miércoles, 28 de octubre de 2015

Honduras: Crece polémica sobre libertad de expresión, tras “suspensión temporal” de Diario Tiempo

Crece polémica sobre libertad de expresión, tras “suspensión temporal” de Diario Tiempo
 Escrito por Redacción | Octubre 28 del 2015  Secciones: Libertad de Expresión
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Aduciendo la asfixia económica, debido a falta de insumos como papel y tinta, y la falta de presupuesto para el pago de salarios a sus empleados, el periódico del conglomerado de la familia Rosenthal, diario Tiempo con sede en la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras, anunció este martes 27, que suspende temporalmente su circulación.
 El diario entró en dificultades a partir del 7 de octubre cuando se anunció que tres miembros de la familia Rosenthal y siete de sus empresas habían sido incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EUA.
El diario Tiempo, de Honduras, dejó de circular el martes por decisión de su dueño, el exvicepresidente hondureño Jaime Rosenthal, acusado por la justicia de Estados Unidos de lavar dinero procedente del narcotráfico en contra de Inversiones Continental, S.A., la matriz del grupo económico, y del Banco Continental.“Las circunstancias que obligan esta suspensión son de la mayor gravedad en lo que importa a la libertad de expresión, al desarrollo de la comunicación social y a la democracia en nuestro país, al grado de constituir un caso atípico en el mundo occidental", indicó la casa editora en un inusual editorial publicado en la primera plana con el título “Hasta pronto Honduras”.

Señalaron también que dado “su naturaleza corporativa, ha tornado a ser su principal obstáculo ante el zarpazo descargado al Grupo Continental y el bloqueo de sus cuentas en el banco y de las empresas subsidiarias de su base publicitaria, o sea la vena yugular para el sostenimiento económico y laboral del medio. De modo que resulta imposible la obtención de los insumos indispensables para la impresión (papel, tintas, refacciones y repuestos), así como el pago a proveedores y servicios. Asimismo, impide de manera muy penosa el pago de los sueldos y salarios del personal, creándose un problema sumamente grave de derechos humanos”.
Para el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), en el marco de esa excepcionalidad recuerda al Estado hondureño que las intervenciones preventivas o cautelares no son incompatibles con el reconocimiento de los derechos fundamentales,  es decir que, la medida de cierre de un medio de comunicación supone el sacrificio del derecho fundamental a la libertad de expresión, tanto en su vertiente individual como desde el prisma colectivo, esto es, como el derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.
La innecesariedad de esta medida era ya discutible en el momento mismo de su imposición, cuando existían otras alternativas que no llevaban consigo la interrupción de la actividad del medio de comunicación.
Aunque Diario Tiempo, no formaba parte de las empresas incautadas en el marco de las investigaciones, la falta de proporcionalidad de la medida, obligó al cierre de circulación del medio de comunicación en su formato escrito, aunque teóricamente temporal, supone en la práctica (y no sólo por su desmedida duración) una negación definitiva del derecho constitucional a la libertad de expresión, lo que constituye una vulneración de la declaración de principios sobre libertad de expresión, que en su Artículo Primero señalan “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho  fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.
En relación al cierre de medios de comunicación en la región Latinoaméricana la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión indicó recientemente en un comunicado que "para que resulte legítimo el cierre de un medio de comunicación es necesario que, previo el agotamiento de un debido proceso, un órgano estatal independiente e imparcial verifique que se cometió una falta claramente establecida en la ley y que la autoridad de aplicación de la ley motive de manera adecuada y suficiente la correspondiente decisión".
En ese sentido, la libertad de expresión tiene un estatus mayor que otros derechos ya que el disfrute de estos últimos depende de la primera. Éste es el punto de vista que se toma normalmente, como es bien sabido, en Estados Unidos, donde la Primera Enmienda de la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Supremo han enfatizado repetidamente la primacía de la libertad de expresión.

El artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula que el derecho de libertad de asociación “sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.
De igual forma, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gustavo Mohme, consideró, en relación a las presiones legales que obligan al cierre de medios que “los gobiernos pueden construir sus modelos, pero cuando se atropella a la libertad, siempre aparece la libertad, en el tiempo, así lo muestra la historia humana. La gran afectada de esto es la sociedad civil porque si no tiene el flujo de ideas, la información plural perderá la perspectiva y no podrá tomar las decisiones que quiera”.
La legislación hondureña en los artículos 3 y 73 de la Ley de la Libre Emisión del Pensamiento, establece que "no se pueden cerrar medios de comunicación en el país indistintamente aun y cuando se pueda establecer un delito". 
Futuro incierto para Canal 11
La zozobra se extiende a los miembros de planta de Canal 11 en sus diversos niveles, quienes son embargados por el peligro de perder su fuente de empleo, tras la caída de la empresa filial “Diario Tiempo”.
En una carta pública, el empresario Jaime Rosenthal Oliva, había admitido que Editorial Honduras, dueña de diario Tiempo, se subsidiaba por todos los anuncios del grupo económico y que no hay suficiente dinero en el banco para pagar los salarios.
El Grupo Continental es la compañía matriz de un conglomerado de negocios en Honduras involucrados en actividades bancarias, servicios financieros, bienes raíces, agricultura, turismo y medios de comunicación. Cuenta con más de 11.000 empleados, los cuales se ignora si serán despedidos.
El director ejecutivo de la Consejo Hondureño de la Empresa Hondureña de Privada (COHEP), Armando Urtecho, manifestó que “difícilmente habrá oportunidad, para emplear a los 300 empleados de Diario Tiempo”.
Debido a que en el mes de noviembre las empresas ya no emplean nuevos trabajadores, porque ya cuentan con su personal, habrá que esperar hasta el mes de enero para observar si se podrá emplear más trabajadores en las empresas de comunicación del país.
Los empleados de Diario Tiempo, a quienes les adeudan 26 días de trabajo,  habían hecho público un comunicado a la comunidad nacional e internacional en el que pedían al gobierno de Honduras que se pronunciara sobre el futuro de ese medio de comunicación ante la incertidumbre generada por la designación del Tesoro norteamericano.
Los empleados del conglomerado calificaron el accionar como “un golpe a la libertad de prensa y una violación a los derechos universales de libertad de expresión y libertad de informar todas las acciones que ejecuta el gobierno de Juan Orlando Hernández contra Diario Tiempo”.
Según se conoció, por efecto de la liquidación forzosa del Banco Continental  decretada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el bloqueo de las empresas de Grupo Continental derivado de la actuación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) y la aplicación de la ley Kingpin, no se pudo ni siquiera desaduanar 412 bobinas de papel de Diario Tiempo, ya pagadas y puestas en la empresa navera norteamericana “Chiquita Logistic Services” por lo que el papel fue devuelto al proveedor Resolute Inc.”
Diario Tiempo, se había caracterizado por su posición crítica especialmente durante el golpe de Estado de 2009 y durante la dramáticas décadas del 70 y 80 cuando Honduras enfrentó los regímenes militares que violaban los derechos humanos en Honduras.

Tras el cierre de la entidad financiera, también propiedad del mismo grupo económico, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, director del semanario Búsqueda de Montevideo, Uruguay, dijo que sin ánimo de emitir juicio de ninguna índole “sí queremos expresar nuestra solidaridad con los periodistas, camarógrafos, personal administrativo, columnistas y demás trabajadores del Tiempo”. Agregó que la organización “se mantendrá vigilante ante esta situación”.
“No fue incautado”: Dice el gobierno
De su lado, el Secretario de Trabajo, Carlos Madero había señalado que buscará con los dueños del periódico, cuáles pueden ser los escenarios más viables, ya que al parecer muchos de los
activos no son de la empresa.
“Significa que debe haber habido hasta cierto punto un mal manejo de la forma de administración de la propiedad; este es un problema que ahora se agudizó, pero que la empresa lo tenía desde hace mucho tiempo, pues no es algo nuevo y obviamente complica mucho su operación”, apuntó.
“No es el tema, porque el Estado no quiera, sino que, por el propio mal manejo de sus dueños que los ha llevado a este punto; estamos viendo cuáles pueden ser las salidas que existen, pero tenemos que reconocer que Diario Tiempo tiene problemas serios de operación”, destacó el funcionario.
Indicó que realizará las investigaciones respectivas para corroborar la información con respecto a que Diario Tiempo tiene un déficit de 70 millones de lempiras.
En un comunicado leído en Casa Presidencial por el secretario de Trabajo, Carlos Madero, y el director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Francisco Zavala, el Ejecutivo afirmó que Diario Tiempo nunca fue incautado.
En el documento el gobierno aseguró que el cierre del medio de comunicación es el resultado de las acciones iniciadas por las autoridades norteamericanas y aseguró que se garantizarán los derechos de todos los trabajadores. "Diario Tiempo no está intervenido ni se han incautado sus bienes, el gobierno no tiene ninguna injerencia sobre sus decisiones administrativas", señala. "La responsabilidad legal y administrativa de Diario Tiempo sigue siendo de sus dueños y de su junta de administración", dice el comunicado.
Diario Tiempo fue fundado el 7 de noviembre de 1970 en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por Editorial Honduras, S.A. de C.V., propiedad de la familia Rosenthal. Su lema es, “El Diario que se lee primero” y su tiraje diario es de 50 mil ejemplares. Además de su circulación impresa cuenta una versión digital. 
Entra la OABI a administrar medios 
Aunque el Artículo 3 de la Ley Marco de Telecomunicaciones indica que las telecomunicaciones son inviolables y que sólo pueden ser intervenidas por resolución judicial, desde abril de 2013, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) administra la radio de manera oral pues pese a que hay aseguramiento de bienes por vía judicial, no hay ninguna documento legal que diga que la OABI regirá el trabajo periodístico.
El 4 de marzo de 2014, la OABI sacó del aire la programación periodística de la radio Cadena Hondureña de Noticias (CHN), con una orden oral de la funcionaria Eugenia Mourra. La radio estuvo así por unas cinco horas hasta que el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) intervino junto a varios periodistas, Mourra se retractó y el director por ley de la OABI, José Francisco Zavala Brizuela, se comprometió a respetar la libertad de expresión.
En esta radio ejercen su labor más de 15 periodistas hondureños cuyo ejercicio. Esta radio tiene unas 13 o 14 horas de programación periodística. El 5 de marzo, los medios locales informaron que “los periodistas y técnicos de la radioemisora, Cadena Hondureña de Noticias (CHN), propiedad de Marcelo Chimirri, fueron sacados a la calle a las 11:30 de la mañana de ayer, en el preciso momento en que transmitían el noticiario estelar, denunció el director de Prensa, periodista Denovan Galicia.
La radio ubicada en el barrio La Granja de Comayagüela, permanece con presencia policial y/o militar permanente, mientras los periodistas y otro personal técnico por concepto de sus servicios profesionales, que ahí laboran permanecen en la zozobra, pues el convenio de sostenibilidad incluye el reparto de las cuñas publicitarias, como salarios. 
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), que ha dado seguimiento del acuerdo con esa entidad estatal y el equipo de prensa de la radio CHN, recuerda la serie de tensiones que se presentaron por los cambios en la programación de la radio, ordenados por la OABI y que esta acción suscitó recelos y resquemores  entre el personal. 
Para C-Libre el gobierno tiene hoy más que nunca la obligación moral de dejar las reglas claras para los empresarios de la comunicación y juntos tendrán que renovar sus ideales y volver a las raíces del servicio social para el que fueron creados. 

http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/crece-pol%C3%A9mica-sobre-libertad-de-expresi%C3%B3n-tras-%E2%80%9Csuspensi%C3%B3n-temporal%E2%80%9D

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