Tegucigalpa.Las políticas frente a las drogas en Latino América han sido fuente de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, aseguraron reconocidas organizaciones que luchan por la vida, la memoria y la justicia en el continente, durante un audiencia convocada para analizar el fenómeno en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos.
Rodrigo Primy, representante de una de las 17 organizaciones de derechos humanos resaltó que esas políticas estatales han derivado en graves violaciones a los derechos humanos comenzando por el derecho a la vida provocadas por reacciones desproporcionadas de los estados y acciones militares y policiales que han llevado a ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.
Y segundo porque las mismas políticas han generado formas de criminalidad organizada que afectan la posibilidad del goce al derecho a la vida de muchos de nuestros países, como se ha visto por el incremento muy fuerte de las tasas de homicidio asociadas a la presencia del narcotráfico, explicó el defensor de derechos humanos.
Indicó que ha existido “violación del derecho a la integridad física, y especial al derecho a no ser torturado porque al amparo de las políticas antidrogas se han cometido a veces de manera bastante sistemática, prácticas de tortura, tercero, por la violación del derecho a la presunción de inocencia y en especial del carácter excepcional de la detención preventiva, porque como ya se explicó en la mayoría de nuestros países, las legislaciones frente a las drogas prevén que en caso de éstos delitos, la prevención preventiva sea un medida cautelar prácticamente automática”.
Y cuarto, por la violación de la libertad personal, porque en muchos países las políticas frente las drogas han sido fuente de detenciones arbitrarias masivas e ilegales. En quinto lugar esas políticas han sido fuente de medidas penales excesivas y desproporcionadas, explicó Primy.
En el tema de la militarización, expuso José Guevara de México y señaló que en los últimos años, bajo la llamada guerra contra las drogas, la región latinoamericana ha sufrido un alarmante incremento en los índices de violencia e inseguridad.
“En México desde 2006 se ha instrumentado una estrategia de seguridad que ha privilegiado el uso de la fuerza, incluso la letal, basada en las premisas de la seguridad nacional por encima de los principios de seguridad ciudadana; esa estrategia ha dejado un saldo de al menos 100 mil personas asesinadas y más de 25 mil desaparecidas según cifras oficiales”, apuntó Guevara.
Los
casos de torturas se han incrementado en un 500 por ciento y el
desplazamiento forzado de al menos 250 mil personas. El gobierno actual a
pesar de un cambio en su discurso continúa con la estrategia de
seguridad de la administración pasada, lo que intuye la participación de
las Fuerzas Armadas, detalló José Guevara.Añadió que se han instrumentado operativos contra la delincuencia con el involucramiento de 40 mil agentes de las Fuerzas Armadas por mes. A la fecha no existe una estrategia clara sobre el retiro de estas fuerzas sobre las labores de seguridad pública a pesar de reiteradas promesas del presidente Enrique Peña Nieto.
“En Honduras por ejemplo, el gobierno mantiene 4 mil soldados, y en 2013 creó una policía militarizada de mil agentes, en Perú están sobre militarizados 5 departamentos administrativos, con más de 40 bases militares y policiales”.
Guevara resaltó que la guerra contra la delincuencia organizada ha justificado en México la existencia de un sistema de excepción en el cual se han normalizado diversas prácticas violatorias de los derechos humanos.
La representante de Washington Office on Latin American (WOLA), Coleta Jungles expuso en torno al tema del impacto en el sistema penal y criminalización del consumo de drogas.
Jungles dijo que hay una clara correlación entre la crisis penitenciaria y las leyes de drogas, que no han sido efectivas en reducir el tráfico, pero ha generado consecuencias negativas, con una gran carga de trabajo en los tribunales y hacinamiento en las cárceles con miles y miles de personas a quiénes se les ha encontrado con poca droga.
Desde 1992 hasta 2007 la tasa de encarcelamiento ha aumentado en un 100 por ciento. “El encarcelamiento por delitos de drogas va hacia la alza en todos los casos, el abuso de la detención preventiva a quiénes se sospecha de consumo y tráfico causa mucha preocupación, en muchos países de América Latina la detención preventiva es obligatoria en casos de delitos menores, cuando se trata de drogas”.
“Los Capos (de la droga) no están tras las rejas, en nuestro estudio se encontró que solo el 2 por ciento de los que guardan prisión son de nivel medio o bajo, el peso de la ley afecta más a los sectores vulnerables más pobres que tienen trabajo en el sector informal, estos se convierten en consumidores, en “mulas” y narcotraficantes en pequeña escala para dar de comer a sus familias”, aseguró Jungles.
El combate a las drogas y sus impactos en los derechos humanos
Las leyes de toda la región antidrogas criminalizan todo esto y en cuanto a las mujeres también es preocupante, porque cada vez, más mujeres quedan en la cárcel por cargos de drogas. Solo en Ecuador, entre el 78 y el 80 por ciento, según cada centro de detención, son mujeres. También hay 60 por ciento en Costa Rica y 80 por ciento en Argentina, puntualizó Coleta Jungles.
Por su parte Juan Manuel Torres del Centro de Investigación, Drogas y Derechos Humanos de Perú, se dirigió a la CIDH para hablar sobre el impacto de la guerra contra las drogas en poblaciones vulnerables.
Torres señaló que actualmente el Perú es el primer productor de hoja de coca y de cocaína a nivel mundial, superando a Colombia a pesar de los cerrados esfuerzos gubernamentales. “Sin embargo desde hace más de 20 años, diversas poblaciones vulnerables sufriendo las externalidades negativas de un lucha contra las drogas que aún no demuestra fehacientemente la sostenibilidad de sus resultados”.
Como grupos que generan preocupación, Torres apuntó a los campesinos cocaleros, las mujeres en las cárceles, los usuarios de drogas y las personas que sufren adicciones.
Así bajo el pretexto de la lucha contra las drogas y también contra el terrorismo aún existen remanentes de Sendero Luminoso,y el estado ha llegado a criminalizar a cultivadores atentando contra su economía de auto subsistencia e incluso contra su salud física, explicó el representante de la organización peruana de derechos humanos.
“Cerca de bases militares se han registrado muertos y heridos civiles, con el reciente deceso por fuego abierto de un poblador Paulino Wuaman en octubre de 2013, donde el ministerio de Defensa peruano reconoció su culpabilidad por falta de estrategia”, comentó Torres.
Situación que contrasta con la operación antinarcóticos ejecutada el 11 de mayo de 2012 en en el municipio de Ahuás, departamento de Gracias a Dios, Honduras, donde efectivos militares, policiales y agentes antidrogas de Estados Unidos (DEA) atacaron una pequeña embarcación que transportaba a civiles indefensos, resultando 4 indígenas miskitos muertos a causa del ataque producido desde helicópteros.
La Fiscalía acusó de homicidio culposo a 4 agentes antinarcóticos hondureños, asignados a l Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, pero un juez de la ciudad de Puerto Lempira, en el departamento de Gracias a Dios, les dictó sobreseimiento definitivo en las acusaciones, lo que aumenta el grado de impunidad que prevalece en el país en el tema de delitos contra la vida y violaciones a los derechos humanos.
El 1 de marzo de este año, el Juez Melchor de Jesus Rodriguez Pineda del juzgado de Letras de Puerto Lempira, ordeno sobreseimiento definitivo a favor de Noel Andrés Hernández y Alexander Ramón Robelo ( miembros de la Unidad Elite Antidrogas de la Embajada de Estados Unidos en Honduras) e Iván Neptaly Gonzáles Herrera, efectivo de las Fuerzas Armadas quien causo baja en la institución castrense el 31de enero de 2013, por los delitos de homicidio y abuso de autoridad en perjuicio de los indígenas miskitos Emerson Martínez, Juana Jackson Ambrosio y Asked Tom Brooks Wood.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) que actúa como acusador privado en esta causa y como representante legal de las víctimas, procederá en los próximos días a impugnar la resolución emitida por el juzgado de primera instancia.
Esta es la primera audiencia dedicada al tema de políticas de drogas en una instancia tan importante de derechos humanos. A partir de 2013 se han abierto interesantes debates en el tema, en donde han participado organizaciones de sociedad civil.
Las 17 organizaciones peticionarias que estuvieron presentes en l audiencia fueron: American Civil Liberties Union (ACLU), Asociación Pro derechos Humanos (APRODEH), Perú . Canadian Civil Liberties Association (CCLA) , Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina . Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH), Perú , Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (COFADEH), Honduras. Colegio Médico de Chile .
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), México, Conectas Direitos Humanos, Brasil. Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD), México, Corporación Humanas, Chile. El Centro de Estudios de Derechos Justicia y Sociedad (DeJusticia), Colombia , Instituto de Estudios Legales y Sociales (IELSUR), Uruguay / Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), Argentina. Fundación Myrna Mack, Guatemala y Washington Office on Latin American (WOLA).
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina solicitaron en su calidad de peticionarios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, Estados Unidos el abordaje de este tema considerando los testimonios de graves violaciones a los derechos humanos derivados del combate a las drogas en la región latinoamerican.
A la audiencia no pudo asistir la coordinadora general del COFADEH, Bertha Oliva, en vista del reciente fallecimiento de su compañero de hogar, Adán Palacios.
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