Escrito por Redacción en Jueves, 02/13/2014 - 16:50
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-
Más de 400 menores de edad quedaron huérfanos en los últimos cuatro
años en la zona del valle del Aguán, tras la muerte de 113 campesinos
asesinados por el conflicto de la tenencia de tierras, así lo
denunciaron sobrevivientes pertenecientes a la Plataforma Agraria.
“Estamos condenado la impunidad de
parte del aparato judicial del Estado, ante la represión sistemática,
persecución judicial y atentados criminales”, denunciaron al menos 42
personas en un comunicado conjunto emitido en la capital hondureña.
Según la Plataforma Agraria, al menos
113 personas fallecieron víctimas del conflicto durante el gobierno de
Porfirio Lobo Sosa, hechos en los que se ha denunciado “la participación
de paramilitares, guardias de seguridad de corporaciones
terratenientes en confabulación de los aparatos represivos del Estado”,
indicaron. “Como resultado tenemos al menos 400 niños y niñas huérfanas, madres viudas, decenas de hombres y mujeres heridas”, lamentaron.
Impunidad
De acuerdo con las organizaciones
campesinas, estos hechos “reflejan los niveles de impunidad que gozan
las corporaciones como Dinant y Oleopalma que acaparan tierra mediante
el desplazamiento de las comunidades, a través de la confabulación de
la débil institucionalidad de los entes encargados de impartir
justicia”.
La Plataforma Agraria sostiene que la
crisis agraria que se vive en la región fue generada en 1992 en el
gobierno de Rafael Leonado Callejas con la aprobación de la fatídica e
inconstitucional Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola y
que hasta la fecha, pese a la firma de acuerdos firmados en el 2010,
por el entonces presidente, Porfirio Lobo Sosa, para la entrega de 11
mil hectáreas de tierra de las cuáles únicamente se han entregado 3,062
hectáreas.
En
ese sentido, la organización demandó "el respeto a la posesión de la
tierra que a través del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia
a favor de MARCA y la adjudicación del área que por derecho
generacional les corresponde a los pobladores de la comunidad de Panamá,
así como también el respeto del fallo emitido el 16 de febrero 2012 por
la Corte Suprema de Justicia a favor de MARCA y el cumplimiento de los
acuerdos firmados el 17 de abril del 2010 entre el Gobierno y MUCA".
De
acuerdo con Yoni Rivas, secretario general del Movimiento Unificado
Campesino del Aguán (MUCA), “ellos representan un 20% del total de
compañeros que han sufrido por la represión militar y de los guardias de
seguridad de Corporación Dinant”.
La denuncia- explicó- busca
“visibilizar lo ocurrido para que las autoridades que estén haciendo
presencia en el departamento y el país tengan conocimiento”. A su criterio, Miguel Facussé “tiene que entender que hay un pueblo organizado que está exigiendo que haya justicia”.
“Hemos estado el 2012 y 2013, la
dirigencia de MARCA, MUCA, MOCRA y MCA, denunciando todos estos hechos,
realmente da consternación recordarlo, pero aquí hay compañeros que han
perdido sus hermanos, compañeras de hogar, compañeras que han perdido
sus esposos y compañeros que han sido heridos de bala disparadas por los
guardias de seguridad”.
Para Rivas, “se ha instalado en el
Poder Ejecutivo alguien que ha desconocido las necesidades del campesino
y podría venir una represión mucho mayor en estos próximos cuatro
años”.
Las víctimas siguen siendo amenazadas
Las víctimas siguen siendo amenazadas
Blanca Aguilar, viuda de José Santos Aguilar
“Mataron a mi marido el 15 de abril
del año 2009. Lo mataron porque uno a veces uno tiene ni un pedazo de
tierra, entonces arriesga la vida con meterse a tierras y el
terrateniente lo mandó a matar. José Santos se dedicaba a labrar la
tierra, yo quedé desamparada sin tener su apoyo, pero yo también me
convertí en socia de la CNTC (Central Nacional de Trabajadores del
Campo)”.
“Tengo tres hijos, dos niñas y un
niño, la más grande tiene 18, 15 y 12 años. Pienso que corremos peligro y
solo nos agarramos de Dios, pero seguimos ahí porque no tengo donde
vivir, arriesgamos la vida porque no tenemos ni un pedacito de tierra
donde vivir”.
“En el sector donde vivo hay como 90
familias, hay muchas otras que han tenido amenazas. Hace poco despareció
un compañero, se llamaba Francisco Pascual. Las tierras donde estamos
están pegadas a las de Facussé pero a él lo mataron en las tierras de
nosotros y lo arrastraron como a un perro, sabemos que los guardias de
Facussé lo tiraron pero hasta ahora no hemos hallado ni sus huesos”.
Doris María Pérez
Doris María Pérez
“Todos los niños salieron corriendo,
pero mis hijos no iban entonces regresé al cuarto ellos estaban
escondidos debajo de la cama”. “Mi hija mayor me dijo ahora si nos
matan. Yo le dije que iba a salir primero y que ellos se pegaran atrás
por el monte. Los guardias de la finca San Isidro, (propiedad de
Facussé) se fijaron, nos tiramos al suelo y ellos empezaron a disparar.
Le dije a mis hijos que corrieran adelante y cuando volteé a ver me
pegaron el tiro”.
“Estuve hospitalizada dos meses, pero
como no podía trabajar los compañeros me regalaban para la comida para
mí y mis hijos de 13, 11, 9 y 7 años, pues soy madre soltera”. “Tengo
cuatro años viviendo en este lugar, antes trabajábamos en un palmera
pero las llenas nos sacaron, si no vivo aquí no tengo a donde ir y no sé
qué le voy a hacer. Tengo miedo por cualquier cosa que ocurra, esa
gente es capaz de todo”.
Otros casos
Santos Bernabé Cruz
Un joven adolecente que fue bañado de gasolina y amenazado por militares con arma de fuego el 19 de septiembre del 2011.
Juan José Salgado
Hijo de la pareja que fue asesinada el 19 de agosto del 2011.
Neptali Esquivel
Herido de bala por un militar en el momento que reprimían una manifestación pública el 30 de marzo 2011.
José Chavez
Hermano de Gregorio Chavez,
desaparecido el doce de julio de 2012 en la finca Paso Aguán, su cuerpo
fue encontrado sepultado en esta finca la estaban convirtiendo en
cementerio clandestino.
Florida Rodríguez
Fue raptada por guardias de seguridad el 16 de enero de 2012.
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