- Una travesía por las oficinas públicas en busca de un funcionario que nos revelara su declaración jurada fue infructífera.
- Escrito por Redacción | Abril 27 del 2015
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Aunque
son pocos los funcionarios hondureños que se oponen a que las
declaraciones juradas de bienes sean públicas, quienes piden que sí lo
sean, se negaron a publicar las suyas. Y al pedirles un detalle de sus
bienes, o su declaración jurada, no resultan ser tan explícitos o
algunos mejor ignoraron la solicitud. Otros, en cambio, dan a conocer
en que consiste su patrimonio, pero tampoco entregan su declaración
jurada.
Sonríen,
se muestran amables, con besos, apretones de mano y uno que otro
espaldarazo, pero al final es lo mismo, su declaración jurada es su “Tesoro Escondido”.
Lea además:
 |
| Daysi Oseguera, presidenta del Tribunal Superior de Cuentas. |
Una
travesía por las oficinas públicas en busca de un funcionario que nos
revelara su declaración jurada, fue un tema muy relajado para algunos,
otros lo tomaron con un poco de intriga y algunos se mostraron tan
esquivos que ni siquiera quisieron someterse a un leve cuestionario, en
el que la pregunta similar era ¿si tanto pregonan y exigen que las
declaraciones juradas de bienes sean públicas, pues puede darnos usted a
conocer la que usted hizo ante el TSC?
La
primera funcionaria entrevistada, coincidió como casi todos, en que las
declaraciones juradas deben ser públicas y, en consecuencia lógica, se
le pidió que describiera sus bienes o que hiciera pública su
declaración.
Se
trata de Doris Imelda Madrid, comisionada presidenta del IAIP, es decir
del Instituto de Acceso a la Información Pública. Ella es la encargada
de que el gobierno tenga toda la información pública al alcance del
pueblo.
Aunque
la cita la dio a las 10:00 de la mañana, la pospuso dos horas después,
no era temor, es que a última hora tuvo otro evento, y fue justamente a
la hora del almuerzo que contestó las preguntas. Lengua de res en salsa
de tomate y una ensalada de vegetales, era parte de su alimento ese
mediodía.
 |
| Doris Imelda Madrid, comisionada presidenta del IAIP |
Al
preguntarle de cuanto es su fortuna, dijo que no es mucha, se le
repreguntó si es de diez millones de lempiras y contestó que es de mucho
menos. “El 17 de julio de 2010 regresé a la administración pública,
antes había estado más de diez años en la administración pública”. Y
regresó con la intención de jubilarse.
“Mi declaración de bienes será pública al salir de mi cargo, la ley no me obliga pero lo haré”, dijo.
Por
su lado, Carlos Hernández, el representante de Transparencia
Internacional para Honduras, tampoco se inquietó con las preguntas.
En
una salita de recepción discreta, en las oficinas de ASJ, contestó que
“en mi caso no tengo salario porque no soy director de ASJ, soy
presidente de la junta directiva, recibo dos mil dólares mensuales como
gastos de representación, con lo que me movilizo en la región porque
tenemos presencia en toda Latinoamérica, son 134 países”.
 |
| Carlos Hernández, el representante de Transparencia Internacional para Honduras. |
Agregó
que “si hubiera un mecanismo de publicar mi declaración jurada lo
haría, pero no soy empleado público, aunque las instituciones que
trabajamos por la transparencia debemos dar el ejemplo, nuestros
informes son públicos, rendimos cuentas, nuestro presupuesto anual es de
casi tres millones de dólares, con eso cubrimos la plantilla de casi
100 empleados, el edificio es nuestro”.
“A
mí no me reciben la declaración jurada porque no manejo fondos
públicos, es más, la norma interna prohíbe recibir fondos públicos”.
Dejó claro que las ONG que reciben fondos públicos si están obligadas a liquidar y exponer sus declaraciones juradas de bienes.
Ni un millón
 |
| José Luis Valladares,presidente del Colegio de Abogados de Honduras |
En
primera instancia está de acuerdo que las declaraciones juradas sean
públicas pero de manera prudente, sin poner en riesgo la vida de
cualquier ciudadano.
“Primero
busquemos todas las medidas de seguridad pertinentes, porque por el
hecho de darse cuenta cuánto tiene y cuánto gana se pueda poner en
riesgo su vida, analizando la situación de violencia y crimen
organizado, de asaltos, pero la información debe ser pública, cuando uno
es transparente, no debe ocultar nada”.
“En
mi caso está la declaración jurada, soy secretario general del Fhis,
igual por ser presidente del Colegio de Abogados se rinde una caución,
porque administramos bienes y fondos”.
Agregó
que “yo nada tengo que esconder, yo tengo una casita y dos carritos, no
llego ni a un millón lempiras en patrimonio, no lo puedo ocultar, el
que no tiene nada que esconder nada teme, yo tengo ocho años de servidor
público, pero uno no se hace millonario con los salarios, esto da para
vivir honestamente nada más”.
No deben ser públicas
 |
| Yuri Sabas, presidente de la comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional. |
“Debemos
exigirle a ellos que mejoren su capacidad, que se le dé el respaldo
presupuestario para que pueda realizar sus funciones, porque si este
ente que fue creado para revisar las declaraciones, entonces quien lo va
a hacer”.
La
sociedad pudiera acceder a las declaraciones públicas si hubiera una
orden, porque no podemos poner en riesgo la vida de ningún ciudadano que
se mete al servicio público para ayudarle a la población, y que la
información de su patrimonio caiga en manos equivocadas, en ese sentido,
“la cura no puede ser peor que la medicina, busquemos como fortalecer
el Tribunal de Cuentas para que las a personas que se enriquezcan
ilícitamente se les deduzcan las responsabilidades”.
Está
claro que “el enriquecimiento ilícito se da, estamos en un país que
debemos mejorar mucho, pero se debe mejorar de la manera correcta, las
declaraciones pueden ser públicas cuando se dé un caso de
enriquecimiento ilícito, pero tenerlas públicas me parece que no es lo
mejor”.
Ni rinde declaración jurada
 |
| Gabriela Castellanos, coordinadora del CNA |
Fue
del criterio que el TSC no se puede excusar de su responsabilidad,
tendrá que hacerle frente, debe existir coordinación interinstitucional
para que las dependencias del Estado se coordinen, debe existir una
reunión a alto nivel, es decir Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI),
Registro Nacional de las Personas (RNP), Comisión Nacional de Banca y
Seguros (CNBS), para trabajar de manera conjunta, así el trabajo será
más fácil.
En
otros países la información es toda pública porque no se manejan los
índices de delincuencia, ese es un factor importante, sostuvo.
“El
CNA es una instancia de sociedad civil, creada por un decreto el
Congreso Nacional; no somos gobierno, somos personas de sociedad civil y
sociedad civil no rinde declaraciones”, aseguró, razón por la que no lo
hace.
“La
corrupción en Honduras tiene nombres, corruptos, y la población debe
saberlos, es de suma importancia que se cotejen todas las declaraciones
juradas, hemos visto en el país como funcionarios se enriquecen desde el
primer año de trabajo en el gobierno”, dijo. El TSC sostiene que la
coordinadora del CNA debe rendir declaración jurada y, sin embargo, no
lo ha hecho.
http://conexihon.hn/site/noticia/transparencia-y-corrupci%C3%B3n/honduras-la-opacidad-entre-combatientes-de-la-corrupci%C3%B3n
***************************************
LA CORRUPCION POLITICA
Gustavo Zelaya
Parece que la condición normal de la “clase política” hondureña consiste en moverse dentro de la corrupción y generarla durante todos los gobiernos, es su esencia completa, es la opción soñada ya que no pueden ser algo diferente. Siempre han pedido que se demuestre que son corruptos y no les interesa probar que son inocentes. Los actos de corrupción de los gobernantes nacionales pueden rastrearse con evidencias desde inicios del siglo XIX. En 1830 se impuso un empréstito de 36,000 pesos para financiar acciones de guerra en los gobiernos de Francisco Ferrera y Coronado Chávez. Según el historiador Ismael Zepeda en sus Documentos para la historia de Honduras, entre 1842 y 1894, los empréstitos contratados superaron la cantidad de 243,000 pesos. Parte de ellos se utilizaron para indemnizar ciudadanos británicos agraviados por efectos de las guerras internas. Tales pedidos monetarios fueron delicadamente respaldados con la presencia de barcos de guerra de la cultísima Albión y con la ocupación militar de Amapala y la isla del Tigre.
Para proteger la soberanía nacional el presidente Juan Lindo solicitó la presencia norteamericana en esa isla durante dieciocho meses. Por supuesto, acompañada con una promesa de pago por 12,000 pesos anuales al cinco por ciento de interés; arrendar, alquilar porciones del territorio nacional no es ninguna novedad, siempre quisieron tener un país open for buitres.
En 1859 el gobierno de José Santos Guardiola suscribe con Gran Bretaña el Tratado Wayke-Cruz, en donde se reconoce la soberanía hondureña sobre la Mosquitia y las islas de la Bahía, entre otras cosas determinaron que “S. M. B. conviene en reconocer… las Islas de la Bahía… como una parte de la República de Honduras.” Pero el Estado de Honduras se vio obligado a hipotecar por 10 años todas las maderas preciosas de la zona de La Mosquitia, mediante las cuales se pagarían 5,000.00 pesos anuales para indemnizar a los misquitos que habían perdido su condición de súbditos británicos. Esos empréstitos se convirtieron en fuente de riqueza de los funcionarios estatales. Y esta ha sido la regla, al parecer sin excepciones.
Los actos de corrupción ocurridos entre 1821 y 1859 sólo eran el anticipo al escandaloso proyecto de construcción del Ferrocarril Interoceánico. El Estado de Honduras enfrentaba deudas que era incapaz de cumplir y suscribe otro empréstito por 90,000.00 Libras Esterlinas. Por ese mismo tiempo, bajo las acusaciones de prevaricato los Magistrados de la Corte Superior de Justicia, Valentín Durón, Dionisio Fiallos y Francisco Botelo, fueron declarados con lugar a formación de causa, medida que no tuvo ninguna consecuencia porque a uno de los acusados, Valentín Durón, lejos de deducirle responsabilidades se le premió nombrándole como Gobernador Político de Tegucigalpa.
Otro pequeño grano de sal: en 1860, al final de la guerra contra los filibusteros de William Walker, uno de los caudillos de la tradición conservadora en Honduras, el general José María Medina, presidente del Congreso, era al mismo tiempo beneficiario de una contrata para el corte de cuatro mil árboles de caoba en la zona del puerto de Omoa. Más de un siglo después en vez de cortar, un alegre gobernante y su caritativa esposa establecieron que había que sembrar árboles cono norma. Una acción muy virtuosa que nadie ha querido continuar.
Respecto a los empréstitos del ferrocarril, existen abundantes investigaciones, sin embargo ciertos detalles del documento muestran de qué material estaban hechos los representantes oficiales. Además de toda esta entrega, el documento indicaba la forma de respaldar los compromisos adquiridos por Víctor Herrán y Carlos Gutiérrez, por ejemplo: “Los títulos que se emitan serán garantizados: 1) Por las rentas generales de la República; 2) Por las rentas del propio ferrocarril; y 3) Por los terrenos baldíos del Estado, cuyos pormenores se enviarán ulteriormente”. Fue firmado en 1866 por el presidente José María Medina y su canciller Ponciano Leiva. Al inicio se estableció la cantidad de un millón de libras esterlinas y el gobierno sólo tomó cien mil. Después se supo que ni siquiera esa cantidad se recibió y no se pudo averiguar el destino real de esos dineros. Otro detalle: como parte de ese vulgar asalto, uno de los convenios estableció que cien mil libras esterlinas se destinarían para sobornar funcionarios, a la letra: “a las personas que puedan ayudarle para asegurarle buen éxito al empréstito, sin que tengan que dar cuenta de la distribución al Gobierno y sin que sean obligados a nombrar a las personas a quienes la mencionada distribución fuera hecha.” Los políticos nacionales tienen valiosas experiencias en esos asuntos y es probable que sus herederos sean más astutos porque ahora no serían tan inocentes de colocar en un convenio ese tipo de cláusulas. Ahora son peores que sus padres políticos.
En publicaciones digitales del Consejo Nacional contra la Corrupción aparece esta joya: “según el representante hondureño en Londres, Carlos Gutiérrez, la venta de los bonos apenas si alcanzó las £. 100,000.00. En 1875, ocho años después, un informe de la Comisión Británica que investigó el asunto, dejó en evidencia las mentiras de Gutiérrez, ya que se indicaba que del primer empréstito se habían vendido bonos por valor de £. 138,306.00; lo que daba una diferencia de £. 38,306.00 con respecto a lo que indicaba Gutiérrez. A la luz de los hechos que siguieron, es muy probable que esa diferencia haya ido a parar a las manos del representante hondureño en Londres”. Algo de esto puede leerse en la obra de Alfredo León Gómez, “El Escándalo del Ferrocarril: Ensayo Histórico”.
Toda esta corrupción fue puesta en conocimiento de León Alvarado por el representante Víctor Herrán, pero tal denuncia la hizo no como producto de su genuina preocupación por los intereses hondureños, sino porque, de todo el lucrativo negocio que realizaron Gutiérrez y compañía, no obtuvo ningún beneficio personal.
La denuncia que Herrán le hizo a León Alvarado el 12 de noviembre de 1868, apenas seis meses después que él mismo junto con Gutiérrez y Bischoffshein y Goldschmidt le habían otorgado al francés Lefevre el poder para negociar bonos, indicaba que Gutiérrez y Lefevre habían ganado entre £. 300,000.00 o 400,000.00, mientras el Gobierno de Honduras quedaba endeudado con un millón de Libras. Todos esos sujetos: Herran, Gutiérrez, Alvarado, tenían cargos diplomáticos; mientras que Durón, Fiallos y Botelo eran los magistrados de la corte superior de justicia. Actualmente ninguno de ellos está inscrito en las notas rojas de la historia hondureña. Fue un caso enredado. El banco inglés se declaró en quiebra, los comisionados del gobierno de Honduras, Gutiérrez y Herran, al parecer desviaron fondos para su propio peculio. Cuando el escándalo llego al parlamento británico los financistas alegaron que había sido cuestión de mala suerte. El proyecto nunca culminó.
Y la forma de catalogar a los miembros de la “clase política” también corrompe el lenguaje; hay unos cuantos ejemplos tomados de textos de la época y otros de “historiadores” encargados de erigir mitos: a Valentín Durón, le decían “Poeta”, considerado como “notable abogado y de brillante actuación en la vida pública”…” ubicado entre “estos valientes hombres”. Francisco Xavier Botelo, según Esteban Guardiola “”En la historia de nuestra vieja universidad, ocupará una página de honor…ilustre ciudadano”. “Francisco Cruz, distinguido hombre público”. “León Alvarado, Benemérito de la patria”. De Carlos Gutiérrez, se dice que fue “connotado diplomático” y con Herran, destituido por Marco Aurelio Soto por los malos manejos financieros en la contrata del ferrocarril, no se les llevó a los tribunales. Muchos años después la práctica es parecida: no hay juicios criminales o se otorgan cartas de libertad a montones.
Casos como el escándalo del ferrocarril nacional, el de la corporación nacional de inversiones (CONADI) y el Banagate, están sepultados en archivos y olvidados por los hondureños como una muestra de la impunidad y de los robos descarados que hacen los políticos de cada momento histórico. En el mismo camino quieren poner el saqueo del Instituto Hondureño del Seguro Social y de los fondos de pensiones de los empleados públicos.
En el tan elogiado período de la reforma liberal encabezada por Marco Aurelio Soto quien gobernó con el apoyo del presidente de Guatemala Justo Rufino Barrios, se intentó desarrollar la economía y convertir el país en parte del sistema capitalista mundial. Lo que no quedó en intento fueron las concesiones que dieron paso a la explotación de minerales en la zona del Rosario y de San Juancito, a través de la fundación de una gran empresa con capital norteamericano y con buena parte de las acciones a nombre del presidente Soto. Por supuesto. En 1883 cayó en desgracia y se vio obligado a dimitir. Lo sucedió Luis Bográn, estuvo en el cargo hasta 1891 cuando Ponciano Leiva volvió al poder en unas elecciones manipuladas. A pesar de ser un liberal, Leiva intentó gobernar como dictador absoluto, es decir, como buen liberal al estilo hondureño. Toda esa serie de corruptos no ha impedido tejer mitos alrededor de figuras como Luís Bogran y Ponciano Leiva para erigirlos como ilustres patriotas oriundos del departamento de Santa Bárbara, cuna de tres presidentes. Es probable que si fuéramos más serios y rigurosos con la historia nacional, esos sujetos serían motivos de vergüenza para los nacidos en ese lugar y su acción política se clasificaría como otro hecho delictivo digno de un lugar en la más amarillista prensa hondureña.
Terencio Sierra recibió la presidencia de manos de Policarpo Bonilla en 1899; durante su gestión, se dio uno de los hechos históricos más importantes en la vida económica y política del país, otro capítulo de corrupción política. Se concesionaron tierras para la producción y comercialización del banano en la costa norte. Luego asumió Manuel Bonilla, mucho más obsequioso con las bananeras, les otorgó dispensas tributarias, permisos para construir puertos, carreteras y líneas de ferrocarril. Gobernó el país en dos períodos presidenciales entre 1903 y 1913. Uno de sus principales logros fue la fundación del partido nacional, la otra facción del partido conservador y una de las cunas más sobresalientes en la formación de políticos corruptos saqueadores el país La otra cuna se llama partido liberal. En consonancia con la tradición historiográfica y la mítica popular, se le ha dado el nombre de Bonilla a centros de educación oficial y su estatua es motivo de adoración y romería de parte de su cofradía política.
De 1920 a 1933, en medio de la depresión económica, la historia nacional se tiñe de numerosos hechos violentos: más de quince levantamientos armados, guerras civiles, intentos de golpes de Estado, intervenciones de otros países, tropas norteamericanas desfilando por ciudades hondureñas; desde esa misma violencia política surge la esencia de la caverna en forma de doctor en leyes y general, el leviatán de Zambrano, geométrico, racional, marca las coordenadas futuras.
Durante diez y seis años, con pistola en una mano y el telégrafo en la otra impone orden, seguridad, encierro y destierro para los opositores. Tiburcio Carías salda las cuentas nacionales, inicia la modernización militar, inventa las elecciones estilo Honduras en donde todos votan por él, como sea, con o sin votantes, transforma el país en un Estado al servicio de las compañías bananeras.
Carías gobernó desde 1932 a 1949. Este sujeto a quien sus aduladores llamaron el “hombre más bello de Honduras” y los de otro gusto lo apodaban la “buchona”, tuvo los siguientes “méritos”: su administración se mantuvo gracias al apoyo de las compañías bananeras y al gobierno estadounidense, valga la redundancia; mantuvo violentamente reprimida a la oposición política y liquidó todo intento de organizar huelgas y paros laborales por la conquista de derechos en las compañías fruteras y mineras. Anticipándose al humanismo cristiano de sus herederos, efectuó uno de sus más reconocidos aportes piadosos y tecnológicos, consistió en dotar a los militares de fusiles semiautomáticos M-1 y de modernizar la fuerza aérea. Todo con el afán de mantener la paz de los cementerios.
Cuando se aburre de tanta monotonía y garrote, hace que se elija al abogado de las fruteras norteamericanas como sucesor presidencial. Juan Manuel Gálvez, su ministro de guerra durante la masacre de mujeres en San Pedro Sula, 6 de julio de 1944. El responsable militar, el coronel Ángel Fúnez, sostuvo que la sangre que llenó las calles provenía de las mujeres que estaban menstruando. Así eran de justos y educados los hombres de confianza de Carías. Durante el gobierno de Gálvez se permite que llegue algo de luz a la rutinaria caverna y desde el poder impulsa reformas que modernizan la estructura estatal. En ese gobierno se reprimió cruelmente al naciente movimiento sindical y colaboró con gran entusiasmo al derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Arbenz Guzmán. Gálvez previó lo que sería práctica normal en otros gobiernos hondureños al prestar el territorio nacional como base de intervención militar contra Guatemala. Apenas se estaba en la mitad del siglo XX y la simiente corrupta de la política tradicional mostraba formas algo modernas, sin dejar atrás el estilo provinciano y servil hacia la potencia del norte. Sesenta años después tal estilo se mantiene.
Sin entrar en detalles acerca del papel del movimiento popular y de la oposición política, sin tratar de mostrar la importancia del desarrollo económico en todo ese sistema de contradicciones que es la historia nacional, puede decirse que después ocurren situaciones accidentales, casi simples episodios como los gobiernos de Villeda Morales, López Arellano y Ramón Ernesto Cruz, que aunque impacten en el desarrollo general, solamente incorporan otros matices al carácter corrupto de la “clase política”. Durante esos gobiernos se observan intentos reformistas que mejoran la organización del Estado, pero hacen de la represión su herramienta favorita para manipular, conducir y mediatizar la organización popular opositora.
Con López Arellano y la serie de reformas que impulsa al país por los caminos de siempre y los resultados acostumbrados desde los tiempos de Juan Lindo, se profundiza la corrupción y se convierte en técnica compartida con militares, políticos y empresarios privados. Es cuando se lograr hacer de la corrupción una institución respetable y amada por muchos personajes. Es el momento de la CONADI, COHDEFOR, COHBANA y las fortunas crecen geométricamente, igual que la pobreza. Recuerden estos nombres: Miguel Facusse, Abraham Bennaton Ramos, Oswaldo López Arellano, Emin Barjum. Son algunos de los implicados en la quiebra de esas instituciones.
En 1974, el jefe de Estado y sumo sacerdote de los golpistas Oswaldo López Arellano y su ministro de Economía Abraham Bennaton Ramos son salpicados directamente por el soborno bananero de la Standard Fruit Company, el caso es tan asqueroso que renuncian a sus cargos. Nunca fueron enjuiciados ni llevados a prisión. Al retirarse de la vida pública Oswaldo López Arellano se transformó en uno de los hombres más ricos de Honduras, hacendado, ganadero, dueño de empresas aéreas, socio de emisoras unidas, Ficensa, Bamer, Alcon, manteniendo una imagen bonachona y de hombre simpático que de un solo "pencazo" resuelve conflictos. Además de ser el padrino político de individuos como Rafael Leonardo Callejas y los hijos de Mario Rivera López, es posible que sea el modelo de sujetos como Carlos Flores y Roberto Micheletty.
El cinismo y frescura de la “clase política” es de tal nivel que los personajes señalados como corruptos son convertidos en figuras emblemáticas de la política y de la empresa privada hondureña, respetados ciudadanos que dan cátedra sobre responsabilidad social y ética del emprendedurismo. Existen centros escolares oficiales que tienen el nombre de esos individuos sobornados por la compañía norteamericana. Buena parte de los hechos fueron publicados por el Wall Street Journal y la bolsa de New York señaló a la United Brand por sobornar con 2.5 millones de dólares para rebajar el impuesto al banano.
Los gobiernos siguientes, Suazo Córdova y Azcona Hoyo, si acaso destacaron en algo no fue por sus logros económicos o culturales, tampoco por el desarrollo científico de Yarumela o La Ceiba. Hicieron del país la base militar más importante en el caribe para reprimir movimientos populares en la región y efectuar a nivel local una sistemática persecución de hombres y mujeres opuestos al entreguismo de esos gobiernos. Hicieron suyas técnicas de vigilancia y tortura aprendidas de argentinos, chilenos, israelitas y, en especial, de norteamericanos que no vacilaron en desaparecer personas y en profundizar abusos, violaciones y golpizas sobre el cuerpo de personas que luchaban por democratizar el país. Estos gobernantes desarrollaron una estética de la mentira al negar los hechos con frases burlonas; Suazo Córdoba sostenía que no existían los desaparecidos y que seguramente estaban en Marte o en Saturno, por eso no los mirábamos; Azcona, cuando le preguntaban por la crisis, respondía muy molesto que él no miraba eso, por tanto, no existía.
Al fin, la luz llega a esa inmensa caverna y nos permite soltar las cadenas de la ignorancia para hacernos mirar a la justicia, al sumo bien tan ponderado por Platón; después de tantos descalabros morales y vergüenzas éticas que arrancan desde inicios del siglo XIX; a partir de 1990 a 1994, por primera vez en el país se instala un gobierno totalmente honesto encabezado por Rafael Leonardo Callejas. El sumo pontífice de la verdad, de esa que se impone desde los tribunales a pesar de los exabruptos de un senador norteamericano que intentó manchar su buen nombre al acusarlo de corrupto y presionar hasta la suspensión de su visa. Este inmaculado hondureño no tiene comparación, ni José Trinidad Cabañas se le acerca a su altura axiológica.
Los expertos en asuntos económicos le atribuyen un logro importante al haber reanudado las asistencias monetarias de los organismos internacionales. Otros afirman que con él se inaugura el proceso de ajustes fiscales con las llamadas políticas neoliberales. Pero en donde se muestra buena parte de los efectos de su gobierno es en las políticas sociales que impactan negativamente en las organizaciones populares, sindicales, gremiales y, en especial, en la economía familiar.
En los gobiernos siguientes encabezados por los “liberales” Carlos Roberto Reina (1994-1998) y Carlos Flores (1998-2002) se intentó enlodar la blanca vestimenta de Callejas y lo procesaron por casos como el "Petrolazo", "Comunitas", "la Familia I, La Familia II" Brazos de Honduras, Ciudad Mateo, y el "Chinazo" y en ninguno se probó culpabilidad. Más bien, todos esas acusaciones sirvieron para que el individuo en cuestión inscribiera su nombre en libros de records al obtener 16 cartas de libertad en parte por el extraordinario trabajo de su abogado defensor y por la capacidad jurídica de juezas y jueces, casualmente es el mismo que defiende a Mario Zelaya, el del IHSS. Y alcanzó el sobreseimiento definitivo cuando la Corte Suprema de Justicia estaba presidida por Vilma Morales, negociadora de los golpistas, la misma que inició la investigación en el saqueo del IHSS. Y aquí nada es casual, toda esa madeja está bien urdida, igual que la reelección presidencial. El sujeto investigado insistió en que le probaran que era corrupto y en ningún instante tuvo que demostrar que era inocente.
En algún emotivo momento se llegó a afirmar que el mayor acto de corrupción en la historia hondureña fue el golpe de Estado de junio de 2009. Hasta entonces así era; pero los datos existentes desde el gobierno de Lobo Sosa hasta el actual de Juan Hernández pueden hacer de la corrupción golpista un juego de niños.
La conspiración que condujo al golpe de Estado, promovida por empresarios, militares, políticos liberales y nacionalistas, jerarcas religiosos, la embajada norteamericana y la entusiasta complicidad de la prensa que ocultaron atropellos y violaciones a los derechos individuales y colectivos, que justificaba el golpe y lo disfrazaba con la ficción de la sucesión presidencial, por omisión participaron en una serie de “pequeños” actos de corrupción como ser: el robo de 62 mil mochilas y sus respectivos equipamientos para niños y niñas de escuelas públicas, el ministro de educación se llamaba Santos Elio Sosa; el saqueo de 1,400 millones de lempiras de la ENEE, el gerente era Jacobo Santos; 3 millones robados del presupuesto del INAM, dirigido por la distinguidísima dama María Martha Díaz; 60 millones que los golpistas dicen que encontraron en la casa presidencial el mismo día del golpe de Estado, por ahí estaba Roberto Micheletty ; pérdidas para el Estado por alrededor de 35 millones de dólares por la concesión de la represa de Nacaome; se esfumaron cerca de 23 millones de lempiras en la excavación de pozos por una supuesta falta de agua en la capital; compras de emergencia de granadas lacrimógenas, tanquetas, asesoramiento policial y militar israelita y colombiano para reprimir al pueblo en resistencia, por montos no conocidos, siendo ministros de seguridad y defensa los honorables caballeros Jorge Rodas Gamero y Adolfo Sevilla; el pago de medidas de seguridad de por vida para más de 120 funcionarios golpistas y toda la parentela incluida. Y el queso que había en la mesa también se lo llevaron. Esa es una muy reducida muestra que forma parte de la gigantesca y sanguinaria corrupción que es el golpe de Estado del 28 de junio, bendecida y santificada por la distinguida jerarquía religiosa encabezada por cardenales, pastores y profetas, caballeros de gran prestigio social.
Para no desentonar con la tradición todavía se observa la manía oficialista y oficiosa de construir exageraciones idiomáticas alrededor de los miembro de la “clase política” y calificarlos con formas, tal vez jocosas, pero muy convenientes para mantener el pedigrí: un admirador de Rafael Callejas Romero dice que “tiene mayor conciencia de los problemas nacionales, valoración de las dificultades que han frenado el crecimiento económico del país; y visiones claras de lo que se debe hacer”. Al Cardenal se le tiene como “reserva moral”; y si buscamos nos damos cuenta que sí, tal vez, pero sí que es muy reservado el sujeto éste. Y a casi todos los presidentes les dicen “Estadistas”, incluso, ese calificativo se emplea para personajes que no se les ha puesto frente a asuntos de Estado; un abuso notable ocurre entre los abogados, a muchos de ellos los denominan “Juristas”, “hombre de leyes”, “jurisconsulto”, bueno, todo es posible en nuestra Honduras; y si se meten en política, como Antonio Rivera y Oswaldo Ramos, les llaman “ideólogos”. Y ahí está la novedad, lo último en asuntos político-jurídicos-idiomáticos que hace de la constitución algo inconstitucional.
Como el asunto de la corrupción en la “clase política” esparce todo, hasta el lenguaje y, para mayor desgracia, no concluye, deben ser los sociólogos e historiadores, académicos o no académicos, los que tendrán que aportar nuevos datos y, tal vez, desprendidos de la objetividad del oficio, proponen algunas valoraciones al tema de la corrupción. Sólo finalizó con estas perlas recién extraídas de enormes ostras, sólo existentes en Honduras:
Auditorías practicadas por el Tribunal Superior de Cuentas ¿o cuentos? en la alcaldía del distrito central informan que del 1 de junio de 2008 al 8 de marzo de 2010, encontraron irregularidades por valor de más de 303 millones de lempiras y en el informe final firmado por la máxima autoridad de ese tribunal sólo se mencionan 6 millones 192 mil 838 lempiras. Y en novedosos documentos del CONADEH de Roberto Herrera Cáceres se lee lo siguiente: la impunidad, el pecado favorito de los políticos catrachos, no se investiga, no se hacen requerimientos fiscales, no se concluyen los juicios o no se aplica la pena, no se ejecutan órdenes de captura y se debe a la “ineficacia, incapacidad, complicidad o corrupción” así, el porcentaje de la impunidad es superior al 90%. En Honduras no ocurre nada si desde el poder se afirma tal cuestión. Es como una broma. Igual sucede cuando se sabe que la deuda interna sobrepasa los 160 mil millones de lempiras y que con la tasa de seguridad se han recaudado más de 2 mil millones de lempiras sin que alguien esté obligado a rendir cuentas; tienen de su lado una ley de secretividad. Ni en Macondo suceden tales cosas.
Magia pura que hace posible que desde el seno de la corrupción política salga el candidato perfecto para la reelección, según el excelso patriarca Miguel Facusse.
28 de abril de 2015; el mes de la inconstitucionalidad.
***************************************
LA CORRUPCION POLITICA
Parece que la condición normal de la “clase política” hondureña consiste en moverse dentro de la corrupción y generarla durante todos los gobiernos, es su esencia completa, es la opción soñada ya que no pueden ser algo diferente. Siempre han pedido que se demuestre que son corruptos y no les interesa probar que son inocentes. Los actos de corrupción de los gobernantes nacionales pueden rastrearse con evidencias desde inicios del siglo XIX. En 1830 se impuso un empréstito de 36,000 pesos para financiar acciones de guerra en los gobiernos de Francisco Ferrera y Coronado Chávez. Según el historiador Ismael Zepeda en sus Documentos para la historia de Honduras, entre 1842 y 1894, los empréstitos contratados superaron la cantidad de 243,000 pesos. Parte de ellos se utilizaron para indemnizar ciudadanos británicos agraviados por efectos de las guerras internas. Tales pedidos monetarios fueron delicadamente respaldados con la presencia de barcos de guerra de la cultísima Albión y con la ocupación militar de Amapala y la isla del Tigre.
Para proteger la soberanía nacional el presidente Juan Lindo solicitó la presencia norteamericana en esa isla durante dieciocho meses. Por supuesto, acompañada con una promesa de pago por 12,000 pesos anuales al cinco por ciento de interés; arrendar, alquilar porciones del territorio nacional no es ninguna novedad, siempre quisieron tener un país open for buitres.
En 1859 el gobierno de José Santos Guardiola suscribe con Gran Bretaña el Tratado Wayke-Cruz, en donde se reconoce la soberanía hondureña sobre la Mosquitia y las islas de la Bahía, entre otras cosas determinaron que “S. M. B. conviene en reconocer… las Islas de la Bahía… como una parte de la República de Honduras.” Pero el Estado de Honduras se vio obligado a hipotecar por 10 años todas las maderas preciosas de la zona de La Mosquitia, mediante las cuales se pagarían 5,000.00 pesos anuales para indemnizar a los misquitos que habían perdido su condición de súbditos británicos. Esos empréstitos se convirtieron en fuente de riqueza de los funcionarios estatales. Y esta ha sido la regla, al parecer sin excepciones.
Los actos de corrupción ocurridos entre 1821 y 1859 sólo eran el anticipo al escandaloso proyecto de construcción del Ferrocarril Interoceánico. El Estado de Honduras enfrentaba deudas que era incapaz de cumplir y suscribe otro empréstito por 90,000.00 Libras Esterlinas. Por ese mismo tiempo, bajo las acusaciones de prevaricato los Magistrados de la Corte Superior de Justicia, Valentín Durón, Dionisio Fiallos y Francisco Botelo, fueron declarados con lugar a formación de causa, medida que no tuvo ninguna consecuencia porque a uno de los acusados, Valentín Durón, lejos de deducirle responsabilidades se le premió nombrándole como Gobernador Político de Tegucigalpa.
Otro pequeño grano de sal: en 1860, al final de la guerra contra los filibusteros de William Walker, uno de los caudillos de la tradición conservadora en Honduras, el general José María Medina, presidente del Congreso, era al mismo tiempo beneficiario de una contrata para el corte de cuatro mil árboles de caoba en la zona del puerto de Omoa. Más de un siglo después en vez de cortar, un alegre gobernante y su caritativa esposa establecieron que había que sembrar árboles cono norma. Una acción muy virtuosa que nadie ha querido continuar.
Respecto a los empréstitos del ferrocarril, existen abundantes investigaciones, sin embargo ciertos detalles del documento muestran de qué material estaban hechos los representantes oficiales. Además de toda esta entrega, el documento indicaba la forma de respaldar los compromisos adquiridos por Víctor Herrán y Carlos Gutiérrez, por ejemplo: “Los títulos que se emitan serán garantizados: 1) Por las rentas generales de la República; 2) Por las rentas del propio ferrocarril; y 3) Por los terrenos baldíos del Estado, cuyos pormenores se enviarán ulteriormente”. Fue firmado en 1866 por el presidente José María Medina y su canciller Ponciano Leiva. Al inicio se estableció la cantidad de un millón de libras esterlinas y el gobierno sólo tomó cien mil. Después se supo que ni siquiera esa cantidad se recibió y no se pudo averiguar el destino real de esos dineros. Otro detalle: como parte de ese vulgar asalto, uno de los convenios estableció que cien mil libras esterlinas se destinarían para sobornar funcionarios, a la letra: “a las personas que puedan ayudarle para asegurarle buen éxito al empréstito, sin que tengan que dar cuenta de la distribución al Gobierno y sin que sean obligados a nombrar a las personas a quienes la mencionada distribución fuera hecha.” Los políticos nacionales tienen valiosas experiencias en esos asuntos y es probable que sus herederos sean más astutos porque ahora no serían tan inocentes de colocar en un convenio ese tipo de cláusulas. Ahora son peores que sus padres políticos.
En publicaciones digitales del Consejo Nacional contra la Corrupción aparece esta joya: “según el representante hondureño en Londres, Carlos Gutiérrez, la venta de los bonos apenas si alcanzó las £. 100,000.00. En 1875, ocho años después, un informe de la Comisión Británica que investigó el asunto, dejó en evidencia las mentiras de Gutiérrez, ya que se indicaba que del primer empréstito se habían vendido bonos por valor de £. 138,306.00; lo que daba una diferencia de £. 38,306.00 con respecto a lo que indicaba Gutiérrez. A la luz de los hechos que siguieron, es muy probable que esa diferencia haya ido a parar a las manos del representante hondureño en Londres”. Algo de esto puede leerse en la obra de Alfredo León Gómez, “El Escándalo del Ferrocarril: Ensayo Histórico”.
Toda esta corrupción fue puesta en conocimiento de León Alvarado por el representante Víctor Herrán, pero tal denuncia la hizo no como producto de su genuina preocupación por los intereses hondureños, sino porque, de todo el lucrativo negocio que realizaron Gutiérrez y compañía, no obtuvo ningún beneficio personal.
La denuncia que Herrán le hizo a León Alvarado el 12 de noviembre de 1868, apenas seis meses después que él mismo junto con Gutiérrez y Bischoffshein y Goldschmidt le habían otorgado al francés Lefevre el poder para negociar bonos, indicaba que Gutiérrez y Lefevre habían ganado entre £. 300,000.00 o 400,000.00, mientras el Gobierno de Honduras quedaba endeudado con un millón de Libras. Todos esos sujetos: Herran, Gutiérrez, Alvarado, tenían cargos diplomáticos; mientras que Durón, Fiallos y Botelo eran los magistrados de la corte superior de justicia. Actualmente ninguno de ellos está inscrito en las notas rojas de la historia hondureña. Fue un caso enredado. El banco inglés se declaró en quiebra, los comisionados del gobierno de Honduras, Gutiérrez y Herran, al parecer desviaron fondos para su propio peculio. Cuando el escándalo llego al parlamento británico los financistas alegaron que había sido cuestión de mala suerte. El proyecto nunca culminó.
Y la forma de catalogar a los miembros de la “clase política” también corrompe el lenguaje; hay unos cuantos ejemplos tomados de textos de la época y otros de “historiadores” encargados de erigir mitos: a Valentín Durón, le decían “Poeta”, considerado como “notable abogado y de brillante actuación en la vida pública”…” ubicado entre “estos valientes hombres”. Francisco Xavier Botelo, según Esteban Guardiola “”En la historia de nuestra vieja universidad, ocupará una página de honor…ilustre ciudadano”. “Francisco Cruz, distinguido hombre público”. “León Alvarado, Benemérito de la patria”. De Carlos Gutiérrez, se dice que fue “connotado diplomático” y con Herran, destituido por Marco Aurelio Soto por los malos manejos financieros en la contrata del ferrocarril, no se les llevó a los tribunales. Muchos años después la práctica es parecida: no hay juicios criminales o se otorgan cartas de libertad a montones.
Casos como el escándalo del ferrocarril nacional, el de la corporación nacional de inversiones (CONADI) y el Banagate, están sepultados en archivos y olvidados por los hondureños como una muestra de la impunidad y de los robos descarados que hacen los políticos de cada momento histórico. En el mismo camino quieren poner el saqueo del Instituto Hondureño del Seguro Social y de los fondos de pensiones de los empleados públicos.
En el tan elogiado período de la reforma liberal encabezada por Marco Aurelio Soto quien gobernó con el apoyo del presidente de Guatemala Justo Rufino Barrios, se intentó desarrollar la economía y convertir el país en parte del sistema capitalista mundial. Lo que no quedó en intento fueron las concesiones que dieron paso a la explotación de minerales en la zona del Rosario y de San Juancito, a través de la fundación de una gran empresa con capital norteamericano y con buena parte de las acciones a nombre del presidente Soto. Por supuesto. En 1883 cayó en desgracia y se vio obligado a dimitir. Lo sucedió Luis Bográn, estuvo en el cargo hasta 1891 cuando Ponciano Leiva volvió al poder en unas elecciones manipuladas. A pesar de ser un liberal, Leiva intentó gobernar como dictador absoluto, es decir, como buen liberal al estilo hondureño. Toda esa serie de corruptos no ha impedido tejer mitos alrededor de figuras como Luís Bogran y Ponciano Leiva para erigirlos como ilustres patriotas oriundos del departamento de Santa Bárbara, cuna de tres presidentes. Es probable que si fuéramos más serios y rigurosos con la historia nacional, esos sujetos serían motivos de vergüenza para los nacidos en ese lugar y su acción política se clasificaría como otro hecho delictivo digno de un lugar en la más amarillista prensa hondureña.
Terencio Sierra recibió la presidencia de manos de Policarpo Bonilla en 1899; durante su gestión, se dio uno de los hechos históricos más importantes en la vida económica y política del país, otro capítulo de corrupción política. Se concesionaron tierras para la producción y comercialización del banano en la costa norte. Luego asumió Manuel Bonilla, mucho más obsequioso con las bananeras, les otorgó dispensas tributarias, permisos para construir puertos, carreteras y líneas de ferrocarril. Gobernó el país en dos períodos presidenciales entre 1903 y 1913. Uno de sus principales logros fue la fundación del partido nacional, la otra facción del partido conservador y una de las cunas más sobresalientes en la formación de políticos corruptos saqueadores el país La otra cuna se llama partido liberal. En consonancia con la tradición historiográfica y la mítica popular, se le ha dado el nombre de Bonilla a centros de educación oficial y su estatua es motivo de adoración y romería de parte de su cofradía política.
De 1920 a 1933, en medio de la depresión económica, la historia nacional se tiñe de numerosos hechos violentos: más de quince levantamientos armados, guerras civiles, intentos de golpes de Estado, intervenciones de otros países, tropas norteamericanas desfilando por ciudades hondureñas; desde esa misma violencia política surge la esencia de la caverna en forma de doctor en leyes y general, el leviatán de Zambrano, geométrico, racional, marca las coordenadas futuras.
Durante diez y seis años, con pistola en una mano y el telégrafo en la otra impone orden, seguridad, encierro y destierro para los opositores. Tiburcio Carías salda las cuentas nacionales, inicia la modernización militar, inventa las elecciones estilo Honduras en donde todos votan por él, como sea, con o sin votantes, transforma el país en un Estado al servicio de las compañías bananeras.
Carías gobernó desde 1932 a 1949. Este sujeto a quien sus aduladores llamaron el “hombre más bello de Honduras” y los de otro gusto lo apodaban la “buchona”, tuvo los siguientes “méritos”: su administración se mantuvo gracias al apoyo de las compañías bananeras y al gobierno estadounidense, valga la redundancia; mantuvo violentamente reprimida a la oposición política y liquidó todo intento de organizar huelgas y paros laborales por la conquista de derechos en las compañías fruteras y mineras. Anticipándose al humanismo cristiano de sus herederos, efectuó uno de sus más reconocidos aportes piadosos y tecnológicos, consistió en dotar a los militares de fusiles semiautomáticos M-1 y de modernizar la fuerza aérea. Todo con el afán de mantener la paz de los cementerios.
Cuando se aburre de tanta monotonía y garrote, hace que se elija al abogado de las fruteras norteamericanas como sucesor presidencial. Juan Manuel Gálvez, su ministro de guerra durante la masacre de mujeres en San Pedro Sula, 6 de julio de 1944. El responsable militar, el coronel Ángel Fúnez, sostuvo que la sangre que llenó las calles provenía de las mujeres que estaban menstruando. Así eran de justos y educados los hombres de confianza de Carías. Durante el gobierno de Gálvez se permite que llegue algo de luz a la rutinaria caverna y desde el poder impulsa reformas que modernizan la estructura estatal. En ese gobierno se reprimió cruelmente al naciente movimiento sindical y colaboró con gran entusiasmo al derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Arbenz Guzmán. Gálvez previó lo que sería práctica normal en otros gobiernos hondureños al prestar el territorio nacional como base de intervención militar contra Guatemala. Apenas se estaba en la mitad del siglo XX y la simiente corrupta de la política tradicional mostraba formas algo modernas, sin dejar atrás el estilo provinciano y servil hacia la potencia del norte. Sesenta años después tal estilo se mantiene.
Sin entrar en detalles acerca del papel del movimiento popular y de la oposición política, sin tratar de mostrar la importancia del desarrollo económico en todo ese sistema de contradicciones que es la historia nacional, puede decirse que después ocurren situaciones accidentales, casi simples episodios como los gobiernos de Villeda Morales, López Arellano y Ramón Ernesto Cruz, que aunque impacten en el desarrollo general, solamente incorporan otros matices al carácter corrupto de la “clase política”. Durante esos gobiernos se observan intentos reformistas que mejoran la organización del Estado, pero hacen de la represión su herramienta favorita para manipular, conducir y mediatizar la organización popular opositora.
Con López Arellano y la serie de reformas que impulsa al país por los caminos de siempre y los resultados acostumbrados desde los tiempos de Juan Lindo, se profundiza la corrupción y se convierte en técnica compartida con militares, políticos y empresarios privados. Es cuando se lograr hacer de la corrupción una institución respetable y amada por muchos personajes. Es el momento de la CONADI, COHDEFOR, COHBANA y las fortunas crecen geométricamente, igual que la pobreza. Recuerden estos nombres: Miguel Facusse, Abraham Bennaton Ramos, Oswaldo López Arellano, Emin Barjum. Son algunos de los implicados en la quiebra de esas instituciones.
En 1974, el jefe de Estado y sumo sacerdote de los golpistas Oswaldo López Arellano y su ministro de Economía Abraham Bennaton Ramos son salpicados directamente por el soborno bananero de la Standard Fruit Company, el caso es tan asqueroso que renuncian a sus cargos. Nunca fueron enjuiciados ni llevados a prisión. Al retirarse de la vida pública Oswaldo López Arellano se transformó en uno de los hombres más ricos de Honduras, hacendado, ganadero, dueño de empresas aéreas, socio de emisoras unidas, Ficensa, Bamer, Alcon, manteniendo una imagen bonachona y de hombre simpático que de un solo "pencazo" resuelve conflictos. Además de ser el padrino político de individuos como Rafael Leonardo Callejas y los hijos de Mario Rivera López, es posible que sea el modelo de sujetos como Carlos Flores y Roberto Micheletty.
El cinismo y frescura de la “clase política” es de tal nivel que los personajes señalados como corruptos son convertidos en figuras emblemáticas de la política y de la empresa privada hondureña, respetados ciudadanos que dan cátedra sobre responsabilidad social y ética del emprendedurismo. Existen centros escolares oficiales que tienen el nombre de esos individuos sobornados por la compañía norteamericana. Buena parte de los hechos fueron publicados por el Wall Street Journal y la bolsa de New York señaló a la United Brand por sobornar con 2.5 millones de dólares para rebajar el impuesto al banano.
Los gobiernos siguientes, Suazo Córdova y Azcona Hoyo, si acaso destacaron en algo no fue por sus logros económicos o culturales, tampoco por el desarrollo científico de Yarumela o La Ceiba. Hicieron del país la base militar más importante en el caribe para reprimir movimientos populares en la región y efectuar a nivel local una sistemática persecución de hombres y mujeres opuestos al entreguismo de esos gobiernos. Hicieron suyas técnicas de vigilancia y tortura aprendidas de argentinos, chilenos, israelitas y, en especial, de norteamericanos que no vacilaron en desaparecer personas y en profundizar abusos, violaciones y golpizas sobre el cuerpo de personas que luchaban por democratizar el país. Estos gobernantes desarrollaron una estética de la mentira al negar los hechos con frases burlonas; Suazo Córdoba sostenía que no existían los desaparecidos y que seguramente estaban en Marte o en Saturno, por eso no los mirábamos; Azcona, cuando le preguntaban por la crisis, respondía muy molesto que él no miraba eso, por tanto, no existía.
Al fin, la luz llega a esa inmensa caverna y nos permite soltar las cadenas de la ignorancia para hacernos mirar a la justicia, al sumo bien tan ponderado por Platón; después de tantos descalabros morales y vergüenzas éticas que arrancan desde inicios del siglo XIX; a partir de 1990 a 1994, por primera vez en el país se instala un gobierno totalmente honesto encabezado por Rafael Leonardo Callejas. El sumo pontífice de la verdad, de esa que se impone desde los tribunales a pesar de los exabruptos de un senador norteamericano que intentó manchar su buen nombre al acusarlo de corrupto y presionar hasta la suspensión de su visa. Este inmaculado hondureño no tiene comparación, ni José Trinidad Cabañas se le acerca a su altura axiológica.
Los expertos en asuntos económicos le atribuyen un logro importante al haber reanudado las asistencias monetarias de los organismos internacionales. Otros afirman que con él se inaugura el proceso de ajustes fiscales con las llamadas políticas neoliberales. Pero en donde se muestra buena parte de los efectos de su gobierno es en las políticas sociales que impactan negativamente en las organizaciones populares, sindicales, gremiales y, en especial, en la economía familiar.
En los gobiernos siguientes encabezados por los “liberales” Carlos Roberto Reina (1994-1998) y Carlos Flores (1998-2002) se intentó enlodar la blanca vestimenta de Callejas y lo procesaron por casos como el "Petrolazo", "Comunitas", "la Familia I, La Familia II" Brazos de Honduras, Ciudad Mateo, y el "Chinazo" y en ninguno se probó culpabilidad. Más bien, todos esas acusaciones sirvieron para que el individuo en cuestión inscribiera su nombre en libros de records al obtener 16 cartas de libertad en parte por el extraordinario trabajo de su abogado defensor y por la capacidad jurídica de juezas y jueces, casualmente es el mismo que defiende a Mario Zelaya, el del IHSS. Y alcanzó el sobreseimiento definitivo cuando la Corte Suprema de Justicia estaba presidida por Vilma Morales, negociadora de los golpistas, la misma que inició la investigación en el saqueo del IHSS. Y aquí nada es casual, toda esa madeja está bien urdida, igual que la reelección presidencial. El sujeto investigado insistió en que le probaran que era corrupto y en ningún instante tuvo que demostrar que era inocente.
En algún emotivo momento se llegó a afirmar que el mayor acto de corrupción en la historia hondureña fue el golpe de Estado de junio de 2009. Hasta entonces así era; pero los datos existentes desde el gobierno de Lobo Sosa hasta el actual de Juan Hernández pueden hacer de la corrupción golpista un juego de niños.
La conspiración que condujo al golpe de Estado, promovida por empresarios, militares, políticos liberales y nacionalistas, jerarcas religiosos, la embajada norteamericana y la entusiasta complicidad de la prensa que ocultaron atropellos y violaciones a los derechos individuales y colectivos, que justificaba el golpe y lo disfrazaba con la ficción de la sucesión presidencial, por omisión participaron en una serie de “pequeños” actos de corrupción como ser: el robo de 62 mil mochilas y sus respectivos equipamientos para niños y niñas de escuelas públicas, el ministro de educación se llamaba Santos Elio Sosa; el saqueo de 1,400 millones de lempiras de la ENEE, el gerente era Jacobo Santos; 3 millones robados del presupuesto del INAM, dirigido por la distinguidísima dama María Martha Díaz; 60 millones que los golpistas dicen que encontraron en la casa presidencial el mismo día del golpe de Estado, por ahí estaba Roberto Micheletty ; pérdidas para el Estado por alrededor de 35 millones de dólares por la concesión de la represa de Nacaome; se esfumaron cerca de 23 millones de lempiras en la excavación de pozos por una supuesta falta de agua en la capital; compras de emergencia de granadas lacrimógenas, tanquetas, asesoramiento policial y militar israelita y colombiano para reprimir al pueblo en resistencia, por montos no conocidos, siendo ministros de seguridad y defensa los honorables caballeros Jorge Rodas Gamero y Adolfo Sevilla; el pago de medidas de seguridad de por vida para más de 120 funcionarios golpistas y toda la parentela incluida. Y el queso que había en la mesa también se lo llevaron. Esa es una muy reducida muestra que forma parte de la gigantesca y sanguinaria corrupción que es el golpe de Estado del 28 de junio, bendecida y santificada por la distinguida jerarquía religiosa encabezada por cardenales, pastores y profetas, caballeros de gran prestigio social.
Para no desentonar con la tradición todavía se observa la manía oficialista y oficiosa de construir exageraciones idiomáticas alrededor de los miembro de la “clase política” y calificarlos con formas, tal vez jocosas, pero muy convenientes para mantener el pedigrí: un admirador de Rafael Callejas Romero dice que “tiene mayor conciencia de los problemas nacionales, valoración de las dificultades que han frenado el crecimiento económico del país; y visiones claras de lo que se debe hacer”. Al Cardenal se le tiene como “reserva moral”; y si buscamos nos damos cuenta que sí, tal vez, pero sí que es muy reservado el sujeto éste. Y a casi todos los presidentes les dicen “Estadistas”, incluso, ese calificativo se emplea para personajes que no se les ha puesto frente a asuntos de Estado; un abuso notable ocurre entre los abogados, a muchos de ellos los denominan “Juristas”, “hombre de leyes”, “jurisconsulto”, bueno, todo es posible en nuestra Honduras; y si se meten en política, como Antonio Rivera y Oswaldo Ramos, les llaman “ideólogos”. Y ahí está la novedad, lo último en asuntos político-jurídicos-idiomáticos que hace de la constitución algo inconstitucional.
Como el asunto de la corrupción en la “clase política” esparce todo, hasta el lenguaje y, para mayor desgracia, no concluye, deben ser los sociólogos e historiadores, académicos o no académicos, los que tendrán que aportar nuevos datos y, tal vez, desprendidos de la objetividad del oficio, proponen algunas valoraciones al tema de la corrupción. Sólo finalizó con estas perlas recién extraídas de enormes ostras, sólo existentes en Honduras:
Auditorías practicadas por el Tribunal Superior de Cuentas ¿o cuentos? en la alcaldía del distrito central informan que del 1 de junio de 2008 al 8 de marzo de 2010, encontraron irregularidades por valor de más de 303 millones de lempiras y en el informe final firmado por la máxima autoridad de ese tribunal sólo se mencionan 6 millones 192 mil 838 lempiras. Y en novedosos documentos del CONADEH de Roberto Herrera Cáceres se lee lo siguiente: la impunidad, el pecado favorito de los políticos catrachos, no se investiga, no se hacen requerimientos fiscales, no se concluyen los juicios o no se aplica la pena, no se ejecutan órdenes de captura y se debe a la “ineficacia, incapacidad, complicidad o corrupción” así, el porcentaje de la impunidad es superior al 90%. En Honduras no ocurre nada si desde el poder se afirma tal cuestión. Es como una broma. Igual sucede cuando se sabe que la deuda interna sobrepasa los 160 mil millones de lempiras y que con la tasa de seguridad se han recaudado más de 2 mil millones de lempiras sin que alguien esté obligado a rendir cuentas; tienen de su lado una ley de secretividad. Ni en Macondo suceden tales cosas.
Magia pura que hace posible que desde el seno de la corrupción política salga el candidato perfecto para la reelección, según el excelso patriarca Miguel Facusse.
28 de abril de 2015; el mes de la inconstitucionalidad.
No hay comentarios :
Publicar un comentario