miércoles, 21 de mayo de 2014

IMPUNIDAD: La palabra que resume el informe de misión española sobre Honduras // Deterioro de la libertad de expresión y de derechos humanos en Honduras 2013 - 2014


Bertha Oliva, coordinadora General del COFADEH y Miguel Albero, embajador de España en Honduras



Tegucigalpa.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) dio a conocer  en conferencia de prensa el informe final de la misión parlamentaria de observadores de derechos humanos de España en donde resalta que “si una palabra tuviese que resumir lo escuchado durante los 4 días que duró la misión, esa sería, sin lugar a dudas, IMPUNIDAD”.
La mesa principal estuvo integrada por la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva y el embajador de España en Honduras, Miguel Albero.
 Asistieron defensores y defensoras de derechos humanos como el director de Casa Alianza, José Guadalupe Ruelas, los magistrados destituidos de la Corte Suprema de Justicia, Rosalinda Cruz Sequeira y José Antonio Gutiérrez Navas, el presidente del Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia (SITRAPANI), Dagoberto Posadas, el pastor Rigoberto Ulloa, representante del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, miembros de la prensa nacional e internacional, entre otros.

La misión parlamentaria de observación de derechos humanos de España que estuvo en Tegucigalpa del 31 de marzo al 4 de abril de 2014 realizó una serie de reuniones con familiares de víctimas desde el golpe de Estado de 2009, movimiento sindical, organizaciones campesinas, organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, medios de comunicación, e instituciones públicas relacionadas a la seguridad pública, justicia, derechos humanos y Fuerzas Armadas.

El Informe “Honduras, misión parlamentaria de observación de derechos humanos” destaca que en todos los encuentros se ha reconocido el elevado grado de impunidad respecto a la violación de los DDHH existente en Honduras, habiendo sido informados incluso por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que la impunidad alcanza hasta un 98 por ciento de las violaciones denunciadas.

La misión reporta que escuchó repetidamente denuncias sobre la debilidad de la separación de poderes que existe en Honduras. “En concreto el poder ejecutivo viene abrogándose competencias propias del poder legislativo, lo que conculcaría los principios sobre forma de gobierno establecidos en la carta magna”.
 
El grupo recibió denuncias sobre la constante asunción de competencias propias de instituciones civiles por parte de las Fuerzas Armadas así como del control de puertos y aeropuertos, fronteras, migraciones, funciones policiales y de orden público, control de comunicaciones, sistema eléctrico, recursos naturales como bosques e incluso funciones de intervención social respecto a menores y jóvenes, entre otras. La excesiva asunción de funciones propias del poder civil facilita la militarización de la sociedad y favorece el desarrollo de una cultura de violencia.

La misión registró en su informe un incremento de la criminalidad organizada especialmente del narcotráfico y las maras incidiendo de forma preocupante sobre distintos sectores sociales y facilitando la pervivencia de situaciones de impunidad.

El informe señala que las violaciones de derechos humanos se concentran en colectivos como: periodistas, campesinos, sindicalistas, abogados, oposición política, mujeres y colectivo de diversidad sexual entre otros. El alto nivel de impunidad provoca que los responsables de estas violaciones de DDHH no sean sancionados por la justicia lo que a su vez facilita que continúen efectuándose todo tipo de violaciones de derechos fundamentales.

Entre las conclusiones, el informe señala que en todos los encuentros mantenidos a lo largo de la misión se ha reconocido el elevado grado de impunidad respecto a la violación de los Derechos Humanos existente en Honduras.

También que se registra un Incremento de la criminalidad organizada especialmente del narcotráfico y las maras incidiendo de forma preocupante sobre distintos sectores sociales y facilitando la pervivencia de situaciones de impunidad.

“Hemos escuchado repetidamente denuncias sobre la necesidad de depuración de las instituciones del Estado como mecanismo de reducción de la corrupción imperante en el país”, expresaron los congresistas españoles.

Por otra parte señalan que repetidamente nos han planteado denuncias sobre la debilidad de la separación de poderes que existe en Honduras, a pesar de lo establecido en la Constitución del país. En concreto, el poder ejecutivo viene arrogándose competencias propias del poder legislativo, lo que conculcaría los principios sobre forma de gobierno establecidos en la carta magna. También hemos recibido denuncias sobre la excesiva influencia del poder ejecutivo en el poder judicial.

“Reiteradamente hemos escuchado críticas sobre la excesiva asunción de funciones propias del poder civil por las Fuerzas Armadas Hondureñas, especialmente funciones policiales y de mantenimiento del orden público, situación que consideramos facilita la militarización de la sociedad y favorece el desarrollo de una cultura de violencia, más aún en un país donde existe una alta permisividad legal en el manejo y posesión de armas”, apunta el Informe.

La misión de parlamentarios sostiene que en la mayoría de las reuniones mantenidas nos han señalado que las violaciones de Derechos Humanos se concentran prioritariamente sobre determinados colectivos: periodistas, campesinos e indígenas, sindicalistas, abogados, mujeres y colectivo de diversidad sexual entre otros.

En muchos de los encuentros se ha denunciado que varios de estos grupos sufren, además de la impunidad, la desprotección, la estigmatización y la criminalización por parte de los medios de comunicación y las autoridades nacionales, desacreditando la labor de la defensa de los Derechos Humanos y de algunas profesiones como la de periodistas.

Es alarmante el número de personas asesinadas que contaban con medidas cautelares de protección dictadas tanto por la justicia hondureña como por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, poniendo de manifiesto la inoperancia de los poderes públicos a la hora de combatir la impunidad. Una de las preguntas que más hemos escuchado ha sido ¿que ha hecho el Estado para proteger a esta población? Hemos recibido múltiples denuncias sobre las nuevas formas de intimidación a personas defensoras de Derechos Humanos y otros colectivos vulnerables. Se generalizan amenazas, secuestros y violencia contra familiares de defensores y defensoras de Derechos Humanos, advierten los congresistas españoles.

 “Consideramos fundamental la existencia del Observatorio de la Violencia, el cual sistematiza, clasifica y analiza las muertes violentas ayudando a clarificar y documentar la situación que vive el país, elemento fundamental para poner en marcha mecanismos de prevención y protección. Es necesario fortalecerlo y no deslegitimarlo con la creación de observatorios paralelos”.

Es preocupante la aprobación de leyes que restringen derechos a la libertad de expresión y conculcan el derecho a la privacidad de las personas como son la Ley de Secretos Oficiales y la Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas, señala el informe.

En torno a los proyectos que involucran recursos naturales de las comunidades, el informe establece que la mayoría de las personas con quienes hemos hablado sobre la aprobación de mega-proyectos coinciden en que no se ha implementado la consulta previa a las comunidades afectadas, especialmente pueblos originarios y campesinos, incumpliendo el convenio 169 de la OIT, algo que viene aún más a agravar el conflicto social y territorial existente en el país.

Con respecto a las recomendaciones, la misión parlamentaria de observación de derechos humanos de España El Estado debe asegurar una eficaz separación de poderes como premisa fundamental para garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho.

Reforzar los esfuerzos para depurar las instituciones del Estado, realizándose en el marco de la ley, respetando los derechos de los y las trabajadoras de las instituciones públicas hondureñas, con el objetivo de acabar con la corrupción y la impunidad.

El combate a la criminalidad y a la violación de los Derechos Humanos nunca será eficaz si no va acompañado de una sólida política de prevención.

La lucha contra la impunidad debe implicar a todos los poderes públicos de forma coordinada y eficaz, única manera de conseguir acabar con esta realidad y recuperar la credibilidad de la sociedad respecto al Estado de Derecho, recomienda el informe.

Garantizar el estricto cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a cuyo efecto deberán destinarse los recursos necesarios, puesto que de no hacerse supondría la responsabilidad y connivencia del Estado con las muchas violaciones de Derechos Humanos denunciadas.

La necesidad de mostrar públicamente el apoyo a los periodistas, el respeto a la profesión y comprometerse a investigar los asesinatos además de implementar medidas de prevención y protección, poniendo en marcha el instrumento legal que está en curso “Anteproyecto de ley de protección para defensores de los derechos humanos, periodistas, comunicadores y operadores de justicia”.

Integraron la misión de parlamentarios españoles que estuvo en Honduras del 21 de marzo al 4 de abril de este año,  Dionisio García Carnero, senador por el Partido Popular (PP), Joan Josep Nuet4, diputado de Izquierda Unida (IU) en el Congreso e Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, senador del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Asimismo en representación del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y Africa (IEPALA), el abogado experto en derechos humanos Enrique Santiago Romero, y Beatriz Gil Sánchez.


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Deterioro de la libertad de expresión y de
derechos humanos en Honduras 2013 - 2014


Honduras enfrenta un grave deterioro de los derechos humanos y una drástica situación en cuanto a la libertad de prensa, según reportes anuales en esta materias.
Estos no pasan, ni pasarán desapercibidos ante la comunidad internacional que ya pone pies y oídos a la dura realidad que vive este país, al respecto, se anunció la apertura de una embajada permanente de la Unión Europea (UE), en la capital y el condicionamiento de nuevos financiamientos del G - 16, al régimen de Juan Hernández Alvarado, bajo la condición de respeto a los derechos humanos.
De igual forma el Embajador de España, Miguel Albero, afirmó en la conferencia realizada en el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), junto a una Misión del Parlamento Español en Derechos Humanos, que se brindará apoyo e interlocución a fin de que se conozca la realidad nacional que muestra el resumen de los delegados ibéricos.
Asimismo, al menos 191 agresiones y 11 asesinatos contra periodistas se reportan en un año; una merma respecto al período 2012 - 2013, según el informe del período entregado hoy en esta capital por el Comité de Libre Expresión (C Libre).
Sin embargo, "la merma drástica en el asesinato de periodistas sugeriría una cierta capacidad para controlar esos crímenes desde el Estado, o por poderes irregulares y sombríos incrustados en él", advierte la organización no gubernamental.
Ese contexto permite que el país esté siendo utilizado como un "centro de vigilancia internacional. El secreto, las operaciones especiales, el espionaje y los drones (sigla en anglo de avión no tripulado a control remoto), arriesgan la libre expresión y demás derechos humanos en Honduras, cita el Informe de Libertad de Expresión 2013)".
C Libre entregó el informe "Despacho Urgente ¡Hagan Justicia! Ni Perseguidos, Ni Vigilados. El acto fue propicio para la realización del Primer Encuentro Nacional de la Red de Alertas y Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), que lleva por nombre "Francisco Rodríguez Enamorado" (nuestro bien recordado FRE).
Siguiendo el hilo la Misión Parlamentaria de Observación de Derechos Humanos de España, emitió un comunicado que tituló "Si una palabra tuviese para resumir lo escuchado durante los 4 días que duró la Misión, esa sería, sin lugar a dudas, IMPUNIDAD".
Los observadores españoles estuvieron en Honduras entre el 31 de maro y el 4 de abril de este año, se reunió con familiares de las víctimas del golpe de Estado de 200, sindicatos, campesinos, periodistas, medios de comunicación, entes de seguridad pública y fuerzas armadas.
"En concreto (escuchamos) que el Poder Ejecutivo viene abrogándose competencias propias del Poder Legislativo, lo que conculcaría los principios sobre forma de gobierno establecidos en la carta magna", señala el comunicado.
Integran la misión Dionisio García Carnero, senador del Partido Popular (PP); Joan Josep Nueta, diputado de Izquierda Unida (IU) e Iñaki Mirena Anasagasti, Olabeaga, Senador del Partido Nacionalista Vasco (PNV); en representación del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA), Enrique Santiago Romero y Beatriz Gil Sánchez.
Masa Critica
El 50 por ciento de agresiones son por funcionarios del gobierno que restringen la información, obstruyen el ejercicio del periodismo, agreden a periodistas y acusan a medios de comunicación. El asesinato de Barrow es el más atroz, significa un mensaje de terror al periodismos y a Libre, Barrow tenía relaciones con Libre y se podría catalogar como un crimen político.

Se registran un total de 173 víctimas de agresión a periodistas, comunicadores e informadores como fiscales, jueces, defensores, educadores y/o políticos que fueron limitados en su libre expresión en el proceso electoral o pos electoral, incluidos medios y organizaciones de periodistas nacionales y extranjeros.
En su orden, las agresiones afectaron también a defensores de derechos humanos, activistas políticos, comunicadores sociales, camarógrafos, defensores del pueblo Lenca, defensores del pueblo Tolupán, Fiscalía Especial de Derechos Humanos, candidatos políticos y director educativo.
Las amenazas de muerte a periodistas en el interior del país y ciudades, las agresiones a Radio Glob, Radio Progreso, Cholusatsur, medios del interior y periodistas que hacen libre ejercicio sufren amenazas.
El caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), fue denunciado por los medios y el gobierno se siente ofendido por esa labor y justifica lo ocurrido como un hecho aislado.
Los directores del programa "Suelte la Lengua", Jorge Burgos y Emy Padilla, denunciaron a C Libre que su espacio no debía criticar una u otra cosa; o que no invitara a personajes como Manuel Zelaya, Wilfredo Méndez o a José Guadalupe Ruela, Director de Casa Alianza, porque son críticos del gobierno.
Impunidad es la palabra
En cuanto a la Misión del Parlamento Español, su informe destaca que escuchó repetidamente denuncias de debilidad de la separación de poderes; intromisión de las Fuerzas Armadas en competencias civiles y asignación de poderes al ámbito del Ejecutivo, entre otras.

"Las violaciones de derechos humanos, entre otras, se concentran en colectivos como periodistas, campesinos, sindicalistas, abogados, oposición política, mujeres y colectivos de diversidad sexual".
El alto nivel de impunidad provoca que los responsables de esas violaciones de DDHH no sean sancionados por la justicia, perpetuando todo tipo de violaciones de derechos fundamentales, concluye.
La conferencia de prensa estuvo a cargo de Berta Oliva, Coordinadora del COFADEH y Miguel Albero, Embajador de España en Honduras; asistieron, entre otros, el Director de Casa Alianza, José Guadalupe Ruela y los ex magistrados de la Sala de lo Constitucional, José Antonio Gutiérrez Navas y Rosa Linda Cruz de Williams, entre otros asistentes.

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