Ante
los recientes asesinatos de menores en centros de reclusión o en sus
comunidades, las autoridades hondureñas deben realizar las
investigaciones diligentes e imparciales y aplicar las sanciones
correspondientes para "evitar la impunidad y la repetición de hechos
similares", subrayó el organismo.
Cinco
jóvenes murieron y uno resultó herido el 4 de mayo al explotar una
granada dentro de un centro correccional de menores, en San Pedro Sula,
al norte de Honduras. La CIDH recordó que en otros hechos recientes,
cuatro niños entre dos y trece años fueron asesinados a puñaladas en su
casa, y otros dos fueron torturados y asesinados: todos atribuidos por
las autoridades hondureñas a las pandillas o "maras".
"Estos
hechos se inscriben en un contexto generalizado de violencia e
inseguridad ciudadana que coloca a niños, niñas y adolescentes en una
posición de particular vulnerabilidad", destacó la Comisión, con sede en
Washington.
"La
ausencia de intervenciones eficientes y eficaces del Estado frente a
los desafíos de la seguridad ciudadana genera un sentimiento de
frustración y desprotección en amplios sectores de la población, lo que
afecta seriamente la convivencia en una sociedad democrática y la
vigencia del Estado de Derecho", apuntó la CIDH.
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