Tegucigalpa - Alrededor
de 220 periodistas, comunicadores sociales y profesionales del derecho
perdieron la vida violentamente, en los últimos 16 años, de los cuales
más del 90 % se encuentran en la impunidad por falta de investigación,
según un recuento del estatal Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos (Conadeh).
- Pese a que la impunidad va en aumento, es un “fenómeno” al que nadie quiere entrarle por los “cuernos”.
De
acuerdo al organismo humanitario, la situación es de tal magnitud que
entre el 2001 y el 2017 alrededor de 150 profesionales del derecho y 70
personas ligadas a medios de comunicación han muerto en circunstancias
violentas.
Una
de las preocupaciones del ente estatal, es el alto grado de impunidad
que supera el 90% de los casos, situación que sigue poniendo en riesgo a
quienes se dedican al ejercicio de estas profesiones.
Según
el Conadeh, tanto el ejercicio del derecho como la labor que realizan
los periodistas y comunicadores sociales se han convertido en
ocupaciones de alto riesgo para quienes la ejercen.
Para
el caso, entre el 2010 y junio del 2017, ha muerto en circunstancias
violentas 181 profesionales del derecho y personas ligadas a los medios
de comunicación, es decir, un promedio de 24 por año.
En
estos siete años y medio, perdieron la vida 121 abogados y 60 personas
ligadas a los medios de comunicación, entre ellos, periodistas,
comunicadores sociales, fotógrafos, camarógrafos y propietarios.
El
Conadeh considera que es deber del Estado hondureño garantizar que
tanto los profesionales del derecho como los periodistas y comunicadores
sociales, realicen su labor sin ningún tipo de intimidación y que,
cuando su seguridad esté amenazada por el ejercicio de su trabajo, es
deber de las autoridades brindarles la protección para salvaguardar su
integridad física y su vida.
Un
recuento del Conadeh establece que desde el 2002 a la fecha se han
registrado una serie de hechos violentos contra abogados que van
desde, amenazas, agresiones, atentados y la muerte violenta de, al
menos, 150 profesionales y cuyos casos están impunes en más del 90 %.
Los
hechos violentos contra los miembros de ese gremio empezaron a
registrarse en el 2002, sin embargo, los mismos se agudizaron a partir
del año 2010, de allí que, en los últimos 7 años y medio, hayan muerto,
al menos, 121 profesionales del derecho, es decir un promedio de 16
por año.
Del
registro pormenorizado que realizó el Conadeh se destaca que entre los
profesionales del derecho, que murieron en forma violenta, hay
especialistas en derecho penal, en derecho mercantil, jueces de
tránsito, de la niñez y de letras.
Además,
fiscales del Ministerio Público, defensores públicos, asesores legales
de sindicatos, instituciones bancarias y de instituciones del Estado y
otros que combinaban su profesión con otras actividades empresariales y
religiosas.
En
este ambiente de inseguridad que enfrentan los profesionales del
derecho, desde l 2010 a la fecha, 43 murieron en Francisco Morazán, 44
en Cortés, 7 en Atlántida, 6 en Yoro, 6 en Colón, 4 en Olancho, 4 en
Copán, 2 en Comayagua, 1 en Choluteca, 1 en El Paraíso, 1 en Lempira, 1
en Santa Bárbara y 1 en Islas de la Bahía.
70 personas ligadas a medios de comunicación
perdieron la vida violentamente
perdieron la vida violentamente
Otra
labor de alto riesgo la realizan los comunicadores sociales, de allí
que entre el 2001 y el 2017, el Conadeh registró la muerte violenta de
70 personas ligadas a los medios de comunicación, de los cuales el 91%
de los casos se encuentra en la impunidad.
En
este escenario de violencia, al menos, 14 departamentos del país han
registrado la muerte violenta de una o más personas ligadas a los
medios de comunicación.
En
Francisco Morazán, para el caso, se registra el mayor número de muertes
violentas con 18, de los cuales, apenas uno, fue objeto de sentencia
condenatoria, el resto se encuentra en la impunidad.
En
lo que respecta al departamento de Cortes, de los 14 reportados,
únicamente en dos casos los responsables fueron condenados, los 12
restantes
están impunes.
En
el departamento de Yoro, murieron en circunstancias violentas 8
personas ligadas a los medios de comunicación, de los cuales, seis aún
continúan en la impunidad, mientras que en Lempira, de los tres hechos
violentos registrados solamente en un caso se encontró al culpable.
Es
de hacer notar que la muerte de periodistas, comunicadores sociales y
propietarios de medios de comunicación, acaecidas en los 10
departamentos restantes, la impunidad se mantiene en un 100 %.
La
impunidad consiste en dejar sin castigo y sin pena a quien comete un
delito, situación que es motivo de mayor preocupación cuando el Estado
no tiene la adecuada investigación para determinar la autoría directa o
indirecta de esas muertes y se sigue en la incertidumbre de ver caer a
más personas asesinadas.
Se
considera que la entrada e invitación para que el delincuente continúe
delinquiendo es la impunidad, misma que no es resultado de una sola
causa.
En
Honduras, la impunidad empieza porque el delito no es debidamente
investigado por dos de los componentes del sistema de justicia penal,
la policía de investigación y la misma Fiscalía.
Lo
esencial, es que cada uno de los componentes de justicia funcione
adecuadamente, porque cuando uno de ellos no funciona se echa a perder
todo el sistema de justicia y los delincuentes quedan en libertad.
Roberto
Herrera Cáceres, titular del Conadeh, considera que la impunidad es una
manera de negar el derecho a la verdad que tienen las víctimas, sus
familias y la sociedad.
Además,
estimula la comisión de delitos y genera la ampliación de los espacios
de violencia y la idea que el delito es algo tolerado por el Estado y la
sociedad.
Advirtió
que el número de hechos violentos que se registra anualmente, en el
país, es un problema de interés nacional, acuciante, actual y que pone
en riesgo la cohesión de toda la sociedad.
“Es
necesario tomar decisiones de tipo excepcional, enmarcadas en el
respeto de los derechos humanos, para controlar las manifestaciones de
violencia, extorsiones, asesinatos, homicidios, femicidios y muertes
múltiples”, indicó.
Añadió
que para atender las causas de esta problemática es necesario tener en
cuenta consideraciones no solamente de protección policíaco-militar,
sino que aspectos que tienen que ver con el combate a la pobreza, la
discriminación y con la necesidad de abrir nuevas oportunidades para que
la población viva dignamente.
Explicó
que la impunidad no solo proviene de la falta de articulación y
coordinación eficiente entre los operadores de justicia y de una
preparación técnica correspondiente en materia de investigación, sino
también de la inacción de la sociedad que no denuncia.
Considera
que es imprescindible que el Estado de Honduras adelante de manera
urgente investigaciones que conduzcan a esclarecer las interminables
muertes de personas de pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes,
mujeres, comunicadores sociales, personas LGTBI, abogados, policías y
que se enjuicie y castigue a las personas responsables del delito.
http://www.proceso.hn/actualidad/7-actualidad/alrededor-de-220-abogados-y-de-profesionales-de-la-comunicacion-han-muerto-violentamente-en-honduras.html
No hay comentarios :
Publicar un comentario