ejemplo, de manera inmediata porque se tiene información de sospecha de la presunta participación, algunas otras veces no lo sé en este caso, el levantamiento de un expediente investigativo puede suceder con posterioridad. No sería este caso el primero”. También explicó que Honduras tiene el deber de levantar los expedientes de investigación contra las personas que han sido solicitadas en extradición por Estados Unidos.
Es importante señalar que en Honduras hasta el momento no se ha procedido contra ninguno de los co-conspiradores mencionados por la fiscalía, en lugar de ello, luego de la culminación del juicio de Juan Antonio Hernández se dieron una serie de hechos violentos que culminaron con el asesinato en una cárcel de máxima seguridad de Nery López Sanabria también conocido como Magdaleno Meza, Sanbria fue visitado en la cárcel días antes de su asesinato por Amilcar Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández y por un investigador privado llamado Chase Lalani quien curiosamente sirvió como testigo de Óscar Nájera, presentando supuestos documentos que lo absolvían de sus vínculos con el narcotrafico y la corrupción en Honduras.
Por su parte el gobierno de Juan Orlando Hernández ha hecho lo posible por entorpecer los procesos de investigación que se llevan a cabo en el Distrito Sur de New York, llegando incluso a intentar obstruir la justicia dentro del caso de Juan Antonio Hernández, contratando una prestigiosa firma de abogados con sede en Washington DC, llamada Arnold & Porter Kaye Scholer LLP. a la que el gobierno de Honduras le pagó $475,000 bajo la categoría de cabildeo extranjero, esta firma posteriormente contactó en representación del gobierno hondureño a los fiscales, intentando influir con amenazas de rupturas diplomáticas entre ambos países y la expulsión de la base militar de Palmerola.
Sobre este tema en el documento memorándum Submission presentados por la fiscalía antes de la lectura de sentencia de Tony dice lo siguiente :
“El gobierno de Honduras contrató a la Firma-1 para intentar presionar al equipo de la fiscalía para que restringiera la presentación de pruebas en el juicio. La evidencia del juicio estableció que el hermano del acusado es el actual presidente de Honduras es un cómplice clave.Un candidato para las elecciones hondureñas de 2021 ( Yani Rosenthal) se declaró anteriormente culpable en los Estados Unidos de lavar las ganancias de las drogas para los Cachiros y fue designado por la OFAC como Narcotraficante Especialmente Designado de conformidad con la Ley de Designación de Capos Extranjeros de Narcóticos.United States v. Rosenthal, No. 13 Cr. 413 (JGK); La necesidad de una disuasión general se ve subrayada por el hecho de que la conspiración ha continuado funcionando, incluso a través de la violencia posterior al juicio contra posibles testigos y otras personas con los asesinatos de López Sanabria, Armas, Pinto y Lozano. De hecho, la promesa previa del acusado de protección contra la extradición parece cumplir con ciertos presuntos co-conspiradores,Mario José Calix, Arnaldo Urbina Soto y Juan Carlos Valladares Bonilla ( alias el “Tigre”) .
“Además, algunos de los co-conspiradores del acusado —incluido, en particular, su hermano— permanecen en Honduras, y hasta ahora han evitado la culpabilidad por sus propios delitos. Estos co-conspiradores podrían facilitar que el acusado vuelva a la delincuencia en caso de que salga de la cárcel. La disuasión general es aún más importante. Es comprensible que la audacia de los crímenes del acusado haya captado la atención del público en los Estados Unidos, Honduras y otras partes de América del Sur y Centro America. La sentencia de la Corte enviará un mensaje al público hondureño de que la justicia estadounidense no tolerará una conducta tan abominable”.
Todos estos elementos nos dejan claro que la categoría de narco estado que ha recibido Honduras en los diferentes juicios que se llevan en el Distrito Sur de New York tiene un fundamento sólido, ya que la misma institucionalidad que debería actuar contra el crimen organizado y el narcotráfico hoy es cómplice y encubridor de los criminales, obstaculizando procesos de extradición, promoviendo la impunidad y negándose a colaborar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, engranando las piezas para que el país continúe siendo un paraíso para los narco políticos que hoy se encuentran al frente del país, con ministros, diputados, alcaldes, jueces, policías, militares e incluso la Fiscalía General a su servicio.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/3139-honduras-eeuu-ya-tiene-lista-de-nuevos-extraditables-en-caso-th
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HONDURAS / PERIODISTAS ALCANZAN LA SPUTNIK BAJO EL SOL, “LISTA VIP”, CORTESÍA Y DESORDEN
Publicado: 20 Agosto 2021
Las quejas de los colegas se multiplicaban como el deseo de inmunizarse de manera completa en momentos que cada 25 minutos un hondureño pierde la vida por Covid-19; la desesperación era más fuerte que el sol, luego de casi tres meses de espera –cerca de perder el efecto de la primera dosis–.
Hubo personal amable atendiendo, incluyendo, al presidente del CPH y a dos mujeres jóvenes se les vio muy laboriosas acomodando y dando paso a los turnos de vacuna, pero en otros también se miró la mala gana en la entrada del Salón de Usos Múltiples de la Secretaría de Relaciones Externas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El lento proceso duró horas, se suponía iniciaría desde las 8:00 de la mañana, pero fue un fracaso para la gigantesca fila estática que sólo crecía hacia atrás, hasta que peligrosamente varios colegas terminaron invadiendo la transitada calle vehícular. Según antecedente, al menos 2,500 empleados de medios de comunicación de la capital hondureña recibieron la primera dosis de Sputnik V.
Pero, sí inició a las 8:00 a.m., se confirmó luego de comentarios de un animado empeado del Colegio de Periodistas, confirmando que empezaron con una lista de personas próximas; “si me hubieras llamado a las 7:00, te hubieras evitado problemas”, se oyó decirle a una amiga comunicadora. Afuera ya se conocía de ese trato especial, fue conversación de varias personas cuando salían de la vacunación.
Pachorrudo, nefasto, desorganizado y hasta malcriado se comportó cierto personal del Colegio de Periodistas (CPH) durante la tardía y lenta jornada de vacunación del segundo componente Sputnik V para periodistas y demás gente que labora en distintas áreas de las empresas de información; también hubo en el grupo de protocolo dispuesto por el Colegio, gente amable que mostró deseos de colaborar eficientemente con la actividad, así lo catalogaron los colegas periodistas, quienes resaltaron la pésima atención, incluso, señalaron que pudo haber sido a propósito.
Resalta como signo valioso y de civilización para el Colegio de Periodistas que no hubo discriminación para quienes llegaron a vacunarse, aun cuando la mayoría no son periodistas, a nadie se le excluyó, en efecto, no se pidió carné de profesional acreditado en las Ciencias de la Comunicación, ni siquiera que estuviese afiliado y al día con sus cuotas como parte de la membresía oficialmente colegiada.
Entre las quejas, el personal de la comunicación expresaba que los encargados de CPH debieron encargarse de agilizar el proceso habilitando cuatro sitios de vacunación, en vez del letargo y aglomeración que conlleva un solo sitio y, de paso, recibir con amargura al gremio, situación que expresó una periodista, cuando recibió su vacuna debía esperar al menos 20 minutos en caso de presentarse efectos adversos, en su lugar, la colega del CPH que estaba en la entrada del salón le gritó y la corrió sin motivo, mostrando poca cortesía e ignorancia.
A medida avanzaba el tiempo y la temperatura desesperante obligaba buscar alguna sombra hasta en la barda de un puente o llegar a la sombra de unos árboles que se miraban a lo lejos, ante de entrar a una pendiente próxima al ingreso adonde esperaba la dosis; pero también la gente quería largarse a terminar las labores del día, la presión se intensificaba, pero la fila estuvo paralizada por horas.
Aunque el antecedente de la primera dosis indicó que en total fueron inmunizadas unas 2,500 personas en la sede del Colegio de Periodistas, está vez, alrededor de 1,300 periodistas serían vacunados según lo informó el secretario del PCH, Wilfredo Oseguera, que, por cierto, en un instante perdió el control y respondió a un camarógrafo que a él no le pagaban por estar en esa mesa (anotando a quienes iban siendo vacunados), molesto porque le pidió que aceleraran el proceso.
“Lo más conveniente era aplicar la dosis respetando un horario previamente establecido según el medio, como lo hicieron con la primera dosis, porque con esta aglomeración en un lugar encerrado, corremos el peligro de agarrar el virus”, manifestó una profesional del periodismo.
También no faltó la periodista “astuta” que valiéndose de la excusa de que debe “grabar en vivo” para cubrir la noticia, pasó tranquila a inocularse, acto que como era de esperar causó molestia entre los presentes. Y así y así, sigamos subiendo lo valioso y sigamos bajando lo indeseable, más periodistas y hondureños útiles.
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