Escrito por Redacción | Noviembre 9 del 2014
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El
Fiscal General, Óscar Chinchilla y el Fiscal General Adjunto, Rigoberto
Cuellar, deben adoptar medidas eficaces para salvaguardar la vida del
portavoz de la Fiscalía regional de San Pedro Sula, Elvis Guzmán y de
otros agentes amenazados.
Así
lo exigió, a través del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el
presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH), Santiago
Moncada, este domingo 9 de noviembre.
El
periodista Guzmán correría riesgo porque supuestamente aparece como el
segundo en un listado que tendría escrito, en primer lugar, el nombre de
la coordinadora del MP de San Pedro Sula, Marlene Banegas, asesinada el
10 de octubre de 2014, en aquella ciudad, reveló Moncada.
Esa es la única información conocida, no se sabe de dónde salió esa lista ni mucho menos quién la tiene, agregó.
A
Guzmán le han asignado algunas medidas de custodia, pero es urgente que
el Ministerio Público (MP) coordine con la Secretaría de Seguridad
porque, además, la AFH recibió en los últimos días denuncias de al menos
seis agentes de fiscalías regionales que trabajan bajo amenaza.
“Hay
fiscales amenazados y (las autoridades) no han tomado acciones y otros
casos lo resuelven trasladándolos a otra unidad dentro de la misma
fiscalía local, persistiendo el riesgo”, denunció Moncada.
“Se
pide darles protección de inmediato y que cada caso lo traten de manera
individual, conforme al resultado del análisis profesional de la
magnitud del riesgo y que sea obligatorio que el empleado o funcionario
amenazado siga los protocolos que le establezcan”, agregó.
Sólo
este año han sido asesinados cuatro fiscales del MP y nueve periodistas
de diferentes zonas del país, todos esos casos tienen como
característica común, la impunidad.
MP violenta derechos humanos
Por
otra parte, Moncada anunció que la AFH de Honduras pedirá audiencia al
pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para
denunciar que el MP violenta derechos humanos al obligar al personal
administrativo y a los agentes fiscales a someterse a pruebas de
polígrafo.
Desde
el 12 de septiembre de 2014, la Asociación promovió una acción de
amparo, con suspensión del acto reclamado, ante la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y aun no lo admiten.
El amparo es contra el Reglamento del MP que permite la realización del examen del detector de mentiras o polígrafo.
También
la Asociación de Jueces por la Democracia presentó un amparo contra
esta práctica y la Sala de lo Constitucional lo admitió con suspensión
del acto, es decir, queda detenida la ejecución de la prueba para los
demandantes mientras la Corte resuelve el amparo.
Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
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