Mexico, DF. / En la sede del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el sociólogo y ambientalista Gustavo Castro, testigo clave en el asesinato de la dirigente indígena lenca Berta Cáceres (perpetrado el 3 de marzo), denunció junto a su equipo de abogados que su retención en Honduras por parte de las autoridades judiciales, fue arbitraria, ilegal y violatoria a sus derechos fundamentales.
“Preocupa a los defensores y defensoras de derechos humanos que Gustavo Castro haya sido sujeto de una detención arbitraria, porque fue detenido sin haber recibido las notificaciones permanentes, que no se garantizara el derecho al debido proceso; ya que hay toda una serie de irregularidades que él estuvo viviendo y sufriendo por acciones arbitrarias y excesivas de las autoridades, de la Fiscalía y del Poder Judicial de Honduras”, se expuso en un comunicado.
El comunicado añadió que no se garantizó un plazo razonable para que Gustavo estuviera en Honduras cooperando como lo hizo, sin duda, en términos de dar toda la información que tenía a las autoridades de la Fiscalía hondureña, sobre todo existiendo un tratado de cooperación que por un lado garantizaba un marco legal para que Gustavo regresara una vez que había hecho las necesarias diligencias y que en caso de que hubiera nuevos requerimientos, se puedan realizar de acuerdo con las vías diplomáticas, lo que de acuerdo a nuestra opinión fue una violación más.
Por su parte Gustavo Castro Coordinador de Otros Mundos, Chiapas, agradeció el apoyo mostrado por diversas organizaciones de derechos humanos tanto en México, Honduras y de la comunidad internacional.
Castro dijo que la situación en Honduras es terrible ante los ojos del mundo entero, porque hay una situación grave de derechos humanos y de criminalización de defensoras y defensores de los derechos humanos de los recursos, de las tierras, campesinas e indígenas.
El sociólogo y ambientalista destacó que cuando se produjo el asesinato de Berta Cáceres (el 3 de marzo en la casa de la reconocida dirigenta indígena lenca localizada en La Esperanza, Intibucá), se estaba desarrollando un taller sobre alternativas energéticas locales, del cual él era un facilitador.
En ese taller se vio la necesidad de resistir a grandes mega-proyectos que están invadiendo sus territorios, a grandes proyectos mineros y de represas y otros monocultivos de palma africana que están destrozando sus vidas, están violando sus derechos humanos, que están afectando el acceso al agua y afectados también por la fuerte criminalización y asesinatos de los defensores y defensoras que están luchando por ellos, pero también por todos nosotros y por el planeta entero dijo Castro.
En ese contexto de ese taller que apenas se iniciaba, fue cuando se dio el atentado y después de eso fue lo que ya se ha hablado bastante en la prensa de la forma en cómo el mismo gobierno empezó a buscar investigaciones, en medio de muchas dificultades y también presiones nacionales e internacionales para esclarecer un crimen que conmocionó a todo el país y al mundo entero, explicó Castro.
El
ambientalista agradeció el apoyo de la embajada de México en Honduras,
“que trataron siempre de que yo estuviera en las mejores condiciones en
un momento donde el gobierno de Honduras no me garantizaba seguridad, en
un país donde el 90 por ciento o más de los delitos quedan impunes o
sin investigar y es uno de los países catalogados como los más
peligrosos y en donde de una manera ilegal e inconstitucional me
prohibieron la salida sin determinar las razones, después de más de 10
diligencias que hice”.El gobierno de Honduras lamentablemente por algunas lagunas legales y de reglamentos no me podía garantizar mi protección, no hay allá una Ley de Víctimas, no hay un Reglamento para el Mecanismo de Protección de Derechos Humanos, no hay un Reglamento para los Testigos Protegidos, entonces no había condiciones legales y jurídicas que garantizaran mi seguridad en un país en donde yo había sido testigo del asesinato de Berta, detalló.
Castro agradeció al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), a la familia de Berta Cáceres, al equipo de abogados y abogadas que lo respaldó en Honduras, al que calificó de maravilloso y altamente profesional, a su hermano Oscar que colaboró con ellos para agotar todos los recursos posibles y legales.
También agradeció al Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE)en Honduras, a la abogada Ivannia Galeano (asesora de la Asociación Internacional de Juristas) y al equipo de abogados del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
A todos ellos junto con la presión internacional me ayudaron para poder regresar a mi país, “y ya comentaron algunos compañeros fue ante una situación insostenible, que a todas luces era ridícula, mi detención ilegal y arbitraria”, señaló Castro.
El Coordinador de otros Mundos-Chiapas, agradeció también la solidaridad mostrada con la familia de Berta Cáceres, con sus hijas, con el pueblo de Honduras y con el COPINH que a final de cuentas, dijo, se encuentra en una situación de total indefensión.
El caso de Berta Cáceres es un ejemplo de cómo las transnacionales, los grandes intereses para la actividad extractiva, están involucrados en la criminalización, en la muerte y también en la afectación de derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos.
Gustavo Castro pidió disculpas a la prensa en el sentido de no poder contestar preguntas relacionadas a la investigación del asesinato de Berta Cáceres, porque adujo que las diligencias investigativas están abiertas en Honduras.
Gustavo Castro: “No sé si voy a demandar al gobierno hondureño”
“Espero que me entiendan en esto, no estoy en condiciones, quisiera que me comprendieran, también como estoy parte todavía del proceso y todavía la investigación no se ha finiquitado, me es difícil decir mucho más allá de eso y por otro lado mi situación personal y también las condiciones en las que yo estoy regresando y las que yo estuve también allá en la embajada, necesito tiempo”, expresó Castro a la prensa nacional e internacional destacada en la ciudad de México.
No quisiera tampoco entorpecer el proceso de investigación en el caso allá en Honduras, que es sumamente delicada, la situación política está con pinzas y que también, estamos todos esperando a que el mismo gobierno pueda ofrecer una versión creíble, que satisfaga a la familia de Berta, al COPINH y que satisfaga también al pueblo de Honduras y a la opinión pública internacional, comentó.
Por último, el sociólogo y ambientalista señaló que dadas las situaciones irregulares que atravesó en Honduras, relacionadas al proceso investigativo y su retención o prohibición para salir del país, analizará con su equipo de abogados si es factible una demanda internacional contra el estado de Honduras.
“No sé si voy a demandar al gobierno hondureño, eso lo estamos todavía analizando con los abogados y entonces eso está ahí”, dijo Gustavo Castro.
Por otra parte el movimiento de derechos humanos instó al gobierno de México a garantizar la seguridad de Gustavo Castro y su equipo de la organización Otros Mundos con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; para que puedan seguir haciendo su trabajo de la defensa del medio ambiente, tierra y territorio de las comunidades campesinas e indígenas.
El Instituto de Derechos Humanos Mexicano expuso que el gobierno de Honduras tiene la obligación de esclarecer el asesinato de la Coordinadora de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres; así como de otros miembros de dicha organización.
También el estado hondureño debe poner fin a un constante proceso de hostigamiento y represión que existe contra el COPINH, “ya que después del asesinato de Berta Cáceres ha seguido el hostigamiento, las amenazas y la muerte de otros integrantes”, expuso en un comunicado el Instituto de Derechos Humanos Mexicano.
Acompañaron a Gustavo Castro, representantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).
El ambientalista mexicano, Gustavo Castro Soto, quien resultó con heridas leves producidas por armas de fuego en un atentado en el que fue asesinada Berta Cáceres, regresó a México el pasado viernes 1 de abril, luego de que el Gobierno de Honduras suspendiera la alerta migratoria de 30 días, que vencía el 8 de este mismo mes.
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4049:retencion-de-gustavo-castro-en-honduras-fue-ilegal-arbitraria-y-violatoria-de-derechos-fundamentales&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159
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Honduras el país más peligroso para quienes defienden el ambiente, la tierra y los territorios
Monday, 04 April 2016 - 14:43 Marvin Palacios prensacofadeh Tegucigalpa.
En el marco de una conferencia de prensa desarrollada hoy en la ciudad
de México relativa a la retención en Honduras durante casi 4 semanas del
ambientalista mexicano Gustavo Castro (testigo clave en el asesinato de
la dirigente indígena Berta Cáceres), una misión internacional de apoyo
que visitó Honduras concluyó que este país se ha convertido en uno de
los más peligrosos para quienes promueven los derechos relacionados con
el medio ambiente, la tierra y el territorio.
Gustavo Lozano que formó parte de la misión internacional en apoyo a la familia de Berta Cáceres y que estuvo en Honduras del 17 al 21 de marzo dijo que en las conclusiones de la misión se constata que “Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres y los hombres defensores de los derechos humanos, en particular para quienes promueven los derechos relacionados con el medio ambiente, la tierra y el territorio”.
En Honduras no está garantizado el respeto a los principios democráticos, las libertades fundamentales, los derechos humanos establecidos en el derecho internacional. Es común que jueces sufran actos de intimidación e interferencia política; hay claros indicios de una falta de independencia en el sistema judicial y una debilidad manifiesta del estado de derecho; agravados sobre todo, a partir del golpe de estado de 2009, sostiene el comunicado.
El comunicado añade que detectamos una desconfianza generalizada de la sociedad en las instituciones encargadas de la administración de justicia y de los cuerpos de seguridad del estado. La misión ha constatado sistemáticas y flagrantes transgresiones al derecho regional e internacional de derechos humanos, especialmente los relacionados con los pueblos indígenas en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, mineros, agroindustriales y forestales en territorios indígenas y garífunas, y en particular en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca (departamento de Intibucá) por las acciones de la empresa DESA, del estado hondureño y del gobierno de Juan Orlando Hernández.
“Se evidenciaron fuertes vinculaciones y subordinación del gobierno con los poderes económicos representados por grandes empresas y entidades financieras, tanto nacionales como transnacionales que promueven proyectos hidroeléctricos, mineros, forestales o agroindustriales, en contradicción con los modos de vida y los intereses de las comunidades en los territorios afectados; poniendo en riesgo o violando los derechos humanos de dichas comunidades”, señala el comunicado de la misión internacional en apoyo a Berta Cáceres.
No se detecta la voluntad política necesaria por parte del gobierno de Honduras para acabar con la impunidad imperante en relación a los actos de violencia y a las violaciones de derechos humanos en el país, en particular hacia los pueblos indígenas, ambientalistas y defensores y defensoras de derechos humanos; lo que agrava la fuerte desconfianza en las instituciones del estado, reza el comunicado.
Sistema de protección de derechos humanos no funciona en Honduras
El sistema de protección de los derechos humanos del estado hondureño no funciona. El estado hondureño al igual que muchos crímenes anteriores ha fracasado en la protección de Berta Cáceres por incumplimiento en las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostiene el comunicado.
“El asesinato de Berta Cáceres ha puesto en evidencia la desconfianza institucional, nacional e internacional sobre la capacidad efectiva del estado hondureño para acabar con este tipo de crímenes, con la violación de derechos humanos y con la impunidad de los autores y responsables”, afirma el documento leído por Gustavo Lozano (integrante de la misión internacional que visitó Honduras recientemente) ante la prensa mexicana y corresponsales internacionales destacados en la ciudad de México.
Gustavo Lozano que formó parte de la misión internacional en apoyo a la familia de Berta Cáceres y que estuvo en Honduras del 17 al 21 de marzo dijo que en las conclusiones de la misión se constata que “Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres y los hombres defensores de los derechos humanos, en particular para quienes promueven los derechos relacionados con el medio ambiente, la tierra y el territorio”.
En Honduras no está garantizado el respeto a los principios democráticos, las libertades fundamentales, los derechos humanos establecidos en el derecho internacional. Es común que jueces sufran actos de intimidación e interferencia política; hay claros indicios de una falta de independencia en el sistema judicial y una debilidad manifiesta del estado de derecho; agravados sobre todo, a partir del golpe de estado de 2009, sostiene el comunicado.
El comunicado añade que detectamos una desconfianza generalizada de la sociedad en las instituciones encargadas de la administración de justicia y de los cuerpos de seguridad del estado. La misión ha constatado sistemáticas y flagrantes transgresiones al derecho regional e internacional de derechos humanos, especialmente los relacionados con los pueblos indígenas en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, mineros, agroindustriales y forestales en territorios indígenas y garífunas, y en particular en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca (departamento de Intibucá) por las acciones de la empresa DESA, del estado hondureño y del gobierno de Juan Orlando Hernández.
“Se evidenciaron fuertes vinculaciones y subordinación del gobierno con los poderes económicos representados por grandes empresas y entidades financieras, tanto nacionales como transnacionales que promueven proyectos hidroeléctricos, mineros, forestales o agroindustriales, en contradicción con los modos de vida y los intereses de las comunidades en los territorios afectados; poniendo en riesgo o violando los derechos humanos de dichas comunidades”, señala el comunicado de la misión internacional en apoyo a Berta Cáceres.
No se detecta la voluntad política necesaria por parte del gobierno de Honduras para acabar con la impunidad imperante en relación a los actos de violencia y a las violaciones de derechos humanos en el país, en particular hacia los pueblos indígenas, ambientalistas y defensores y defensoras de derechos humanos; lo que agrava la fuerte desconfianza en las instituciones del estado, reza el comunicado.
Sistema de protección de derechos humanos no funciona en Honduras
El sistema de protección de los derechos humanos del estado hondureño no funciona. El estado hondureño al igual que muchos crímenes anteriores ha fracasado en la protección de Berta Cáceres por incumplimiento en las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostiene el comunicado.
“El asesinato de Berta Cáceres ha puesto en evidencia la desconfianza institucional, nacional e internacional sobre la capacidad efectiva del estado hondureño para acabar con este tipo de crímenes, con la violación de derechos humanos y con la impunidad de los autores y responsables”, afirma el documento leído por Gustavo Lozano (integrante de la misión internacional que visitó Honduras recientemente) ante la prensa mexicana y corresponsales internacionales destacados en la ciudad de México.
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