jueves, 23 de abril de 2015

Argumentos que hicieron declinar a magistrado hondureño respaldar reelección presidencial // Poder Judicial hondureño habilita reelección presidencial

Artículo | Redacción Central / EL LIBERTADOR
Cabe mencionar que Lizardo pidió que se quitara la firma de la resolución; esto ocurrió horas antes que los apoderados legales de los peticionarios recibieran la notificación de la medida adoptada por el Tribunal Constitucional de permitir la reelección presidencial.
Tegucigalpa. A menos de 24 horas de la resolución que abre vía a la reelección presidencial, el magistrado del Tribunal Constitucional, Elmer Lizardo, declinó de apoyar el fallo y pidió que se le quitara la firma del documento.
Un escrito del funcionario, obtenido en exclusiva por el director de Radio TV Globo, David Romero, revela las circunstancias por las que se rehusó a apoyar la reelección y será el pleno del Poder Judicial que dé visto bueno o no a la petición hecha por diputados nacionalistas y el expresidente Rafael Callejas.

“Deseo manifestar que es improcedente que la Corte reforme la Constitución, cuando sólo el poder original (o del constituyente) puede hacerlo y no la Sala de lo Constitucional, quien no puede reformar directamente la Carta Magna”, arguyó el alto juez.
De igual forma, consideró ilegítimas las acciones tomadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya que luego las declara “inconstitucionales”.
El primer paso, dijo, para el tratamiento de un recurso de inconstitucionalidad (que está contra la Constitución), que supone varios escenarios en cuanto si es aplicable a la norma que se quiere declarar no apegada a la Carta Magna.
“Se estima apegado al derecho, la inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad, interpuesto con relación al artículo 330 del Código Penal (relacionado al castigo a quien quiera reelegirse, aun cuando la Constitución lo prohíbe), el cual, por tratarse de una ley secundaria, tiene su fundamento de si procede o no en el apartado 1 del artículo 76 de la Ley de Justicia Constitucional”, reza el escrito.
En otro apartado, reafirma –con base a la Ley de Justicia Constitucional–, no se puede aplicar porque se debe reformar el artículo 330 de la legislación penal para eliminar la figura del castigo a quienes pretendan aspirar a la presidencia después de haber ejercido el cargo.
En consecuencia, prosigue, el artículo referido queda sin efecto.
También se viola el artículo 373 –referentes las reformas constitucionales hechas por el Congreso Nacional– y 374, que establece la imposibilidad de reformar la Constitución, alterando la forma de gobierno, por lo que viola la integridad del texto, dice el comunicado.
Recuerda que sobre el tema constitucional, “hay jurisprudencia”, o sea, que hay varias resoluciones que demandan respetar los artículos inamovibles de la Constitución, por lo que existe antecedentes que demandan que los apartados referentes a la forma de gobierno, no sean alterados.
En este aspecto, menciona los casos del ex vicepresidente hondureño Elvin Santos, porque la figura que ejerció era inconstitucional; también la del expresidente del Congreso y dictador Roberto Micheletti sobre la pretensión e aspirar a la presidencia.
Lo mismo, señala, hay problemas con el artículo 42, numeral 5, que quita la calidad de ciudadano a quien haya querido continuar ejerciendo la presidencia o aspire a ella después de haber gobernado.
“Según esa norma, todos los artículos pétreos no pueden ser reformados”, sentencia.
Cabe mencionar que Lizardo pidió que se quitara la firma de la resolución; esto ocurrió horas antes que los apoderados legales de los peticionarios recibieran la notificación de la medida adoptada por el Tribunal Constitucional.
Tras esta decisión y al no haber unanimidad entre los magistrados de la dependencia, el tema de la reelección deberá ser turnado por el pleno del Poder Judicial, quien deberá votar y emitir fallo.
El voto disidente de Lizardo, fue enviado de inmediato a la secretaría de la Sala Constitucional, para dejar constancia del hecho.
Por su parte, el abogado del expresidente Callejas, Mario Aguilar Gonzales, expresó que “eso no puede ser posible porque hubo voto unánime”.
En sentido contrario opinó el jurista Juan Carlos Barrientos, que consideró como “correcta” la decisión del magistrado, porque ocurrió antes que las partes interesadas recibieran la notificación del fallo.
De igual forma se manifestó el exfiscal general de Honduras, Edmundo Orellana, quien aseguró que “fue correcta” la decisión de Lizardo.
A pesar de ello, lamentó que “el Estado de derecho ha muerto en Honduras”.

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Poder Judicial hondureño habilita reelección presidencial

Cabe recordar que semanas atrás, la suerte ya estaba echada; sólo el magistrado Elmer Lizardo se resistía a firmar la resolución porque la consideró “ilegal”, sin embargo, según la información transmitida a través del espacio informativo Interpretando la Noticia de Radio Globo, el funcionario “cedió a la presión del poder”.

Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Sala Constitucional del Poder Judicial dio luz verde para que se habilite la reelección presidencial en Honduras.
La divulgación de la resolución ocurrió la noche de este miércoles; horas atrás, el director de Radio Globo, David Romero, había revelado que la dependencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio el visto bueno para que los hondureños, en especial, los funcionarios puedan hablar de la reelección presidencial.
El pleno de la Sala dio paso y resolvió a favor de los dos peticionarios, entre ellos, el expresidente Rafael Callejas y 15 diputados del Poder Legislativo sí podrán hablar de reelegirse en la presidencia de la República.
Los magistrados que abrieron vía a la reelección son: los liberales Elmer Lizardo y Silvia Trinidad Santos; los nacionalistas Germán Vicente García, Víctor Manuel Lozano y Lidia Estela Cardona, cuadro de la expresidenta de la CSJ, Vilma Cecilia Morales.
Esta resolución también alcanza al actual presidente Juan Hernández; a los exmandatarios azules Ricardo Maduro y Porfirio Lobo. En el bando liberal, quedan habilitados los expresidentes Carlos Flores, Roberto Suazo Córdova y el dictador Roberto Micheletti.
Además, el expresidente Manuel Zelaya, actual coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre) tiene vía libre para presentarse como candidato a suceder a Hernández, aunque ha dicho que no se reelegirá.
Cuando fue entrevistado por Radio Globo, Zelaya titubeó si apoyaba o no la reelección y manifestó que tomaría una decisión cuando llegue al país la excandidata presidencial Xiomara Castro.
En cambio, el exjefe de las Fuerzas Armadas y cabeza visible del Golpe de Estado, Romeo Vásquez, dijo que no apoyaba la resolución del Poder Judicial.
En iguales términos se pronunció el diputado de Libre, Rasel Tomé, quien calificó la decisión de “ilegal”.
Hasta el momento, el dictador Roberto Micheletti no se ha pronunciado si saldrá a las calles a "defender la democracia" como lo hizo en 2009 al derrocar por la vía armada a "Mel".
En tanto, la organización ultraderechista Unión Cívica Democrática (UCD) ha guardado silencio, a excepción del panadero Jimmy Daccarett, que dijo estar en contra del fallo.
El artículo 239 constitucional, que taxativamente castigaba a los funcionarios –con separación automática del cargo– que hablaran de continuidad en el ejercicio de la presidencia, ya no será válido, según el dictamen del Tribunal Constitucional.
Asimismo, el Ministerio Público, emitió su opinión que los recursos presentados por Callejas y los diputados nacionalistas “violaban derechos civiles y políticos”.
La normativa también aplicaba como sanción 10 años de inhabilidad del cargo para los proponentes de la reelección.
La resolución del Tribunal Constitucional deja abierto el camino para que los funcionarios públicos puedan hablar de proponer que el titular del Ejecutivo pueda seguir en el cargo.
Cabe recordar que semanas atrás, la suerte ya estaba echada; sólo el magistrado Elmer Lizardo se resistía a firmar la resolución porque la consideró “ilegal”, sin embargo, según la información transmitida a través del espacio informativo Interpretando la Noticia de Radio Globo, el funcionario “cedió a la presión del poder”.
Romero trajo a la mente una resolución emitida por la Sala Constitucional en el diario La Gaceta, número 31,762, del 15 de noviembre de 2008 en el que reza que “…encuentra que la acción que el hecho en las reformas operadas en el 239 y 240 son inconstitucionales por razones de forma, ya que el Congreso contravino en los establecido en el 374 de la Constitución de la República en el que establece que no se puede reformar los artículos ‘pétreos’”.
En esa oportunidad, el Tribunal exigió que quedaran sin efecto las reformas hechas en su momento por el Poder Legislativo, en cuanto a la forma de gobierno, por lo que algunas figuras, como la creación de la figura del vicepresidente, volviera al estado original, o sea, a los tres designados presidenciales.
Sobre la resolución de la CSJ, el excandidato presidencial liberal Mauricio Villeda, lamentó que se haya tomado la decisión y vio como "contradictorio" que el Poder Judicial haya exigido que se volviera al estado como fue redactada la Carta Magna.
"Por influencia del presidente a través de terceras personas, se vuelve a violar la Constitución y se cumple la conspiración; no hay Estado de derecho, tampoco seguridad jurídica...ningún inversionista vendrá a negociar en el país", señaló.
"Bozal hay para los que queremos defender la Constitución; bozal hay para los dueños de medios que defienden la institucionalidad, pero no hay bozal para los que promueven la reelección", dijo Villeda.
Advirtió que la actual constitución "permite el derecho a la insurrección en defensa del orden constitucional" y catalogó la resolución como ilegal.
Villeda pidió que las bancadas de oposición promuevan el juicio político contra los 15 diputados que interpusieron el recurso de inconstitucionalidad a la aplicabilidad del 239 constitucional.
Los diputados azules que llegaron a solicitar la nulidad del 239, fueron Óscar Álvarez, Antonio Rivera Callejas, Tomás Zambrano, Oswaldo Ramos Soto, Wesly Vásquez, Mario Pérez, Celín Discua, David Chávez, Francisco Rivera, Edgardo Martínez y Milton Puerto y como también Edwin Pavón, del izquierdista Unificación Democrática (UD).
Alegaron en el escrito que la petición iba dirigida a derogar el párrafo segundo del artículo 239 del decreto legislativo de la asamblea constituyente 131 del 11 de enero de 1982, que contiene la Constitución de la República y contra el numeral 5 del artículo 42 del texto constitucional y contra el artículo 330 del Código Penal, que castiga la propuesta de la reelección.
Por su parte, el presidente del Partido Anticorrupción (Pac), Salvador Nasralla, denunció que “la Sala Constitucional está ilegal por la forma en que fue impuesta; recordemos que esa sala fue nombrada por Juan Hernández el 12 de diciembre de 2012 y eso fuerza a que la Corte Interamericana de Justicia se pronuncie al respecto”.
No es una corte legal, añadió, “todo lo que han actuado es ilegal, y pido a los cuatro líderes que nos reunamos para enviar la denuncia a las instancias internacionales porque el pueblo hondureño está en total indefensión”.
Mencionó que el 239 ya ordena que no se puede hablar de la reelección e inhabilita a quienes la promovieron, a Rafael Callejas, a la Corte y al Ministerio Público que dieron paso a ello.
“Que el Congreso haga algo es una utopia”, señaló.
Reveló que a los magistrados les ofrecieron la reelección a cambio de abrir la reelección presidencial.
Dijo estar dispuesto a salir a las calles para defender la institucionalidad e ir a instancias internacionales a denunciar la resolución emanada por la Sala Constitucional.

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