Sambo
Creek, 4 de Noviembre del 2015.- A partir del golpe de estado en
Honduras en el año 2009, se aceleró el declive en materia de derechos
humanos en todo el país, situación que afectó severamente a los pueblos
indígenas ante un incremento de las políticas económicas neoliberales y
el control territorial a manos del crimen organizado, especialmente en
la costa norte del país.
El
desconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, se
ha convertido en una política de estado, a pesar de su campaña
mediática de una supuestas protección de los derechos de los pueblos y
nuestros territorios.
El
derecho a la Consulta Consentimiento Previo, Libre e Informada, fue
obviado o tergiversado en el caso de la construcción de la
hidroeléctrica del Patuca III, pasando además a la entrega de 35,000
kilómetros cuadrado de la plataforma continental frente a la Moskitia al
Grupo British Gas, incluyendo las concesiones de más de medio centenar
de cuencas hidrográficas -muchas de ellas en territorios de los pueblos
indígenas- a la iniciativa privada, además de múltiples concesiones
mineras en comunidades indígenas.
A
pesar del desastre ambiental por el cual atraviesa Honduras,
especialmente en relación a las consecuencias del cambio climático, las
diferentes administraciones gubernamentales en las últimas décadas, han
mostrado una enorme indiferencia ante las problemáticas, sin que existan
respuestas concretas más allá de una narrativa de “desarrollo” que
podemos considerar obsoleta. Del narco estado a la masacre en Ahuas
El
aumento de la presencia del crimen organizado en Honduras, a partir de
julio de 2009, afianzó las estructuras económicas feudales existentes en
el país, concentrando aún más la tenencia de la tierra, generando un
sinnúmero de despojos y de “ventas de tierra” bajo presión, hasta el
hackeo de la base de datos del Instituto de la propiedad, con el
objetivo de alterar sus registros.
El
incremento del narcotráfico a lo largo de la costa norte de Honduras,
fue consolidado mediante el contubernio entre crimen organizado, fuerzas
de seguridad y operadores de justicia. La fiesta se agrió, cuando en
mayo 11 de 2011, helicópteros portando elementos de la Policía Nacional y
de la Drug Enforcement Adminitration (DEA), masacraron a cuatros
indígenas Miskitos e hirieron a siete, en un operativo de interdicción
que culminó en un baño de sangre de personas inocentes
Hasta esa fecha existió una política de laisse faire por parte
de los Estados Unidos, que si bien conocía la problemática existente,
nunca realizó mayores esfuerzos para frenar el flujo de drogas de
Sudamérica hacia Centroamérica. Es a partir del 2012 cuando la
intervención estadounidense supuestamente en contra del narcotráfico se
comienza a sentir y el estado de Honduras es presionado
para comenzar de forma tardía a desmantelar las bandas de
narcotraficantes que prestaban sus servicios a los carteles de México y
Colombia.
Las ciudades modelo y desplazamientos territoriales
Como
parte del eje de la estrategia económica de la administración de
Porfirio Lobo, se dio luz verde a una serie de reformas constitucionales
con el objetivo de crear las Regiones Especiales para el Desarrollo
(RED), conocidas como ciudades modelo, las que se convertirían
supuestamente en ciudades-nación con su propio sistema judicial y fueras
de seguridad
La
inclusión de más de 24 comunidades Garífunas en la que pretendieron
convertir como la primera RED en Honduras, fue totalmente inconsulta,
siendo este el punto álgido por el cual nuestra organización denunció,
la instalación de el experimento político económico. Las RED fueron declaradas inconstitucionales,
situación que provocó un golpe del poder Legislativo al poder judicial,
instigado por el actual presidente de Honduras, el Sr Juan Hernandez;
el que procedió de inmediato a introducir nuevas reformas
constitucionales y una versión maquillada de las RED, bajo el nombre de
Zonas de empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), aprobada por el Congreso
Nacional. Las ZEDE incluyen 20 comunidades Garífunas en cinco de las diez zonas señaladas para la subasta al capital internacional
Ya
el pueblo Garífuna, para el período entre el golpe de estado y la
conformación del nuevo gobierno “democrático”, sufrió la demolición de
Río Negro, la que fuera la primera comunidad Garífuna fundada en
Honduras. El inversionista canadiense Randy Jurgensen, conocido como el
Rey del Porno, invocando la Ley de Expropiación Forzosa (1913) presionó a
la población Garífuna para obtener las tierras donde construyó un
puerto de cruceros denominado el Banana Coast. Esta intervención se
realizó sin haber efectuado un proceso de Consulta Previa con la
comunidad afectada.
La
implementación inconsulta de la ZEDE que pretenden realizar en la
comunidad Garífuna de Puerto Castilla, promovida por la actual
administración gubernamental, conlleva el desplazamiento de más de los
tres mil habitantes de Castilla, lo que nos hace temer un severo
conflicto social que desembocará en múltiples violaciones a los derechos
humanos.
La construcción de las Represas hidroeléctricas en el río Patuca
Desde
la década de los años 90, se viene planificando una serie de represas a
lo largo del río Patuca, iniciándose la construcción de la represa de
Piedras Amarillas, conocida como Patuca III en el año 2010. Hasta la
fecha el proceso de construcción se encuentra paralizado ante los
numerosos casos de corrupción que han congelado la obra.
No
obstante el fiasco del Patuca III, se pretende dar luz verde al Patuca I
y II, situación que convertiría de pueblo fluvial a lacustre a los
Tawahakas que han habitado en las riveras del rió desde hace cientos de
años.
Entre
las falsas soluciones al cambio climático, promovidas por los entes de
Naciones Unidas y la cooperación internacional, se encuentras las
hidroeléctricas, las que en Honduras con la anuencia del poder
Legislativo han sido entregadas mas de 80 cuencas.
Uno
de los casos paradigmáticos en los procesos de resistencia indígena, es
el de la represa de Río Blanco, en el cual el pueblo Lenca ha
demostrado una singular tenacidad al frenar la construcción de la
represas, a pesar de la represión que ha causado varios muertos y la
persecución incesante a los líderes que han defendido de forma valerosa
el territorio ancestral de su pueblo.
Entrega de la Plataforma Continental al Grupo BG y la distorsión del derecho a la consulta.
La
entrega de 35,246 kilómetros cuadrados de la plataforma continental
frente a la Moskitia hondureña por un período de cuatro años de
exploración, prolongable por dos años mas, y de 20 veinte años de
explotación, sin licitación alguna que implicara la presencia de otros
postores mas allá del Grupo BG, no desató mayor preocupación en la
bancada nacionalista, la cual gracias al golpe de estado del año 2009,
posee una mayoría absoluta en el Congreso, situación que les ha
permitido aprobar leyes desprotegiendo totalmente al pueblo hondureño a
favor de presuntos inversionistas extranjeros.
Las regalías de la entrega de la plataforma al Grupo BG son irrisorias: Según el contrato (abril
2013) BG cancelará “50 mil dólares por la totalidad del área del
contrato y en el período de desarrollo y producción un dólar por
hectárea de la zona seleccionada para explotación”. Las ganancias se
repartirán un 50% para el Estado en caso que la producción no supere los
100 mil barriles por día, y de un 58% para el Estado en caso que la
producción supere los 100 mil barriles por día; además de un canon simbólico de seis millones de dólares.
El
contrato señala la entrega de $250,000 por año para programas sociales
en las comunidades ribereñas del departamento de Gracias a Dios, donde
habitamos los pueblos Miskito y Garífuna; los que nunca fuimos
consultados de forma previa libre e informada, desconociendo el derecho
sobre el territorio marítimo de nuestras comunidades.
El 5 de agosto de 2013, la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) envió a nuestra organización una nota,
señalando el interés en efectuar una “socialización del Proyecto de
Exploración Petrolera en el Mar Caribe Hondureño, en apoyo a la firma
British Gas Group”. En un párrafo adicional de la misiva de SERNA,
solicitan “una cita para dialogar en relación al proceso de consulta
sobre el proyecto”.
Es claro que SERNA confunde la socialización con la consulta, además que desvirtúa totalmente la condición de previa, para convertirla en un simple acto de aprobación tras la firma del contrato por el poder ejecutivo el pasado 9 de abril de 2013 y la súbita aprobación, el 15 de agosto del mismo año, sin mayor debate por el Congreso Nacional.
El Estado de Honduras demostró con la negociación del petróleo, la sistemática violación al derecho a la Consulta Previa y de forma arbitraria pretendió que aceptáramos una socialización a posteriori como una consulta.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH https://ofraneh.wordpress.com/2015/11/04/la-denegacion-al-derecho-a-la-consulta-previa-y-la-destruccion-de-los-pueblos-indigenas-en-honduras/
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