
El Equipo señala que la situación es
crítica y teme que para el Presidente Sebatián Piñera y para el Ministro
de Justicia, Hernán Larraín, llevar a un extremo la situación de los
presos políticos Mapuche en huelga de hambre, sea simplemente para estos
personeros agregar nuevos casos a su alto prontuario de violaciones a
los derechos humanos que tienen, en medio de múltiples indiferencias,
donde la vida de las personas no importa, sí los intereses de grupos
empresariales y latifundistas colonialistas, los que continúan con
altísimos privilegios de un estado subsidiario, con diversos negocios en
el comercio exterior, como son los acuerdos con la Unión Europea que
promueve actualmente el gobierno.
A continuación, el comunicado:
El Equipo de Trabajo por Derechos
Colectivos, ante la situación crítica que viven los presos mapuche en
huelga de Hambre y que son los siguientes: Centro Penitenciario de Angol desde el 4 de mayo;
Sergio Levinao Levinao, Víctor Llanquileo Pilquimán, Juan Queipul
Millanao, Juan Calbucoy Montanares, Freddy Marileo Marileo, Danilo
Nahuelpi Millanao, Reinaldo Penchulef Sepúlveda y Hantu Llanca Quidel y
Antu Llanca Quidel (Desde el 18 de mayo). Centro Penitenciario de Temuco desde el 4 de mayo; Machi Celestino Córdova Tránsito, autoridad espiritual tradicional del pueblo mapuche. En el Centro Penitenciario de Lebu desde el 5 de julio;
Eliseo Raiman Coliman, Matías Leviqueo Concha, Carlos Huichacura
Leviqueo, Manuel Huichacura Leviqueo, Esteban Huichacura Leviqueo,
Guillermo Camus Jara, Cesar Millanao Millanao, Orlando Saez Ancalao,
Damian Saez Saez, Robinson Parra Saez y Oscar Pilquiman Pilquiman. En el Centro Penitenciario de Temuco desde el 19 de julio;
Se suman Daniel Canio Tralcal, Facundo Jones Huala, José Cáceres
Salamanca, Juan Cheuqueta Cheuquepil, Fermín Marquez Inal, Cristhofer
Pino Curin, Victor Marileo Ancapi.
Expone lo que a continuación indica:
– Algunos personeros de gobierno, como el
Intendente Víctor Manioli en la Araucanía, han descartado que quienes
están en huelga de hambre tengan la condición de “Prisioneros
Políticos”, sin embargo, el conjunto de los presos que llevan adelante
esta medida de protesta en las cárceles de Angol, Temuco y Lebu, se les
privó de toda posibilidad de acceder a los cambios de medidas
cautelares, libertades condicionales y la aplicación del indulto
conmutativa, que fue aplicado a 13.321 reclusos que salieron de prisión
entre el 18 de marzo y el 31 de mayo, en medio de la crisis sanitaria
del coronavirus, que equivale a un tercio de las personas actualmente
privadas de libertad en Chile.
– La mayoría de los presos políticos
mapuche han sido objeto de criminalizaciones en el marco de conflictos
por tierras ancestrales, como también, de ser objeto de altísimas penas,
abusivas y desproporcionadas, incluyendo aquí los 21 años de cárcel que
pesan contra Víctor Llanquileo Pilquimán, que ha sido parte junto a su
familia, de históricas luchas por los derechos territoriales del Pueblo
Mapuche, tal cual sucede con numerosos jóvenes que desde su infancia han
sido objeto de sistemáticas represiones estatales.
– Más allá incluso de las medidas que
otorga la Ley penitenciaria Covid 19, discriminación que involucra la
responsabilidad directa del Ministro de Justicia, Hernán Larraín,
también se ha negado a los presos mapuche una serie de medidas que el
propio sistema carcelario otorga en temas de salud intercultural, el
acceso a Centros de Estudios y Trabajo o el derecho a la educación o
capacitación.
– En el marco de la huelga de hambre, el
Gobierno incumple en sus obligaciones para «adoptar medidas» hasta el
máximo de los recursos de que dispongan para lograr la plena efectividad
de los derechos humanos, transgrediendo el pacto de San José –
Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como diversos tratados
internacionales de Derechos Humanos de Naciones Unidas, incluyendo, las
normas internacionales sobre Pueblos Indígenas como el Convenio 169 de
la OIT y su interpretación a la luz de la Declaración ONU Pueblos
Indígenas, que instan a adoptar medidas especiales y alternativas a la
población indígena en casos de aplicación del sistema penal.
– La gravedad no solamente radica en su
inacción para obrar por la vida, integridad, justicia y reparación de
los derechos de los prisioneros Mapuche, peor aún, ha venido asumiendo
actitudes de desprecio absoluto a los derechos humanos, con una pública
posición a favor de quienes han cometido crímenes de lesa humanidad
durante la dictadura militar y se encuentran en las cárceles de Colina y
Punta Peuco, con diversas diligencias para sus libertades.
– La situación de los presos Mapuche es
crítica, cuya huelga además de poner en riesgo sus vidas, con todo este
tiempo transcurrido, aún cuando se solucione prontamente su situación,
se corre el grave riesgo, especialmente por quienes han asumido esta
medida de protesta desde el 4 de mayo del 2020, de quedar con secuelas a
su integridad física y psíquica, en medio de la indiferencia de un
Ministro de Justicia que tiene todas las atribuciones para destrabar la
huelga en cumplimiento de su deber como agente del estado, pero una vez
más ha sobrepuesto su sesgo hiperideologizado de desprecio por la vida,
en atención a sus vínculos con sectores extremistas fascistas y
neonazis, promotores del terrorismo del estado y de asociaciones
ilícitas, como fue con Colonia Dignidad y en particular con Paul
Schäfer, siendo Larrain parte del “Grupo de Amigos de Colonia Dignidad“,
según reveló el medio alemán DW en febrero de este 2020.
– La vida de seres humanos está en grave
riesgo y el atentado a los derechos humanos a estas personas sería para
el gobierno de Sebatián Piñera, agregar nuevos casos a su alto
prontuario, donde la vida de las personas no importa, sí los intereses
de grupos económicos, en especial, de empresarios forestales y de grupos
de latifundistas colonialistas, principales instigadores del
encarcelamiento de numerosas personas de comunidades Mapuche que vienen
exigiendo por décadas, la restitución de tierras ancestrales Mapuche.
– No olvidar que fuentes oficiales del
estado chileno en materia judicial registraban a fines de enero del
2020, 31 muertos en el contexto de protestas sociales. El informe
oficial dado a conocer por el Instituto Nacional de DDHH para el período
comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de febrero de 2020
en el marco del llamado “estallido o rebelión social”, reporta un total
de 3.765 personas heridas (entre ellas 439 mujeres y 282 niños, niñas y
adolescentes)y 411 traumas oculares.
De las 2.122 heridas por disparos,
500 fueron por balas, 190 por balines, 271 por bombas lacrimógenas,
1.681 por perdigones y 200 sin causa identificada. El INDH ha presentado
1.312 acciones judiciales con escaso avance, entre ellas 5 por los
homicidios cometidos por agentes del Estado;195 querellas por violencia
sexual (violaciones, entre otros abusos) y 951 por torturas.
– La vida de los presos políticos Mapuche
corre grave riesgo, en medio de la indiferencia y complicidad de la
gran mayoría de los parlamentarios en Chile, así como también, de
diversos sectores políticos que se dicen democráticos y respetuosos de
los derechos humanos en diferentes países, pero que siguen estableciendo
acuerdos comerciales con un gobierno y grupos económicos que violan
sistemáticamente los derechos humanos en el País, en particular al
Pueblo Mapuche.
Actualmente, el estado subsidiario que promueve el
gobierno de Piñera a favor de poderes económicos, incluye nuevos
acuerdos comerciales con la Unión Europea. Es urgente la reacción en ese
sentido, las manifestaciones, protestas, declaraciones públicas y
recomendaciones de organismos de derechos humanos, el gobierno no las
está escuchando.
Equipo de Trabajo por Derechos Colectivos
https://www.radiodelmar.cl/2020/07/pinera-larrain-ensanamiento-con-los-presos-mapuche-en-huelga-de-hambre/?fbclid=IwAR1Sp2txrP6TzfTuM2K_uQ7HYA2nPsDxEzds-vR2_EHCQht1nPpJdRpe17I
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