Por: Redacción CRITERIO
Marzo 18,2018 / redaccion@criterio.hn
Hay
una fuerte campaña para reelegir a los fiscales generales en el
triangulo norte de Centro América. InSightCrime hace un análisis de este
tema, pero en ningún momento menciona que hay una fuerte oposición
contra Oscar Chinchilla y que gran parte de la sociedad civil y del
pueblo hondureño lo ven como un timorato que ha sido incapaz de
resolver casos donde están implicados los poderosos de Honduras.
(redacción de Criterio.hn )
Articulo de InSightCrime
En
poco menos de dos meses, el presidente de Guatemala elegirá un nuevo
fiscal general. Antes de que termine este año, los congresos de El
Salvador y Honduras tienen que hacer lo propio.
Los procesos de elección
ocurren en medio de fuertes cuestionamientos a los tres gobiernos por
su falta de compromiso con los esfuerzos anticorrupción encabezados,
precisamente, por sus fiscales.
El
proceso más inmediato es el de Guatemala, donde el Ministerio Público
(MP) ha asumido un papel protagónico en la persecución de casos de
corrupción que involucran a influyentes empresarios, partidos políticos,
funcionarios de alto nivel e incluso al actual presidente de la
república, Jimmy Morales, contra quien el MP ha solicitado un antejuicio
para que responda por acusaciones de financiamiento electoral ilícito.
Entre
otras actuaciones, el MP, apoyado por la Comisión Internacional contra
la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha abierto investigaciones a Álvaro
Arzú, expresidente, actual alcalde de la capital y uno de los políticos
más poderosos del país. Las investigaciones llevadas a cabo por la dupla
MP-CICIG también acaban de encarcelar al expresidente Álvaro Colom por
su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con el
transporte público.
Desde
febrero pasado, una comisión de postulación formada por decanos
universitarios, miembros del colegio de abogados y el presidente del
órgano judicial trabajan en un proceso para confeccionar una lista de
seis finalistas entre los que el presidente Morales tiene que elegir al
sustituto de Thelma Aldana, la fiscal que, entre otros, lo investiga a
él.
Analistas
y diplomáticos consultados en Guatemala por InSight Crime coinciden en
que el sistema de selección de candidatos puede ser permeado por grupos
de poder político y de crimen organizado, como ya ha ocurrido en el
pasado.
“Hay
una intención de todos los sectores que están comprometidos en hechos
ilícitos en acuerparse e impedir avances”, dijo en febrero a Insight
Crime Iván Velásquez, jefe de CICIG y principal aliado de Aldana.
Hay
quienes ven en la elección del sucesor de Aldana un punto de quiebre
importante en los procesos de lucha contra la corrupción que se han
venido intensificando desde 2015, luego de una serie de manifestaciones
masivas en todo el país que exigían la renuncia de Otto Pérez Molina,
otro expresidente encarcelado por las investigaciones adelantadas por el
MP, en este caso por un esquema de corrupción en las aduanas del país.
“En
el año 2015 el país inició un proceso de transformación que la sociedad
hizo en su conjunto suyo […] Para que este proceso avance y no
enfrentemos el riesgo de perder todos los logros alcanzados, los
ciudadanos debemos acompañar el proceso de elección del próximo fiscal
general […]”, dice una carta abierta del Frente Ciudadano contra la
Corrupción, presentada hace dos semanas en un hotel de Guatemala. Este
frente está formado por empresarios millonarios, estudiantes, miembros
de ONG y algunos líderes indígenas.
Opinión dividida en El Salvador
En
El Salvador, la recién electa Asamblea Legislativa, en la que la
oposición de derecha tendrá mayoría, tiene que escoger al sucesor del
actual fiscal general, Douglas Meléndez, antes de que termine el año.
Meléndez
llegó al despacho a finales de 2015, en sustitución de Luis Martínez,
quien actualmente está preso acusado, también, de actos de corrupción
cuando fue fiscal general.
La
opinión sobre Meléndez en El Salvador está divida, en esencia por
razones políticas: Funcionarios del gobierno de izquierda del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lo acusan de
priorizar investigaciones que los perjudican y de ser blando con
exfuncionarios de la oposición. Meléndez, sin embargo, ha llevado
adelante investigaciones por enriquecimiento ilícito contra los
expresidentes Mauricio Funes, del FMLN, y Antonio Saca, de la opositora
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
A
Meléndez se le ha criticado por su poca efectividad para lograr
condenas firmes en los tribunales y por no usar el músculo de la
Fiscalía para investigar de forma efectiva casos de ejecuciones
extrajudiciales atribuidos a la fuerza pública, así como de usar algunos
procesos contra pandillas con fines mediáticos.
De
acuerdo con una publicación del medio digital El Faro de El Salvador,
la nueva mayoría de derecha en la Asamblea Legislativa estaría dispuesta
a reelegir a Meléndez, lo cual le daría tres años más para profundizar
los cambios tímidos que inició en 2016, cuando asumió el liderazgo de
una fiscalía marcada por la infiltración del crimen organizado durante
la etapa de Luis Martínez.
En
el caso salvadoreño, el Congreso elige al fiscal general con mayoría
calificada, es decir, dos tercios de 84 diputados electos.
Jugada adelantada del gobierno de Honduras
En
Honduras, el cuestionado gobierno de Juan Orlando Hernández parece
estar detrás de un intento por adelantar la elección del fiscal general,
programada en principio para septiembre próximo. El actual fiscal
general, Óscar Chinchilla, descartó su reelección a través de sus redes
sociales.
Según
una información publicada en La Prensa, la mayoría de los nombres que
se manejan para sustituir a Chinchilla son cercanos al presidente, cuya
legitimidad como mandatario está cuestionada tras un proceso electoral
marcado por acusaciones de fraude.
La
elección del nuevo fiscal hondureño ocurrirá, además, a la sombra de
la reciente renuncia de Juan Jiménez Mayor, vocero de la Misión de Apoyo
contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), un organismo
supranacional financiado en parte por la Organización de Estados
Americanos (OEA), quien apoyó a la fiscalía local en investigaciones a
diputados y otros funcionarios por supuestas implicaciones con el
narcotráfico.
A
Chinchilla se le reclama por no avanzar en investigaciones que implican
directamente al presidente, como una por desvío de fondos del Instituto
Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a la campaña de Hernández en 2014.
Congresistas
enviaron una carta al Congreso de Estados Unidos pidiendo elecciones
transparentes de los fiscales de los tres países del Triángulo Norte
La
ley hondureña establece que, 30 días antes del fin del mandato del
fiscal general, la Corte Suprema llama a una junta proponente que envía
una lista de cinco candidatos al congreso, que debe elegir a uno de
ellos por mayoría calificada (85 votos). Los mandos de la Corte y la
mayoría en el Congreso son aliados políticos del presidente Hernández.
Análisis de InSight Crime
La
selección de los nuevos fiscales del Triángulo Norte marcará un nuevo
capítulo en los intentos por mejorar el combate a la corrupción y la
impunidad a partir del fortalecimiento de las oficinas estatales
encargadas de perseguir el delito.
En
los tres países estas oficinas habían tenido perfiles muy bajos,
cooptadas por las élites políticas y económicas históricamente
involucradas con redes de corrupción y crimen organizado.
En el
caso guatemalteco, la llegada de la CICIG en 2007 -por un convenio
firmado entre la ONU y el Ejecutivo que fue ratificado por el Congreso-,
también empujó una lenta reconversión al interior del MP, la cual vio
sus primeros frutos con la llegada de la fiscal Claudia Paz y Paz y ha
alcanzado sus picos durante la gestión de Thelma Aldana.
En
estos dos períodos, el MP ha golpeado a estructuras de crimen
organizado, narcotráfico y corrupción que habían gozado de impunidad
casi absoluta en el pasado.
Las
llegadas de Meléndez a la Fiscalía salvadoreña y de Chinchilla a la
hondureña también han generado, en una forma mucho más modesta, algunos
avances que han permitido la persecución de mafias políticas que
incluyen a tres expresidentes en El Salvador y en Honduras, la
investigación a una ex primera dama, y la extradición de varios miembros
de organizaciones de narcotráfico.
El
año 2018 llegó marcado por una arremetida de las élites políticas y
económicas que se han visto amenazadas en los tres países del Triángulo
Norte de Centroamérica. “Los esfuerzos anticorrupción gozan de amplio
apoyo popular en la región, pero las respuestas de las élites hacen
dudar si estos pueden ser sostenibles”, escribió InSight Crime en enero
de este año.
Las
elecciones de los tres nuevos jefes fiscales en Guatemala, Honduras y
El Salvador marcarán, sin duda, el futuro de esos esfuerzos
anticorrupción: los fiscales dóciles con las élites criminales
terminarán siendo debilitados, y los fiscales independientes podrán
seguir abriendo brecha en esta región, una de las más violentas y
corruptas del mundo.
https://criterio.hn/2018/03/18/cambio-de-fiscales-en-el-triangulo-norte-podria-ser-un-retroceso-en-la-lucha-contra-la-corrupcionhay/
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