Por: Redacción CRITERIO 10 Noviembre 2015
Tegucigalpa.-La
sentencia del Corte Interamericana de Derechos Humanos afecta
directamente al presidente Juan Hernández porque es parte del golpe de
Estado del 28 de junio de 2009, dijo este martes el expresidente Manuel
Zelaya.
“Este
fallo perjudica directamente a Juan Orlando porque él participó en el
golpe de Estado”, expresó el exmandatario en una entrevista concedida a CRITERIO
para exponer sus puntos de vista, luego que la CIDH sentenciara al
Estado de Honduras por la destitución ilegal de la magistrada Tirza del
Carmen Flores Lanza y los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso
Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado.
Zelaya también consideró que la sentencia pone nuevamente en el banquillo de los acusados a los actores materiales e intelectuales del golpe de Estado y se inicia el desafuero de los que están todavía impunes porque nadie los ha tocado, pues las cortes internacionales están comenzando a actuar y eso es lo que se esperaba.
Añadió
que con su fallo la CIDH envía un mensaje al Estado hondureño y le
advierte que “los hechos ocurridos el 28 de junio de 2009, son un hecho
ilícito internacional o sea que estos golpistas pueden ser sentenciados
y juzgados a nivel internacional. Tarde o temprano el brazo de la
justicia va a caer sobre ellos”, auguró.
A
su juicio el golpe de Estado es el mayor acto de corrupción del Estado
hondureño durante el siglo 21 y los implicados están gobernando, pero
deberán “poner sus barbas en remojo para lo que viene en los años
venideros”, advirtió.
Por
otra parte, consideró que con la sentencia que obliga el reintegro de
los jueces a sus puestos de trabajo, hay una rectificación honrosa.
“Creo que la justicia internacional, está apretando al golpismo en
Honduras”, apuntó.
En
ese mismo orden, aclaró que la Corte Penal Internacional no ha
desestimado las violaciones a los derechos humanos que se registraron en
Honduras durante el golpe de Estado de 2009, ya que lo que advirtió
recientemente ese tribunal de justicia, es que esos casos no son de su
competencia.
Zelaya
ilustró que a raíz del golpe de Estado de 2009 hay muchas denuncias
contra el Estado de Honduras y la primera que surtió efectuó fue la
expulsión de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 5 de julio
de 2009, lo que se revirtió posteriormente, el 22 de mayo de 2011 con la
firma del acuerdo de Cartagena.
Finalmente
dijo que como un acto personal ha perdonado a quienes gestaron el golpe
de Estado en su contra, “pero las violaciones a los derechos humanos y a
los crímenes cometidos con el golpe de Estado, son imprescriptibles
ante la justicia; una cosa es nuestro concepto de reconciliación y otra
cosa es la aplicación de la justicia por los asesinatos”, concluyó.
http://criterio.hn/sentencia-de-la-cidh-afecta-directamente-a-joh-porque-el-es-parte-del-golpe-de-estado/
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Sentencia de la CIDH debe cumplirse porque es vinculante: jueces despedidos
Por: Redacción CRITERIO 10 Noviembre 2011
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Los
jueces despedidos por el Poder Judicial señalan que la sentencia
emitida este martes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), es vinculante y debe ser acatada por el Estado de Honduras.
Además
es importante porque establece que en Honduras se dio un golpe de
Estado en junio de 2009 y ellos defendieron la Constitución de la
República, acotaron.
Guillermo López Lone, habló en exclusiva con CRITERIO
y manifestó recibir la noticia con alegría después de estar luchando y
calificó de muy satisfactorio el haber encontrado justicia en una corte
internacional después de haber agotado todas las instancias
nacionales y darse cuenta que es posible encontrar lo que es tan
difícil de lograr en Honduras.
López Lone apuntó que, la sentencia está firme, es vinculante para el Estado y tiene que cumplirla y no cabe ningún recurso.
Consultado
sobre el tiempo que tiene el Estado para acatar lo dispuesto por la
CIDH, respondió que, esa es la parte un poco más difícil y ahora deben
comenzar las pláticas con los personeros del gobierno y exigir la
ejecución de la sentencia.
“Creo
que ellos están en la obligación de carácter institucional de
cumplirla, de lo contrario, acudiríamos nuevamente a los organismos
internacionales a denunciarlos nuevamente por incumplimiento de la
sentencia”, aunque señaló que esperan que sean responsables en
cumplirla, expreso el juez.
López,
dijo que el gobierno está obligado a acatar la sentencia, pero pueden
“darle un poco de largas al asunto” pero tampoco creo que muchas porque
es una sentencia de la CIDH, que es vinculante y de obligatorio
cumplimiento y lo que queda es entrar en el plano de la ejecución.
Reiteró
que no hay alternativa para el Estado en cuanto a negarse a cumplirla,
porque la Corte es parte del sistema de la Organización de Estados
Americanos (OEA), y Honduras está buscando el apoyo de esta organización
por lo tanto no cree que se niegue a cumplir lo dispuesto.
Consultado
si hay algún caso registrado donde un país se haya negado a cumplir una
sentencia de la CIDH, López dijo que no se conoce ningún caso donde un
Estado haya dejado de hacerlo. Eso sería colocarse de plano en una lista
negra que traería como consecuencia algunas sanciones de parte de otros
organismos respecto al Estado de Honduras.
Finalmente
relató que a partir de mañana se reunirá con sus compañeros Ramón
Enrique Barrios, Tirza Flores Lanza y Luis Chévez para diseñar el camino
a seguir y también reunirse con la gente del Centro por la Justicia y
el Derecho Internacional (CEJIL) que han sido nuestros apoderados
legales y también junto a la Asociación de Jueces por la Democracia
(AJD) para trazar una estrategia a seguir para que la sentencia se
pueda ejecutar en el corto plazo.
Ramón Enrique Barrios
Por su parte Ramón Enrique Barrios, quien también habló en exclusiva con CRITERIO dijo
recibir la noticia con mucha alegría y mucha expectativa, “digamos
porque hay varios temas; primero se establece que una corte reconoce que
en Honduras hubo un golpe de Estado y es un poco reivindicar lo que
pasó en el año 2009, afianzar que nosotros en ese momento, como jueces y
magistradas, defendimos la Constitución de la República, eso es lo
primero”.
“Luego
con mucha alegría, pero con mucha reserva porque el texto final de la
sentencia dice que el reintegro será posible si es posible” y esperamos
que sea posible, porque si no la sentencia no tendría sentido”,
sentenció Barrios.
Advirtió
que el Consejo de la Judicatura, que a su juicio deja mucho que
desear, podría salir diciendo que no hay plazas y que no es posible su
reintegro y el de sus compañeros, aunque adelantó que él no desea
regresar al Poder Judicial.
http://criterio.hn/sentencia-de-la-cidh-debe-cumplirse-porque-es-vinculante-jueces-despedidos/
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Presidente de la CSJ debería pagar indemnización de los jueces: Jari Dixón
Por: Redacción CRITERIO 10 Noviembre 2015
Tegucigalpa.- El
exfiscal y diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari
Dixon Herrera, considera que la indemnización que el Estado de Honduras
deberá pagar a los tres jueces y a una magistrada, debe ser costeada
por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera
Avilés, porque fue quien de manera arbitraria procedió a destituirlos.
Herrera
reaccionó luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
sentenciara al Estado de Honduras por la destitución ilegal de la
magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza y los jueces Adán Guillermo
López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios
Maldonado.
Jari Dixon Herrera
En su sentencia la CIDH establece que su sentencia constituye per se, una forma de reparación, por lo que ordenó al Estado hondureño a reincorporar a los jueces a cargos similares a los que desempeñaban al momento de los hechos, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería a la fecha si hubiesen sido reincorporados en su momento.
En
caso que no fuera posible la reincorporación, deberá pagarles la
cantidad establecida en la sentencia, al igual que los montos por
concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales y el
reintegro de costas y gastos.
Al
respecto, el exfiscal Herrera señaló que la responsabilidad de haber
destituido de manera injustificada a los jueces es del presidente de la
CSJ, Jorge Rivera Avilés, a quien debería deducírsele las costas que
implica la sentencia, porque fue quien firmó los despidos injustificados
de los jueces.
“Él
debería pagar todo este dinero porque no es justo que los
contribuyentes, que el hombre y la mujer que trabaja arduamente, vengan y
con sus impuestos vengan y tengan que pagar un error o un abuso de
autoridad de los que dirigen el sistema de administración de justicia”,
acotó.
El
parlamentario recordó que la sentencia se pudo evitar si las
instituciones del Estado hubieran hecho algo para enmendar el error.
Recordó que un grupo de abogados, incluyéndolo a él, apeló al entonces
presidente del Poder Legislativo, Juan Hernández, “pero el Congreso
Nacional no hizo absolutamente nada”, sino mantenerse con el despido
injustificado de los jueces.
Por
su parte, el diputado por el Partido Anticorrupción, Walter Banegas,
dijo que no sería justo que el pueblo hondureño tenga que pagar una
acción ilegal de quienes destituyeron a los jueces.
Walter Banegas
Banegas,
quien también es abogado, señaló que se corre el riesgo que el pago
de la indemnización se disfrace de nuevos impuestos y sea el pueblo
hondureño que termine pagando los desaciertos.
En
tanto, la también abogada y diputada del PINU, Doris Gutiérrez, apuntó
que el fallo de la CIDH se esperaba que fuera en los términos que ha
trascendido este martes, porque el acto que se cometió contra los jueces
fue ilegal.
Gutiérrez
vaticinó que el Estado hondureño podría correr la misma suerte con los
cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron
destituidos por el Parlamento, también de manera ilegal, el 12 de
diciembre del 2012.
Doris Gutiérrez
La
congresista lamentó que las millonarias sumas que deberá pagarse
saldrán del erario público, que implica el pago de los impuestos de los
ciudadanos.
Los
jueces y la magistrada fueron destituidos el 5 de mayo de 2010, por
participar en actividades de protesta contra el golpe de Estado del 28
de junio de 2009, cuando se defenestró del poder y se envió al exilio al
Presidente Manuel Zelaya.
http://criterio.hn/presidente-de-la-csj-deberia-pagar-indemnizacion-de-los-jueces-jari-dixon/
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