Tegucigalpa. Diferentes Medios de Comunicación alternativa del país se han incorporado al trabajo de organización del Foro Mesoamericano / ALBA Movimientos, encuentro que integrará diversos sectores sociales, organizaciones populares, intelectuales, artistas, dirigentes y líderes (esas), jóvenes, mujeres, defensores (as) de Derechos Humanos, luchadores (as) por el respeto a la diversidad que compartan la necesidad de cambios profundos en nuestro país y la importancia de la integración regional frente a la crisis.
Durante una nueva reunión, periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios alternativos, dispusieron integrarse al trabajo del Foro Mesoamericano con una agenda de exposiciones y debates sobre la Libertad de Expresión en Honduras, experiencias comunicacionales innovadoras, impacto de las radios comunitarias y la contribución de las redes sociales en la difusión de noticias, pensamiento crítico y perspectivas importantes sobre los hechos noticiosos, entre otros temas.
Esta actividad también cuenta con el apoyo de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, misma que incorporará estudiantes universitarios a los trabajos de la Mesa de Libertad de Expresión, destacando la necesidad de repensar el periodismo nacional y regional frente al modelo corporativo de noticias que esconde, matiza y disfraza la crisis política y social que viven nuestros pueblos.
Las jornadas del Foro Mesoamericano serán mayormente auto gestionadas por las mismas organizaciones sociales que la integran y los (as) asistente al evento que pagarán módicas cantidades de inscripción para participar y costear con ello los materiales, alimentación y otros gastos logísticos.
El Foro Mesoamericano hará un énfasis en la Mesa de Libertad de Expresión por la difícil situación que vive el país luego del golpe de estado, desde el 2009 hasta la fecha se han asesinado más de 70 periodistas y comunicadores sociales, hechos que se encuentran aún en la impunidad. A la vez, analizarán otras formas de represión y limitaciones que enfrentan los medios alternativos en el país.
2.
Se agudiza campaña para desprestigiar defensa de bienes naturales
19/09/2018
Las últimas dos semanas se han caracterizado por una fuerte campaña
mediática para levantar el perfil de los proyectos hidroeléctricos y
mineros que se implementan a lo largo y ancho del territorio nacional.
La industria mediática se ha puesto al servicio de estos grupos de
poder, quienes buscan posicionar su accionar como una plataforma que
trae desarrollo a sus comunidades, sin mencionar que están generando un
impacto negativo a los territorios y naturaleza.
Esta campaña ha contado con la participación de funcionarios del
gobierno, empresarios adscritos al Consejo Hondureño de la Empresa
Privada (COHEP), defensores de derechos humanos afines al gobierno, y
también representantes legales de varias empresas mineras e
hidroeléctricas.
La campaña ha contado con la cobertura mediática nacional, quienes se
han unido a la defensa del funcionamiento de estos proyectos, apuntando
que el cierre de los mismos ocasiona desempleo y obstáculos al
desarrollo comunitario.
El defensor de derechos humanos, Hugo Maldonado, dijo que como
defensores deben estar por la defensa del Estado de derecho, afirmó que
se debe vigilar que las empresas cumplan con los acuerdos pactados con
las comunidades, los que corresponden a empleos y construcciones
sociales.
Por su parte el asesor presidencial, Marvin Ponce, asegura que quienes
están en contra de estos proyectos son una minoría, y que eso no puede
ser posible, porque pequeños grupos organizados en estructuras de
derechos humanos están obstaculizando la inversión empresarial y
extranjera en estas zonas.
Durante estos criterios emitidos por sectores ligados al oficialismo,
nadie se refiere al daño que los proyectos dejan en la naturaleza. Pedro
Landa ambientalista, lamentó que en Honduras los medios, defensores de
derechos humanos, gobierno y empresarios, se presten a realizar campañas
de este tipo, campañas que aumentan la realidad de despojo, venta y
destrucción de la naturaleza.
Landa dijo al programa Más que Dos de Radio Progreso, que desde hace
muchos años hay una política clara de los grupos de poder para favorecer
este tipo de proyectos, que en su mayoría están en manos de grandes
empresarios nacionales.
Pero de la mano de esta campaña, también grupos comunitarios se han
movilizado desde la región atlántica a la capital para expresar su voz
de apoyo a estas empresas. El pasado martes 18 de septiembre, población
de Intibucá y Santa Bárbara en el occidente del país, hicieron un
plantón frente al Ministerio Público y el COHEP, para pedir acciones
inmediatas a favor de estas empresas.
Estas comunidades llegaron en apoyo a la empresa Desarrollos Energéticos
S.A (DESA), que actualmente está acusada de ser la responsable del
asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, cuyo juicio está en marcha
en este momento en la capital.
“Estamos acá para pedir que se haga justicia, y que se deje trabajar a
estas empresas que traen desarrollo, además pedimos que ningún grupo que
es minoría venga de afuera a pedir que se cancelen estos proyectos,
porque ellos no conocen nuestra necesidad”, expresó Aquilino Madrid,
integrante de esta comunidad de Intibucá.
Campañas de desprestigio
La campaña mediática ha ido acompañada de una política de desprestigio
hacia varias organizaciones y también defensores de derechos humanos en
particular, una de las organizaciones más afectadas ha sido el
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, quienes han sido
víctimas de una campaña de odio por parte de diversos sectores ligados a
las empresas hidroeléctricas y mineras.
Para el caso, en el sector de Pajuiles, la empresa Hidrocep, del
empresario Jason Hawit, ha elaborado varios videos que han puesto a
circular en redes sociales, responsabilizando a Martín Fernández y
Víctor Fernández, ambos coordinadores del Movimiento Amplio de ser
quienes ahuyentan la inversión extranjera.
“Estas campañas, además pone en peligro la vida de estas personas, es
lamentable que se haga, porque también incurre en una violación al
derecho humano”, manifestó Pedro Landa.
Por ahora varios proyectos han sido frenados por los fallos de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ), uno de ellos es el proyecto de Minerales de
Occidente en Azacualpa, Copán, por otra parte, las comunidades han
continuado organizándose y a través de cabildos abiertos se han
declarado libres de explotación minera e hidroeléctrica, así fue el caso
de Tela, en el departamento de Atlántida.
Las comunidades siguen solas, acompañadas solo de su determinación y
beligerancia, pues las campañas de odio y desprestigio no solo son
apoyadas por el gobierno, sino también por toda la industria mediática
nacional.
3.
Reelección: legalidad emergente ¿Mel Zelaya a la presidencia en 2022?
Por W. Javier Fernandez
Ha retornado el histórico debate electoral en la política hondureña: la
legalidad de la reelección. El peor error que puede cometerse al debatir
sobre la legalidad de la reelección es reducirlo a asuntos “leguleyos” o
tratar la problemática como un elemento secundario en la política.
Estos análisis son característicos cuando no se comprende la dimensión
del derecho dentro de la política y el lenguaje, y viceversa.
En 2016 mediante fallo de la Corte Suprema de Justicia se declara la
legalidad de la reelección. Por primera vez, desde 1981, un órgano para
el ejercicio del poder estatal resuelve habilitar la reelección.
En un sentido formal este fallo de la Corte Suprema de Justicia legaliza
una acción prohibida expresamente por la Constitución de la República.
Cabe mencionar que fue una sentencia mal hecha, con escasa y equivocada
fundamentación jurídica y contraria a la Constitución, pero legal. Los
emporios mediáticos, el COHEP, la embajada estadounidense -sin
embajador-, las Fuerzas Armadas, y toda la maquinaria estatal
defendieron la legalidad de la reelección y la candidatura de JOH. La
Alianza de Oposición contra la Dictadura – Coordinada por el
expresidente José Manuel Zelaya Rosales- venció electoralmente en 2017
ese complot del mal utilizando un mensaje claro y sencillo: la
reelección es ilegal.
Empleando una precisa pedagogía popular el Coordinador de Alianza y su
candidato, Salvador Nasralla, recorrieron el país centrando su campaña
en contra de la legalidad de la reelección.
LIBRE, partido organizador de la alianza, sentó que su postura en contra
de una sentencia ilegal o una reglamentación de ésta se fundamentaba en
que los artículos pétreos de la Constitución solo pueden ser
modificados a través de una Asamblea Nacional Constituyente; o en su
defecto, de un plebiscito en que se le consulte a la nación hondureña si
está de acuerdo o no con la reelección.
La posición de LIBRE frente a la reelección fue en contra debido a
razones procedimentales. Empero, sus esfuerzos por formar una voluntad
general contra la dictadura lo llevaron a simplificar su postura en un
llano: No a la reelección ilegal.
Ahora que el Coordinador General de Libre expresa la posibilidad de
consultar al pueblo y a la bancada sobre la reglamentación o viabilidad
de la reelección resurge el debate sobre la ilegalidad o legalidad.
Porque, claro está, para la opinión pública que el expresidente Zelaya
comunique eso significa que planea postularse como candidato
presidencial.
Lo que no es descabellado, en el campo democrático Mel representa el
liderazgo más sólido y arraigado en el pueblo hondureño. A Nasralla se
le puede considerar la figura mediática con mayor popularidad, pero sin
liderazgo.
Resalta la siguiente pregunta, ¿Sí el expresidente Zelaya se postula como candidato presidencial estaría actuando ilegalmente?
En efecto, él se enfrentaría a un problema de legalidad. Pero no de la
legalidad del Estado neoliberal, porque como ya señalé, la reelección
fue aprobada mediante sentencia de la CSJ y el actual presidente
fraudulento se valió de ello para reelegirse.
Es decir, la legalización estatal de la reelección permitió que JOH
continuara usurpando el poder y que un liderazgo con la fortaleza de
Manuel Zelaya Rosales participe en la contienda electoral.
El conflicto es con la legalidad emergente del seno de la fuerza
política que el mismo partido fundó. Superar ese conflicto es una
batalla de la que no puede salirse ileso, pero sí con heridas leves y no
casi moribundo. El FNRP se forjó denunciando la ilegalidad de la
institucionalidad nacionalista y sus funcionarios.
Cuando el FNRP decidió formar el partido LIBRE lo hizo en contradicción
de su idea de legalidad. El apoyo multitudinario que agasajó la
formación del partido fue porque la convicción de triunfar ante el
golpismo era superior a mantener rígidamente una idea de legalidad que
imposibilitaba derrotarlos.
Se aprovechó la ranura entre el sistema político para irrumpir como
fuerza mayoritaria. En ese momento era participar en elecciones o
perecer como movimiento político. Existía un estado de necesidad que
superaba la argumentación de la contradicción con la legalidad. Esa
sumatoria de excepcionalidades contribuyó la creación del partido LIBRE.
Hoy que se pretende consultar al pueblo su principal adversario será la
idea de legalidad que el Partido LIBRE fundó. Con los votos únicamente
de la militancia Melista no se ganan elecciones.
El triunfo electoral de 2013 y 2017 fue posible por la astucia y fuerza
del Melismo y militantes sociales para expandir la idea de legalidad que
defiende el partido y su programa de cambio social.
De cara a que el expresidente Zelaya se reelija no puede obviarse esto
porque para quien no es militante de LIBRE importará más -con la
manipulación de los medios de comunicación- la legalidad de la
reelección que la confianza en Mel y LIBRE. La futura alianza entre
Partido Liberal y Nasralla serían los beneficiados, incluso si
participan por separados.
La línea de consulta popular que ha trazado es la acertada. No obstante,
no debe confundirse consultar a la base del partido con una consulta
popular. Por definición, la consulta popular se caracteriza por la
deliberación e incorporación del disenso de todos los sectores sociales
que pretenden una ruptura con el orden político de la corrupción,
impunidad, inseguridad y miseria, no solo de quien levante la bandera de
LIBRE.
Y la consulta no puede ser únicamente un momento de conversación o de
clase magistral, sino justamente de consultar para tomar decisiones con
acuerdo a lo debatido y votado.
En ese sentido, la consulta popular para discutir sobre la viabilidad de la reelección debe de demostrar:
a) un resultado cuantificable a lo interno del partido -que ampliamente
ganará el Coordinador General; por tanto: b) una deliberación que
respete y constate la oposición a la figura de la reelección entre la
población no identificada con el partido LIBRE; y, c) el diseño de una
estrategia y programa de democratización y desarrollo económico que
unifique a toda la población que se opone al gobierno nacionalista y no
participa en las elecciones -en el 2017 no votó más del 50% del padrón
electoral.
El éxito electoral del único líder nacional-popular antineoliberal y
antiimperialista de Honduras pende -entre otras tantas tareas- de
mantener vigente la imaginarización de un esquema de legalidad
caracterizado por la expansión de derechos políticos, método de
organización asamblearia para decidir, y dialogo entre la pluralidad de
prácticas políticas e interpretaciones del camino del país.
Todo lo que un Golpe de Estado no puede ofrecer. Precisamente lo que la
resistencia popular desde 2009 con hidalguía inició a hacer, pero de
forma actualizada a los desafíos del presente.
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