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En un país como Honduras donde hay deslegitimación institucional tal como lo dijera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su visita a la nación a casi dos meses del golpe de Estado en el 2009, es preocupante la combinación de un proyecto reeleccionista del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández , y la casi inmediata iniciativa de Ley del titular del Parlamento Mauricio Oliva del mismo partido del mandatario, para crear un nuevo Código Penal, que tiene como parte fundamental la criminalización de la protesta social.
Resulta sospechoso que se dieron varios sucesos que posiblemente
iban concatenados: en abril del año pasado la Corte Suprema de Justicia
falló a favor de la reelección presidencial que está prohibida en la Constitución de la República;
en agosto de ese mismo año se presentó la propuesta de Ley para cambiar
el Código Penal ; el 07 de noviembre de 2016 la Embajada de USA en
Honduras en un comunicado señaló que “no se opone a que el Presidente
Hernández u otros se presenten a la reelección…” y el 09 de este mismo
mes Hernández anuncia que acepta la candidatura a la reelección.
Se suma a ello la elección de una Corte Suprema de Justicia de acuerdo a los deseos de Hernández y de algunos sectores, lo que necesitaban era un Poder Judicial sumiso que respondiera a sus objetivos y a los de las cúpulas políticas y económicas que han hecho de Honduras su mercado persa.
En la actualidad el Congreso Nacional avanza a pasos agigantados para aprobar el nuevo CódigoPenal, sin permitir la participación de la ciudadanía contra la cual incluyó varios artículos que criminalizan la protesta social; designa tipos penales como la desobediencia; asociación para delinquir; sedición; perturbación del orden; desórdenes públicos, entre otros, con la intención de detener cualquier intento de protesta contra actos ilícitos desde el poder.
El control social es la meta de quienes están interesados en que se apruebe esta nueva legislación que menoscaba derechos humanos según lo han manifestado varias organizaciones de sociedad civil que han denunciado la obstrucción de su participación en las discusiones de este importante ordenamiento jurídico.
Las mujeres y la comunidad LGTBI sienten que los ataques contra sus sectores a través de figuras jurídicas solo profundizarán su situación actual de violencia.
Lo preocupante también es que la Cooperación Española está muy interesada en que se apruebe tal como ha sido planteado el nuevo código a pesar que expertos internacionales han cuestionado su contenido que lacera entre otros derechos el de libertad de expresión, aprueba de manera tajante semejante barbaridad contra la sociedad hondureña, quizá vuelvan los espejitos de la conquista.
Cuál es la motivación de la Cooperación Española para acuerpar sin restricciones el nuevo Código Penal?. De acuerdo a apreciaciones de integrantes de organizaciones de sociedad civil está jugando un lamentable papel porque esta legislación va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos.
La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de Naciones Unidad para los Derechos humanos ha advertido una serie de irregularidades e hizo llegar recomendaciones al Congreso Nacional. Este Poder del Estado ha hecho caso omiso a éstas.
Entre las cosas que señala esta institución internacional están “Revisar de manera integral y bajo una óptica de excepcionalidad el apartado de los delitos contra el orden público, con el fin de asegurar su compatibilidad con el ejercicio de derechos humanos transcendentales en una sociedad democrática, como el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación.
La revisión incluye examinar de forma restrictiva el delito de terrorismo para adecuarla a los estándares y pautas promovidas de forma consistente por el sistema de las Naciones Unidas”.Asimismo aunque el Estado hondureño se comprometió a despenalizar la Injuria y la calumnia pero no lo ha cumplido, la Oficina del Alto Comisionado ha recomendado que se proceda a “Despenalizar los delitos de injuria y calumnia, por ser la sanción penal incompatible con el derecho a la libertad de expresión”.
Entonces la coincidencia de la figura de la reelección con el enfoque para criminalizar la protesta social es sintomático de lo que se va a desencadenar en el proceso electoral de 2017, cuando va a ponerse muy caliente el clima político y si se combina con la intolerancia del mandatario Juan Orlando Hernández con la defensa de los derechos humanos, las cosas estarán al rojo vivo.
Ante este panorama es importante que la sociedad hondureña no permita que se apruebe una legislación que conlleva generar figuras penales que llevan dedicatoria para quienes no están de acuerdo con la reelección del actual gobernante y de acciones ilícitas que puedan cometer otros funcionarios.
Las calles esperan de nuevo llenarse de pies descalzos, de voces sedientas de justicia y de acciones ciudadanas que logren detener el monstruo de la ilegalidad desde el poder.
Tomada de Sampsoniaway.org de la Columna de Dina Meza "Between Bullets and Censorship", véala en este link
http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/editorial/item/1578-reeleccion-de-juan-orlando-hernandez-y-un-nuevo-codigo-penal-en-honduras
Se suma a ello la elección de una Corte Suprema de Justicia de acuerdo a los deseos de Hernández y de algunos sectores, lo que necesitaban era un Poder Judicial sumiso que respondiera a sus objetivos y a los de las cúpulas políticas y económicas que han hecho de Honduras su mercado persa.
En la actualidad el Congreso Nacional avanza a pasos agigantados para aprobar el nuevo CódigoPenal, sin permitir la participación de la ciudadanía contra la cual incluyó varios artículos que criminalizan la protesta social; designa tipos penales como la desobediencia; asociación para delinquir; sedición; perturbación del orden; desórdenes públicos, entre otros, con la intención de detener cualquier intento de protesta contra actos ilícitos desde el poder.
El control social es la meta de quienes están interesados en que se apruebe esta nueva legislación que menoscaba derechos humanos según lo han manifestado varias organizaciones de sociedad civil que han denunciado la obstrucción de su participación en las discusiones de este importante ordenamiento jurídico.
Las mujeres y la comunidad LGTBI sienten que los ataques contra sus sectores a través de figuras jurídicas solo profundizarán su situación actual de violencia.
Lo preocupante también es que la Cooperación Española está muy interesada en que se apruebe tal como ha sido planteado el nuevo código a pesar que expertos internacionales han cuestionado su contenido que lacera entre otros derechos el de libertad de expresión, aprueba de manera tajante semejante barbaridad contra la sociedad hondureña, quizá vuelvan los espejitos de la conquista.
Cuál es la motivación de la Cooperación Española para acuerpar sin restricciones el nuevo Código Penal?. De acuerdo a apreciaciones de integrantes de organizaciones de sociedad civil está jugando un lamentable papel porque esta legislación va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos.
La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de Naciones Unidad para los Derechos humanos ha advertido una serie de irregularidades e hizo llegar recomendaciones al Congreso Nacional. Este Poder del Estado ha hecho caso omiso a éstas.
Entre las cosas que señala esta institución internacional están “Revisar de manera integral y bajo una óptica de excepcionalidad el apartado de los delitos contra el orden público, con el fin de asegurar su compatibilidad con el ejercicio de derechos humanos transcendentales en una sociedad democrática, como el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación.
La revisión incluye examinar de forma restrictiva el delito de terrorismo para adecuarla a los estándares y pautas promovidas de forma consistente por el sistema de las Naciones Unidas”.Asimismo aunque el Estado hondureño se comprometió a despenalizar la Injuria y la calumnia pero no lo ha cumplido, la Oficina del Alto Comisionado ha recomendado que se proceda a “Despenalizar los delitos de injuria y calumnia, por ser la sanción penal incompatible con el derecho a la libertad de expresión”.
Entonces la coincidencia de la figura de la reelección con el enfoque para criminalizar la protesta social es sintomático de lo que se va a desencadenar en el proceso electoral de 2017, cuando va a ponerse muy caliente el clima político y si se combina con la intolerancia del mandatario Juan Orlando Hernández con la defensa de los derechos humanos, las cosas estarán al rojo vivo.
Ante este panorama es importante que la sociedad hondureña no permita que se apruebe una legislación que conlleva generar figuras penales que llevan dedicatoria para quienes no están de acuerdo con la reelección del actual gobernante y de acciones ilícitas que puedan cometer otros funcionarios.
Las calles esperan de nuevo llenarse de pies descalzos, de voces sedientas de justicia y de acciones ciudadanas que logren detener el monstruo de la ilegalidad desde el poder.
Tomada de Sampsoniaway.org de la Columna de Dina Meza "Between Bullets and Censorship", véala en este link
http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/editorial/item/1578-reeleccion-de-juan-orlando-hernandez-y-un-nuevo-codigo-penal-en-honduras
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