Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-En
los últimos meses hemos visto una infinidad de comunicados de los
organismos internacionales condenando la violación de los derechos
humanos en Honduras, pero todo esto no ha pasado más que a tibias
advertencias, mientras el financiamiento sigue fluyendo a cascadas para
el gobierno.
La comunidad internacional se reúne
constantemente con las autoridades del gobierno para continuar con los
programas y proyectos.
En los dos últimos exámenes del Comité
para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Estado hondureño ha
sido condenado por las constantes violaciones a los derechos humanos.
Se han emitido resúmenes de los mismos, mediante los cuales se condena
la militarización de la sociedad, los ataques a los defensores de los
derechos humanos y de medio ambiente y a los periodistas, la concesión
de los recursos naturales para impulsar proyectos mineros e
hidroeléctricos sin la aplicación de la consulta previa que establece el
artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En las
conclusiones del segundo informe periódico de Honduras, publicado el 27
de julio pasado, el Comité plasmó su preocupación ante la pretendida
reelección del presidente, Juan Hernández, al considerar que está al
margen de la Carta Magna.
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Actualmente
hasta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACNUDH) se ha pronunciado, especialmente en torno al
conflicto en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y a
las violaciones cometidas por parte de las autoridades en contra de los
estudiantes, que desde mayo pasado se encuentran en protestas.
La
OACNUDH se ha pronunciado además en el conflicto de la comunidad de
Pajuiles en el municipio de Tela, departamento de Atlántida, donde un
fuerte sector de sus habitantes se opone al desarrollo de un proyecto
hidroeléctrico, razón por la cual han sido salvajemente golpeados y
encarcelados., incluyendo a una mujer en estado de gestación.
Sólo para
situar las violaciones citamos también el conflicto en Zacate Grande,
ubicado en la isla de Amapala en la zona sur, donde varios campesinos
han sido encarcelados, acusados por el delito de usurpación, al tomar
posesión de tierras que ahora están en poder de grandes terratenientes y
empresarios, como es el caso de la familia del ya fallecido Miguel
Facussé Barjum.
A pesar
de todo, los proyectos mineros e hidroeléctricos continúan
desarrollándose y provocando conflictos en los pueblos que se oponen a
las concesiones de sus ríos y minas y a la voracidad de empresas
nacionales y extranjeras, quienes mediante contactos y confabulación con
la clase gobernante logran sus propósitos, violentando las normas del
medio ambiente y lo referente a la consulta previa.
Uno de
los proyectos que más conflictos ha generado es el de Agua Zarca,
ejecutado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) sobre el
río Gualcarque, ubicado en territorio lenca en la zona occidental y que
desembocó en el crimen de la lideresa indígena y ambientalista, Berta
Cáceres.
Pese que
Agua Zarca ha generado diversas reacciones a nivel mundial y los dos
bancos de desarrollos europeos que lo financiaban, FinnFund (Finlandia) y
el FMO (Holanda), anunciaron en julio pasado que se retiran
oficialmente del proyecto, en Honduras todo continúa normal, pues su
licenciamiento, que dicho sea de paso se otorgó de manera irregular, aún
sigue vigente.
13 de
julio pasado, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras (MACCIH) anunció que investigará las denuncias de corrupción,
presentadas en su momento, por la extinta ambientalista y lideresa
indígena, Berta Cáceres, sobre el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
El
anunció de la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA)
provocó bélicas reacciones de los sectores aludidos e incluso hasta el
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) emitió un comunicado
pidiéndole que se sujetara al convenio firmado con el gobierno.
El defensor de los derechos humanos, Wilmer Vásquez, manifestó ante CRITERIO que
con el paso de los años se ha ido experimentando la doble moral que
existe en el apoyo de la comunidad internacional hacia países como
Honduras.
Wilmer Vásquez, defensor de los derechos humanos.
“En un
principio ellos cumplen con una función que tienen encomendada, pero uno
se pregunta, si las y los hondureños somos personas de importancia para
estas instancias internacionales, o solamente lo hacen para poder
cumplir con un requisito en el marco de convenios que tienen con los
Estados”, expresó.
El
titular de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas,
Niños, Adolescentes y Jóvenes y sus Derechos (Coiproden) apuntó que sin
duda alguna la comunidad cooperante apoya a Honduras no porque “sean
buena gente”, sino porque “lo que hay son intereses transnacionales que
tienen que ver, precisamente con la explotación de recursos naturales o
de otro tipo de negocios”.
Ahondó
que los cooperantes hacen aportes a naciones pobres para reducir o dejar
de pagar los impuestos en sus países, “porque les resulta más barato
beneficiar organizaciones o estados que pagar de manera directa los
impuestos”.
Desmilitarización…
En mayo
de 2006, el vicepresidente de los Estados Unidos en aquel entonces, Joe
Biden, reconoció que si bien se habían hecho ciertos avances en los
países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador,
Honduras y Guatemala) existe la necesidad de fortalecer la economía,
profesionalizar la policía y reducir el rol del ejército en la
vigilancia interna.
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Al igual
que el exvicepresidente estadounidense, varios congresistas entre ellos
demócratas y republicanos, han continuado exigiendo la desmilitarización
de Honduras.
Consultado
sobre las posturas de los congresistas, Vásquez, dijo que este caso es
un ejemplo real de la doble moral, ya que su interés no es el pueblo
hondureño sino la ubicación geopolítica de Honduras, porque somos el
centro de América y tenemos conexión con ambos mares y porque en nuestro
territorio se encuentra una de sus cuatro bases más importantes desde
donde se pueden generar muchas acciones estratégicas del gobierno
estadounidense hacia otras naciones de América Latina.
A juicio
de Vásquez, el discurso de la desmilitarización es una contradicción
porque los convenios pasan por mantener la militarización y sus bases
aéreas e inclusos que éstas sean más grandes, de hecho se conoce que
existen otras bases clandestinas de los Estados Unidos ubicadas en
diferentes partes del territorio hondureño.
Agregó
que en la medida que un gobierno satisfaga los intereses de los Estados
Unidos, “en esa misma medida van a sostener estas estructuras, así sepan
que son gobiernos corruptos, gobiernos criminales o que el Estado se
encuentre en una situación de un Estado fallido”.
Reducción de penas para los corruptos y ley mordaza
En el
marco de los abuso, de la presente administración, se encuentra además
la reciente reducción de penas para los delitos relacionados a la
corrupción, las que habían sido aprobadas en el marco de la discusión
del nuevo Código Penal.
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De manera
maliciosa, el oficialismo en el Congreso Nacional, mediante una
reconsideración al acta legislativa, redujo las penas para los delitos
de malversación de caudales públicos e enriquecimiento ilícito.
“Ley mordaza”
En
Honduras se bautizó como “ley mordaza” a la aprobación del artículo 335B
del Código Penal, que establece penas que van de cuatro a ocho años de
reclusión a quienes incurren en el delito de terrorismo, haciendo uso de
los medios de comunicación y difusión.
En ese
mismo paquete, se aprobó además en el mes de febrero, el delito de
terrorismo, que estipula cárcel para los ciudadanos que hagan uso del
derecho a la protesta social, garantizado en la Constitución de la
República y convenios internacionales.
La
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUD) consideró en aquel momento que el paquete de reformas
que conforman la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la
Política de Seguridad, atentaba contra los derechos fundamentales porque
tipifica de manera errónea el delito de terrorismo.
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La
elaboración del nuevo Código Penal hondureño contó con el aval de la
Cooperación Española, por lo que muchos sectores consideran que España
ha sido facilitador para que ahora las violaciones a los derechos
humanos y la corrupción, sean legales.
acompañamiento de la comunidad internacional sobre prácticas lesivas a
los derechos de los ciudadanos y en fomento de la corrupción, deja un
mal sabor de boca y contrasta con los discursos, alertas y comunicados
de prensa, donde se condenan estas situaciones.
La comunidad internacional prefiere mantener una relación cordial con el gobierno a exigir rendición de cuentas: Raúl Pineda Alvarado, analista político.
A criterio del analista político, Raúl Pineda Alvarado, existe poco interés de los organismos internacionales sobre el uso de los fondos que ellos mismos han colocado a costillas de sus propios ciudadanos. Raúl Pineda Alvarado, analista político.
Añadió
que la situación se da porque el pueblo hondureño es muy cómodo y
perezoso, que prefiere adoptar una aptitud de contemplación frente al
atropello, al no demandar y presionar para que la ayuda internacional no
se vaya para violentar los derechos humanos y fomentar la corrupción.
La
aptitud complaciente de la sociedad hondureño, es lo que permite, según
el analista político, que las naciones no envíen a las personas más
rigurosas y calificadas, quienes al final son absorbidas por el
ambiente, se vuelven tolerantes y a veces hasta cómplices de los malos
manejos de los fondos.
Pineda
Alvarado dijo además que la comunidad internacional prefiere una
relación cordial con el gobierno a establecer una auditoría o rendición
de cuentas que beneficie a la población.
En
resumen, estas agrupaciones extranjeras prefieren mantener una buena
relación de comunicación y relación con los que violentan los derechos
humanos, estimulan la corrupción y desconocen los mismos derechos que
los mismos estados proclaman.
Lo
expresado por el analista político Raúl Pineda Alvarado, corrobora una
vez más la percepción de muchos hondureños y de algunos sectores de la
comunidad internacional, que ya no confían en el doble discurso, ya que
por un lado se condena los abusos y la corrupción del gobierno hondureño
y por el otro lado, la cooperación financiera continúa de la misma
manera e incluso se ha incrementado.
Noticia Internacional: Estados Unidos manda un mal mensaje al desembolsar a Honduras fondos de la Alianza para la Prosperidad
Uno de
esos ejemplos son los fondos provenientes del Plan Alianza para la
Prosperidad del Triángulo Norte, desembolsados a finales de enero por
el gobierno de los Estados Unidos, precisamente a pocos días que la ONG
internacional Global Witness, denunciara que una élite política y
empresarial, ha provocado hasta muertes en las comunidades donde se han
instalado de manera ilegal, proyectos mineros e hidroeléctricos.
http://criterio.hn/2017/08/18/la-hipocresia-la-comunidad-internacional-ante-las-violaciones-los-dd-hh-los-abusos-del-gobierno-honduras/
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