Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). – Con la boca cubierta y elevando sus pancartas para condenar la censura y el respeto a la libertad de expresión, unos 20 periodistas hondureños marcharon el jueves frente a la Casa Presidencial en solidaridad con su colega David Romero, querellado por la abogada Sonia Gálvez, esposa del Fiscal General Adjunto, Rigoberto Cuellar.Serie de tres entregas: 1/3Escrito por Equipo de Investigación | Agosto 20 del 2015 Secciones: Investigaciones• Es normal ahora escuchar la denuncia de un periodista que frente a su centro de trabajo lo asaltan y le roban computadora y celular, y coincidentemente en menos de tres días también asaltan su casa.
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| Periodistas frente a Casa de Gobierno, pidiendo un alto a la persecución, no más censura y justicia en el caso del periodista David Romero. /Fotografía: Gilda Silvestrucci |
El
asalto, el asesinato, la muerte violenta de un familiar cercano, el
robo del vehículo, la ejecución de un compañero, la amenaza de muerte,
los seguimientos desde vehículos, la estigmatización como primera fase
para preparar el terreno hacia una querella y una posterior condena
judicial, forman parte del escenario cotidiano.
En
este panorama el sistema de justicia penal tiene un papel fundamental
para perpetuar la impunidad, condenar a quienes agreden a periodistas o
defensores, o para acorralarlos con el poder punitivo cuando un
funcionario siente que han vulnerado su honor.
Un
oficio del Ministerio Público, obtenido con base en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), firmado por la
Fiscal Especial de Delitos contra la Vida, Keyla Aguirre, revela que
hasta la fecha la Fiscalía no ha logrado condenas contra los autores
intelectuales de los crímenes contra periodistas.
Desde
2003 a la fecha ya suman 59 crímenes contra periodistas y
comunicadores, nueve de estos ocurrieron en siete meses de 2015. Eso
muestra que la libertad de expresión está amenazada por la muerte, la
impunidad y el acoso judicial.
Las
acciones judiciales contra los comunicadores y defensores sobrepasan
las acciones legales en su favor, como ejemplo hay que mencionar que un
juzgado de la niñez condenó a un menor de edad por la muerte violenta
del periodista Aníbal Barrow; mientras que un Juzgado de Jurisdicción Nacional elevó a juicio oral y público la acusación contra otros cuatro sospechosos.
Asimismo,
un Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional dictó prisión de por
vida a los responsables del secuestro agravado en perjuicio del
periodista y coordinador de noticias de HRN, Alfredo Villatoro.
La Sala Quinta de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, por
unanimidad de votos condenó a cinco años a un coronel de las Fuerzas
Armadas por el cierre de Canal 36, durante la crisis política del 2009.
Por
el contrario, un Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por unanimidad
de votos, absolvió de toda responsabilidad a uno de los sospechosos del
periodista Erick Alexander Martínez Ávila, asesinado ocho días antes
que Villatoro y cuyo crimen se investigó casi al mismo tiempo que el de
Villatoro, pero con recursos desiguales, según se ha constatado en
expedientes judiciales, informes policiales y durante la cobertura del
debate oral.
Otro de los presuntos asesinos de Martínez Ávila fue raptado, torturado y asesinado como si fuera un conductor de bus rapidito unos días después de escapar del centro de internamiento de menores Renaciendo, de acuerdo con una investigación de C-Libre.
Un elemento común de las querellas: denunciar corrupción
Del otro lado, el director del programa de televisión “MI Nación”, Julio Ernesto Alvarado,
fue inhabilitado por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de
Justicia para ejercer el periodismo por el término de 16 meses por
difundir denuncias de “irregularidades cometidas” por la decana de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH), Belinda Flores. Su inhabilitación se impidió por medio de
medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
El 4 de diciembre, el periodista Gilberto Gálvez,
corresponsal de medios locales, de Canal 10 y de HRN tuvo que acudir al
Tribunal de Sentencia de Comayagua a una audiencia de conciliación con
la alcaldesa de La Paz, Gilma Ondina Castillo, que lo querelló por
comentarios sobre presuntas irregularidades, comentadas en su muro de
Facebook. El caso fue elevado a juicio oral y público.
También en uno de los Tribunales de Sentencia de Francisco Morazán, la coordinadora del Movimiento de Mujeres por La Paz, Gladys Lanza, fue condenada a 18 años de cárcel
por ayudar a una mujer a tramitar una denuncia de acoso sexual contra
el director de Fundevi, Juan Carlos Reyes, y por haber dado
declaraciones al respecto, cuestionando presuntas irregularidades e
impunidad en este caso de presunto acoso sexual.
El periodista David Romero Ellner
está por conocer su sentencia un juicio oral y público, querellado por
la abogada Sonia Gálvez, esposa del Fiscal General Adjunto, Rigoberto
Cuellar. Romero ha sido acusado tras denunciar supuestas irregularidades
cometidas por Cuellar y destapar el escándalo de corrupción en el
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que salpicó al gobierno
de turno.
Sobre este caso, el ex presidente del Tribunal de Sentencia, Dimas Echenique,
removido porque prorrogó el juicio del periodista, denunció que habría
recibido órdenes provenientes del presidente de Honduras, Juan Orlando
Hernández, para condenar y enviar a Romero Ellner a prisión.
Cada
día la situación parece volverse más hostil, lo que de alguna manera
impide la práctica de una labor informativa y de defensoría conveniente a
los intereses de la sociedad.
Pese a los compromisos asumidos por el Estado hondureño, en noviembre del 2010, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU),
de investigar los hechos violentos cometidos contra periodistas y
comunicadores sociales para castigar a los responsables, la realidad
indica que, hasta ahora, en el 94% de los 50 casos registrados desde el
año 2003 se mantienen en la impunidad, indican cifras del estatal
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Cabe
resaltar que la mayor parte de las intimidaciones judiciales o
agresiones son contra periodistas o sectores que particularmente
disienten con el gobierno y lo peor es que hay un trato pasivo en la
investigación de hechos como muertes, asaltos o robos.
Es
también evidente que estos sectores de periodistas y defensores de
derechos humanos, que padecen más el asedio intimidatorio, en su mayoría
son integrantes activos del Partido Libertad y Refundación (Libre) que
surgió tras el golpe al entonces presidente Manuel Zelaya en 2009 y que
es un total opositor al gobierno.
Los manifestantes mostraron su solidaridad con David Romero, director de la opositora Radio y TV Globo./Fotografía: Gilda Silvestrucci
Alarmante tendencia de regular redes sociales
Aunque
parecieran de no tan grave importancia, otra agresión es la de
periodistas amenazados, simplemente por emitir algún comentario y porque
alguien lo etiquetó en el muro de Facebook, en una publicación que
disiente de una funcionaria municipal, se convierten en candidato a una
acción judicial o es víctima de robo.
El periodista Franz Rivera de UTV,
muy crítico en las redes sociales, fue víctima de dos robos de
información en menos de cuatro días y posteriormente lo intimidaron
desde un vehículo blanco. Otra de las periodistas acosadas por medio de
las redes sociales fue la corresponsal de Telesur en Honduras, Gilda Silvestrucci.
La
intimidación y el acoso judicial ocurren en un creciente contexto de
ataques. Sólo el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) registró en
2014 al menos 94 agresiones contra estos sectores.
En
los primeros siete meses de 2015, C-Libre publicó 130 alertas, en
contraste con 41 ocurridas en el mismo periodo de 2014, eso representa
que se ha triplicado la cantidad de agresiones contra este derecho y que a finales de año podría cuadruplicarse, es decir, cuatro veces más ataques.
Además,
ya hay denuncias del hackeo de páginas, periódicos digitales o
simplemente en redes sociales, de algunos periodistas. Lo paradójico es
que la mayoría de denuncias de acciones contra periodistas o defensores
de los derechos humanos no va a parar a los tribunales de justicia, se
queda simplemente en un comentario, una noticia o una denuncia pública,
es decir clara impunidad.
Las
acciones señaladas redundan en limitar la libertad de expresión y la
libertad de prensa, que de acuerdo con el Conadeh, “cuando se restringe
la libertad de expresión o la libertad de prensa no solamente se afecta
el derecho humano individual para expresarse sino que también se lesiona
el derecho colectivo de la ciudadanía a recibir información e ideas por
parte de los medios de comunicación”.
Agrega
el Conadeh que el ambiente de inseguridad prevaleciente, en forma
lamentable, en toda Honduras, condiciona mucho esa actitud de irrespeto
a los derechos humanos fundamentales de las personas y al derecho
colectivo de la ciudadanía a estar plenamente informada, a conocer las
opiniones de las otras personas y a formarse sus propias opiniones para
participar con deliberación en la acción política y el impulso al
desarrollo del Estado.
Estas
condiciones de inseguridad que afectan a toda la ciudadanía, amenazan
también a quienes hacen uso de su libertad de expresión por los medios
de comunicación, por eso hay numerosas recomendaciones que se han hecho
por relatorías especiales para salvaguardar los derechos humanos de las
y los periodistas y comunicadores sociales.
El
Conadeh recuerda que la libertad de expresión, la opinión y el derecho
de acceso a la información son reconocidos por distintos instrumentos
de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales y se
encuentran garantizados por la misma Constitución de la República, por
lo que es deber del Estado hondureño garantizar plenamente el
ejercicio de la libertad de expresión como un derecho humano.
En
Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, junto con
otras instituciones, tratan de avanzar y de orientar en lo necesario a
las entidades competentes del Gobierno para que se pueda profundizar
más en la investigación de las causas y en la prevención de ocurrencias
de situaciones tan amargas que han ocurrido en el país y que han
restringido la libertad de expresión, del pensamiento y con ello el
derecho de opinión que es un derecho absoluto.
“En
las actuales circunstancias, lo que nos preocupa es el fenómeno de la
impunidad, que se constituye en una de las violaciones más frecuentes en
contra de las víctimas que tienen el derecho de conocer la verdad”,
establece el Conadeh.
La
impunidad de los hechos, sea cual fuere la causa, incide de manera
negativa en quienes se dedican al ejercicio de esta profesión porque
provoca en los miembros del gremio que se autocensuren por temor a ser
las siguientes víctimas.
De 2014 a abril anterior en el Conadeh,
se reportan casos, aunque en su mayoría son distintos a las denuncias
que recibió C-Libre, en algunas ocasiones las víctimas recurrieron a las
dos instancias.
En
ese sentido, las acciones van desde atentados, amenazas, actos de
intimidación, agresiones, asaltos, persecuciones, cancelación de
programas radiales, querellas en los tribunales e incluso la muerte de
más de una docena de comunicadores.
50 agresiones registró Conadeh
En
cifras, registraron desde el año pasado hasta mediados de abril pasado,
más de 50 hechos relacionados con la libertad de expresión y de
información en Honduras, entre estos destacan: 9 casos de amenazas, 2
atentados, 3 de agresiones, un rapto, dos asaltos, 3 casos de
persecución, el cierre de un programa radial, y la confiscación de un
medio de comunicación.
Además,
2 casos de decomiso de equipo, 4 sentencias condenatorias, 2
sentencias absolutorias, 3 audiencias de conciliación, 4 limitaciones a
la libertad de expresión, la condena contra un periodista, la querella
contra un director de noticias y la muerte violenta de 15 personas
ligadas a los medios de comunicación.
En
el mismo sentido, el informe anual de la Situación de Libertad de
prensa en Honduras, de la Relatoría Especial de Derechos Humanos de la
CIDH, establece que prevalece la impunidad.
El
principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a
los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los
medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas
y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados
prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a
las víctimas una reparación adecuada”.
Entre
tanto, en el enfoque de autoridades hondureñas, desde la Secretaría de
Derechos humanos, gobernación y descentralización, es que la situación
en materia de derechos humanos justamente ha mejorado en sus indicadores
y citan el Examen Periódico Universal (EPU) y además que Honduras “ya
no está en la lista negra” de los países agresores de los derechos
humanos.
En
el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Derechos Humanos,
aseguran que se le da trámite a todo caso o denuncia, como casos
normales, sin embargo, Gladys Lanza, activista de derechos de mujeres, y
el periodista Carlos Paz, víctimas de agresiones físicas y
persecuciones se quejan de la escasa atención y del poco interés de las
autoridades, en sus respectivos casos.
Instituciones denunciadas por impedir libertad de expresión
Al
menos el año pasado cinco instituciones fueron denunciadas por limitar
el ejercicio de la libertad de expresión en el país, ellas son la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el Hospital Escuela
Universitario, la Alcaldía Municipal del Distrito Central y el
Ministerio Público.
Según
los expedientes en organismos de derechos humanos, el 4 de mayo La
Asociación Nacional de Radios Comunitarias denunció que el gobierno, a
través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), estaría
violentando la libertad de expresión ya que vía reglamento están
aprobando restricciones como el control de contenidos de los medios.
Según
la denuncia, el artículo 23 inciso E, del reglamento de las radios
comunitarias establece la prohibición de contenidos “político-
partidarios”, situación que estaría siendo utilizada para hacer
“audiencias de descargo” a los propietarios de esos medios.
Luego, el 5 de junio, en su editorial “Amenazas a la libertad de expresión”,
diario El Heraldo denunció los obstáculos que hay en Hospital Escuela
para que los medios de comunicación cumplan con su responsabilidad de
informar a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo en ese centro
hospitalario.
De
acuerdo a este medio de comunicación “no es amenazando la libertad de
prensa, obstaculizando la labor periodística, ni intentando ocultar la
realidad como se van a superar las múltiples enfermedades crónicas que
aquejan al Hospital Escuela Universitario.
Otro caso ocurrió el 7 de agosto, cuando La Tribuna denunció que un grupo de empleados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central
impidieron la descarga de la materia prima (bobinas de papel) para
impresión con el argumento que los furgones estaban entorpeciendo el
tráfico vehicular. De acuerdo al medio de comunicación, con su actitud
lo que hacen las autoridades edilicias es perjudicar el derecho a
informar tal y como lo establece la Constitución de la República.
http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/acoso-judicial-crece-nueva-forma-de-censura-en-honduras
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