Tegucigalpa.La Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación (FIAN) sección Honduras, demandó hoy al Estado poner un alto a los desalojos violentos, para que estas acciones violentas ya no sean una práctica recurrente, sino una medida excepcional.
En Honduras el accionar de los operadores de justicia en los desalojos, tanto de los juzgados, como de la Policía y las Fuerzas Armadas, no está claramente normado. Es por eso que FIAN sección Honduras desde el año 2008 ha venido impulsando una propuesta de protocolo de desalojos forzosos, para que sea discutida por la Corte suprema de justicia (CSJ), y así se pueda regular las acciones del Estado en este tipo de eventos.
Solo en el mes de octubre más de 500 personas han sido víctimas de ataques violentos por parte de los órganos de seguridad del país, que sin seguir el debido proceso han desalojado comunidades en los departamentos de Cortés y Choluteca y que actualmente amenazan comunidades en Olancho. Los desalojos han dejado el saldo de decenas de personas golpeadas, entre ellos niños, niñas y ancianas.
FIAN sección Honduras, destacó que los desalojos constituyen un drama humano que pone en peligro el patrimonio de las comunidades, desmantelando en minutos lo que una familia ha tardado meses, años o hasta decenios en construir. Por lo tanto el Auto Acordado que se propone, busca que el Estado, en concordancia con sus obligaciones internacionales, vele por la preservación del patrimonio de estas familias.
En el documento se propone que los desalojos sean considerados como una medida excepcional, y no una práctica recurrente.
Sin embargo, en los casos excepcionales en que los desalojos se tuvieran que ejecutar, se establece la obligación de los jueces ejecutores de levantar un listado de los bienes y las mejoras que los pobladores hayan realizado en los terrenos desalojados, procurando que el Estado provea de medios de subsistencia de iguales o mejores condiciones de los que se les despojó.
Asimismo se introduce una disposición que propone que los jueces ejecutores sean responsables de las acciones de todos los operadores de justicia que se vean involucrados en este tipo de acciones. En las próximas semanas se hará entrega formal del documento a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Cabe resaltar que dicha propuesta fue conocida por la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Vilma Cecilia Morales sin lograr ningún avance en la misma.
El
anuncio de FIAN fue divulgado a través de una conferencia de prensa que
estuvo presidida por el director ejecutivo de FIAN sección Honduras,
Marlon Ochoa, el dirigente campesino Eugenio Chavarría de la comunidad
El Palomar en Choluteca, así como el dirigente Miguel Angel Sánchez de
la comunidad campesina La Montañuela, aldea de Punuare, en el
departamento de Olancho y el presidente de la Junta Directiva de
FIAN/Honduras, el periodista Esteban Meléndez.El director ejecutivo de FIAN sección Honduras, Marlon Ochoa dijo que si bien en el caso del desalojo en la comunidad Palomar el pasado 30 de septiembre en el departamento de Choluteca, la Policía Nacional inició un proceso de sanciones internas del hecho, “exigimos sanciones penales contra los oficiales que ordenaron el desalojo y contra los que ejecutaron estas órdenes”.
El actual modelo niega el derecho al alimento a los campesinos y campesinas
Mientras los operadores de justicia sigan amparados por el fuero institucional este tipo de acciones seguirán ocurriendo, le exigimos al Ministerio Público actuar de oficio en este caso para proceder con las investigaciones correspondientes y poner un alto a la impunidad en la que opera la policía y las Fuerzas Armadas en los desalojos que ejecuta, sostuvo Ochoa.
“Los desalojos forzosos están proscritos en la observación 7 del Comité de Derechos Económico, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, este patrón encuentra un nivel de justificación en la ilegal concentración de la tierra y recursos naturales en manos de los empresarios y terratenientes”, explicó el director ejecutivo de FIAN sección Honduras.
Ochoa señaló que el derecho a la alimentación de los ciudadanos implica en sentido contrario, la existencia de una obligación inherente a los estados, este derecho que a simple vista puede confundirse con prácticas existencialistas o con las inveteradas formas de relaciones paternalistas que tienen los estados para con sus representados, no son más que las oportunidades o espacios legales que estos franquean, para crear las condiciones a los pobladores que viven en el campo, a fin que tengan acceso a la tierra bajo las condiciones determinadas en las leyes agrarias y consecuentemente a la siembra de sus cultivos tradicionales para consumo familiar.
El director de FIAN sección Honduras también apuntó que la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola permitió mediante procedimientos fraudulentos la concentración de las mejores tierras cultivables y con altos niveles de infraestructura en manos de un posos terratenientes.
Bartolo FuentesEl diputado del partido Libertad y Refundación (LIBRE) Bartolo Fuentes se mostró preocupado por los desalojos violentos que se han presentado, “porque ya son una constante, todos los meses tenemos algún desalojo y son despiadados, violentos, no solo porque golpean personas y quedan lesionadas, han llevado gente a la cárcel, tienen a otros yendo a firmar a los juzgados y destrucción de los cultivos y las viviendas”.
Entonces aquí parece que no hay un sentido de la justicia y no se respeta la ley tampoco, porque muchos de estos desalojos son ejecutados sin orden de juzgado, yo he venido para denunciar un desalojo ocurrido en Sulaco, departamento de Yoro, donde varias familias tienen 11 años de vivir ahí y les han destruido sus casas que les costó hacerlas y el bulldosser ha pasado por encima de las láminas incluso, de tal manera que no las pudieron reutilizar.
“La gente está de nuevo en la tierra, son nacionales las tierras, el INA ha dicho que son nacionales y sin embargo llevaron centenares de policías y militares desde San Pedro Sula para sacar la gente; entonces estos desalojos no miramos que sean ni justos ni legales”, comentó el parlamentario.
Entretanto Eugenio Chavarría de la comunidad El Palomar de Choluteca explicó a la prensa la brutalidad con que actuaron los agentes policiales contra los pobladores, donde 20 personas resultaron con heridas de gravedad, entre ellas seis menores de edad, dos de la tercera edad y una mujer embarazada.
Desde 1973 la comunidad El Palomar fue asentada por el Instituto Nacional agrario (INA) en un predio del municipio del departamento de Choluteca.
Chavarría aseguró que en ningún momento los agentes presentaron una orden de desalojo y que sus peticiones para que las personas no fueran desalojadas, fueron desatendidas por los oficiales a cargo de un contingente de 200 policías.
Las familias desalojadas han estado en posesión de la tierra desde 1973, a través de una Acta de Asentamiento otorgada por el Instituto Nacional Agrario (INA).
Sin
embargo Chavarría dijo que sus declaraciones ante el juez que conoció
la causa, “no fueron tomadas en cuenta, simplemente porque somos
campesinos y somos pobres”.El dirigente campesino informó que José Guadalupe Lardizábal reclamó estas tierras y presentó una escritura de 1999, lo cual nos llamó a la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) en donde no pudo hacer nada ahí y nos llamó a los juzgados, en donde se abrió un expediente.
Por su parte Miguel Angel Sánchez, Secretario General de la Empresa Asociativa La Montañuela, aldea de Punuare, en el departamento de Olancho expuso que la empresa se constituyó en 1980 y en 1982 se les otorgó una Acta de Asentamiento, “donde nosotros podíamos trabajar la tierra la cual nosotros la hemos trabajado, hemos hecho cultivos y la hemos empastado y tenemos ganadería”.
Sánchez dijo que años más tarde se siguió un proceso ante el Consejo Nacional Agrario, donde se aprobó que las actuaciones del INA eran correctas y que la propia Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que era un caso juzgado y que todo estaba correcto.
En 1996, el INA les dio los títulos de propiedad de las tierras de La Montañuela, pero en el 2002 los dueños de las mismas interpusieron una demanda civil en los juzgados de Juticalpa, el que declaró a favor de la comunidad campesina.
Sin embargo los demandantes de las tierras interpusieron un recurso ante la Corte de Apelaciones que resolvió que las familias campesinas estaban en posesión legal de las tierras, pero que el INA debía indemnizar a los dueños de las tierras.
Cosa que nosotros analizamos y estuvimos de acuerdo con ello, pero resulta que el ex ministro director del INA, César Ham “se empecinó y dijo que no, y resulta ser que no nos quedó otra opción que aceptar lo que dijo el INA y era que había que irse a un recurso de casación”.
“Entonces debido a ello ahora estamos en este conflicto, porque perdimos en casación y resulta que ahora estamos expuestos a que en cualquier momento haya una orden de desalojo contra la empresa asociativa y la otra situación es que no se tomó en cuenta los trabajos que nosotros habíamos realizado ahí en la tierra, no hay ningún pago de mejora, ni nada, o sea que nos despachan completamente como que nunca hubiéramos existido en la tierra”, expresó angustiado Miguel Angel Sánchez.
Sánchez añadió que otra preocupación que tienen es que dos comisarios de la policía son hijos del señor Salvador Aguilar que era el dueño de la tierra, incluso Reinieri Aguilar Mazzoni que sabemos que es el jefe de la Dirección Nacional de Investigación (DNI) a nivel nacional es uno de los que siempre ha estado interesado en desalojarnos.
El Grupo campesino La Montañuela fue asentado por el INA en 1981 y desde entonces han dependido de la tierra para el sustento diario de sus familias. Actualmente este grupo enfrenta un proceso judicial que podría despojarlos de una tierra que han poseído por más de 30 años.
“Alertamos a las autoridades que estaremos atentos ante cualquier acción ejercida por los operadores de justicia, anunció el director ejecutivo de FIAN sección Honduras, Marlon Ochoa.
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