Por: Redacción CRITERIO
Febrero 26,2918 / redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Cincuenta
y ocho organizaciones de la sociedad civil de Honduras denunciaron hoy
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) al jefe de
Gobierno de este país centroamericano, Juan Hernández, por aumentar la
concentración de poder en su persona para así controlar instituciones
claves del país.
Los representantes de la Coalición Contra la Impunidad y de Cejil al momento de presentar las denuncias.
La
denuncia se efectuó en el marco del 167º Período de sesiones de la
CIDH, que se efectúa en Bogotá, Colombia por parte de la Coalición
contra la Impunidad de Honduras y el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (Cejil) quienes señalaron que como consecuencia de la
concentración de poder, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia dejó sin aplicar la norma pétrea que prohibía la reelección
presidencial, permitiendo de esta manera que Juan Hernández pudiera
volver a presentarse en el proceso electoral.
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Así
ocurrió, a pesar de que “no existían condiciones adecuadas para
garantizar el derecho a elegir y ser electo”, apuntó uno de los miembros
de la Coalición.
Los denunciantes develaron además la situación de violencia que vive Honduras tras las elecciones del 26 de noviembre del 2017.
Tras
el estallido de la crisis electoral, con acusaciones de las fuerzas
políticas opositoras de que hubo un fraude, el gobierno de Honduras
rechazó reiteradamente los ataques en su contra acerca de que cometió
abusos policiales y militares en las respuestas a las marchas de
protestas que estallaron en distintas ciudades hondureñas. El gobierno
de Hernández alega que su actuación se ha apegado a la ley para mantener
la seguridad y la tranquilidad en Honduras.
Los
cargos de las denunciantes fueron presentados ante la presencia de
representantes del Estado de Honduras. La parte peticionaria denunció el
estado de represión y militarización ejercido contra la población
hondureña durante los pasados meses, con duras respuestas contra los
manifestantes a los que se reprime con gases lacrimógenos y químicos,
uso de instrumentos militares no autorizados, detenciones arbitrarias,
uso de armas de fuego, etc.
También
denunciaron que el Gobierno ha implementado otras prácticas para
identificar y sancionar a personas opositoras. De esta manera se
realizan allanamientos domiciliarios, registros indebidos, se usa el
derecho penal de manera indebida para criminalizar la protesta social,
se ha aumentado la presencia militar y policial en las zonas donde hay
más opositores y están ocurriendo ejecuciones selectivas de personas que
han participado en acciones de protesta.
Por
último, y para ilustrar a los comisionados y comisionadas de la CIDH
las consecuencias de esta situación en Honduras, se han presentado las
cifras de la violencia, documentadas por las organizaciones, entre las
que se señalan 192 manifestaciones reprimidas y alrededor de 1.257
detenciones; 1 persona detenida desaparecida, 38 muertes de personas en
el marco del conflicto; 76 personas víctimas de tortura, tratos crueles
inhumanos y degradantes; 393 personas heridas y lesionadas en las
manifestaciones, varias de ellas con consecuencias irreversibles en su
salud, 105 personas desplazadas por persecución política; 15 periodistas
agredidos; 73 personas defensoras víctimas de amenazas; 89 personas
criminalizadas, 24 de ellas están en prisión preventiva y que son
consideradas como presos políticos y otras acciones. También se ha
podido escuchar el testimonio de un familiar de una víctima mortal,
asesinada durante una manifestación.
La
Coalición y CEJIL pidieron al Estado de Honduras, entre otras cosas,
que se comprometa al cese del uso indiscriminado y excesivo de la fuerza
en las manifestaciones y de la persecución selectiva de líderes y
lideresas sociales.
Por
su parte, los representantes del Estado invitaron al comisionado Joel
Hernández García, nuevo relator de la CIDH para Honduras, a que viaje al
país en el mes de abril.
También el Estado se comprometió a analizar la
inclusión de la sociedad civil en una mesa de trabajo conjunta con el
Ministerio Público, para investigar las violaciones de derechos humanos
denunciadas.
La
delegación de la Coalición Contra la Impunidad que se encuentra en
Bogotá está integrada, entre otros, por los defensores de los derechos
humanos, Bertha Oliva, Wilfredo Méndez, Heidy Alachán, Martín Fernández,
Berta Zúniga Cáceres, el padre jesuita, Ismael Moreno. Por Cejil
asistió la directora para Centroamérica y México de esta organización,
Marcia Aguiluz. En tanto por la parte oficial compareció la directora
general del Sistema de Protección de Defensores de Derechos Humanos,
Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, Nora Urbina.
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