Honduras deben garantizar la libertad para los defensores de Guapinol: CEJIL / Otras informaciones en Criteroio.hn
Ante
la audiencia de revisión de medidas en el caso de defensores del agua de
Guapinol, programada para este viernes, el Estado hondureño debe
cumplir con sus obligaciones internacionales al revocar la prisión
preventiva y garantizar su protección y derechos humanos
Por: Redacción CRITERIO.HN / Diciembre 18,202redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Este
viernes 18 de diciembre a las 9:00am hora Honduras, el Juzgado de
Letras de Tocoa celebrará una audiencia de supervisión de medidas en el
caso de los defensores del agua de la comunidad de Guapinol que
enfrentan un proceso de criminalización como represalia a su labor de
defensa de los derechos humanos y bienes naturales.
Ante esta audiencia, desde
el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hacen un
llamado al Estado hondureño a revocar la medida de prisión preventiva en
contra de los defensores, en tanto esta constituye una medida
arbitraria contraria a los estándares internacionales en materia de
derechos humanos y a las garantías de debido proceso.
Las comunidades de Guapinol y San
Pedro, en Tocoa, Honduras, han sido sistemáticamente criminalizadas y
acosadas desde que en 2018 instalaron el Campamento por el Agua y por la
Vida en defensa de sus territorios y los bienes naturales. El Comité
Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa es un
referente de proceso de organización y acción social contra proyectos
extractivos, propiciados por el Estado hondureño, que generan usurpación
y despojo de los bienes públicos naturales en Honduras.
En los últimos meses, las agresiones en contra de la comunidad de Guapinol han crecido exponencialmente. En este tiempo, se ha denunciado el uso de las fuerzas de seguridad pública y de grupos de vigilancia para intimidar a la comunidad, asedio y hostigamiento contra mujeres defensoras,
así como campañas de difamación en contra de quienes se oponen al
proyecto minero y sus familias. Esto, como parte de una campaña para
desestabilizar a la comunidad y la resistencia a la minería ilegal en el
Parque Nacional Carlos Escaleras. Es este marco de violencia fue
asesinado Arnold Joaquín Morazán Erazo, quien se había vinculado a la
labor de defensa del río Guapinol en 2018 y enfrentaba también un
proceso de criminalización.
En este contexto, hay 8 defensores del
río Guapinol que continúan enfrentando sus procesos penales privados de
libertad de forma ilegal y contraria a lo establecido en estándares
internacionales desde hace más de un año. Al respecto, hemos insistido en que no se cumplió legalmente con los requisitos para
que la medida de prisión preventiva fuera dictada, y recordamos que
incluso tribunales internos han reconocido que los defensores de
Guapinol ejercían su legítimo derecho a la protesta.
Así, frente a la audiencia de este
viernes, en que se aportarán nuevos argumentos para insistir en la
improcedencia de sostener las medidas cautelares de prisión preventiva,
desde CEJIL destacamos, como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH),
que la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede
aplicar a una persona imputada, por lo que esta debe tener “un carácter
excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los principios
de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad
indispensables en una sociedad democrática”. En este sentido, la regla
debe ser la libertad de la persona procesada mientras se resuelve acerca
de su responsabilidad penal.
CEJIL hace también un llamado a que el
Estado garantice la publicidad y observación internacional de las
audiencias del proceso judicial contra los defensores de Guapinol y
demanda además, un cese total de actos de hostigamiento en contra de la
comunidad de Guapinol y San Pedro, mismas que han sido objeto de diversas alertas y pronunciamientos a nivel internacional.
Desde CEJIL, exhortan al Estado
hondureño que se abstenga de utilizar indebidamente el derecho penal
como herramienta de hostigamiento y amenaza a la libertad de las
personas defensoras de derechos humanos, y demanda que elimine cualquier
práctica que busque desprestigiar o deslegitimar una lucha que se ha
mantenido por años en resguardo de los bienes naturales.
El Estado hondureño mantiene una deuda
en garantizar un ejercicio digno del derecho a defender derechos y es
menester que se atiendan las obligaciones internacionales en la materia,
asegurando que ser una persona defensora de derechos humanos en
Honduras no sea más una condena.
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