En primer lugar, la percepción ciudadana de una grave situación de criminalidad y violencia que se mantiene, en segundo lugar, un sentimiento de desprotección y desconfianza en las instituciones que constitucionalmente son las responsables de brindarnos protección y reducir los índices delictivos dentro del marco de un Estado democrático de derecho.
El más reciente sondeo de opinión pública realizado por el ERIC-SJ lo confirma cuando la población consultada señala que la violencia y la inseguridad son uno de los fracasos del actual gobierno, y considera a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia como las instituciones menos confiables.
Esta percepción y desconfianza es un terreno fértil para que el gobierno asuma un papel populista mediante la adopción de medidas de emergencia que debilitan aún más a la institucionalidad democrática, y se desatienda de iniciar una reforma profunda e integral que permita apuntar hacia las
causas estructurales generadoras de la violencia.
Una de las características de las medidas adoptadas es su ambigüedad que otorga una peligrosa discrecionalidad a policías, militares, fiscales, jueces y juezas para incluir dentro de las conductas prohibidas, otras conductas legítimas de defensa de los derechos humanos, y que pueden ser utilizadas como mecanismos de control social.
Por ello es que frente a las reformas penales recientemente aprobadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han señalado que pueden dar lugar a tergiversaciones deliberadas “para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos”.
Hacemos un llamado a los diferentes sectores sociales y políticos comprometidos con los valores democráticos a seguir insistiendo en la ilegalidad e ilegitimidad de tales reformas, y exigimos al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que se sume a las peticiones de inconstitucionalidad de las mismas ante la Sala de lo Constitucional, y a ésta que dé una respuesta congruente con la Constitución de la República y los estándares internacionales en la materia.
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