Redacción / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Tras una extensa sesión realizada este lunes, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha aprobado por mayoría de votos, el establecimiento de la “Jurisdicción Especial” de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Según un boletín informativo, los magistrados han acordado establecer esta jurisdicción por mandato constitucional, atendiendo lo establecido en el artículo 329 de la ley máxima del país, donde se le atribuye al Poder Judicial (PJ) la solución de conflictos dentro de las ZEDE, así como establecer “tribunales con competencia exclusiva y autónoma sobre éstos”.
En el documento, el PJ señala que de conformidad con los artículos 303 y 329 de la Constitución, la CSJ tendrá presencia con tribunales en estas zonas “exclusivas” pero su jurisdicción especial “conocerá los asuntos en las materias penal, niñez y adolescencia de conformidad con la Constitución, tratados internacionales vigentes en la República de Honduras y las leyes aplicables”.
A continuación el documento íntegro:
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HONDURAS, PERDONAN DELITOS DE TORTURA Y CRUELDAD A MILITAR QUE DISPARÓ A MENOR
Pese a que se ha confirmado el proceso contra el castrense, la abogada de Kevin, Nidia Castillo, ha denunciado que la Fiscalía eliminó los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; según denunciaron, después de recibir un disparo en su pierna, el joven fue rodeado y golpeado hasta el cansancio por un escuadrón militar.
Redacción / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En Honduras la justicia es cosa de privilegios, así queda expuesto cada que el Poder Judicial actúa al instante para juzgar a quien sea responsable por la muerte de un funcionario o un elemento de Seguridad y, caso contrario, se tarda años para enjuiciar a militares o policías que asesinan o agreden, sin justificación, a un civil.
Y ese es el caso del joven Kevin Perez, ha tenido que esperar casi cuatro años para ver una acción judicial contra uno de sus agresores, el militar Edgardo Rodríguez, hombre al mando de un operativo antimotines en una de las varias protestas contra la reelección ilegal de Juan Hernández.
El Juzgado de Letras Sección Judicial del departamento de Choluteca, dictó auto de formal procesamiento contra el líder castrense, acusándolo por dañar la integridad física de Kevin, quien en ese entonces era menor de edad (17 años); sin embargo, la Fiscalía del Ministerio Público (MP), ha decidido quitar los delitos graves de tortura tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El penoso acto de violencia y represión que casi le cuesta la vida al joven, ocurrió en uno de los procesos de protesta, según contó Kevin, él venía de jugar fútbol y no había participado en la manifestación, pero aun así resulto víctima del régimen, porque fue perseguido por una patrulla militar que sin mediar palabra abrió fuego, hiriéndole una pierna, posteriormente el joven fue rodeado y golpeado hasta quedar inconsciente.
“Me golpeaban, me insultaban, me decían ‘te vamos a matar perro, hijo de puta’, eran muchos insultos y repetían que me matarían, que era un manifestante y que pagaría, hasta que ya no aguanté más y desperté en un hospital”, contó Kevin.
Tras casi cuatro años, uno de los militares ha sido llevado ante la justicia; no obstante, la abogada de Kevin, Nidia Castillo, ha denunciado que ante la clara criminalización de su cliente, los organismos del Estado no han remunerado por el abuso, además lamentó que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos suprimió de la acusación los crímenes de lesa humanidad.
Al respecto, el representante del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Ariel Edgardo Díaz, aseguró que la tardanza del MP, ya representa una clara violación de la garantía de la debida diligencia, porque es la institución a la que le corresponde realizar una investigación oficiosa en el menor tiempo posible.
“Las fiscalías especializadas encargadas en estos casos de investigación no cuentan ni con el personal, ni con las capacidades técnicas, para dirigir una investigación para establecer un pronto requerimiento fiscal contra estos militares”, denunció el activista social.
Al tiempo, lamentó que la mayoría de casos de torturas y desapariciones originadas por la crisis pos electoral aún se mantienen en impunidad y manifestó que es prescindible “mantener comunicación con organismos de derechos humanos internacionales, generar denuncias inmediatas sobre hechos de agresión en contra de protestas públicas, denunciar las detenciones ilegales o casos de tortura y que se atiendan de forma inmediata por organismos especializados en derechos humanos”.
Cabe recordar que desde ese proceso de crisis por la reelección ilegal de Hernández, organismos de derechos humanos han registrado la muerte de al menos 60 personas por mano policial-militar, de esa cifra la ONU conoció 22 casos donde se confirmó la responsabilidad a los entes de Seguridad del Estado.
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