Agosto 10,2017 / redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
La familia franciscana Justicia Paz e Integridad de la Creación (JPIC),
en una carta pública a los operadores de justicia y defensores de los
derechos humanos, piden el “libramiento de requerimiento fiscal y
castigo de los daños ambientales provocados por la empresa
hidroeléctrica Centrales de El Progreso, S.A. (HIDROCEP) en Atlántida”.
Los
franciscanos han pedido de manera directa al Ministerio Público actúe
eficientemente respecto de los daños ambientales causados en el
departamento de Atlántida por la empresa HIDROCEP propiedad del
reconocido empresario Jasson Hawit y por las agresiones motivadas y
financiadas por esta, en contra de los defensores y defensoras de
bienes naturales que permanecen instalados en defensa del río Mezapa y
la Cordillera Nombre de Dios por más de 130 días.
En la
misiva señalan que desde el 2010, el ente fiscal tiene pleno
conocimiento de la existencia de más de 24 concesiones hidroeléctricas
en el departamento, cuyos vicios en el otorgamiento de licencias y
permisos correspondientes fueron denunciados oportunamente ese mismo
año, sin embargo, han pasado 7 años y no ha existido ni una tan sola
diligencia investigativa por parte del Ministerio Público a fin de darle
curso al proceso de investigación.
Agregan que el mismo Ministerio Público
constató mediante dictamen de agosto de 2016 los daños ambientales
provocados por la empresa, a pesar de eso, ha sido incapaz de deducir
responsabilidad penal y castigar a HIDROCEP.
Honduras, agosto de 2017.
Abog. Óscar Fernando Chinchilla
Fiscal General de la República
Abg. Rigoberto Cuellar Cruz
Fiscal General Adjunto
Abg. Sagrario Prudott
Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad
Dr. Roberto Herrera
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH)
Ref.
Solicitud de libramiento de requerimiento fiscal y castigo de los daños
ambientales provocados por la empresa hidroeléctrica Centrales de El
Progreso, S.A. (HIDROCEP) en Atlántida.
Señores, señoras funcionarias del Estado de Honduras:
Nos
dirigimos a ustedes, para solicitar de manera formal y directa que el
Ministerio Público actúe eficientemente respecto de los daños
ambientales causados en el departamento de Atlántida por la empresa
HIDROCEP propiedad del reconocido empresario Jasson Hawit y por las
agresiones motivadas y financiadas por esta en contra de los defensores y
defensoras de bienes naturales que permanecen instalados en defensa del
río Mezapa y la Cordillera Nombre de Dios por más de 130 días.
Desde el
2010, el ente fiscal tiene pleno conocimiento de la existencia de más de
24 concesiones hidroeléctricas en el departamento, cuyos vicios en el
otorgamiento de licencias y permisos correspondientes fueron denunciados
oportunamente ese mismo año, sin embargo, han pasado 7 años y no ha
existido ni una tan sola diligencia investigativa por parte del
Ministerio Público a fin de darle curso al proceso de investigación.
Nota relacionada Pastoral Social de La Ceiba denuncia parcialización de la Policía y el Ministerio Público a favor de intereses empresariales
En el
caso particular de la empresa HIDROCEP, cuyo proyecto hidroeléctrico
denominado “Los Planes” pretende aprovechar las aguas del río Mezapa, en
el Sector Pajuiles de Tela y la Cordillera Nombre de Dios, la fiscalía
conoce de las denuncias promovidas en contra del alcalde Mario Fuentes y
demás funcionarios(as) municipales involucrados en la aprobación ilegal
del proyecto mediante un manipulado cabildo abierto con el cual
usurparon la decisión de negativa rotunda de las comunidades al
proyecto. El mismo Ministerio Público constató mediante dictamen de
agosto de 2016 los daños ambientales provocados por la empresa, a pesar
de eso, ha sido incapaz de deducir responsabilidad penal y castigar a
HIDROCEP.
Más de 7
denuncias han sido interpuestas por el Movimiento Amplio debido a
constantes agresiones en contra de las comunidades organizadas, esto es
un indicador alarmante de la gravísima situación de incremento de
violencia y conflictividad en la zona provocada por HIDROCEP quien se ha
ensañado de forma particular en contra de los habitantes que permanecen
en los campamentos por el agua y por la vida.
Exigimos
al Ministerio Público que castigue de forma inmediata a la empresa
HIDROCEP por los daños ambientales, deduzca responsabilidad por las
agresiones en contra de los y las defensoras, así mismo, la secretaria
de seguridad actúe oportunamente ya que, personas afectadas por la
conflictividad gozan de medidas cautelares dictadas por la CIDH desde
2013 y en cuanto al CONADEH, demandamos que actúe apegado a su mandato,
velando por el respeto de los derechos humanos de quienes defienden el
derecho humano al gua y a un ambiente sano.
Pero
sobre todo, exigimos que estas actuaciones sean prontas, oportunas y con
la finalidad de generar resultados y no continuar dilatando de forma
que la empresa continúe actuando impunemente y agrediendo a las y los
defensores, como ser el reciente caso de 04 de agosto donde resultó
herido Martín Fernández, coordinador general del Movimiento Amplio y
Oscar Martínez integrante de la misma organización.
En
general, instamos a todas las instituciones estatales y organismos de
derechos humanos instalados en el país que puedan incidir para que el
conflicto provocado en la zona no desemboque en desgracia y que la
pasividad deje de ser el respaldo de las ilegalidades cometidas por
empresas como HIDROCEP que debido al servilismo de la institucionalidad
saquean, dividen, persiguen y matan nuestras comunidades y provocan un
profundo rompimiento del tejido social.
Para
finalizar, les reiteramos nuestro compromiso con la lucha por la
justicia y contra la impunidad por lo que continuaremos con nuestras
acciones de denuncia y demanda de justicia y castigo en contra de
HIDROCEP.
Nos suscribimos.
JPIC- FAMILIA FRANCISCANA HONDURAS
http://criterio.hn/2017/08/10/franciscanos-piden-requerimiento-fiscal-castigo-empresa-hidrocep/
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OACNUDH cree que situación violenta de Pajuiles, Tela se debe a la no atención de sus demandas
Por: Redacción CRITERIO
Agosto 10,2017 / redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACNUDH) lamenta la demora en la resolución de la
cuestión de fondo y de las diversas denuncias que se han presentado por
parte de todas las comunidades.
Y señala
que el origen de este conflicto está en el otorgamiento de la licencia a
HIDROCEP y la estimación del impacto que sus actividades hubieran
podido tener sobre los derechos de las comunidades.
La
OACNUDH en Honduras hace un llamado al diálogo en la comunidad de
Pajuiles y condena la violencia y las agresiones que se han venido dando
a lo largo del conflicto.
Comunicado
Tegucigalpa.
10 de agosto de 2017.- El pasado viernes 4 de agosto, la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH) en Honduras recibió información sobre la profundización del
conflicto entre las comunidades en Tela, Atlántida, que se manifiestan
tanto a favor como en contra de la Central Hidroeléctrica Los Planes de
la empresa Hidroeléctrica Centrales El Progreso, S.A. de C.V.
(HIDROCEP).
Nuestra
Oficina ha venido dando seguimiento al conflicto desde el 02 de mayo del
presente año, cuando tuvo la oportunidad de visitar la zona para
observar y verificar una denuncia por presuntos daños ambientales y
violación al derecho al agua, así como la supuesta ausencia e inacción
de las instituciones a las que habían acudido para la solución del
conflicto. En dicha visita, la Oficina se entrevistó con los pobladores
de las comunidades del sector de Pajuiles; el titular de la empresa
HIDROCEP, Jason Hawit; el Alcalde de Tela, Mario Fuentes; el Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ); la Fiscal Regional en el
Litoral Atlántico, Marlen Martínez; autoridades de FUSINA y de la
Policía Nacional.
Nota relacionada CONADEH y OACNUDH: Ciudadanía debe acompañar luchas por bienestar de los pueblos indígenas de Honduras
En
seguimiento a esta primera misión, la Oficina también participó en una
reunión convocada por la Fiscalía en las Oficinas de la Secretaría de
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi-Ambiente), en donde se
acordó una visita el viernes 02 de junio de 2017 para comprobar los
daños ambientales, así como el cumplimiento de la licencia ambiental
otorgada a HIDROCEP.
En esta ocasión, participó Mi-Ambiente, la Fiscalía
Regional del Litoral Atlántico, la Fiscalía Especial del Medio
Ambiente, el Instituto de Conservación Forestal, la Procuraduría General
de la República, así como representantes de las comunidades y de
HIDROCEP, en donde OACNUDH Honduras participó como observador.
Esta
mañana, OACNUDH fue informada sobre un desalojo del campamento en
Pajuiles, efectuado por la Policía Nacional a instancias de una orden
judicial y requerimientos fiscales varios, en donde resultaron detenidas
por lo menos cuatro personas, sin poder corroborar hasta este momento
su situación procesal. OACNUDH ha venido recibiendo información acerca
de un número indeterminado de requerimientos fiscales contra otros
miembros de las comunidades que protestan contra la hidroeléctrica.
Hasta el momento, se desconocen las acusaciones penales específicas.
La
Oficina lamenta que la problemática persista y que las comunidades hayan
tenido que llegar a este nivel de confrontación, en donde inclusive han
resultado personas agredidas, incluyendo Martín Fernández, defensor de
derechos humanos y Coordinador del MADJ, además de Oscar Martínez,
miembro de la comunidad.
La policía militar desalojó a los pobladores que protegen su río y sus derechos
Lamentamos
la demora en la resolución de la cuestión de fondo y de las diversas
denuncias que se han presentado por parte de todas las comunidades. Vale
la pena recordar que el origen de este conflicto está en el
otorgamiento de la licencia a HIDROCEP y la estimación del impacto que
sus actividades hubieran podido tener sobre los derechos de las
comunidades. Por lo cual, el desalojo de hoy — si bien ordenado por la
autoridad judicial —es una medida que no resuelve la situación de fondo,
ya que no responde a los interrogantes de las comunidades ni conlleva a
la aclaración de los hechos.
Condenamos
tanto la violencia como las agresiones entre las comunidades que se han
venido suscitando a lo largo del conflicto y que tuvieron una grave
expresión el pasado viernes. Esperamos una investigación oportuna de
estos sucesos, una investigación exhaustiva e imparcial de todos los
hechos vinculados a esta concesión, así como la atención de todas las
denuncias recibidas.
Llamamos a
las comunidades a la calma y al diálogo para restaurar la convivencia
pacífica. En este sentido, instamos a la autoridades locales y
nacionales a promover y facilitar la comunicación y el dialogo entre las
partes de manera urgente para prevenir más enfrentamientos. Es
necesario trazar una hoja de ruta que permita una salida consensuada,
con la participación de las comunidades y actores relevantes, en el
marco de investigaciones exhaustivas que establezcan las
responsabilidades pertinentes, los requerimientos de la ley y del
respeto a los derechos humanos.
OACNUDH
Honduras aprovecha para enfatizar la importancia de asegurar que los
proyectos de desarrollo económico se den en el marco de concesiones
otorgadas legalmente, en cumplimiento con la legislación nacional y los
estándares internacionales de los que el Estado de Honduras es
signatario, la consulta con las poblaciones afectadas, así como la
observación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre
Empresas y Derechos Humanos. En ese sentido, la Oficina reitera su
disponibilidad para observar y acompañar el diálogo en el marco del
cumplimiento de nuestro mandato en Honduras.
http://criterio.hn/2017/08/10/oacnudh-cree-situacion-violenta-pajuiles-tela-se-la-no-atencion-demandas/
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