El documento recuerda cómo después de ser declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, el gobierno -presidido por Porfirio Lobo Sosa en el Poder Ejecutivo y por Juan Hernández en el Congreso Nacional- procedió a destituir a los cuatro magistrados que votaron en contra de esta Ley el 12 de diciembre de 2012. Asimismo, cómo tras este acto los recién nombrados magistrados procedieron a dar el visto bueno a la «nueva propuesta» de ley.
El posicionamiento califica a las ZEDE como «proyectos de exclusión y desigualdad» y cuestionaron los intereses ocultos detrás de impulsar un plan que los expertos advierten «vulnera principios esenciales de la Constitución de la República como la soberanía e integridad del territorio nacional y la forma de gobierno».
Además, se solidarizaron con las autoridades y fuerzas vivas del departamento de Islas de la Bahía, quienes mediante un comunicado en octubre de 2020 denunciaron las irregularidades detrás de la creación de la ZEDE de North Bay, conocida como Próspera. Entre las que destacan la secretividad; la vulneración a la consulta previa, libre e informada; la amenaza de expropiación de tierra; y el atentado contra el Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica.
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Señalan que ya en el comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) del 11 de octubre de 2012 -ante el proceso electoral de los años 2012 y 2013- hablaban de una sociedad amenazada por un modelo económico y social que concentra riquezas y recursos en manos de pocos «en contraposición con la escasez de oportunidades dignas para las grandes mayorías empobrecidas».
El texto remarca que las ZEDEs «continúan este modelo que excluye a la mayoría de tener oportunidades dignas de desarrollo», amenazando la vida y la casa común por un proyecto «promovido por algunos políticos que quiere seguir despojando a nuestro país de las riquezas que a todos nos pertenecen. Por eso queremos elevar nuestra voz diciendo, no al abuso y al despojo».
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El comunicado reta a las autoridades a buscar formas de desarrollo equitativas para todos, subrayando que «si el Proyecto es bueno, debería de ser bueno para todos». También invitan a los servidores públicos a guiar su actuar por medio de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia que promulga «El Bien Común, la Dignidad de la Persona Humana, la Justicia, La Verdad, La Libertad y La Solidaridad».
Finalmente, recuerdan que, en el año del bicentenario de la independencia, la «Patria nos necesita como soldados valientes y libres a defender nuestra querida Honduras». Urgiendo a los pobladores del municipio de La Ceiba a participar en el cabildo abierto a celebrarse el próximo 19 de junio en La Ceiba y «derrotar esta iniciativa contraria al Bien Común».
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