Por: Marlon Ochoa *
La
irrupción del movimiento de indignación ciudadana ha abierto las heridas
históricas de nuestra sociedad. Desde la coordinación de Oposición
Indignada se han priorizado tres exigencias legítimas para la solución
de la actual crisis: CICIH, renuncia de Juan Orlando Hernández y juicio
político contra los fiscales general y adjunto. Estas exigencias han
sido acuerpadas y asumidas por una gran mayoría del pueblo movilizado.
Estos
momentos de crisis son una magnífica oportunidad para tantear el nivel
de conciencia política del pueblo, que en esta ocasión ha demostrado que
desde el golpe de Estado ha asumido una actitud más atenta ante el
debilitamiento progresivo de la institucionalidad y del Estado de
derecho. Estas tres exigencias, por tanto, se han visto desbordadas por
un pueblo que ahora, más que nunca, comprende mejor la colusión entre
los poderes fácticos y el poder formal.
La
primera herida histórica que se ha puesto en relieve, es la
discrecionalidad con que el gobierno nacionalista ha reconducido las
estructuras y acciones del poder judicial, a lo que el pueblo ha
respondido manifestando la necesidad de la independencia judicial.
Esta
profunda desconfianza en el poder judicial, se vio manifestada en el
acto de derribamiento de los cercos de la CSJ el pasado jueves, para
retirar de la sala de juicios orales al periodista David Romero, quien
estaba siendo víctima de un juicio con claros fines políticos, tal como
lo han confirmado las declaraciones del juez Josué Agüero Echenique. La
recepción favorable ante este tipo de acciones, demuestra el nivel de
hartazgo de la población frente a la colusión de poderes.
Ante
el recién iniciado proceso de elección de los magistrados de la CSJ, y
para que no se replique lo ocurrido con la elección del Comisionado de
Derechos Humanos, el movimiento de indignación ciudadana deberá
responder asumiendo como propia la exigencia por un proceso
transparente; evidenciando las ya maduras negociaciones entre el Partido
Nacional y el Partido Liberal, por la repartición de los magistrados,
tal como se confirmó en la votación contra el juicio político del fiscal
adjunto en Gracias.
La
segunda herida histórica es la del debilitamiento progresivo del Estado
de derecho, profundizada a través de acciones como la del golpe técnico
contra la sala constitucional en 2012, lo que ha develado la urgente
necesidad de un nuevo pacto social, una constituyente. Según una
encuesta levantada en la movilización de las antorchas del pasado
viernes 10 de julio, la exigencia por la instalación de una asamblea
nacional constituyente es casi igual de popular que la instalación de la
CICIH (70.6% y 73.9% respectivamente).
Después
del fraude en las elecciones de 2013, se ha generado una desconfianza
aguda hacia el proceso electoral. El camino hacia el proceso de 2017
reabrirá esta tercera herida histórica. En ésta y la siguiente
legislatura se debatirán urgentes reformas electorales propuestas por
los partidos de oposición. La población, ahora consciente de que sin
esas reformas, el Partido Nacional continuaría gobernando espuriamente
el país, impulsará las urgentes transformaciones en materia electoral
que proponga la oposición.
Todas
estas exigencias, que no son paralelas, sino centrales, giran en torno
al tema fundamental de las movilizaciones: el combate contra la
corrupción y la impunidad. Pero para lograr que el movimiento las asuma
como prioritarias, será necesario profundizar la discusión y la
democracia a lo interno.
La
construcción de la identidad política del movimiento pasará a través de
la actualización y el enriquecimiento de sus propuestas. Para estar a
la altura del momento histórico, no debemos permitir que su ritmo nos
rebase.
*Marlon Ochoa. Grupo de Discusión y Pensamiento SPS
http://criterio.hn/mas-alla-de-la-cicih-la-transformacion-del-estado/
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