En una estrategia orientada a desviar las críticas sobre la corrupción en la compra de los hospitales móviles a una empresa de Turquía, el secretario de la Presidencia Ebal Díaz, siguiendo las directrices del jefe del Ejecutivo Juan Orlando Hernández, envió hoy al Congreso la solicitud para que se derogue el nuevo Código Penal.
A sabiendas de que no es posible que se dé marcha atrás a la vigencia de la nueva legislación que castiga con severidad las conductas criminosas -como lo han sostenido directivos de la cámara y sus creadores- Díaz envió al secretario Tomás Zambrano la iniciativa para que sea discutida por los 128 diputados.
Si bien la Ley orgánica del Parlamento ya establece que no se puede abrogar una norma que ya fue discutida y votada, la mano derecha de Hernández cargó en contra del referido poder público, al argumentar que el nuevo Código «representa un debilitamiento de los operadores de justicia contra el crimen organizado y el combate a la violencia… Propusimos hacer reformas profundas en ese sentido que desafortunadamente no fueron atendidas». Sin embargo, más adelante señala que está anuente a se realicen algunas modificaciones, en consenso con todos los actores a fin que se pueda hacer caso a los lineamientos planteados por el ocupante de palacio José Cecilio del Valle.
Si bien el secretario de la Presidencia recibió del congresista Jorge Cálix -quien fue designado por la bancada opositora como el «secretario»- una notificación enviada la noche del 24 de junio sobre la eliminación del Código Penal para que fuera sancionada y publicada en La Gaceta, el alto funcionario remitió la comunicación a Zambrano, por lo que ningunea a la directiva autoproclamada en su afán de dejar sin validez la normativa, al tiempo que se convierte en una estrategia para mantener centrada la opinión en torno al tema y enviar al olvido la megatrama corrupta que apunta contra Investh y su director Marco Bográn.
De hecho, la cúpula del Ejecutivo halló la oportunidad perfecta para desactivar por todos los medios el escandaloso acto ilícito que costó a los hondureños más de mil millones de lempiras, pues Bográn utilizó como intermediario al estafador guatemalteco Axel López para la compra de los hospitales móviles destinados a atender la pandemia del nuevo coronavirus.
Este movimiento de piezas que realiza la administración nacionalista se orienta en el sentido de que buscan mantener una fallida estrategia de seguridad para, según sus autores, combatir la delincuencia organizada y sostener la figura de un régimen que es intolerante al delito en todas sus formas.
En la actualidad, la agenda anticrimen se ha visto apañada por el repunte de la violencia, así como la recomposición de fuerzas que operan al margen de la ley y que tienen el visto bueno de Casa Presidencial, según denuncias efectuadas por ex altos oficiales de Policía.
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