Por defensores -
La Coalición contra la Impunidad ante el publicitado “Caso de
Pandora” que involucra a miembros destacados de la elite política en
actos de corrupción pública se expresa en los términos siguientes:
1) Reconocemos la acción eficaz de la Unidad de la Fiscalía Especial
Contra la Corrupción e Impunidad (UFECIH) y de la MACCIH en la
presentación de requerimientos fiscales contra 38 personas integrantes o
vinculadas a la elite política hondureña, aportando a los tribunales de
justicia indicios suficientes sobre la participación de los
imputados(as) en la utilización de fondos públicos para el
financiamiento de las campañas políticas del Partido Nacional, Liberal y
UD-FAPER en las elecciones de noviembre del 2013, por un monto de 282
millones de lempiras. Los 38 imputados(as) están acusados de abuso de
autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos,
falsificación y uso de documentos públicos en prejuicio de la
administración pública, fe pública y la economía del Estado de Honduras.
2) Lamentamos la lentitud con que la Corte Suprema de Justicia ha
gestionado este caso, dándoles largas a la audiencia de declaración de
imputados, permitiendo espacios para el cabildeo de posibles reformas al
Código de Procesal Penal (CPP) que favorecería a los corruptos o para
que oportunamente se resolvieran los recursos de inconstitucionalidad
contra el artículo 184 del CPP, dejando espacios de tiempo para que los
acusados(as) puedan evadir la justicia, especialmente para facilitar el
ocultamiento o la fuga de parte de los imputados(as) en este caso.
3) Extemporáneamente y sin que existiera justificación, la audiencia
de declaración de imputado se realizó hasta el día lunes 23 de julio,
compareciendo a la misma 20 acusados(as), a los que la jueza dicto la
medida de detención judicial, resolviendo que los integrantes de la
elite política nacionalista-liberal, entre ellos, Elvin Ernesto Santos,
Rodolfo Irías Navas, Celín Discua Elvir, fueron trasladados al primer
Batallón de Infantería, y al resto de imputados a la Penitenciaria de
Támara. Evidenciando la juzgadora una violación al principio de
igualdad, y poniendo de manifiesto su trato parcial con los personajes
de la clase política que la eligieron en el cargo de Magistrada de la
Corte Suprema de Justicia.
4) Demandamos que la jueza natural, Lidia Álvarez Sagastume, actué
apegada al principio de legalidad y transparencia, tomando distancia del
comportamiento histórico del Poder Judicial de modificar los delitos,
emitir sobreseimientos y dictar cartas de libertad en todos los procesos
judiciales que involucra a miembros de la elite política y económica.
Exigimos que se aplique la justicia y se castigue a los corruptos y que
caiga sobre ellos(as) todo el peso de la ley.
5) Rechazamos cualquier medida encaminada a garantizar impunidad a
los acusados(as) en este caso, sea por vía de resoluciones pactadas con
las elites políticas o decretándoles medidas cautelares sustitutivas
bajo el argumento de la inconstitucionalidad del artículo 184 del Código
Procesal Penal, y siendo que la UFECICH ha aportado suficiente prueba
en esta causa, exigimos que se dicte el auto de formal procesamiento y
la prisión preventiva para todos los imputados(as).
La Coalición Contra la Impunidad, integrada por más de 50
organizaciones de la sociedad civil, estará vigilante del desarrollo de
este proceso y denunciará las irregularidades y acciones que pretendan
instrumentalizar la justicia a favor de los corruptos, advirtiendo que
un proceder contrario a los hechos y la prueba aportada podría dar lugar
a una conducta constitutiva de prevaricato.
24 de julio de 2018
COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD
http://defensoresenlinea.com/caso-de-pandora-y-la-lucha-contra-la-corrupcion/
miércoles, 25 de julio de 2018
Honduras: Caso de pandora y la lucha contra la corrupción
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