Somos campesinos y campesinas aglutinados en el Movimiento Campesino del Agua (MCA), integrado por la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH) y la Asociación Campesina Nacional (ACAN), la pobreza y la miseria nos trajo a este lugar al que llegamos el 14 de mayo del año 2000.
Le recordamos al Estado de Honduras y al mundo que la lucha por la tierra nos ha costado sangre, dolor, estigma, criminalización, judicialización y marginación. Nuestros hijos e hijas, las niñas y niños, compañeras y compañeros han sido heridos física y emocionalmente por la violencia del Estado que protege a los grandes terratenientes.
En estos días en que está en peligro la salud y la educación pública, hemos reclamado y exigido junto al magisterio, el colegio médico y el movimiento social en general la garantía de estos derechos constitucionales, porque no se puede privatizar lo que al pueblo le ha costado. Esta acción de protesta que es derecho constitucional ha traído nuevamente el monstruo militar sobre nuestra la comunidad.
Nos han gaseado, golpeado, perseguido, capturado, amenazado y disparado a muerte, la evidencia son nuestros hermanos heridos de bala atendidos en hospitales y compañeros detenidos por la policía.
Queremos que el mundo se dé cuenta que en Honduras vale más un uniforme militar y un fusil que una escuela, un hospital, un médico o un maestro. Queremos decir que en Honduras luchar por la vida es firmar una sentencia de muerte frente a las fuerzas policiales y militares del Estado ¿Cómo se explica la cantidad de militares que han venido desde otras partes del país exclusivamente para caer sobre esta comunidad? El Estado y gobierno nos vigila y amenaza, pero no lo hace con los grupos del crimen organizado que ha financiado sus campañas electorales.
Estamos denunciando las violaciones a nuestros derechos individuales y colectivos, el Estado no ha respetado las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos extendió a nuestra comunidad desde el año 2003. No somos personas y comunidad violenta ni terrorista, somos campesinos que nos negamos a morir de hambre, sin salud ni educación. Aclaramos que el problema no es con nuestra comunidad sino con el pueblo en general, pero el Estado se ensaña con esta comunidad. El ejército ha pedido reunión con las fuerzas vivas de la comunidad pero exigimos el retiro de esta comunidad, la solución a la crisis no está entre los militares y la comunidad, sino entre el Estado y el pueblo Hondureño. Una reunión con los militares significa mayor riesgo para la población.
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