La dimensión de la corrupción desarrollada por la multinacional brasileña Odebrecht en más de 100 proyectos en América Latina es un asunto que nos debe invitar a cuestionar los procedimientos, las licencias, las concesiones y los mecanismos utilizados por parte de los Estados para el aprovechamiento o explotación de los bienes naturales, que deben ser de compartir común y no de beneficio solo a unos pocos.
“Sector de relaciones estratégicas” era el nombre formal y técnico para referirse a los sobornos que dicha empresa hacía a “…partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos y candidatos de partidos políticos extranjeros…para obtener y retener negocios”, rezaba el documento de investigación publicado el 21 de diciembre del 2016, por el departamento de Justicia de los Estados Unidos. En dicha confesión los directivos de Odebrecht admitieron haber pagado aproximadamente 788 millones de dólares en 11 países de América Latina y Mozambique.
Gasoductos, explotación de fuentes de agua en Argentina, industrias extractivas y represas en Brasil, obras de la más alta ingeniería de Colombia. Hidroeléctricas y la refinería del Pacífico en Ecuador, el proyecto petroquímico Etileno XXI y el gasoducto Los Ramones en México, la carretera Interoceánica Norte Sur y el proyecto hidroenergético en Perú; y en República Dominicana la Termoeléctrica Punta Catalina y la hidroeléctrica Pinalito, son sólo algunos ejemplos claros en los que la industria extractivista de nuestro continente es tan palmaria en sus coqueteos sutiles con la corrupción pública.
¿Cuántos proyectos en Honduras, impulsados desde las alianzas público privadas, desde el plan 20/20, desde el Plan de Nación y Visión de País, están embarrados hasta el cogote por la corrupción?,
¿Quiénes son los políticos, funcionarios estatales y empresariales que tienen las narices untadas de sobornos?, ¿Cuáles son las redes criminales de cuello blanco, rojo, azul, amarillo o multicolor que han amamantado sus conspicuos poderes y sus minimalistas saberes?
Es bueno seguirles la pista a los procesos inconsultos, aprobados a medianoche y firmados “bajo bajo” con la tinta indeleble de la corrupción de los que históricamente han gobernado nuestro país.
¿Cuánta transparencia hay en proyectos como Siglo XXI en San Pedro Sula; o el Corredor Lenca, que se concesionó a 30 años a las empresas William y Molina, o la construcción del aeropuerto de Palmerola concesionado a la empresa EMCO S.A. de C.V.?, ¿y cómo saber sobre la transparencia en el proyecto del Corredor Turístico, obra concesionada a 30 años al consorcio Autopistas del Atlántico, y en el rimbombante Centro Cívico Gubernamental?
Las olas de lo ocurrido con Odebrecht en América Latina nos debe ayudar a “pelar bien los ojos” en Honduras, para saber quiénes coinciden en ese “sector de relaciones estratégicas”, dónde se cruzan las aguas de la industria extractivista y las redes malévolas enquistadas en el Estado hondureño y así saber con certeza hasta dónde llega la madeja de la corrupción y las uñas largas que la promueven.
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