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by PROAH |
Favor
de encontrar aquí nuestro informe sobre la situación de derechos
humanos en Honduras, para los meses de agosto y septiembre.
Acerca de este informe:
Entre
agosto y septiembre se celebraron dos aniversarios que resaltan
aspectos preocupantes del sistema de seguridad pública de Honduras. El
25 de agosto del año pasado, tres miembros de la comunidad indígena
tolupán de Locomapa fueron asesinados por sicarios vinculados a empresas de minería y venta de madera ilegal.
A pesar de que se haya dictado una orden para capturarlos, los
criminales permanecen libres y siguen intimidando a la población (p.17).
El 15 de septiembre marcó el aniversario de la primera presentación pública de la Policía Militar de Orden Público (PMOP). Desde entonces parece que una de sus principales funciones haya sido intimidar a los que critican al gobierno – por ejemplo con la incursión a la casa de un médico, vocero en las denuncias de la condiciones de trabajo en el hospital donde ejerce (p.25). El incidente ocurrió en un contexto en el que se multiplican las revelaciones preocupantes sobre la conducta de las fuerzas de seguridad – nuevas acusaciones sobre la implicación de policías de alto rango en escuadrones de la muerte (p.23), así como casos en los cuales soldados están siendo enjuiciados por asesinatos parecidos a los de los escuadrones de la muerte (p.26).
El 15 de septiembre marcó el aniversario de la primera presentación pública de la Policía Militar de Orden Público (PMOP). Desde entonces parece que una de sus principales funciones haya sido intimidar a los que critican al gobierno – por ejemplo con la incursión a la casa de un médico, vocero en las denuncias de la condiciones de trabajo en el hospital donde ejerce (p.25). El incidente ocurrió en un contexto en el que se multiplican las revelaciones preocupantes sobre la conducta de las fuerzas de seguridad – nuevas acusaciones sobre la implicación de policías de alto rango en escuadrones de la muerte (p.23), así como casos en los cuales soldados están siendo enjuiciados por asesinatos parecidos a los de los escuadrones de la muerte (p.26).
Según
un estudio, 6 de cada 10 personas detenidas han sido torturadas por la
policía (p.23). Se reportó también un caso donde la policía se hizo
cómplice del secuestro y de la tortura de dos pescadores (p.21), y otro
en el cual soldados fueron directamente responsables de haber torturado a
dos mineros (p.26). El pueblo Miskito denunció oficialmente ante el
Presidente el incremento de las violaciones a derechos humanos por parte
de la policía y del ejército desde que se militarizó La Moskitia en
nombre de la lucha contra el narcotráfico (p.16). Mientras tanto, los
militares toman un control mayor sobre el sistema carcelario, en contradicción con las recomendaciones de la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos (CIDH) (p.22).
Organizaciones de derechos humanos saludaron los esfuerzos para aprobar el proyecto de ley para la protección de defensores de derechos humanos, periodistas, y los operadores de justicia
(p.2). La cantidad de asesinatos de miembros de estos grupos en agosto y
septiembre – la veterana de la lucha para el derecho a la tierra
Margarita Murillo (p.3), dos periodistas (p.5) y dos abogados (p.8) –
así como los numerosos ejemplos de amenazas e intimidaciones, resaltaron
la necesidad de la implementación rápida y efectiva de la ley.
Los profesores
fueron identificados como otro grupo vulnerable, con la cantidad de un
muerto cada mes (p.8). La atención internacional se centró también en
los asesinatos de mujeres, en las audiencias de la CIDH
en agosto (abajo y p.9) así como en la visita de Alda Facio, del Grupo
de Trabajo sobre las Discriminaciones contra las Mujeres (p.10). La
violación a los derechos territoriales del pueblo garífuna
constituyó también un tema central estos últimos dos meses: la
audiencia del caso “Punta Piedra” en la Corte Interamericana de Derechos
Humanos coincidió con una serie de desalojos (p.12).
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