Veto es una farsa, una trama presidencial de cara a la Cumbre de las Américas // Congreso pide a la CSJ que en 90 días emita opinión sobre reformas a la ley de privación de dominio // CNA alerta sobre pretensión del Congreso de ratificar constitucionalmente las reformas a la ley de privación de dominio

Por: Redacción CRITERIO 

Abril 4,2018 / redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. – Para el defensor de derechos humanos y analista nacional, Wilfredo Méndez, el veto emitido por el titular del régimen de Honduras Juan Hernández, se puede calificar de farsa, trama bien hecha o un proceso articulado desde el momento que se hizo fracasar a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

             Méndez señaló que ahora que viene la Cumbre de las Américas, cuyo tema central es Democracia y Corrupción, es una estrategia articulada en Casa Presidencial con el presidente del Congreso Nacional y algunos diputados para poder hacer toda una pantomima para decir que son abanderados de la lucha contra la corrupción.

Les creería si continuarán en el Congreso Nacional a pesar del veto presidencial, pero esto es parte del diseño creado cuando se decía que la MACCIH se fuera, pasó el informe del Fiscal General, luego la denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción y finalmente se buscaron un chivo expiatorio con la esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa.

Ese chivo expiatorio es Rosa Elena de Lobo, que es la persona que había que sacrificar, pero todo obedece a un esquema preconcebido por los nacionalistas en el poder.

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Méndez es de la creencia que esto no pasará en el Poder Legislativo donde ni siquiera lo van a tocar porque los diputados que participaron este este proceso de manipulación, sencillamente tienen la capacidad para convencer a los otros de ya dejar eso.

El también director del Centro de Información y promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), manifestó que de acuerdo a su criterio no existe tal división en el Partido Nacional y esto es un plan previamente concebido desde el Poder Ejecutivo.

Esta es una trama para limpiar la cara al régimen de Juan Hernández y es armada por los grupos de poder que manejan el país y que son los grupos poderosos que hicieron fracasar la MACCIH.

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  Congreso pide a la CSJ que en 90 días emita opinión sobre reformas a la ley de privación de dominio
  

  Por: Redacción CRITERIO 
  Abril 4,2018 / redaccion@criterio.hn
  Tegucigalpa.-El Congreso Nacional de Honduras pidió esta noche a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que en un plazo de 90 días emita una opinión  sobre el veto presidencial aplicado a las reformas de la ley de privación de dominio.
                                    
  
                    Mario Pérez, secretario del Congreso Nacional de Honduras.
  
  
  
  El emplazamiento abarca además a la Comisión Interinstitucional  de Justicia Penal a quien se le solicitó que para hacer el análisis integre a los diputados Dennis Castro Bobadilla y Mario Pérez,  detalló el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
  “Ahora nos toca esperar la opinión de la Corte, la resolución y lo que va a decir esta Comisión de Justicia Penal”, dijo Zambrano, quien indicó que en caso que la Corte señale que en la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito hay indicios de inconstitucional, el Parlamento valorará si se procede a hacer la ratificación constitucional y o si somete a discusión un nuevo proyecto de reforma.
  La Comisión Interinstitucional de Justicia Penal es coordinada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, quien determinará la fecha de la convocatoria para abordar el tema.
  En cuanto la misión de la Comisión, Zambrano manifestó  que determinará si existen abusos, mala aplicación o excesos, o si realmente se necesita una reforma a la ley.
  Zambrano justificó que el Parlamento no pidió en su momento la opinión de la Corte porque consideró que no se estaba reformando ningún código, ya que “no se reformaba el Código Penal, ni el Código Procesal Penal, ni el Procesal Civil, sino únicamente estábamos reformando lo que es la ley de privación de dominio”, estableció.

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  Mediante un pronunciamiento el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) dijo hoy que los diputados promotores de la reforma han cometido un abuso de autoridad y un irrespeto al equilibrio e independencia  de poderes.
  Según Zambrano, el Poder Legislativo actuó con base a sus atribuciones establecidas en el artículo 205 Constitucional y a la Ley Orgánica del Congreso Nacional. De acuerdo a las reformas de la Ley Orgánica, el Congreso tiene la atribución de crear, interpretar, reformar y derogar las leyes, alegó el congresista.
  Las reformas, que beneficiaban a funcionarios y personas particulares acusadas por actos de corrupción ligados a delitos de lavado de activos, fueron aprobadas el pasado 20 de marzo y vetadas en las últimas horas por el Poder Ejecutivo. 
  
  
  
  “Ahora cuando viene un veto, la misma Constitución dice que se envía a consulta para que la Corte determine si esa reforma, si ese decreto tiene vicio de inconstitucionalidad, ese es el procedimiento que establece la Constitución y que estamos llevando a cabo”: Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacional de Honduras.
  
  
  
  
  Las reformas fueron introducidas a la cámara legislativa a iniciativa del diputado del Partido Alianza Patriótica, Dennis Castro Bobadilla.
  
  
  Zambrano dijo que sobre las reformas existe mala intención porque en ningún momento se ha eliminado la figura de la incautación de los bienes sobre los parlamentarios, en virtud que la ley es de aplicación general.
  
  
  El Congreso pidió la opinión del Poder Judicial, luego que el CNA advirtiera este martes sobre la probabilidad de una pretensión de los diputados de ratificar constitucionalmente las reformas.
  
  
  https://criterio.hn/2018/04/04/congreso-pide-a-la-csj-que-en-90-dias-emita-opinion-sobre-reformas-a-la-ley-de-privacion-de-dominio/ 
  
  

  CNA alerta sobre pretensión del Congreso de ratificar constitucionalmente las reformas a la ley de privación de dominio

                              
  

  

  
  
  

  Por: Redacción CRITERIO 

  Abril 4,2018 / redaccion@criterio.hn

  Tegucigalpa.-El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) advirtió este martes sobre la probabilidad de una pretensión del Congreso Nacional de ratificar constitucionalmente las reformas a la ley de privación de dominio, aprobadas por el Parlamento el pasado 20 de marzo y vetadas el 3 de abril  por el Poder Ejecutivo.

  
  

  En virtud del veto presidencial, el nuevo mecanismo que se estaría aplicando sería la ratificación constitucional, para lo cual se requiere del voto de la mayoría calificada, es decir, el voto de 86 congresistas.

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  Mediante un pronunciamiento, el CNA hace una recapitulación de las reformas que se introdujeron a la cámara legislativa a iniciativa del diputado del Partido Alianza Patriótica, Dennis Castro Bobadilla y señala que los diputados promotores de la reforma han cometido un abuso de autoridad y un irrespeto al equilibrio e independencia  de poderes.

  
  

  “Exhortamos al Ministerio Público, (MP) como responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, al pueblo hondureño, para que permanezcamos vigilantes y denunciemos las acciones de los legisladores que osen en promover, la ratificación constitucional de dicha reforma. Es importante que evitemos toda pretensión de los diputados en aprobar leyes o reformas que sean parte del pacto de impunidad”, dice el texto.

  
  

  Para la organización de sociedad civil la reforma a la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, es parte del pacto de impunidad promovido por sectores que se quieren blindar ante los actos de corrupción en detrimento del Estado y la sociedad hondureña.

  
  

  A continuación el pronunciamiento del CNA:

  PRONUNCIAMIENTO

  El 20 de marzo del año 2018, un total de 74 diputados del Congreso Nacional de la República, (CN) aprobaron una Reforma a la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito; por consiguiente, lo calificamos como un fraude Constitucional, por haber utilizado como principal argumento una inconstitucionalidad no declarada sobre dicha ley por el órgano competente; los promotores de la misma, en respeto al Estado de Derecho y principio de legalidad, debieron recurrir ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, (CSJ), para promover la respectiva demanda de inconstitucionalidad, argumentando los motivos que dan lugar a tal solicitud.

  
  

  A sabiendas de los procedimientos a seguir, la Junta Directiva del Congreso Nacional, bajo motivaciones hasta este momento dudosas, sometió ante la Cámara Legislativa el proyecto para su aprobación, evidenciándose como su principal objetivo, blindar la posesión de bienes muebles e inmuebles que son propiedad de personas señaladas como corruptas; presentando una desfigurada exposición y débil argumentación sobre la violación al derecho de defensa y al debido proceso, lesión a los principios de razonabilidad e irretroactividad de la ley, que dicho cuerpo normativo representa.

  
  

  Por lo anterior, el Consejo Nacional Anticorrupción, (CNA), concluye que los diputados promotores del proyecto de reforma, han cometido un abuso de autoridad y un irrespeto al equilibrio de poderes y el ejercicio independiente de las facultades de cada uno; aprobando reformas mediante acciones que consideramos fraudulentas, al alegar una fundamentación para dicha reforma en calificaciones sobre la ley en cuestión cuya emisión le compete única y exclusivamente a la Sala de lo Constitucional, en donde los magistrados, deben determinar cuándo una norma contraviene preceptos constitucionales y no los diputados al Congreso Nacional que se adjudicaron dicha facultad y atribución.

  
  

  El Poder Ejecutivo notificó el 3 de abril del presente año, que dentro del proceso constitucional de aprobación de ley, se vetó la reforma a la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, acción que es congruente en el combate a la corrupción; extremo que satisface al CNA por considerarlo un respaldo a la institucionalidad y el correcto, prudente y constitucional ejercicio de facultades de cada poder del Estado, que tanta necesidad de fortalecimiento presenta en nuestro país.

  
  

  A los diputados del Congreso Nacional nos dirigimos con vehemencia, bajo la seguridad de que, en la correcta aplicación de nuestra Constitución, se les ha otorgado una nueva oportunidad de reflexión y patriotismo, que reivindique su juramento de lealtad y respeto a Honduras, abandonando la idea de persistir en dar valor y efecto a reformas promotoras de impunidad y preservadoras de las condiciones de aliento a la corrupción, que con tan poco acierto fueron aprobadas en el mes de marzo.

  
  

  Exhortamos al Ministerio Público, (MP) como responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, al pueblo hondureño, para que permanezcamos vigilantes y denunciemos las acciones de los legisladores que osen en promover, la ratificación constitucional de dicha reforma. Es importante que evitemos toda pretensión de los diputados en aprobar leyes o reformas que sean parte del pacto de impunidad.

  Tegucigalpa, M.D.C., 04 de abril de 2018. 

  
  

  https://criterio.hn/2018/04/04/cna-alerta-sobre-pretension-del-congreso-de-ratificar-constitucionalmente-las-reformas-a-ley-de-privacion-de-dominio/

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