Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn 3 octubre, 2015
TEGUCIGALPA.-
La junta directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista
(IPP) tendrá que entregar información sobre sus operaciones financieras
y administrativas, luego que el Instituto de Acceso a la Información
Pública determinó que es sujeto obligado de la ley de Transparencia.
Amparándose
en una interpretación de la ley del IPP que los exime de la
fiscalización, los directivos y el gerente se han negado reiteradamente
a entregar la información solicitada por afiliados sobre la gestión
institucional, como es el caso de los dos últimos estudios actuariales
del sistema, vitales para saber acerca de la sostenibilidad del
Instituto.
La
decisión de obligar al IPP a entregar la información solicitada por el
periodista Gustavo Palencia, fue adoptada por el Instituto de Acceso a
la Información Pública (IAIP) tras comprobar que el órgano de jubilación
de los periodistas recibe por ley fondos públicos y por tanto es una
institución obligada a atender las peticiones de información.
“El Instituto de Acceso a la Información Pública enviará al gerente del IPP, Omar Calderón, las peticiones de información que se ha negado a entregar para que responda a satisfacción pues el ente legalmente recibe fondos del Estado”, dijo una funcionaria del IAIP.
El
IAIP decidió requerir al IPP la entrega de la información solicitada
por Palencia, después de que el Ministerio de Finanzas le confirmó que
el Estado le transfiere fondos en cumplimiento de la ley de creación del
sistema de jubilaciones y pensiones de los periodistas.
La Ley de Acceso a la Información Pública establece que son instituciones obligadas a ofrecer información al público, además de los tres poderes del Estado, los entes autónomos y descentralizados y las alcaldías, los organismos privados de desarrollo y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que reciban o administren fondos públicos.
La Ley de Acceso a la Información Pública establece que son instituciones obligadas a ofrecer información al público, además de los tres poderes del Estado, los entes autónomos y descentralizados y las alcaldías, los organismos privados de desarrollo y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que reciban o administren fondos públicos.
La
decisión del IAIP es el segundo hecho en menos de un mes que contraría
la férrea determinación de los directivos del IPP, encabezados por su
presidente Edwin Natividad Romero, de mantener en total opacidad las
finanzas del ente.
También,
el IPP ahora es sujeto de la fiscalización de la Comisión Nacional de
Banca y Seguros (CNBS), al entrar en vigencia la Ley Marco de Protección
Social, que obliga a todos los entes de previsión que reciben fondos
públicos a someterse al control del organismo especializado del estado
en el sector financiero.
Los
directivos del IPP en su perseverante evasión de la fiscalización
externa de las operaciones financieras del ente, incluso han desistido
ilegalmente de retirar, a partir del 2014, las aportaciones del
Estado.
La
abusiva determinación de la junta directiva del IPP de abstenerse de
requerir las aportaciones estatales establecidas en la ley de creación
del ente, erosiona la capacidad financiera del sistema de ofrecer una
pensión por jubilación digna a los periodistas, que es el principal
objetivo de su operación.
Los directivos del IPP esconden todo tipo de información en torno al manejo de los fondos de los periodistas afiliados.
Las
aportaciones del Estado desde 1987 a 2013 sumaron 53.2 millones de
lempiras, cantidad que permitió en esos años pagar los seguros de vida y
hospitalario, el auxilio funerario y más de un 50 por ciento de las
jubilaciones y pensiones por invalidez.
El
Instituto de Previsión de los periodistas, es hasta ahora el único ente
de previsión, entre públicos y privados, e incluso bancos, financieras y
cooperativas que no es auditado por la CNBS, debido a una
interpretación de la ley del organismo aprobado en el año 2000, que los
eximió de la vigilancia externa pública de sus finanzas.
Acusan a JOH de querer tomarse IPP
La
gerencia del IPP deberá suministrar entre otros documentos, una copia
del acta de junta directiva del ente en la que se resolvió desistir de
la contribución del Estado y la carta o notificación enviada al gobierno
comunicando su ilegal decisión.
Además,
deben entregar los dos últimos informes de auditoría de las operaciones
financieras, las actas del comité de inversiones y el detalle de las
inversiones realizadas por el IPP de 1987 al 2015 y los estados
financieros entre 1987 y 2012.
Igualmente,
el acta en la que la junta directiva autorizó al presidente del IPP,
Edwin Natividad Romero, a firmar un contrato privado para la
administración de un fondo patronal autónomo de seguridad social con la
administradora de Fondos de Pensiones Atlántida S.A.
Los directivos del IPP en su estrategia para eludir la fiscalización de la CNBS, impulsan también un fraccionamiento de las fuentes de financiamiento del ente, y embaucaron privada y selectivamente a un grupo de periodistas para que firmaran un contrato con una administradora de pensiones privada a la que trasladaran únicamente sus contribuciones personales para constituir su jubilación.
Los directivos del IPP en su estrategia para eludir la fiscalización de la CNBS, impulsan también un fraccionamiento de las fuentes de financiamiento del ente, y embaucaron privada y selectivamente a un grupo de periodistas para que firmaran un contrato con una administradora de pensiones privada a la que trasladaran únicamente sus contribuciones personales para constituir su jubilación.
Sin
embargo, las reservas técnicas para financiar las pensiones por
jubilaciones y beneficios del sistema, están constituidas, de acuerdo a
la ley, por las utilidades por inversiones que sumaron entre 1987 y
2013, 124.3 millones de lempiras, las aportaciones patronales 56.3
millones, las contribuciones estatales 53.2 millones de lempiras y las
individuales 26.8 millones de lempiras.
Los
directivos y el gerente del IPP le aseguraron a los periodistas que
firmaron el contrato que el gobierno del presidente Juan Hernández
pretendía tomarse las reservas del ente y que era preferible colocarlas
en una administradora de pensiones privada para evitarlo.
Los directivos del IPP se escudan en el pretexto de que el presidente Hernández quiere los fondos del IPP.
“A
mi me dijeron que el gobierno del presidente Juan Orlando (Hernández)
se quiere tomar estos fondos y que es más seguro tenerlos en una
administradora de fondos privados”, dijo un periodista de la televisión
que firmó el contrato.
El
gobierno de Hernández, en cumplimiento del decreto de creación de la
Ley de Instituto de Previsión Social del Periodista, asignó fondos en el
presupuesto nacional a través de la secretaría de la Presidencia en los
años 2014 y 2015 para transferirlos al ente de previsión de los
comunicadores.
Los miembros de la junta directiva y la gerencia del IPP han operado hasta ahora con total discrecionalidad la administración y finanzas del ente, dejando en total indefensión a los periodistas afiliados debido a la ausencia de fiscalización externa de los recursos que administra este sistema.
Los miembros de la junta directiva y la gerencia del IPP han operado hasta ahora con total discrecionalidad la administración y finanzas del ente, dejando en total indefensión a los periodistas afiliados debido a la ausencia de fiscalización externa de los recursos que administra este sistema.
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