Pese a que la
Ley de seguridad Poblacional establece que el 30% de los fondos
recaudados a través de la Tasa de Seguridad se deben utilizar en la
prevención, incluyendo la violencia contra las mujeres, ese segmento
poblacional sigue marginado y la ejecución de proyectos a su favor es
casi nula.
El Centro de
Estudios para la Democracia (CESPAD), con base en los datos del
Presupuesto Nacional, del Presupuesto del Sector Seguridad y Justicia y
el resultado de la Encuesta Nacional de Percepción de Inseguridad y
Victimización en Honduras 2015, hecha por el Instituto Universitario en
Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS), realizó un análisis de la inversión
de esos fondos a favor de las mujeres.
El
resultado señala que del 30% destinado a la prevención solo un 7% se ha
invertido a favor de las mujeres, a través de un único proyecto
ejecutado: Prevención primaria, emprendimiento de Mujeres, con 5
millones 220 mil lempiras de presupuesto.
El análisis
también evidencia que de los fondos de la Tasa de Seguridad apenas un
proyecto, con un monto de 5.2 millones de lempiras es la inversión que
el Poder Ejecutivo ha realizado en prevención de violencia contra las
mujeres con esos fondos. Eso representa 0.33% de lo que se invierte en
esta área. Por otro lado, el Poder Judicial ha realizado dos proyectos,
que representan apenas un 17% de ejecución.
El uso de los fondos de la tasa de seguridad
Los datos
anteriores muestran la marginal inversión que se hace para prevenir la
violencia contra las mujeres. En contraposición, el estudio evidencia
que el Estado invirtió en el programa de prevención de Semana Santa del
año 2014, la suma de mil millones de lempiras y un millón 500 mil
dólares (33.1 millones de lempiras) para la reconstrucción del Estadio
de Choluteca.
Asimismo,
100 millones de lempiras (60% fondos de la TSP y 40% empresa privada),
para el proyecto “Parques para una Vida Mejor” y 12.7 millones de
lempiras que se invirtieron en las fiestas patrias, a través del
proyecto denominado “193 años de Libertad: Nuestra Patria, Nuestro
Futuro Por una Vida Mejor”.
Las mujeres y el Sector Justicia
En
el sector Justicia ha habido un leve aumento en la inversión a favor de
las mujeres, en relación con el Poder Ejecutivo. De 49.9 millones de
lempiras que se les asignó de la TSP, un 17% se empleó en fortalecer dos
proyectos: el Juzgado de Paz del municipio de Cane, La Paz, con 3.5
millones de lempiras (7%) y el Centro de Atención y Protección a los
derechos de las Mujeres, con un presupuesto de 4.8 millones de lempiras
(10%).
Es de
resaltar que de los 41.6 millones de lempiras restantes, que representan
el 83%, se utilizaron en el reforzamiento de la seguridad para los
magistrados.
Las contradicciones en las leyes
En
el Decreto de creación de la Tasa de Seguridad y sus reformas, no se
hace referencia a la seguridad de las mujeres, pero en las Disposiciones
Generales de Presupuesto para el 2015, en el artículo 219 se establece
que: “El uso y administración de los fondos de Tasa de Seguridad
poblacional se aplicará conforme al Decreto Legislativo No.105-2011 y
sus reformas; favoreciendo las acciones en pro de la seguridad de las
mujeres”.
El
análisis hecho por el CESPAD también deja en claro que en los marcos
jurídicos y políticas públicas, programas o planes estratégicos a largo
plazo, persiste un enfoque inclusivo en lugar de un enfoque de género,
especialmente en materia de seguridad.
El
retroceso en ese enfoque diluye los intereses prácticos y estratégicos
de las mujeres ya que se les encierra en una mirada amplia que las
considera como uno de los diversos grupos vulnerabilizados o
históricamente excluidos, en lugar de reconocer que los índices de
violencia y femicidios, al igual que las demás situaciones devenidas de
la violencia contra las mujeres se consideran un flagelo social que
amerita un tratamiento y presupuesto particular.
El
análisis valora que de esa manera se reduce a las mujeres a un sector
más, ignorando los derechos que nacional e internacionalmente se ha
reconocido y que el Estado hondureño se ha comprometido a respetar y
garantizar.
Finalmente,
una de las recomendaciones que se brindan en el análisis es que se
tendría que revisar y reformular la ley de la TSP para que responda a
las necesidades de seguridad de las mujeres, revocándole al Consejo
Nacional de Defensa y Seguridad, presidido por el presidente del
Ejecutivo su manejo, debido a que su ejecución se caracteriza por un
alto grado de discrecionalidad, secretividad y centralidad sin rendición
de cuentas, lo que contribuye a profundizar la fragilidad institucional
y la opacidad en la gestión pública.
Visite: www.cespad.org
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