Por Sandra Rodríguez -
Siguatepeque, Honduras.-
Más de 400 familias campesinas en centro del país han hecho producir la
tierras que mantienen en proceso de recuperación, pese a que tres de
sus compañeros son perseguidos judicialmente.
De vocación alfarera y agrícola, la
tierra es la que da de comer a los pobladores de la aldea El Porvenir,
Siguatepeque, quienes al inicio de la pandemia por COVID-19 y el toque
de queda impuesto por el Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 se quedaron “sin
nada”.
Don Vicente Castro, en marzo´pasado lanzó un llamado de auxilio porque 25 familias,
incluso la suya, viven de hacer objetos de barro que venden a los
comerciantes apostados a la orilla de la carretera CA-4 justo entre
Tegucigalpa y San Pedro Sula, y debido al confinamiento no había
circulación de personas, quedándose con la producción y sin mercado.
Dato:
La Asamblea general de las Naciones Unidas aprobó el lunes 17 de diciembre de 2018, la Declaración de Derechos de Campesinos y Campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales. Por lo que se debe exigir su implementación cuyo fin es “proteger, respetar y garantizar los derechos de campesinos y campesinas” que son defensores de territorios.
El barro es un lujo. La gente prefiere
comprar comida, afirmó Castro, quien tiene un proceso judicial abierto,
acusado de supuesta usurpación de tierras, en perjuicio de un maderero
de la región centro de Honduras.
A diferencia de marzo, ahora comenta que
la producción agrícola ha sido abundante, si bien, dejaron de vender
alfarería, muchas personas regresaron a trabajar la tierra con la
siembra de maíz y frijoles, por lo que no han carecido de comida.
Si estuviéramos a la espera de la bolsa
solidaria que solo nos llegó una vez, nos hubiera matado el hambre y no
el Coronavirus, agregó el también alcalde auxiliar. En esa ocasión las
autoridades locales sólo llevaban provisión para 30 familias, y les dije
que con esa cantidad mejor que no dejaran nada porque toda la gente nos
estamos muriendo de hambre.
Para lograr esos alimentos, las familias
se vieron obligadas a realizar una protesta pacífica en el desvío de
Siguatepeque a la ciudad de La Esperanza, Intibucá, zona occidente. La
policía los desalojó de manera violenta, y al día siguiente volvieron a
la toma y aun diálogo con otros agentes armados, les dijimos que
necesitábamos alimentos, y logramos 300 bolsas de alimentos.
Los habitantes de El Porvenir donde se
ubica la empresa asociativa campesina “11 de Marzo” han recibido
donaciones de víveres pero de parte de iglesias y empresas privadas. Los
militares [asignados para entregar la bolsa solidaria] y autoridades
locales se olvidaron de regresar.
Más de 100 mil millones de lempiras se
le han asignado al presidente del régimen Juan Orlando Hernández,
supuestamente para hacerle frente a la pandemia, según la Ley de
Aceleración Económica, pero de esos fondos no llegaron a El Porvenir.
Y si nos preguntamos ¿Dónde está el
dinero? O a la espera que se nos asignen fondos para la producción
agrícola al mando de las Fuerzas Armadas, no hubiéramos tenido nuestra
comida, expresó don Vicente Castro.
Más bien entre los compañeros nos
preguntamos ¿De dónde sacamos dinero para nuestros cultivos? Porque no
teníamos recursos económicos, pero hicimos el esfuerzo para sembrar y
compra una carga de abono que cuesta mil lempiras.
A criterio del defensor de la tierra y
el territorio, el dinero está en las cuentas de los mismos que atacaron
en la década de 1980, porque contra ellos no se ejerce ningún tipo de
castigo, por eso no hay un cambio sustancial para el país.
Entre los mismos corruptos se prestan a
hacer las cosas mal. Son otros los que exponen la cara y ponen la vida,
pero los que se lucran no los vemos, afirmó el defensor de 60 años.
También denunció que, el pueblo no tiene
acceso a un sistema adecuado de salud, en la comunidad hay contagios de
Coronavirus sin atención médica, hacemos lo que podemos desde nuestro
conocimiento. Sin embargo, en el centro de Siguatepeque la gente no toma
medidas correspondientes, al parecer tenemos que acostumbrarnos a andar
con el tapabocas, y a veces no es la mascarilla que indican los
expertos en salud, porque hay familiar que no tienen dinero para comprar
ni una bolsa de café, peor para un bote de gel para manos.
Debido a la escasez de dinero, hay
muchachas que compran ropa barata y confeccionan las mascarillas que
venden a 3 lempiras (u$ 0.12 ctvs), realmente baratas en comparación a
las que compró el Estado de Honduras a 30 lempiras y eran de papel,
declaró el alfarero, que poco a poco vuelven a dar vida en el torno.
Los defensores de El Porvenir,
específicamente de la empresa campesina “11 de Marzo”, son víctimas de
hostigamiento y criminalización judicial desde marzo de 2019, acusados
por el supuesto delito de usurpación y roturación de un predio de uso
forestal, en perjuicio del maderero Marco Barahona y el Estado de
Honduras, por el que están con medidas sustitutivas a la prisión, tras
varios días encarcelados, Juan Mejía Euceda (61), Santos Evelio Vásquez (49), y Vicente Castro (60), presidente de la empresa.
Mientras que, Héctor Orlando Velásquez (54),
capturado en octubre pasado, fue sobreseído definitivamente, todos son
representados por la defensa legal del Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Sin cortar un solo árbol de pino y
cuidando el bosque, han hecho producir esa tierra durante esta
cuarentena iniciada el 16 de marzo de 2020, enfrentado el marginamiento
ante la llegada de un virus desconocido que oficialmente registra 66,049
contagios y un saldo de 2,058 muertes, según el Sistema Nacional de
Gestión de Riesgo (SINAGER).
El maíz está floreando, los frijoles
madurando y, Juan Mejía Euceda, Santos Evelio Vásquez y Vicente Castro
siguen cumpliendo con las medidas sustitutivas a la prisión, estampando
su firma en el libro de control de medidas en el Juzgado de
Siguatepeque, a la espera que se les indique apertura a juicio oral y
público.
https://www.defensoresenlinea.com/de-donde-sacamos-dinero-para-nuestras-cosechas/
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