31 de Agosto 2018 / Plataforma Agraria
La
mañana de miércoles 29 de agosto miembros del Ejército, la Policía
Nacional, escuadrones Cobra, Dirección Policial de Investigación y
guardias de seguridad de la Cooperación Dinant desalojaron con gas
lacrimógeno y toletes a las familias campesinas de la Cooperativa San
Isidro en el Bajo Aguán.
La acción de desalojo se dio a las 11:00 de la mañana donde participaron
alrededor de 350 elementos de seguridad incluyendo guardias de seguridad
de la Corporación Dinant, para despojar a 115 familias campesinas que
se encontraban haciendo uso de su legítimo derechos al acceso a la
tierra desde el pasado 28 de julio del presente año, tras conocer el
dictamen del INA y el Instituto de la Propiedad ratificaron la legalidad
que tienen las familias sobre sus tierras.
Durante
el desalojo se dio persecución por más de 30 minutos y lanzando gas
lacrimógeno, resultando afectados por la inhalación del gas niña,
anciana, personas con discapacidad.
La
orden de desalojo fue emitida por el juez Jurisdicción Nacional de San
Pedro Sula, Carlos Irías de León, es evidente el plan de criminalizar a
campesinos y campesinas al nombrar este tipo de jueces para conocer
caso de usurpación. En años anteriores estos jueces conocían casos de
narco tráfico, crimen organizado o personas de alta peligrosidad.
Las
115 familias campesinas de la Cooperativa San Isidro tomaron posesión
de sus tierras, luego de haber sido despojados por seis años de las
mismas. El 7 de junio del 2018 el Instituto Nacional Agrario extendiera
una Certificación, donde CERTIFICA: Que la fotocopia antecede
correspondiente al TITULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD, otorgado por el INA a
favor de la Cooperativa Agropecuario de Campesinos “San Isidro”
Limitada en fecha 12 de junio de 1989 ES CONFORME a la fotocopia que se
encuentra agregada a folios 28 y 29 del expediente número 2494
registrado a nombre de la Cooperativa Agropecuaria de Campesinos “San
Isidro” Limitada que guarda y custodia la sección del archivo general de este instituto.
Las
familias de la Cooperativa San Isidro ha demostrado con documentación
legal, ratificada por instituciones estatales como el INA y el Instituto
de la Propiedad que son los legítimos propietarios de las 784 hectáreas
de tierra que contempla el título de Propiedad. A pesar de poseer
documentación legítima los jueces, fiscales, policía y militares han
violado sistemáticamente los derechos fundamentales de las familias
campesinas desojándolos de sus tierras.
El
tráfico de influencia, corrupción, sobornos y manipulación que operan
en la emisión de las órdenes de desalojo ilegales y sin sustento a
jueces y fiscales por parte de la Corporación Dinant, solo refleja un
sistema de justicia débil que vela por los intereses de los grupos de
poder en Honduras.
En
junio del presente año el Instituto de la Propiedad (IP), dictamino un
claro abuso de autoridad cometido por la registradora del IP, la
abogada Tania Yamileth Santos Antunez del municipio de Trujillo, Colón
quien CANCELÓ LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD PARA LUEGO REGISTRAR LAS MISMAS A FAVOR DE CORPORACIÓN DINANT,
según las conclusiones del informe realizado a la denuncia número
034-IG-2018 de la inspectoría General del Instituto de la Propiedad.
.
Las
familias campesinas de la Cooperativa San Isidro han manifestado que no
abandonaran su legítimo derecho al patrimonio de más de 115 familias
campesinas que poseen títulos individuales de sus tierras.
Atentamente,
Karla Zelaya
Facilitador & Comunicaciones
Plataforma Agraria
Teléfono: (504) 9644-9025
Skype: plataforma.agrariahonduras
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