El
proyecto de reforma a la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de
Bienes de Origen Ilícito, presentada el 06 de marzo por el diputado
Denis Castro Bobadilla, tiene como único objetivo, detener las acciones
que ejecuta el Ministerio Público para combatir la corrupción y la
impunidad arraigada en nuestro país.
Así se ha pronunciado este día el instituto Universitario Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). EL LIBERTADOR publica de manera íntegra esta postura de la máxima casa de estudios del país.
Redacción Central / EL LIBERTADOR / Publicado: 09 Marzo 2018
Tegucigalpa.
El instituto Universitario Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS),
manifiesta su posición sobre las acciones que se están impulsando para
detener el combate a la Corrupción y la Impunidad, en los siguientes
términos:
1.
El proyecto de reforma a la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio
de Bienes de Origen Ilícito, presentada el 06 de marzo por el Diputado
Denis Castro Bobadilla, con el objeto de modificar por adición el
artículo 2; el artículo 3, inciso 6 del capítulo II de las definiciones;
el artículo 33 del capítulo VIII de las medidas precautorias,
cautelares o de aseguramiento; el artículo 55 del capítulo Xlll del
procedimiento; el párrafo 4 del artículo 70 del capítulo XV de la
administración de los bienes y su distribución; reformar el artículo
78-a y derogar el artículo 80, se convierte en el segundo frenazo,
ejecutado en menos de dos meses, impulsado desde el Congreso Nacional, y
que tiene como único objetivo, detener las acciones que se ejecutan
desde el Ministerio Público (MP) para combatir la corrupción y la
impunidad arraigada en nuestro país.
2.
El Ministerio Publico creado en 1993, sufre el primer debilitamiento
cuando en diciembre de 1998 el Congreso Nacional mediante reforma
legislativa le cercenó la capacidad de investigación al separar la
Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) del MP, y traslada la
investigación criminal a la Policía Nacional dependiente de la
Secretaria de Seguridad.
3.
Los resultados de esta decisión se pudieron observar durante dos
décadas (1998-2016), en donde las bandas criminales dedicadas al crimen
organizado y a la corrupción se desarrollaron, consolidaron y penetraron
a las estructuras del Estado, instalándose en el sector seguridad,
salud, energía, parte del sistema financiero, comunicaciones,
telecomunicaciones y cuanto proyecto se impulsará. Todos los casos y los
responsables se han mantenido en la impunidad. Un giro esperanzador
comienza cuando los responsables de la corrupción en el Instituto
Hondureño de Seguridad Social (IHSS) son presentados ante la justicia.
4.
El combate actual a la corrupción y la impunidad es resultado de las
acciones del Ministerio Público, fortalecido con la creación de la
Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) -creada 3/2014-, de las
acciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en su nueva etapa,
de la reacción ciudadana que en el contexto del saqueo al IHSS, demandó
la intervención de una instancia internacional, surgiendo la Misión de
Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y de las
presiones internacionales hacia un país que tiene los niveles más altos
de pobreza y desigualdad en América Latina, y al mismo tiempo de los
niveles más altos de corrupción; tal como lo refleja en sus estudios la
CEPAL y Transparencia Internacional.
5.
La reforma a la Ley del Presupuesto aprobada en enero/2018, definido
como Pacto de Impunidad por el ex vocero de la MACCIH, y la propuesta
Castro Bobadilla, se traduce en una protección a políticos y
funcionarios que han malversado, desviado y se han apropiado de recursos
del Estado, que han faltado a la confianza de los ciudadanos que los
han electo, y que han burlado a las instituciones encargados de prevenir
y combatir la corrupción.
6.
Las dos iniciativas, privilegian a funcionarios que se han apropiado y
malversado ilícitamente de recursos del Estado, aprovechándose de una
posición y relación de poder y con el poder. Estos recursos de los que
se han apropiado profundizan la pobreza y la iniquidad.
7.
La Reforma a Ley Orgánica del Presupuesto y la iniciativa Castro
Bobadilla, no reforman directamente la Ley del Ministerio Público; sin
embargo, limita la capacidad de ejercer acciones penales hacia los que
cometan delitos en contra de la Administración Pública, coloca a los
hondureños en condiciones de desigualdad frente a la ley, cuando a unos
se les pueden incautar bienes y otros no, aun y cuando ambos los hayan
obtenido con recursos ilícitos y prácticas fraudulentas, contradiciendo
tal propuesta, el precepto constitucional de Igualdad ante la Ley.
Señores
Diputados, Señoras Diputadas, las acciones e iniciativas que están
impulsando y aprobando, no es el mejor ejemplo para las nuevas
generaciones de políticos, de funcionarios y de los ciudadanos; el
mensaje que nos están enviando es que el PODER se utiliza para
beneficiar y beneficiarse, y para proteger a quienes cometan actos de
corrupción.
Bajo
su responsabilidad esta que el Estado de Honduras se fortalezca como un
Estado de Derecho, significa que nadie está por encima de la ley, que
no hay personas superiores al Estado. Pero, sobre todo, de sus acciones
dependerá que a la política y a los políticos se les valore
positivamente, o se devalúen, y que la crisis institucional que hoy
padece Honduras, se enfrente para fortalecer el Estado de Derecho o para
debilitarlo.
Ciudad Universitaria, 08 de marzo de 18
Instituto Universitario Democracia, Paz y Seguridad. IUDPAS
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/2748-unah-segundo-frenazo-a-combate-de-corrupcion-en-congreso-nacional
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