Ayer también el Cofadeh envió mensajes a la Organización de Estados Americanos y a las Naciones Unidas, que normalmente aparecen arrastradas como vagones de la política exterior del gobierno de Estados Unidos aquí dentro del territorio hondureño.
El Comité tomó las últimas intervenciones de la congresista demócrata de origen latino, Norma Torres, sobre la corrupción y el narcotráfico en Honduras, para hablar en tono enérgico frente a las misiones de la ONU y la OEA asentadas en Tegucigalpa.
“Los corruptos borrados de la lista de Mike Pompeo están forzando al pueblo hondureño a huir hacia el norte del continente a través de sufrientes caminos que implican dolores profundos y también la muerte”, dijo el Cofadeh en su plantón de ayer.
Esa frase hace alusión a la protesta de la representante por California, quien acusó al Departamento de Estado de ocultamiento de información al Congreso estadounidense sobre las actividades criminales de los directivos del legislativo hondureño y del círculo de Casa Presidencial.
Además, Torres exigió la repatriación de la teniente coronel Heide Fulton, quien atiende la embajada estadounidense, sin tener el perfil de una embajadora ni ser una diplomática que informe correctamente al pueblo estadounidense. Y porque además es complaciente con el cuestionado dictador a quien pidió poner la primera piedra de la nueva sede gringa en esta capital.
Es decir, según la representante de origen guatemalteco en el Congreso de la Unión, el gobierno de Trump borró intencionalmente los nombres de los narco corruptos de la lista criminal de Honduras, para protegerlos del conocimiento público y de las consecuencias legales de la ley MacKinsey. Y lo mismo hizo para Guatemala, la otra oligarquía socia de la dictadura hondureña.
Norma Torres dijo claramente que Estados Unidos no puede sostener a dos grupos de dirigentes que están en el poder de Honduras y Guatemala, luego de haber hecho fraude y financiado sus campañas con fondos ensangrentados del narcotráfico y el lavado de activos provenientes de acciones criminales.
En base a este alegato internacional, el Cofadeh en su plantón de ayer dijo en un comunicado, que “este grupo de narcos, lavadores de dinero y traficantes de fe, de armas y de influencias, que osan llamarse gobierno, son los responsables de la pérdida de la esperanza del pueblo de Honduras”.
El éxodo masivo de Honduras hacia el exterior es culpa de este cartel criminal que asalta el poder en complicidad con la teniente de la embajada de Estados Unidos, el ministerio de asuntos exteriores de Canadá y algunos países europeos, cómplices de la dictadura narco militar, corrupta, agregó la organización que reclama la destrucción del Estado de Derecho en los últimos 10 años.
Frente a este cuadro descomunal de desesperanza colectiva, a veces iluminado por antorchas nocturnas que tienen la virtud de reflejar el enojo, las víctimas del terrorismo estatal de los años 80s hicieron un fuerte llamado a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, con presencia numerosa en Honduras, ya que han tenido toda la facultad del pueblo para actuar y no lo han hecho.
Han quedado en evidencia en el último año, tras el brutal fraude electoral de 2017 que produjo heridos, asesinatos, torturas, privaciones de libertad y un señorío militar desproporcionado para enfrentar la reacción cívica de la población.
Y más recientemente ambos organismos internacionales evidenciados cuando la esposa del encarcelado periodista David Romero, la también periodista Lidieth Díaz, entregó documentos que prueban la ruta del lavado del dinero por el impostor Juan Hernández, su esposa y su suegra, pero fue enviada de la MACCIH al Ministerio Público, que es una fábrica de impunidad junto al Congreso.
“De nada sirven ambos organismos multilaterales, si no asumen la autoridad paralela para suplantar a los corruptos, delincuentes narcotraficantes disfrazados de gobernantes”, protestó el Cofadeh, que a menudo reclama el lenguaje diplomático, excesivamente higiénico de ambas delegaciones, que se expresan como si efectivamente estuvieran en un país normal, frente a un gobierno normal, y no dentro de un escenario violento controlado por criminales.
Durante el plantón, los familiares víctimas de la desaparición forzada recordaron que la factura que el pueblo hondureño está pagando por esta destrucción social, ambiental e institucional de los canallas, tiene un costo demasiado alto como para soportarlo en silencio.
Esta pantomima engañosa de simular la normalidad de un país roto, destruido, violentado, es una actitud antiética que rechazamos. Esto no es un gobierno. Ese no es un Presidente ni esas son fuerzas armadas, son bandidos armados. Y ustedes insisten en relacionarse con ellos como si fueran autoridades, reclamó el Cofadeh a la ONU y a la OEA.
El país está sin duda en un momento de nuevas agitaciones frente a una amalgama policial militar embrutecida, sobornada por un grupo de políticos que complacen sus caprichos con dinero. Un falso sostenimiento de la normalidad a base de fuerza y de engaño mediático, que tiene un costo elevado para la gente. El presupuesto se convirtió en una extorsión a través de la factura eléctrica, los impuestos sobre los alimentos y los servicios. Un negocio de extorsión oficial que utiliza las armas literalmente pata obligar a las victimas a dar su sangre.
Esto no puede seguir. Debe acabarse.
Buenas noches
Editorial Voces contra el Olvido, sábado 6 de abril de 2019
http://defensoresenlinea.com/la-normalizacion/
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