Las víctimas mortales fueron Raúl Castillo, Ignacio Reyes, Teodoro Acosta, Ciriaco Cárcamo y José Luis Salcedo Pastrana.
Para George, que también es integrante de la Coordinadora de
Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y comunicador social, la
masacre de El Tumbador es uno de los casos que ha estado en la impunidad
y donde la justicia en Honduras no le ha dado el tratamiento y la
investigación correspondiente, aun conociéndose a los autores de esos
asesinatos.
“Han sido diez años de sufrimiento e impunidad, donde ha quedado
demostrado que la justicia en Honduras se parcializa con los poderosos,
con los terratenientes, principalmente en este caso donde está vinculado
la Corporación Dinant y la familia Facussé”, indicó George.
El defensor de los derechos humanos denunció que el Ministerio
Público cuando se trata de estos casos no realiza ninguna acción, pero
es distinto cuando el empresario acusa, aún sin motivos, los campesinos
son capturados y llevados de manera ilegal y arbitraria a los procesos
judiciales y a la prisión.
“Es lamentable que lejos de reconocer y garantizar el derecho de las
familias, más bien se les criminaliza y se les persigue”, cuestionó
líder comunitario y defensor de los bienes comunes.
Son diez años de impunidad por este crimen, donde las familias y las
víctimas, junto a organizaciones de derechos humanos, han acudido a
todas las instancias demandando castigo para los culpables, pero sus
esfuerzos han sido en vano.
Al no encontrar justicia en el país, en el 2018 el Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), la
Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y Abogados Sin Fronteras Canadá
(ASFC), llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
“Lamento que se tenga que acudir al ámbito internacional para que se
haga justicia y que las familias puedan ser reparadas al quedar
desprotegidas sin su jefe de hogar”, dijo George.
El líder comunitario recordó que existen informes que señalan que en
Honduras existe el 95 por ciento de impunidad, misma que se da porque
los autores son personas que están ligadas al poder económico, político y
judicial.
“Se persigue cuando solo se quiere castigar al mismo pobre o casos
que no tienen nada que ver con el poder económico, entonces han sido
diez años de impunidad, diez años de lucha y exigencia de justicia, que
como organizaciones seguiremos demandando juntos a las familias y
víctimas”, finalizó diciendo el defensor de los bienes comunes.
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