La tercerización de los servicios, el rompimiento de techos y la reserva laboral, son entre otros los puntos que no lograron ponerse de acuerdo, el sector obrero-patronal en la Ley de Protección de Seguridad.
El nuevo estamento jurídico que sustituirá el sistema de seguridad social, vigente desde 1963, se encuentra en el Congreso Nacional para su aprobación en tercer y último debate.
Los directivos de la Cámara Legislativa anunciaron que la ley podría quedar aprobada antes del receso anual de los diputados, previsto a partir del 15 de julio próximo.
Tras los dos primeros debates, la iniciativa se turnó a una comisión especial de 15 congresistas de las diferentes bancadas para que socializara el proyecto en aquellos puntos que no había consenso con la empresa privada y los trabajadores.
Esta comisión es encabezada por los diputados Tomás Zambrano, quien la preside, Gabriela Núñez, Augusto Cruz Asencio, Edwin Pavón, Doris Gutiérrez, Carmen Rivera, Jaime Enrique Villegas y Edgardo Casaña, entre otros.
ELEVAR COBERTURA
Durante los últimos dos meses, esta comisión sostuvo reuniones tanto con la dirigencia obrera como empresarial, sin alcanzar unanimidad y al final cada sector remitió por separado sus objeciones al proyecto del Ejecutivo con el que se propone elevar a una cobertura del 90 por ciento de los hondureños.
Para hoy, esta comisión revisará los informes que han remitido los empresarios y la dirigencia sindical del país para agregarlos al dictamen final, con el comenzará el último y decisivo debate.
Desacuerdos
La diputada Gutiérrez explicó que el ejecutivo pretende elevar la cobertura de la seguridad social en el país, actualmente en un cinco por ciento, a un alto costo para el trabajador y el patrono.
Expuso que bajo el nuevo esquema forzosamente se romperán los techos de cotizaciones tanto para los empleados como para el patrono, el primer punto objetado en la nueva ley.
A esto se agrega la propuesta de tercerizar el servicio de salud, creando una red de proveedores privados que atenderán a los afiliados, lo que ha sido entendido por la clase obrera como privatización, dijo Gutiérrez.
FONDO PARA RETIRO
La empresa privada rechaza también, según la congresista, la creación de un fondo especial que cubra el retiro voluntario o forzoso de los empleados porque eso implicaría una carga económica adicional a las empresas.
Al respecto, el diputado del partido oficialista Renán Inestroza descartó que la iniciativa imponga nuevos aumentos ya que se crean fuentes de financiamiento para los diferentes programas de cobertura social.
También aseguró que durante el debate se podrá escuchar las propuestas de los dos sectores de tal manera que la decisión que se tome sea la mejor para el derecho habiente.
En ese sentido, el congresista aseguró que ya tienen en su poder las observaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y también la de la dirigencia sindical para juntarlo al dictamen final que será sometido a debate.
“Como hay diferentes intereses, la comisión va a consensuar la que mejor convenga al país”, precisó Inestroza.
Como punto novedoso, ilustró que el proyecto propone el fondo de reserva laboral financiado con un porcentaje de la empresa y los empleados con el fin que cuando éste sea despedido de sus trabajo pueda hacer uso, como indemnización.
La idea es cubrir hasta en un 100 por ciento de las prestaciones laborales frente al 30 por ciento que se paga en la actualidad cuando un empleado pierde su trabajo después de 15 años de trabajar en una empresa.
Con respecto a la tercerización de los servicios, el diputado explicó la intención es que haya una red de proveedores públicos, privadas o mixta de tal manera que una persona escoja la que mejor le atienda en servicios de laboratorios, médicos y farmacia.
A esto se agrega, otro fondo de protección social, que conlleva los programas sociales del gobierno destinados a personas en extrema pobreza.
COTIZACIONES
Se trata, dijo Inestroza, de un régimen subsidiado del gobierno que obliga a todas las instituciones del Estado apartar de su presupuesto para financiar estos proyectos, incluyendo una parte de las captaciones del Impuesto Sobre Venta (ISV).
“No se está incrementando ningún porcentaje de cotización y prácticamente las personas que tienen un salario mínimo no van a tener ningún incremento en su cuota”, aclaró Inestroza, quien destacó que se refuerza también la cobertura por parte del patrono sobre los riesgos profesionales del empleado.
Dudas al financiamiento
Por su parte, el secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, afirmó que están a favor de la nueva ley de seguridad social en virtud de la crisis que atraviesa el sector obrero del país.
“Pero queremos que la seguridad social siga siendo pública, inclusiva y constitucional”, agregó el dirigente tras asegurar que han emitido 50 observaciones para la comisión de dictamen.
Entre estas objeciones destaca el hecho de que la prestación de los servicios de salud será manejado por gestores, especie de tramitadores, que se podría convertir en negocio el servicio.
Tampoco queda claro el rol que jugarán los institutos de previsión con sus afiliados porque la ley propone cubrir un amplio sector de la población económicamente activa que no cotiza.
A su criterio, existen mucha duda sobre la sostenibilidad financiera para cubrir la expectativas del nuevo instrumento jurídico ni tampoco sobre quién lo seguirá manejando, que a criterio de la CGT esta prerrogativa debe seguir en manos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Sobre el fondo de retiro laboral dijo que la controversia radica en que para los empresarios y el gobierno el mismo debe ser entregado al trabajador hasta que se jubile mientras que ellos proponen que haga uso del mismo cuando sea despedido.
“Pensamos que el tema sigue siendo cómo hacerlo sostenible y que la prestación del servicio garantice el beneficio en la gente que no lo tiene”, subrayó Durón.
http://www.latribuna.hn/2015/05/05/tercerizacion-de-servicios-rompe-consenso-obrero-patronal/
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