Publicado: 26 Agosto 2020

Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Preocupados por el rumbo que ha venido tomando el país en la última
década, un grupo de hondureños de todas las profesiones ha presentado
ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, un
recurso de amparo contra el Congreso Nacional ante la lesiva aprobación
del nuevo Código Penal.
El
recurso es “por actos y hechos cometidos por diputados propietarios y
suplentes, que discutieron, aprobaron, publicaron y forzaron la entrada
en vigencia del nuevo Código Penal (Código de la Impunidad) estando los
derechos y garantías suspendidas”, de acuerdo con la Convergencia
Ciudadana, un equipo de incidencia para el rescate y consolidación de un
verdadero Estado democrático en Honduras.
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Diputados
propietarios –prosigue el texto– y sus suplentes (que lo integran desde
la presidencia del Congreso, junta directiva y el pleno) “siendo
investigados, acusados, enjuiciados y procesados por diversos delitos,
entre ellos, delitos de corrupción, por organismos nacionales e
internacionales como la UCEFIC-MP y MACCIH-OEA, tomaron decisiones
apartándose de la ley o tomaron decisiones no aplicando la ley,
cometieron actos y hechos de discusión, aprobación y entrada en vigor
del nuevo Código Penal.
La
organización de sociedad civil afirma que los parlamentarios han
violentado la prohibición de decidir con arbitrariedad, a sabiendas de
la existencia de claro conflicto de interés, violando la imparcialidad
en el deber de su función de legislar, para beneficio propio o con un
interés para sí; exigencias o prohibiciones establecidas en la
Constitución y las leyes, afectando y violando los derechos
constitucionales de todos los hondureños.
Los
ciudadanos que han dado ejemplo de patriotismo, han dicho que esperan
que la Sala de lo Constitucional resuelva con independencia judicial, y
para resguardar esa independencia han acudido también a la comunidad
internacional, comunidad jurídica y la ciudadanía en general, para que
sean veedores en el proceso de amparo.
Esa
Sala la preside el magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva
(liberal), ex subprocurador de la República; también la integra el
magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz (nacionalista), quien en fecha
reciente participó en la Corte de Apelaciones que liberó a 22 de los
“pandoros”, además, antes de ser magistrado era asistente de la entonces
magistrada María Elena Matute de Hernández, cuñada del mandatario Juan
Hernández y hermana de Óscar Raúl Matute,
secretario del Interior durante la dictadura del transportista Roberto
Micheletti Baín. Trascendió que en 2009, Ortez Cruz fue quien elaboró la
resolución para que Hernández fuera reelecto como diputado al Congreso,
violando la Constitución de la República.
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La
Sala de lo Constitucional también está integrada por la magistrada
Lidia Álvarez Sagastume (nacionalista), ex secretaria ejecutiva del
Instituto de la Propiedad (IP) y directiva de la Contraloría del
Notariado de la Corte Suprema durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa;
asimismo, la magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa (liberal), ex
funcionaria de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y ex
jueza de Letras en Gracias, Lempira.
El
quinto integrante es el magistrado Jorge Alberto Zelaya Zaldaña
(nacionalista), el cual participó también en la Corte de Apelaciones que
liberó a los “pandoros”, y fue un “connotado” violador de la libertad
de prensa y de expresión durante el golpe de Estado de 2009. Entre otras
acciones de evidente abuso de autoridad, Zelaya Zaldaña amenazó con
encarcelar al Director-Fundador de Periódico EL LIBERTADOR, Jhonny José
Lagos Henríquez, por consultar al Soberano si quería o no una nueva
Constitución. Además, guarda lealtad al Partido Nacional, pues su padre
militó en la corriente del histórico dirigente Ricardo Zúniga
Augustinus.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/2207-honduras-presentan-amparo-contra-diputados-que-aprobaron-codigo-penal
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