Tiempo.hn/ Por Ariel Trigueros -
La necesidad de proveerse de recursos naturales o minerales y de energía (combustibles fósiles), para alimentar el engranaje del crecimiento económico, mueve las fronteras de la explotación hacia nuevos confines. Pero en el haber de esa exploración está una multiplicación de los conflictos ambientales.
Buscamos cobre, hierro o carbón en lugares del planeta en donde antes no se habían extraído. “A medida que vamos topando con los límites biofísicos del planeta, ya sean geológicos o ecológicos, los litigios se vuelven más intensos en las zonas con recursos aprovechables”, resume el filósofo y ensayista Jordi Pigem.
El equipo del Atlas Global de Justicia Ambiental del ICTA-UAB ha recopilado más de 1.700 conflictos y los ha colocado en el mapa. Aquí presentamos una selección de los diez conflictos más relevantes hecha por este equipo, co-dirigido por Leah Temper y J oan Martinez Alier, y coordinado por Daniela Del Bene.
Éstos casos son una amplia muestra, con una distribución geográfica y temática diversa que ilustra la disputa entre los aprovechamientos y los daños infligidos. Son casos a menudo localizados en los países del Sur, situados a miles de kilómetros, pero que están estrechamente relacionados con nuestro patrón de vida, con empresas españolas y europeas.
Los conflictos surgen por la distribución desigual de beneficios y sus impactos, y son, a la vez, una expresión cruda de la democracia, en la que los mas débiles reclaman que su voz se escuche. De hecho, cuando las organizaciones y grupos locales luchan por la justicia ambiental trabajan también a favor de una economía más sostenible.
Existe un movimiento global por la justicia ambiental, que reclama ser actor para la transformación socio-ecológica que la sociedad necesita. El Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra este domingo justifica este viaje por un planeta seriamente herido.
Las comunidades locales han denunciado repetidamente prácticas industriales ilegales, como la quema del gas residual que se produce en el proceso de extracción y procesamiento del petróleo, que conlleva grandes daños ambientales y a la salud. La vegetación y las cosechas se han visto afectadas por la lluvia ácida, y otro efecto de la contaminación ha sido aumento de abortos, deformaciones congénitas, enfermedades respiratorias y casos de cáncer, según han denunciado.
La organización Amigos de la Tierra Nigeria ha documentado gran número de vertidos de crudo procedentes de las tuberías carentes de mantenimiento, que ha destruido un rico patrimonio natural. Frente a estos atropellos, la principal reclamación es la reparación de los daños producidos y también dejar en el subsuelo el resto de reservas de crudo, con el argumento de que, una vez extraídas y quemadas, agravarían las emisiones de gases invernadero y contribuirían al cambio climático.
El conflicto del Delta del Níger alcanzó un punto crítico en 1995 cuando el poeta y líder comunitario, Ken Saro Wiva, fue asesinado. A pesar de que el conflicto ha tenido altavoces internacionales, el acceso a la justicia para las comunidades afectadas requiere un gran esfuerzo para evitar una impunidad lamentable. Actualmente hay procesos abiertos en diferentes países, como Holanda, Ecuador y EEUU para investigar la responsabilidad de empresas que operan en el Delta; incluyendo a la anglo-holandesa Shell, la estadunidense Chevron y la italiana ENI.
Los desechos del embalse-vertedero provenían de la producción de mineral de hierro de la empresa Samarco (Vale, de Brasil, y BHP Billiton, de Australia-Reino Unido), una de las mayores minas de mineral de hierro en el mundo, hasta que el accidente paralizó sus actividades.
Tras los daños en el pueblo de Bento Rodrigues, el lodo tóxico de Samarco llegó al río Doce, donde viajó casi 700 km a lo largo de más de 40 municipios, hasta desembocar en el océano en Linhares (Espírito Santo). El lodo afectó al suministro de agua de muchos municipios y exterminó la biodiversidad acuática y extensas áreas de valor natural.
La actividad y el modo de vida de pequeños agricultores, pescadores, poblaciones tradicionales e indígenas se vieron profundamente impactados. En 2016, después de recibir una multa baja, en comparación a los daños causados (63 millones de euros), Samarco y sus controladoras acordaron con los gobiernos federal y estatales generar un fondo de hasta 4950 millones de euros para recuperar la cuenca del río Doce los próximos 15 años.
Sin embargo, un manifiesto firmado por más de 100 instituciones y movimientos sociales de todo Brasil criticó el acuerdo por no suponer una plena remediación a los daños causados, y por haber sido elaborado a espaldas de la población afectada y los movimientos sociales que la apoyan.
Posteriormente, en la misma región se instalaron dos incineradoras y una gran planta de tratamiento de residuos. Los pobladores protestaron a causa de la gravísima contaminación. El agua de sus pozos se volvía densa, de color amarillento, aparecía envuelta en películas superficiales rojas. Hubo protestas en las calles y éstas terminaron en encarcelamientos durante años. Desde entonces, los pobladores de Yongxing se han visto obligados a comprar agua potable y a abandonar sus actividades agrícolas de subsistencia. Los campos fueron entonces alquilados a precios irrisorios a los trabajadores migrantes que llegaban a trabajar los campos dañados para vender productos contaminados a la ciudad.
A pesar de que las autoridades sanitarias estaban informadas sobre esta situación, hubo negligencia institucional, denuncian los afectados. La mayor preocupación de los pobladores ha sido el repentino aumento de los casos de cáncer en el pueblo, además del aire contaminado.
La Organización Mundial de la Salud ha informado que la quema incompleta o defectuosa de residuos en incineradoras pueden generar la emisión de dioxinas y furanos, con impactos negativos en la salud humana.
El pueblo de Yongxing es uno de los tantos casos conocidos como “los pueblos del cáncer en China”, en donde actividades industriales y masivos vertederos operan con estándares de seguridad irrisorios a pesar de los comprobados efectos nocivos para la población humana.
Cáceres organizó al pueblo lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, en su lucha contra el embalse de Agua Zarca, previsto en el río Gualcarque, un lugar sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia.
La campaña emprendida por Cáceres logró que el constructor más grande de represas a nivel mundial, la compañía de propiedad estatal china, retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico.
La población lenca denunció la violación del convenio 169 de la OIT por no haber existido una consulta previa libre e informada, así como la presencia del ejército para custodiar las obras y las amenazas a líderes y asesinatos. El caso de Agua Zarca alcanzó visibilidad internacional tras el asesinato de la activista Berta Cáceres (2016), premio Goldman en 2015.
Actualmente, organizaciones y movimientos presionan para que se investigue el asesinato de Berta Cáceres y se proceda a la suspensión definitiva de la financiación del proyecto. Después del asesinato de la activista y tras una visita realizada por la Comisión Europea, el proyecto de Agua Zarca ha sido catalogado como una violación de derechos humanos. Agua Zarca, junto a Barro Blanco (Panamá), Barillas (Guatemala) y La Parota (México), dibujan el mapa de la violencia derivada de proyecto de generación hidroeléctrica en América Latina.
Se estima que este ambicioso proyecto implicaría una inversión de 26.000 millones de euros e iniciará próximamente sus 10 años de construcción. Cuando se complete será uno de los túneles más largos del mundo.
Desde la década de 1990, el TAV Italiano ha sido fuente de fuertes críticas e intensas movilizaciones, particularmente concentradas en el Val de Susa pero ampliamente difundidas en el país a través del movimiento No-TAV (No al Treno Alta Velocità).
El movimiento No-TAV juzga innecesaria la nueva línea ferroviaria por ser excesivamente cara y estar financiada a cargo del dinero público, lo que dará alas a la corrupción y las actividades económicas ilegales.
El conflicto tuvo su primer estallido cuando en 2005 se iniciaron los ensayos geológicos sin previa consulta local, lo que provocó que unos 50 000 habitantes del Val de Susa ocuparan el luar de la excavación y paralizaran los trabajos hasta que la manifestación fue disuelta con agresiones por parte de las fuerzas policiales. Actualmente, el movimiento No-TAV continúa denunciando la militarización en la zona del Val de Susa y la excesiva violencia contra sus habitantes.
Al cuestionar la necesidad de infraestructuras como ésta, el movimiento ha generado alianzas con otros grupos en Italia y el resto de Europa hasta formar una red de oposición contra Mega Proyectos Impuestos e Innecesarios. El próximo encuentro internacional de la red será en Bayonne, Francia, a mediados de julio, donde tambien estarán grupos en oposición a aeropuertos (Nantes, Francia), estaciones de trenes (Estocarda, Alemania), infraestructura energetica (TAP, Italia) y grandes minería en Europa (Grecia, Rumania).
Si bien el proyecto TAV se encuentra aún en la agenda política europea, los escándalos financieros y la oposición pública hacen que avance más lento de lo esperado.
Actualmente, ambas minas operan y han generado fuertes impactos a las comunidades locales: destrucción de los sitios sagrados, pérdidas de hogares, así como afectaciones en el agua, cultivos y biodiversidad de la región. Ante la propuesta de implantar el proyecto Fuleni, las comunidades afectadas se oponen a la intensificación de los impactos sobre sus medios de subsistencia y el ecosistema local protegido por el parque.
El 22 de abril de 2016, un millar de pobladores intentaron abortar la visita a la zona del Comité de Desarrollo Minero y Medio Ambiente (RMDEC por sus siglas en inglés). Los activistas de la comunidad tienen como lema: “dejar el carbón bajo tierra” (leave the coal under the hole) y parar la voraz economía extractiva.
Este lema se ha convertido también en una demanda compartida en muchos sitios del mundo, en donde comunidades marginadas se movilizan en defensa de sus derechos y de sus medios de subsistencia compartiendo el objetivo de calentamiento global. La movilización para frenar la explotación del carbón se da también en Sompeta, en Andhra Pradesh (India) y se suma a las campañas para dejar bajo ierra los recursos fósiles (“unburnable fuels”).
Además, la población local denuncia el desvío de ríos, la deforestación activada por los cultivos y las intoxicaciones y enfermedades debido a la fumigación de la caña de azúcar. Este acaparamiento de tierras saltó a la opinión pública mundial en 2011 cuando fueron desalojadas 800 familias de 13 comunidades Q’eqchi’ que ocupaban parte de las tierras del Polochic que habían estado sembradas de caña. Esta ocupación había sido su única manera de sobrevivir (a partir de la siembra de maíz).
La población reclamó al Estado la compra de tierras; se abrió así un proceso de diálogo entre las partes; pero la negociación se rompió, hubo 800 familias desalojados, se quemaron los cultivos y las casas de los indígenas, y un campesino fue asesinado. Meses después fueron también asesinados dos campesinos y heridos de bala mujeres y niños por tiroteos de la seguridad privada de la empresa de caña.
Las instituciones del Estado y las familias empresariales defienden la propiedad privada y el negocio de estos monocultivos por considerar que traen desarrollo al área, mientras que comunidades locales y organizaciones diversas, denuncian la violación de derechos humanos (vida, alimentación y vivienda), así como la falta de acceso a tierra y a recursos naturales limpios para poder sobrevivir.
Este es uno de los 450 casos de conflictos de acaparamiento de tierras identificados en el EJAtlas y está dentro del 12% de casos donde ha habido muertes. Un caso similar es en Colombia la resistencia de las comunidades Afro-descendientes, y el caso del Bajo Aguán en Honduras.
Somalia representa uno de los casos más emblemáticos. Toneladas de residuos tóxicos han sido vertidas en las costas somalíes, ante el débil marco legal que comporta la Convención de Basilea (1989) sobre el control de los movimientos transfronterizos y eliminación de desechos peligrosos. El asunto adquirió una nueva dimensión en 2004, cuando un tsunami hizo aparecer en las playas somalíes contenedores con residuos radiactivos y desechos tóxicos, según denunció la oenegé Common Community Care (2006).
La misma oenegé indicó que un número indeterminado de pescadores había muerto a causa de las condiciones de salud en los lugares donde se encontraron los contenedores. Los residentes locales denunciaron casos de erupciones en la piel y muertes repentinas. Comunidades locales dieron cuenta también de la muerte masiva de peces.
La falta de control en la UE ha provocado que estos residuos tóxicos acaben en África. Y en esta mediación ha intervenido la mafia italiana. En 1994 la periodista italiana Ilaria Alpi fue asesinada en Mogadiscio con su operador de cámara Miran Hrovatin, cuando investigaba el caso de vertidos de residuos tóxicos a cambio de armas. La investigación parecía haber descubierto que tanto el ejercito italiano como los servicios secretos estaban involucrados en el caso. Un año antes había sido también asesinado Vincenzo Li Causi, agente de los servicios secretos italianos e informador de Alpi.
El vertido ilegal de residuos tóxicos, junto con la pesca ilegal por barcos extranjeros ha debilitado gravemente los medios de subsistencia de los pescadores locales. Diferentes fuentes sostienen que los piratas somalíes surgieron como una estrategia de defensa (al menos en sus orígenes), y por eso algunas redes de piratas adoptan nombres como guardas nacionales costeras voluntarias (National Volunteer Coast Guard). En 2009, una encuesta realizada por Wardheer News encontró que aproximadamente el 70% de las comunidades costeras locales “apoyan fuertemente la piratería como una forma de defensa nacional de las aguas territoriales del país”.
Almaraz se ubica en el condado de Campo Arañuelo y cuenta con dos reactores de agua a presión que refrigeran con agua del embalse de Arrocampo, en el curso del río transfronterizo Tajo. Cada uno de los reactores tiene una capacidad aproximada de 1000 MW, mucho más de lo que se consume a nivel local en Extremadura.
Ecologistas en Acción ha venido denunciando un mal funcionamiento en Almaraz (que desmiente la empresa) mientras que la oposición local sostiene que la sucesión de incidentes, errores, paradas no programadas han afectado a elementos esenciales de su seguridad. Así, la permanente oposición a la vieja central adquiere tiene hoy un carácter transfronterizo conocido como el Movimiento Ibérico Antinuclear, que no sólo reclama la suspensión de operaciones, sino que levanta alarmas sobre potenciales conflictos de agua en la frontera: pues la central afecta el funcionamiento normal del Tajo y un potencial accidente podría convertirse en fuente de contaminación radiactiva. El próximo 11 de Junio se realizará una protesta transfronteriza en las calles de Cáceres.
Un caso relevante se da en el estado de Andhra Pradesh (India), donde una exitosa iniciativa comunitaria para reforestar e impulsar actividades de subsistencia en el bosque Kallpavalli ha sido destruida por el proyecto eólico Nallakonda. El proyecto, propiedad de la empresa India Tadas Wind Energy, cuenta con un fuerte respaldo del gobierno nacional. La instalación de más de 60 turbinas Enercon ha deforestado las áreas restauradas, degradado tierras productivas y dañado las fuentes locales de agua.
En 2013, la comunidad afectada y diversas organizaciones constituyeron el Tribunal Verde de la India (National Green Tribunal), denunciando los impactos negativos sobre el pastoreo,la agricultura y la delicada biodiversidad de la región. La comunidad y organizaciones en defensa de los bienes comunes continúan enfrentándose a un proyecto que se prsenta como sostenible, pero que destruye la subsistencia y el ecosistema regional.
En el EJAtlas encontramos proyectos eólicos similares y de escalas mucho mayores (corredores eólicos de más de 15 mega-proyectos (Oaxaca, México) y la privatización de más de 16,000 hectáreas de tierras indígenas (Noreste de Kenia).
En todos ellos, la apropiación de tierras para la producción de electricidad “limpia” se convierte en el denominador común que afecta ecosistemas y comunidades marginadas y colocando a los proyecto de energía eólica mal diseñados como un asunto emergente para la justicia ambiental.
Créditos: La Vanguardia
http://tiempo.hn/muerte-berta-caceres/
La necesidad de proveerse de recursos naturales o minerales y de energía (combustibles fósiles), para alimentar el engranaje del crecimiento económico, mueve las fronteras de la explotación hacia nuevos confines. Pero en el haber de esa exploración está una multiplicación de los conflictos ambientales.
Buscamos cobre, hierro o carbón en lugares del planeta en donde antes no se habían extraído. “A medida que vamos topando con los límites biofísicos del planeta, ya sean geológicos o ecológicos, los litigios se vuelven más intensos en las zonas con recursos aprovechables”, resume el filósofo y ensayista Jordi Pigem.
El equipo del Atlas Global de Justicia Ambiental del ICTA-UAB ha recopilado más de 1.700 conflictos y los ha colocado en el mapa. Aquí presentamos una selección de los diez conflictos más relevantes hecha por este equipo, co-dirigido por Leah Temper y J oan Martinez Alier, y coordinado por Daniela Del Bene.
Éstos casos son una amplia muestra, con una distribución geográfica y temática diversa que ilustra la disputa entre los aprovechamientos y los daños infligidos. Son casos a menudo localizados en los países del Sur, situados a miles de kilómetros, pero que están estrechamente relacionados con nuestro patrón de vida, con empresas españolas y europeas.
Los conflictos surgen por la distribución desigual de beneficios y sus impactos, y son, a la vez, una expresión cruda de la democracia, en la que los mas débiles reclaman que su voz se escuche. De hecho, cuando las organizaciones y grupos locales luchan por la justicia ambiental trabajan también a favor de una economía más sostenible.
Existe un movimiento global por la justicia ambiental, que reclama ser actor para la transformación socio-ecológica que la sociedad necesita. El Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra este domingo justifica este viaje por un planeta seriamente herido.
1.- El petróleo contamina el delta del Níger (Nigeria).
El delta del río Níger es uno de los lugares más afectados por la masiva extracción de crudo en el mundo desde los años 50. El resultado son impactos ambientales y sociales irreparables, así como un altísimo nivel de violencia. La respuesta a las protestas contra estos daños ha sido la violencia de grupos armados locales, detenciones ilegales, torturas y ejecuciones.Las comunidades locales han denunciado repetidamente prácticas industriales ilegales, como la quema del gas residual que se produce en el proceso de extracción y procesamiento del petróleo, que conlleva grandes daños ambientales y a la salud. La vegetación y las cosechas se han visto afectadas por la lluvia ácida, y otro efecto de la contaminación ha sido aumento de abortos, deformaciones congénitas, enfermedades respiratorias y casos de cáncer, según han denunciado.
La organización Amigos de la Tierra Nigeria ha documentado gran número de vertidos de crudo procedentes de las tuberías carentes de mantenimiento, que ha destruido un rico patrimonio natural. Frente a estos atropellos, la principal reclamación es la reparación de los daños producidos y también dejar en el subsuelo el resto de reservas de crudo, con el argumento de que, una vez extraídas y quemadas, agravarían las emisiones de gases invernadero y contribuirían al cambio climático.
El conflicto del Delta del Níger alcanzó un punto crítico en 1995 cuando el poeta y líder comunitario, Ken Saro Wiva, fue asesinado. A pesar de que el conflicto ha tenido altavoces internacionales, el acceso a la justicia para las comunidades afectadas requiere un gran esfuerzo para evitar una impunidad lamentable. Actualmente hay procesos abiertos en diferentes países, como Holanda, Ecuador y EEUU para investigar la responsabilidad de empresas que operan en el Delta; incluyendo a la anglo-holandesa Shell, la estadunidense Chevron y la italiana ENI.
2.- Vertidos mineros tóxicos sepultan una región (Samarco, Minas Gerais) en Brasil.
El 5 de noviembre de 2015, la rotura de la presa del Fundão en la Ciudad de Mariana (Minas Gerais) y el vertido de 34 millones de metros cúbicos de lodo sobre el pueblo de Bento Rodriguez mató a 19 personas y 600 personas quedaron sin hogar. Se considera el mayor desastre ambiental producido en Brasil por negligencia de una empresa.Los desechos del embalse-vertedero provenían de la producción de mineral de hierro de la empresa Samarco (Vale, de Brasil, y BHP Billiton, de Australia-Reino Unido), una de las mayores minas de mineral de hierro en el mundo, hasta que el accidente paralizó sus actividades.
Tras los daños en el pueblo de Bento Rodrigues, el lodo tóxico de Samarco llegó al río Doce, donde viajó casi 700 km a lo largo de más de 40 municipios, hasta desembocar en el océano en Linhares (Espírito Santo). El lodo afectó al suministro de agua de muchos municipios y exterminó la biodiversidad acuática y extensas áreas de valor natural.
La actividad y el modo de vida de pequeños agricultores, pescadores, poblaciones tradicionales e indígenas se vieron profundamente impactados. En 2016, después de recibir una multa baja, en comparación a los daños causados (63 millones de euros), Samarco y sus controladoras acordaron con los gobiernos federal y estatales generar un fondo de hasta 4950 millones de euros para recuperar la cuenca del río Doce los próximos 15 años.
Sin embargo, un manifiesto firmado por más de 100 instituciones y movimientos sociales de todo Brasil criticó el acuerdo por no suponer una plena remediación a los daños causados, y por haber sido elaborado a espaldas de la población afectada y los movimientos sociales que la apoyan.
3.-’Pueblos del cáncer’ en China salen a la luz
El pueblo Yongxing era antes una pequeña reserva rural, cerca del centro de la ciudad Guangzhou. Hace 20 años, sus extensos campos de arroz, vegetales y frutar eran irrigados con agua limpia que bajaba de las montañas. Sin embargo, en 1991 la reserva fue ocupada por un vertedero de desechos de 34.5 hectáreas para enterrar 1000 toneladas de basura diarias.Posteriormente, en la misma región se instalaron dos incineradoras y una gran planta de tratamiento de residuos. Los pobladores protestaron a causa de la gravísima contaminación. El agua de sus pozos se volvía densa, de color amarillento, aparecía envuelta en películas superficiales rojas. Hubo protestas en las calles y éstas terminaron en encarcelamientos durante años. Desde entonces, los pobladores de Yongxing se han visto obligados a comprar agua potable y a abandonar sus actividades agrícolas de subsistencia. Los campos fueron entonces alquilados a precios irrisorios a los trabajadores migrantes que llegaban a trabajar los campos dañados para vender productos contaminados a la ciudad.
A pesar de que las autoridades sanitarias estaban informadas sobre esta situación, hubo negligencia institucional, denuncian los afectados. La mayor preocupación de los pobladores ha sido el repentino aumento de los casos de cáncer en el pueblo, además del aire contaminado.
La Organización Mundial de la Salud ha informado que la quema incompleta o defectuosa de residuos en incineradoras pueden generar la emisión de dioxinas y furanos, con impactos negativos en la salud humana.
El pueblo de Yongxing es uno de los tantos casos conocidos como “los pueblos del cáncer en China”, en donde actividades industriales y masivos vertederos operan con estándares de seguridad irrisorios a pesar de los comprobados efectos nocivos para la población humana.
4.-Berta Cáceres, asesinada por combatir la presa hidroeléctrico Agua Zarca, en Honduras
La ecologista Berta Cáceres, conocida activista de Honduras, fue asesinada el pasado mes de marzo en La Esperanza, en el oeste del país. Cáceres era líder de la comunidad lenca. En abril de 2015, había obtenido el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente.Cáceres organizó al pueblo lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, en su lucha contra el embalse de Agua Zarca, previsto en el río Gualcarque, un lugar sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia.
La campaña emprendida por Cáceres logró que el constructor más grande de represas a nivel mundial, la compañía de propiedad estatal china, retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico.
La población lenca denunció la violación del convenio 169 de la OIT por no haber existido una consulta previa libre e informada, así como la presencia del ejército para custodiar las obras y las amenazas a líderes y asesinatos. El caso de Agua Zarca alcanzó visibilidad internacional tras el asesinato de la activista Berta Cáceres (2016), premio Goldman en 2015.
Actualmente, organizaciones y movimientos presionan para que se investigue el asesinato de Berta Cáceres y se proceda a la suspensión definitiva de la financiación del proyecto. Después del asesinato de la activista y tras una visita realizada por la Comisión Europea, el proyecto de Agua Zarca ha sido catalogado como una violación de derechos humanos. Agua Zarca, junto a Barro Blanco (Panamá), Barillas (Guatemala) y La Parota (México), dibujan el mapa de la violencia derivada de proyecto de generación hidroeléctrica en América Latina.
5.-Tren de Alta Velocidad, Italia-Francia
El Tren de Alta Velocidad (TAV) que conectaría las ciudades de Turín y Lyon a través de una línea ferroviaria de 220 km/h se ha convertido en uno de los focos de conflicto ambiental más importantes en Europa. El TAV ha sido declarado por la Comisión Europea como un proyecto de infraestructura prioritario para conectar la zona occidental y oriental del continente y completar así la Red Transeuropea de Transporte (tanto para pasajeros como para bienes comerciales).Se estima que este ambicioso proyecto implicaría una inversión de 26.000 millones de euros e iniciará próximamente sus 10 años de construcción. Cuando se complete será uno de los túneles más largos del mundo.
Desde la década de 1990, el TAV Italiano ha sido fuente de fuertes críticas e intensas movilizaciones, particularmente concentradas en el Val de Susa pero ampliamente difundidas en el país a través del movimiento No-TAV (No al Treno Alta Velocità).
El movimiento No-TAV juzga innecesaria la nueva línea ferroviaria por ser excesivamente cara y estar financiada a cargo del dinero público, lo que dará alas a la corrupción y las actividades económicas ilegales.
El conflicto tuvo su primer estallido cuando en 2005 se iniciaron los ensayos geológicos sin previa consulta local, lo que provocó que unos 50 000 habitantes del Val de Susa ocuparan el luar de la excavación y paralizaran los trabajos hasta que la manifestación fue disuelta con agresiones por parte de las fuerzas policiales. Actualmente, el movimiento No-TAV continúa denunciando la militarización en la zona del Val de Susa y la excesiva violencia contra sus habitantes.
Al cuestionar la necesidad de infraestructuras como ésta, el movimiento ha generado alianzas con otros grupos en Italia y el resto de Europa hasta formar una red de oposición contra Mega Proyectos Impuestos e Innecesarios. El próximo encuentro internacional de la red será en Bayonne, Francia, a mediados de julio, donde tambien estarán grupos en oposición a aeropuertos (Nantes, Francia), estaciones de trenes (Estocarda, Alemania), infraestructura energetica (TAP, Italia) y grandes minería en Europa (Grecia, Rumania).
Si bien el proyecto TAV se encuentra aún en la agenda política europea, los escándalos financieros y la oposición pública hacen que avance más lento de lo esperado.
6.-Minas de carbón destruyen sitios sagrados en Sudáfrica
La empresa de prospección minera Ibhuto-Coal ha propuesto abrir una mina de carbón a cielo abierto en KwaZulu-Natal (Sudáfrica). El proyecto llamado Fuleni se sitúa en el parque natural más antiguo de África, hogar del rinoceronte blanco (la frontera Hluhluwe-iMfolozi). Dos minas de carbón ya rodean la región del parque: Zululand Anthracite Colliery (propiedad de la empresa Río Tinto) y Somkhele (propiedad de Petmin).Actualmente, ambas minas operan y han generado fuertes impactos a las comunidades locales: destrucción de los sitios sagrados, pérdidas de hogares, así como afectaciones en el agua, cultivos y biodiversidad de la región. Ante la propuesta de implantar el proyecto Fuleni, las comunidades afectadas se oponen a la intensificación de los impactos sobre sus medios de subsistencia y el ecosistema local protegido por el parque.
El 22 de abril de 2016, un millar de pobladores intentaron abortar la visita a la zona del Comité de Desarrollo Minero y Medio Ambiente (RMDEC por sus siglas en inglés). Los activistas de la comunidad tienen como lema: “dejar el carbón bajo tierra” (leave the coal under the hole) y parar la voraz economía extractiva.
Este lema se ha convertido también en una demanda compartida en muchos sitios del mundo, en donde comunidades marginadas se movilizan en defensa de sus derechos y de sus medios de subsistencia compartiendo el objetivo de calentamiento global. La movilización para frenar la explotación del carbón se da también en Sompeta, en Andhra Pradesh (India) y se suma a las campañas para dejar bajo ierra los recursos fósiles (“unburnable fuels”).
7 – Acaparamiento de tierras mortal en Guatemala
Tras la firma de los acuerdos de paz de Guatemala de 1996, dos familias descendientes de alemanes iniciaron la siembra de palma aceitera (1998) y de caña de azúcar (2005), para cual se produjo el acaparamiento de un tercio de la propiedad de las tierras del Polochic, un valle de tierras fértiles situado al noreste de Guatemala donde los procesos de reconcentración de tierras (más tierra en pocas manos) han dejado a la mayoría de población Q’eqchi’ sin acceso a la tierra.Además, la población local denuncia el desvío de ríos, la deforestación activada por los cultivos y las intoxicaciones y enfermedades debido a la fumigación de la caña de azúcar. Este acaparamiento de tierras saltó a la opinión pública mundial en 2011 cuando fueron desalojadas 800 familias de 13 comunidades Q’eqchi’ que ocupaban parte de las tierras del Polochic que habían estado sembradas de caña. Esta ocupación había sido su única manera de sobrevivir (a partir de la siembra de maíz).
La población reclamó al Estado la compra de tierras; se abrió así un proceso de diálogo entre las partes; pero la negociación se rompió, hubo 800 familias desalojados, se quemaron los cultivos y las casas de los indígenas, y un campesino fue asesinado. Meses después fueron también asesinados dos campesinos y heridos de bala mujeres y niños por tiroteos de la seguridad privada de la empresa de caña.
Las instituciones del Estado y las familias empresariales defienden la propiedad privada y el negocio de estos monocultivos por considerar que traen desarrollo al área, mientras que comunidades locales y organizaciones diversas, denuncian la violación de derechos humanos (vida, alimentación y vivienda), así como la falta de acceso a tierra y a recursos naturales limpios para poder sobrevivir.
Este es uno de los 450 casos de conflictos de acaparamiento de tierras identificados en el EJAtlas y está dentro del 12% de casos donde ha habido muertes. Un caso similar es en Colombia la resistencia de las comunidades Afro-descendientes, y el caso del Bajo Aguán en Honduras.
8.-Vertidos ilegales de residuos tóxicos, en Somalia
Cada día generamos residuos domésticos, pero éstos solo son representan el 20% del total. El 80% son residuos industriales y entre éstos ocupan una proporción creciente los residuos electrónicos. La gestión de estos desechos se ha incrementado en las últimas décadas, debido a una legislación laboral y ambiental más exigente. Y esto ha dado lugar a exportaciones a menudo ilegales hacia los países del sur. Es es el colonialismo toxico.Somalia representa uno de los casos más emblemáticos. Toneladas de residuos tóxicos han sido vertidas en las costas somalíes, ante el débil marco legal que comporta la Convención de Basilea (1989) sobre el control de los movimientos transfronterizos y eliminación de desechos peligrosos. El asunto adquirió una nueva dimensión en 2004, cuando un tsunami hizo aparecer en las playas somalíes contenedores con residuos radiactivos y desechos tóxicos, según denunció la oenegé Common Community Care (2006).
La misma oenegé indicó que un número indeterminado de pescadores había muerto a causa de las condiciones de salud en los lugares donde se encontraron los contenedores. Los residentes locales denunciaron casos de erupciones en la piel y muertes repentinas. Comunidades locales dieron cuenta también de la muerte masiva de peces.
La falta de control en la UE ha provocado que estos residuos tóxicos acaben en África. Y en esta mediación ha intervenido la mafia italiana. En 1994 la periodista italiana Ilaria Alpi fue asesinada en Mogadiscio con su operador de cámara Miran Hrovatin, cuando investigaba el caso de vertidos de residuos tóxicos a cambio de armas. La investigación parecía haber descubierto que tanto el ejercito italiano como los servicios secretos estaban involucrados en el caso. Un año antes había sido también asesinado Vincenzo Li Causi, agente de los servicios secretos italianos e informador de Alpi.
El vertido ilegal de residuos tóxicos, junto con la pesca ilegal por barcos extranjeros ha debilitado gravemente los medios de subsistencia de los pescadores locales. Diferentes fuentes sostienen que los piratas somalíes surgieron como una estrategia de defensa (al menos en sus orígenes), y por eso algunas redes de piratas adoptan nombres como guardas nacionales costeras voluntarias (National Volunteer Coast Guard). En 2009, una encuesta realizada por Wardheer News encontró que aproximadamente el 70% de las comunidades costeras locales “apoyan fuertemente la piratería como una forma de defensa nacional de las aguas territoriales del país”.
9.-Centrales nucleares en España, un conflicto fronterizo
Los planes para ampliar la vida de las nucleares en España han prolongado conflictos históricos ocasionados por la construcción de estas instalaciones. Uno de los focos calientes de estas protestas se sitúa ahora en la provincia de Cáceres, en donde las operaciones de la vieja central de Almaraz mantiene vivo el movimiento antinuclear.Almaraz se ubica en el condado de Campo Arañuelo y cuenta con dos reactores de agua a presión que refrigeran con agua del embalse de Arrocampo, en el curso del río transfronterizo Tajo. Cada uno de los reactores tiene una capacidad aproximada de 1000 MW, mucho más de lo que se consume a nivel local en Extremadura.
Ecologistas en Acción ha venido denunciando un mal funcionamiento en Almaraz (que desmiente la empresa) mientras que la oposición local sostiene que la sucesión de incidentes, errores, paradas no programadas han afectado a elementos esenciales de su seguridad. Así, la permanente oposición a la vieja central adquiere tiene hoy un carácter transfronterizo conocido como el Movimiento Ibérico Antinuclear, que no sólo reclama la suspensión de operaciones, sino que levanta alarmas sobre potenciales conflictos de agua en la frontera: pues la central afecta el funcionamiento normal del Tajo y un potencial accidente podría convertirse en fuente de contaminación radiactiva. El próximo 11 de Junio se realizará una protesta transfronteriza en las calles de Cáceres.
10. -El ‘viento’ se lleva el bosque Kallpavalli, India
La energía eólica es ampliamente promovida como una solución energética sustentable y socialmente deseable. Sin embargo, algunos grandes proyectos eólicos en el mundo están provocando a un creciente número de conflictos que van más allá de las subjetivas afectaciones al paisaje. Estos litigios ponen en contraste los beneficios de algunas grandes empresas, mientras los territorios son transformados en detrimento de sus sistemas sociales y valores ecológicos locales.Un caso relevante se da en el estado de Andhra Pradesh (India), donde una exitosa iniciativa comunitaria para reforestar e impulsar actividades de subsistencia en el bosque Kallpavalli ha sido destruida por el proyecto eólico Nallakonda. El proyecto, propiedad de la empresa India Tadas Wind Energy, cuenta con un fuerte respaldo del gobierno nacional. La instalación de más de 60 turbinas Enercon ha deforestado las áreas restauradas, degradado tierras productivas y dañado las fuentes locales de agua.
En 2013, la comunidad afectada y diversas organizaciones constituyeron el Tribunal Verde de la India (National Green Tribunal), denunciando los impactos negativos sobre el pastoreo,la agricultura y la delicada biodiversidad de la región. La comunidad y organizaciones en defensa de los bienes comunes continúan enfrentándose a un proyecto que se prsenta como sostenible, pero que destruye la subsistencia y el ecosistema regional.
En el EJAtlas encontramos proyectos eólicos similares y de escalas mucho mayores (corredores eólicos de más de 15 mega-proyectos (Oaxaca, México) y la privatización de más de 16,000 hectáreas de tierras indígenas (Noreste de Kenia).
En todos ellos, la apropiación de tierras para la producción de electricidad “limpia” se convierte en el denominador común que afecta ecosistemas y comunidades marginadas y colocando a los proyecto de energía eólica mal diseñados como un asunto emergente para la justicia ambiental.
Créditos: La Vanguardia
http://tiempo.hn/muerte-berta-caceres/
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