Defender Derechos Humanos en las Américas: Necesario,legítimo y peligroso

Amnistía Internacional ha documentado asesinatos, secuestros, amenazas de muerte, intimidación y un incremento en el uso del sistema judicial para intimidar y reprimir la defensa de los derechos humanos en toda la región en los últimos años.
TIPOS DE ATAQUES CONTRA DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
 

En cuanto a los tipos de agresión, en estos dos últimos años siguieron predominando los ataques contra la vida y la integridad personal, la violencia de género, los castigos por ejercer el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, la estigmatización y los ataques a la reputación.
 

A ello además es necesario agregar la adopción y aplicación de normas ambiguas y restrictivas para la defensa de los derechos humanos, como por ejemplo el Decreto Ejecutivo 16 aprobado el 4 de junio de 2013 en Ecuador, que concede al presidente amplios poderes para vigilar y disolver organizaciones no gubernamentales.
En diciembre de 2013, se aplicó dicho Decreto contra la Fundación Pachamama en Ecuador, la cual fue disuelta arbitrariamente, en menos de tres días y sin seguir reglas mínimas de debido proceso. Esta organización trabajaba sobre los derechos de los pueblos indígenas y los derechos medioambientales. 

La orden de cierre decía que la organización estaba interfiriendo en políticas públicas y que amenazaba la seguridad del Estado. La organización ha negado toda implicación en actos violentos o contrarios a la defensa de los derechos humanos.
 

ASESINATOS, INTENTOS DE ASESINATO, VIOLENCIA FÍSICA, SECUESTROS Y AMENAZAS DE MUERTE  

A Margarita Murillo, defensora y líder campesina con más de cuarenta años de trayectoria en defensa de los derechos y de la mejora del nivel de vida de los campesinos y campesinas de Honduras, la mataron a tiros la mañana del 27 de agosto de 2014 cuando trabajaba en una parcela de tierra de su grupo campesino en El Planón, departamento de Cortés.
Su cuerpo fue encontrado junto a su azadón con disparos en la cara y el pecho. Esta agresión fatal se produjo tras haber ella denunciado que en los últimos días estaba siendo objeto de seguimiento y que había recibido amenazas. Tres días después del asesinato, agentes de policía intentaron entrar por la fuerza en el domicilio de las hijas de Margarita Murillo aduciendo que era necesario para la investigación de su muerte.  

El asesinato de Margarita Murillo es uno de los muchos casos en los que Amnistía Internacional tomó acción entre septiembre de 2012 y noviembre de 2014. Durante este periodo los asesinatos, intentos de asesinato, violencia física, secuestros y amenazas de muerte también fueron una tendencia dominante en varios países de la región. Ya en el informe regional de Amnistía Internacional de 2012 esta tendencia regional se habría planteado como una situación predominante y muy preocupante.7 Dos años después, además de no verse una mejoría a nivel regional se observa incluso que en algunos países la situación en este sentido se deteriora.
 
En Colombia por ejemplo, los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos los líderes comunitarios, también siguen enfrentando graves peligros. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos en Colombia tuvo conocimiento de por lo menos 40 homicidios de personas defensoras de derechos humanos en los primeros nueve meses de 2014.8 Según la organización no gubernamental (ONG) Somos Defensores, más de 70 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio y más de 200 sufrieron amenazas únicamente en 2013,9 mientras que al menos 30 fueron víctimas de homicidios y más de 100 recibieron amenazas en los primeros seis meses de 2014.10 Entre las víctimas había activistas indígenas y afrodescendientes, activistas que defienden el derecho a la tierra y líderes comunitarios.
 
Tan sólo entre septiembre y octubre de 2014 en Colombia más de un centenar de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios, líderes promotores de paz y de restitución de tierras, políticos y periodistas fueron objeto de amenazas de muerte. Esta serie de amenazas se hizo en masa, a través de una declaración impresa y correos electrónicos firmados por grupos paramilitares.
Otro ejemplo del deterioro de la situación de defensoras y defensores de derechos humanos es Guatemala. En 2013, la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (UDEFEGUA), ONG especializada que trabaja sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, registró un total de 657 casos de agresión contra defensores y defensoras en el país. Esto supone un incremento del 46 por ciento respecto a 2012, y es la cifra de incidentes más alta registrada en un solo año por UDEFEGUA durante los últimos 14 años.
 
Ante este deterioro de la situación de quienes defienden derechos humanos en las Américas es importante resaltar que varias personas defensoras de derechos humanos asesinadas o agredidas de otra forma contra su vida o integridad personal, habían sido ya objeto de otros ataques o amenazas.
En algunos casos contaban ya con medidas cautelares o de protección, ya fuera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o del Estado. 

 En el informe de 2013 de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, se hace un análisis a partir de 89 eventos de agresión contra personas defensoras de derechos humanos que comprende “…26 mujeres, 35 hombres, 11 organizaciones de derechos humanos y cuatro familiares de defensoras y defensores. De este universo, al menos 23 personas u organizaciones contaban ya con medidas cautelares... [y] al menos 55 personas ya habían sido víctimas de algún tipo de agresión…”  

En Honduras, la Jueza Mireya Efigenia Mendoza Peña, fue asesinada a mediodía del miércoles 24 de julio en El Progreso, departamento de Yoro. Hombres armados en motocicleta, realizaron alrededor de 20 disparos contra ella, varios de ellos a su cabeza, cuando se encontraba al volante de su vehículo. Mireya Efigenia Mendoza Peña, jueza del Tribunal de Sentencia de El Progreso, también era miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y era parte de su junta directiva para el periodo 2012 – 2014. AJD es una organización no gubernamental que trabaja por el fortalecimiento del sistema de justicia en Honduras.
Aun cuando la búsqueda de justicia y la lucha contra la impunidad puede costar la vida misma en muchos países del continente americano, en los tribunales nacionales, en el sistema interamericano de derechos humanos, en las instituciones de las Naciones Unidas y en las calles de las Américas resuenan las reivindicaciones para poner fin a los abusos y violaciones de derechos humanos.
PERIODISTAS
El balance en estos dos últimos años tampoco es alentador para las y los periodistas que trabajan a favor de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Aunque no todo periodista defiende derechos humanos es importante notar que según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, la violencia contra periodistas en las Américas se ha agravado en los últimos años; “…entre el 1 de enero de 2010 y el 1 de noviembre de 2013, al menos 78 periodistas, trabajadores y trabajadoras de medios habrían sido asesinados en la región por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de su profesión. Decenas más habrían sido desaparecidos o desplazados de sus lugares de trabajo y otros cientos recibieron amenazas o fueron hostigados o atacados como respuesta a sus actividades profesionales”
UN ENTORNO SEGURO Y PROPICIO PARA DEFENSORAS Y DEFENSORES
En su informe publicado el 23 de diciembre de 2013, la Relatora Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos expuso una serie de medidas, incluidos mecanismos políticos y jurídicos, que los Estados deben adoptar para garantizar que quienes defienden los derechos humanos gocen de una protección completa y de un entorno seguro y propicio para poder, en la práctica, realizar sus acciones en defensa de los derechos humanos sin temor a represalias.62 Estas medidas para alcanzar un “entorno seguro y propicio para los defensores y defensoras de derechos humanos” deben incluir, entre otros, lo siguiente:
a. Un marco jurídico, institucional y administrativo propicio que: fomente el respeto y la protección de los derechos humanos, el combate a la impunidad por ataques y agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos y la implementación de medidas integrales de protección con enfoque de género que les permitan continuar con su trabajo.
b. Medidas concretas para investigar y sancionar los casos de agresiones y amenazas en contra de defensores y defensoras, ya sean responsables actores estatales o no estatales. No tomar acción contra tales niveles de impunidad va en total contravía de un entorno en el que sea posible defender derechos humanos.

c. Fortalecer las instituciones nacionales de derechos humanos, su efectividad e independencia en cuanto éstas también pueden jugar un papel importante en la protección de quienes defienden derechos humanos.
d. Brindar protección efectiva para defensores y defensoras, desarrollando políticas y mecanismos especiales de protección que como mínimo: tengan en cuenta a las y los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de diseño e implementación de estos programas, sean establecidos por ley, incluyan un sistema de aviso temprano, tengan también en cuenta la situación de los familiares de la o el defensor, cuenten con personal capacitado y especializado en derechos humanos y género, no deleguen la responsabilidad de brindar las medidas de seguridad a las instituciones de seguridad privada, y cuenten con los recursos humanos y financieros necesarios para desempeñar efectivamente sus funciones.
e. Fortalecer el acceso seguro de defensores y defensoras a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.
f. Promover una cultura de respeto a los derechos humanos que reconozca pública e inequívocamente el papel fundamental de las y los defensores de derechos humanos en la sociedad, así como el reconocimiento de que el ejercicio de la protección y promoción de los derechos humanos es una acción legítima. Las y los propios defensores también tienen un papel que desempeñar en la creación de un entorno seguro y propicio, desarrollando sus acciones de manera pacífica y en un marco de respeto a los principios y normas internacionales de derechos humanos.
g. Tomar medidas específicas en relación a los riesgos y desafíos que afrontan las defensoras y los defensores que promueven los derechos de la mujer o las cuestiones de género.
h. Respeto y apoyo de los actores no estatales a la labor de las y los defensores. Los actores no estatales, en particular las empresas privadas, también deben apoyar, respetar y proteger a quienes defienden derechos humanos y sus acciones. Las empresas deben tener en cuenta a las defensoras y los defensores de los derechos humanos para la implementación de la norma sobre diligencia debida de derechos humanos; la cual, según los estándares internacionales aceptados, incluye identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre cómo abordan el impacto de sus actividades en los derechos humanos.
Las empresas privadas deben contribuir de manera decisiva a la promoción y protección de los derechos y las actividades de los defensores y defensoras, por ende, a la consolidación de un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos.
 
En este contexto tiene especial relevancia la recomendación del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas que hace en su informe de junio de 2014. Allí hace un llamado a los Estados para que se aseguren de proteger a las y los defensores de derechos humanos que trabajan en temas relacionados al impacto de las actividades de las empresas, especialmente en proyectos productivos, de infraestructura o a gran escala, y para que dejar claro a los empresas que también deben respetar los derechos de las y los defensores de los derechos humanos
vea informe completo en este link: http://www.amnesty.org/…/b9204347-78cc-4…/amr010032014es.pdf