Respecto
a la libertad de prensa y libertad de expresión, el golpe de Estado de
2009, si bien trajo consigo graves consecuencias para el desarrollo
económico, social y cultural de una nación empobrecida como la nuestra,
también reflejó una realidad que para el pueblo hondureño no era
perceptible y que tiene que ver con el control ejercido por los “grandes
medios de comunicación” hablados, escritos y televisados que mantenían
una agenda común o lo que han denominado los expertos, como la línea de
pensamiento único.
Muy pocos medios manejaron un
equilibrio en su política informativa después del rompimiento del orden
constitucional que cerró las participaciones disidentes, clausuró
espacios independientes y desmanteló medios de comunicación que
levantaron su voz para oponerse al fatídico golpe de Estado. Medios
como diario Tiempo y Canal 11 soportaron las presiones ejercidas por el
gobierno de facto de Roberto Micheletti, continuaron con su política
editorial de oposición al golpe y ejercieron un equilibrio para informar
con objetividad sobre la situación política y social que se vivió
posterior al régimen usurpador del poder constitucional. Otros medios de
comunicación no corrieron la suerte de sobrevivir frente a la censura
y el control mediático y fueron víctimas de hostigamientos, persecución
y cierre de sus empresas de comunicación.
Años más tarde Porfirio Lobo Sosa se
alzó con el poder a través de partido Nacional, pero las amenazas contra
la libertad de expresión no cesaron. En una entrevista que realicé con
el director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión, (C-Libre),
Héctor Longino Becerra revela que más de 30 periodistas perdieron la
vida durante la administración de Lobo Sosa.
Becerra dijo que fue el gobierno donde
más se violentó la libertad de expresión y la libertad de prensa en
Honduras. De hecho, C-LIBRE documentó un sinnúmero de otras violaciones
como amenazas, persecuciones, hostigamientos y atentados contra
periodistas y comunicadores sociales; solo en 2012 se contabilizaron 133
agresiones, en 2013 se reportaron más de 90 agresiones contra la
libertad de expresión y prensa y 3 asesinatos de periodistas, entre
ellos el de Aníbal Barrow, solo para recordar un caso que conmocionó a
la sociedad hondureña.
Pero resulta paradójico que, por un
lado, durante la ex administración Lobo Sosa, se hayan producido más de
30 asesinatos de periodistas y que por otro lado, la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (CONATEL) se haya embarcado por primera vez, en un
proceso de democratización del espectro radioeléctrico, brindando
respuestas de esta manera a las solicitudes y demandas de varias
organizaciones de sociedad civil.
Es de esta forma que el Estado de
Honduras otorgó frecuencias de radio en la banda FM a radios
comunitarias y organizaciones no gubernamentales ligadas durante muchos
años a la comunicación social y las luchas populares. La mayoría de las
radios comunitarias tienen autorización para transmitir legalmente con
una potencia de 1.5 a 2 kilowatts, suficiente para cubrir el territorio
municipal desde donde operan.
Resalta en este aspecto el trabajo de
incidencia que durante el 2013 realizó C-LIBRE en búsqueda de una
distribución más equitativa de las frecuencias del espectro
radioeléctrico y el reconocimiento de las radios comunitarias, con el
propósito de fortalecer la libertad de expresión en nuestro país. En
medio de esta paradoja, nos agradó escuchar en Tegucigalpa, en la
frecuencia 88.9 FM, las emisiones informativas y culturales de la Red de
Desarrollo Sostenible (RDS), que durante el golpe de Estado, fue
víctima de hostigamientos, bloqueo de su señal en la internet y
amenazas por parte del gobierno de facto de Roberto Micheletti (régimen
que violentando la Constitución de la República y los Tratados
Internacionales en materia de libertad de expresión y de prensa, cerró
estaciones de radio y televisión como Radio Uno, Radio Progreso, La
Catracha, Radio Globo, TV Globo y Cholusat Sur-Canal 36, entre otros).
Otra radio comunitaria que ha luchado
por la legalización de las tierras que habitan desde hace más de un
siglo, es la Voz de Zacate Grande, clausurada en varias oportunidades y
sujeta a una serie de presiones ejercidas por grupos económicos ligados
al acaparamiento de tierras en muchas regiones del país y con gran
influencia en la vida política.
El esfuerzo de las comunidades de
Zacate Grande en la península del mismo nombre, la persecución sufrida
por sus comunicadores sociales y las demandas de justicia, encontraron
eco en los pasillos del poder político y hoy su frecuencia está
autorizada para operar y transmitir su señal en 97.1 FM más allá de la
cobertura con que operaba, para cubrir a las 10 comunidades que viven
de la pesca y la siembra de granos básicos en la áspera región del Golfo
de Fonseca.
El otorgamiento de estas y muchas
otras frecuencias de radio y televisión a nivel nacional destinadas a
patronatos, comunidades indígenas y negras, asociaciones y
organizaciones populares no constituyen una dádiva del Estado, al
contrario, representa un acto de justicia y un reconocimiento a un
derecho humano universal que establece que toda persona es libre de
expresar sus opiniones, de investigar y de difundir sus ideas, por
cualquier medio de difusión, sin previa censura.
La agenda del pensamiento único
desarrollada durante casi un siglo, consolidada por el ex dictador
Tiburcio Carías Andino, que ejerció el poder entre 1933 a 1949, que con
el apoyo de las compañías bananeras establecieron una agenda común,
tanto para perfilar su imagen de gobernante de la “paz y la
tranquilidad” (pese al encierro, entierro y exilio de los opositores
políticos), como para establecer el control mediático respecto de los
mensajes que transmitía la radio del capital transnacional bananero, así
como de los medios de comunicación impresos, para, de esta manera,
hacer prevalecer un pensamiento único en el imaginario colectivo.
Con los medios de comunicación
independientes y la apertura de nuevas emisoras comunitarias ha
comenzado a desvanecerse el control mediático, lo que supondrá un
pluralismo de ideas y opiniones que permitan encontrar el camino de un
verdadero estado de derecho, que respeta las libertades ciudadanas, con
un sistema democrático, participativo, incluyente y justo.
*Periodista
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