Escrito por Redacción | Enero 7 del 2015 Secciones: Conflicto Agrario y Minero
Tocoa, Colón (Conexihon).- Ocho meses después de otorgadas las
medidas otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
el Estado hondureño no ha sido capaz de salvaguardar la integridad
física de 127 líderes campesinos y dirigentes sociales en el Bajo Aguán.
Así
lo confirmó la jefa del departamento de Derechos Humanos de la
Secretaria de Seguridad, Sagrario Prudott, quien tras una discusión
realizada en las instalaciones da la Policía Nacional Preventiva en la
ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida al norte de Honduras.
De
acuerdo con los miembros de los movimientos campesinos del Aguán
aglutinados en la Plataforma Agraria, el principal obstáculo la falta de
confianza en la Policía y el Ejército, pues son ellos mismos quienes
han participado en las agresiones cometidas en su contra.
El
objetivo de esta reunión era coordinar con los entes de seguridad
estatales la implementación de las medidas cautelares por lo que la
representante de la Secretaria de Seguridad explicó que el Estado está
interesado en proporcionarles seguridad como parte del cumplimiento de
la recomendación de la CIDH.
Otro tipo de medidas
Los
dirigentes campesinos manifestaron que ellos no confían “ni en la
Policía, ni en el Ejército por todos los atropellos y malos tratos que
ha recibido de policías y de soldados”.
De
acuerdo con su relato, dos meses después de otorgadas las medidas, en
julio de 2014 dos labriegos recibieron disparos con arma de fuego, por
parte de un miembro de la PN y un soldado, lo que lleva a acrecentar los
temores sobre el riesgo que corren en la zona.
A su criterio, el Estado podría
designar a una persona como el Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos como enlace entre las autoridades y los beneficiarios de las
medidas para comunicarse con él en caso de que sea necesario algún tipo
de apoyo en materia de seguridad.
También
plantearon que para ellos lo más importante es que se nombre una
Comisión de Especialistas Internacionales para que investiguen el origen
del conflicto agrario ya que esta es la verdadera causa de la
violencia, inseguridad e impunidad que impera en la región del bajo
Aguán.
Además pidieron que la Secretaria
de Seguridad entregue un carnet de identificación a todas las personas
que gozan de medidas cautelares para que reciban el apoyo de las
autoridades policiales y militares.
En
la misma reunión participaron los dirigentes campesinos: Yoni Rivas,
Jaime Cabrera, Walter Cárcamo, José Chavez, Santos Torres, los miembros
del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán Irma Lemus y
Martha Arnol; representantes de la Coordinadora de Organizaciones
Populares del Aguan (COPA) Ayde Sarabia y Leonel George; el periodista
Tobías Gavarrete y el Subcomisionado Marco tulio Cruz Aguilar jefe
departamental de la Policía Nacional Preventiva del departamento de
Colón.
Periodista teme por su vida
El
periodista Tobías Gavarrete, presentador y reportero del telenoticias
del Canal 37, denunció que teme por su vida ya que ha denunciado a
través de los medios de comunicación y ante la CIDH que el coronel
German Alfaro fue el actor intelectual del secuestro de su hija de 15
años, el 23 de noviembre del año 2013, un día antes de las elecciones.
Gavarrete
ha planteado “al ser periodista independiente y objetivo es un peligro”
por lo que pidió a las autoridades hondureñas garantizar su integridad
física y la de su familia.
Al
finalizar la reunión Prudott propusó a los presentes la firma de los
acuerdos de la reunión pero los representantes de los movimientos
campesinos y beneficiarios con las medidas. No obstante, la misma no fue
firmada pues los trabajadores del campo argumentaron que dicha acta no
recogió todos los planteamientos expuestos.
http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/conflicto-agrario-y-minero/estado-hondure%C3%B1o-no-aplica-medidas-de-protecci%C3%B3n
Yoni Rivas,Peticionario de las medidas cautelaresVocero de la Plataforma Agraria del Aguán“Este día hemos pedido que se nombre un enlace por parte del gobierno que sea un civil para que sea el contacto con los beneficiarios de las medidas, un carnet de identificación para los beneficiarios de las medidas y en tercer lugar una investigación del origen del conflicto agrario a través de expertos agraristas, sociólogos y defensores de derechos humanos”.“Al igual que estamos pidiendo la desmilitarización de la región y esto porque la militarización ha venido a aumentar las violaciones de derechos humanos, así como la investigación de todos los echos violentos ejecutados por la policía por la Fuerza de Tarea Xatruch, Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina) y la Dirección Nacional de Investigación Criminal y finalmente solicitamos una reunión al más alto nivel del gobierno con la Plataforma Agraria para discutir los acuerdos entre MUCA y el gobierno, los acuerdos firmados entre MARCA y el gobierno y hablar sobre las demandas de los movimientos campesinos”.Sagrario Prudott,Jefa del departamento de DD.HH.de la Secretaria de Seguridad“Esta reunión con los líderes y lideresas del bajo Aguán es por una exhortación de la CIDH con el objetivo de buscar acuerdos mínimos sobre su situación de seguridad y consensuar con ellos las medidas de seguridad a implementar”.“En ese sentido, como garantes de la correcta implementación de las medidas cautelares se han escuchado todos sus planteamientos, pero finalmente los peticionaros y beneficiarios tomaron la decisión de no firmar el acta, esperamos seguirnos reuniendo para seguir dialogando pero claro nuestro apoyo dependerá del acercamiento que ellos permitan”.“Lamentamos que ellos no acepten que la policía les dé seguridad ya que estamos en este proceso de buena fe y es importante destacar que la policía nacional está atravesando por una nueva etapa en la que estamos haciendo las cosas de la mejor manera”.
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