“Me informaron que se giró una orden para asesinarme. No tuve otra opción que salir del país junto a mis hijos. Cofadeh está llevando mi caso y estamos denunciando esta situación ante varios mecanismos de derechos humanos a nivel internacional”, dijo Ramos.
Ligia Ramos es fiscal del Colegio Médico de Honduras e integra la combativa Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación Pública que, a mediados de 2019, encabezó una larga y exitosa huelga de médicos y maestros.
En aquella ocasión, la Rel UITA acompañó las gigantescas movilizaciones que sacudieron al gobierno hondureño 1.
En el marco de la séptima misión de la UITA en Honduras, el secretario regional Gerardo Iglesias se reunió con Ramos2, solidarizándose con la justa lucha de la Plataforma y condenando la represión desatada por el gobierno contra médicos, maestros, estudiantes y población en general.
“No voy a abandonar la lucha”
En comunicación virtual, Ramos, quien competirá por un cargo de diputada en las elecciones de noviembre, explicó que la grave situación que está viviendo no es más que la culminación de años de amedrentamiento, persecución y amenazas de muerte.
“La información está más que confirmada y no tuve otra opción. Pero no estoy pensando en solicitar asilo político. Yo quiero volver lo más pronto posible a mi país. No puedo abandonar mi vida, mi lucha, mis pacientes, mi derecho a la participación política”, dijo.
En este sentido, Cofadeh ya solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) el otorgamiento urgente de medidas cautelares.
Además, pidió que ordenara al Estado la adopción de medidas para garantizar “los derechos a la vida, integridad personal y salud emocional de la beneficiaria y su núcleo familiar”.
“La doctora (Ramos) no quiere ir a vivir a otro país. Es este régimen que crea las condiciones para que las personas tengan que irse”, manifestó Bertha Oliva, coordinadora de Cofadeh.
Las repetidas denuncias acerca de la grave situación del sector salud y el pésimo manejo de la pandemia de Covid-19 en Honduras estarían a la base de las amenazas de muerte sufridas por Ligia Ramos.
“No tenemos la menor duda de que estaba sentenciada a muerte. Tanto a nivel nacional como internacional vamos a darle todo el apoyo y la solidaridad necesaria para que pueda regresar en total seguridad”, agregó Oliva.
En un comunicado3, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), la Rel UITA y el Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh) recordaron los innumerables casos de violación de derechos sufridos por Ramos y el vergonzoso silencio del Estado ante las denuncias.
“Todos estos hechos han sido denunciados a la Fiscalía de Derechos Humanos y al Comisionado de Derechos Humanos, instancias de las que no hemos recibido respuesta.
Condenamos firmemente la persecución de la que es objeto Ligia Ramos (…) y reiteramos nuestra preocupación por los obstáculos que ha enfrentado continuamente en el ejercicio de sus derechos y libertades.
Urgimos al Estado de Honduras −concluye el comunicado− a permitir su regreso al país y asegurar todas las garantías que sean necesarias para que pueda gozar de sus derechos”.
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