http://youtu.be/mhJ8xlTdsV0
No coman ansias. Lo que dice la CPI en este EXAMEN PRELIMINAR es que: no hay agresores identificados plenamente; que los delitos existieron pero que no llenan requisitos del Estatuto (no es que no hay delitos ya que existen víctimas); que siguen las evaluaciones y lo más importante, por ser preliminar, además de que muchos se pueden considerar delitos de lesa humanidad (imprescriptibles) a la luz de aportes posteriores, ya que esta no es una sentencia de CPI. ES SÓLO UNA EVALUACIÓN PRELIMINAR, así que hay que trabajar en las pruebas. Quien dice que en la CPI se condenan a los Estados: allí se condenan personas. Para condenar al Estado-en esa paradoja que nos incluye a todos los ciudadanos-, se tiene a la Corte Internacional de Justicia organo judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas.
D.M.
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Informe
sobre el examen preliminar. Actividades 2013
Noviembre
de 2013
Contenido
A.INTRODUCTION
B. C COMPETENCIA MATERIAL
Honduras
B.
SITUACIONES LA FASE 2 (COMPETENCIA MATERIAL)
( ... )
HONDURAS
Iter Procedimental
57. La Oficina ha recibido 23 comunicaciones en
virtud del artículo 15 en relación con la situación en Honduras. El examen
preliminar de la situación en Honduras se hizo público el 18 de noviembre de
2010.
C Cuestiones
Jurisdiccionales Preliminar
58. Honduras ratificó el Estatuto de Roma el 1
de julio de 2002. Por tanto, la CPI tiene jurisdicción sobre los crímenes del
Estatuto de Roma cometidos en el territorio de Honduras o por sus nacionales
desde 1 de septiembre de 2002 en adelante.
A Antecedentes
contextuales
59. El examen preliminar de la situación en
Honduras se centra en acontecimientos ocurridos desde el golpe de Estado del
28 de junio de 2009. El 28 de junio de 2009, el ex presidente José Manuel
Zelaya Rosales fue detenido por miembros de las fuerzas armadas. Luego fue colocado
a bordo de una aeronave y trasladado en avión a Costa Rica. El Congreso
Nacional aprobó una resolución de despojar al presidente Zelaya de la
presidencia y nombrar al entonces presidente del Congreso, Roberto
Micheletti, como presidente de Honduras. El Poder Ejecutivo implementó
inmediatamente un toque de queda, y la policía y el ejército se basaron en el
mismo para su aplicación. El 6 de julio, una "sala de crisis" se
estableció en el recinto del palacio presidencial con el fin de coordinar las
operaciones policiales y militares. Los toques de queda se siguieron
utilizando a través de decretos ejecutivos que restringe la libertad de
movimiento, reunión y expresión emitida de forma intermitente a lo largo del
verano y principios del otoño. Las acciones fueron duramente criticadas como
un golpe de Estado ilegal en la comunidad internacional.
60. Miles de partidarios del Presidente Zelaya
marcharon pacíficamente en una manifestación de su oposición al golpe de
Estado. Muchas de estas manifestaciones se encontraron con la resistencia y
la violencia de las fuerzas de seguridad del Estado. Los puestos de control y
controles de carretera se establecieron en varias partes del país, a menudo
evitando la movilización de grandes multitudes de manifestantes. El Presidente
Zelaya intentó, sin éxito, el retorno al país, tanto en junio y a finales de
julio. Se las arregló para entrar a Honduras en septiembre, donde se refugió
en la embajada de Brasil.
61. En noviembre de 2009 se celebraron elecciones presidenciales, las
cuales Porfirio Lobo gana. Él asumió el cargo en enero de 2010 y se aprobó un
decreto de amnistía que proporciona un perdón a todas las personas
involucradas en los hechos del 28 de junio de 2009, con exclusión de las
personas responsables de crímenes de lesa humanidad y violaciones de los
derechos humanos, e instituyó una Comisión de la Verdad y
Reconciliación (Comisión de la Verdad y Reconciliación) para cubrir los
eventos entre el 28 de junio de 2009 y 27 de enero 2010. En mayo de 2010, las
organizaciones de derechos humanos de Honduras patrocinaron una Comisión de
la Verdad (Comisión de Verdad), para llevar a cabo una investigación
alternativa a los eventos que siguieron al golpe de Estado hasta agosto de
2011. Los informes de ambas comisiones se publicaron en julio de 2011 y
octubre de 2012, respectivamente.
62. Desde el golpe de Estado en 2009, la violencia en Honduras se ha
incrementado significativamente. Varias explicaciones se han ofrecido para el
aumento de asesinatos y crímenes violentos, pero la impunidad debido a la
incapacidad de las autoridades para actuar mediante investigaciones y
enjuiciamientos han sido raros, creando un círculo vicioso. Varios
actores nacionales e internacionales han llamado la atención particular a los
supuestos ataques contra los defensores de derechos humanos, miembros de la
profesión jurídica, periodistas, profesores, sindicalistas, miembros de la
resistencia, las minorías sexuales, grupos indígenas, activistas de derechos
sobre la tierra y otros grupos.
í Crímenes
alegados
63. La mayoría de los crímenes alegados cometidos en el período entre el
golpe y la asunción del presidente Lobo ("período post- golpe de
Estado") surgieron de los intentos de las fuerzas de seguridad para
hacer frente a las manifestaciones. Las principales categorías de
estos delitos se derivan de las denuncias sobre el tratamiento de los
opositores al régimen de facto. Además de las acusaciones que datan de este
período, la Oficina también ha recibido denuncias que se extienden en el
período siguiente ("período posterior a las elecciones"), que se describen
por separado más adelante.
64. Muertes: Alegaciones examinadas
describen dos tipos de muerte, la primera fueron como consecuencia del uso
excesivo y desproporcionado de la fuerza por las fuerzas de seguridad durante
las manifestaciones o en los controles, ya sea de fuego real o gases
lacrimógenos, y la segunda derivada de la supuesta ejecución selectiva de los
opositores al régimen seleccionados de hecho, entre ellos los líderes de
derechos humanos, periodistas y activistas. El número potencial de víctimas
del primer tipo oscila entre siete y doce personas, todas atribuidas a las
fuerzas de seguridad. Este último tipo oscila entre seis a más de veinte
víctimas, los supuestos autores de los hechos siguen siendo desconocidos.
65. La prisión y otras formas de privación
grave de la libertad: se produjeron detenciones a gran escala por lo
general sobre la base de violaciones de toque de queda y por la participación
en las manifestaciones. Las estimaciones van desde 3.000 a 4, 500 personas
afectadas. La mayoría de estas detenciones fueron durante 45 minutos a 24
horas. Se alega que, en algunos casos, los malos tratos y las lesiones se
presentaron durante los procedimientos de arresto y detención, aunque el
número de víctimas y la gravedad de los daños no están claros. Además, no
parece que haya habido violaciones de los derechos al debido proceso de
numerosas personas, en relación con la legalidad de los toques de queda que
justifican las detenciones, así como la falta de declaración de las razones
de la detención, permitir el acceso a un abogado y el uso esporádico de
detención irregular en instalaciones, entre otros.
66.
Tortura: El número de casos de
tortura no está claro, con posibles rangos de cuatro a más de decenas que se
producen durante las detenciones. Las lesiones, en su mayoría causadas en el
contexto de los intentos de suprimir las manifestaciones y después del
arresto y la detención, se reportaron en el rango de cualquier lugar entre
288 a más de 400 personas.
67. La violación y la violencia sexual: La información disponible indica que aproximadamente
dos a ocho casos de violación y un número adicional de los actos de violencia
sexual (aproximadamente diez a quince) fueron cometidos en su mayoría en el
contexto de manifestaciones o detenciones.
68. Deportación o traslado forzoso: el presidente Zelaya y la ex ministro de
Relaciones Exteriores , Patricia Rodas, fueron presuntamente víctimas
de deportación, después de haber sido expulsados del país en contra de su
voluntad y sin órdenes legales para la remoción.
69. Persecución: En diversas formas,
las denuncias sugieren que el régimen de facto ha desarrollado una política
de atacar a sus oponentes a través del uso selectivo y la aplicación de
toques de queda, cierre de medios de comunicación; focalización de los
activistas de derechos humanos, periodistas y líderes de la oposición ;
detenciones en masa, ya sea por participar en manifestaciones y/o por violar
el toque de queda, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por las
fuerzas de seguridad en manifestaciones y en puestos de control y los malos
tratos en centros de detención.
70. Además de las denuncias relacionadas con el
período posterior al golpe de Estado, la Oficina también está analizando las
denuncias de crímenes cometidos en el período posterior a las elecciones.
Estas acusaciones se centran en los grupos vulnerables, especialmente a los
que resistieron el golpe de Estado, así como las amenazas y ataques contra
defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y sus desapariciones
forzadas y asesinatos selectivos. Otro enfoque ha sido en la región del Bajo
Aguán del país, donde se afirma que más de 100 campesinos (campesinos) han
sido asesinados desde el golpe de Estado. Los remitentes de una comunicación
del artículo 15 sugieren que estos crímenes son una continuación de la
supuesta agresión contra los opositores al régimen. Sin embargo, hay una
escasez de información sobre la atribución de la responsabilidad de muchas de
las alegaciones que presenta desafíos para el análisis.
A Asesoría
Jurídica
71. En el examen de los elementos del contexto
de crímenes contra la humanidad, la Oficina determinó que los opositores al
régimen de facto podrían constituir una población civil. Teniendo en cuenta
el apoyo al ex presidente Zelaya, se trataría de un gran número de personas
repartidas por todo el país. En cuanto a un "ataque", llevado a ser
"la comisión múltiple de actos" en el artículo 7(1) , no queda
claro si el presunto número de muertes debidas a fuerza extrema, el número de
denuncias de torturas y actos de violación y la violencia sexual, la
detención de una duración de hasta 24 horas y/o en condiciones difíciles, y
el número de supuestas lesiones graves, podrían ser positivamente relacionados
con el presunto ataque o de otra manera acumulativamente podrían servir de
base para la búsqueda de un "ataque".
72. En cuanto a si este ataque podría
considerarse generalizada, la Oficina consideró que, dado el gran tamaño de
la población que fue supuestamente el blanco del ataque, la escala de las
víctimas de asesinatos, torturas, violencia sexual, detenciones de más larga
duración y/o en condiciones de carácter grave fue relativamente pequeña,
incluso tomada en las más altas estimaciones de rangos. En efecto, hubo
muchas más víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, incluidas
las restricciones a la libertad de circulación, expresión y asociación, y la
interferencia con la libertad a través de un gran número de detenciones breves
en general, pero estas violaciones, combinadas con el menor número de más
graves actos juntos, no se puede decir que constituyen un ataque generalizado
dirigido contra los opositores al régimen de facto, como los formulados en el
Estatuto de Roma.
73. Para evaluar si hubo un ataque sistemático,
la Oficina considera que la gran mayoría de los actos de violencia se produjo
en contextos relacionados con demostración-. Si bien no fueron víctimas de
asesinatos, torturas, violencia sexual, detenciones de más larga duración y/o
en condiciones de carácter grave o lesiones graves, la comisión de estos
crímenes no parece haber ocurrido en un patrón organizado y regular. No
existe un patrón consistente de atacar a los opositores al régimen de facto
fuera del contexto, tanto los factores que podrían contrarrestar las
reclamaciones de un ataque de naturaleza sistemática. Esto crea una
dificultad para sacar a estos actos y los caracteriza como parte de un ataque
sistemático contra una población.
74. Aunque no es necesario, dadas las
conclusiones sobre la falta de cualquiera de un ataque generalizado o
sistemático, la Oficina también examinó si había alguna evidencia de una
política de atacar a los opositores al régimen de facto. Se podría argumentar
que los decretos que restringen la libertad de movimiento, reunión y
expresión, sirvió como marco para las fuerzas de seguridad para cometer
abusos contra los civiles que se oponían al régimen de facto. Además, el
establecimiento de una "sala de crisis", diseñado para planificar
operaciones para reprimir a la oposición también podría ser un indicador de
una política. Sin embargo, mientras que los propios decretos ampliaron los
poderes de la policía y las fuerzas armadas, no lo hicieron como tal
autorizar la comisión de actos que podrían decir que constituye un ataque. En
cuanto a la "sala de crisis", no es claro que emana de esta
coordinación no hubo una política destinada a atacar, de manera generalizada
y sistemática, a la población civil constituida por los opositores al régimen
de facto.
75. La Oficina consideró que, si bien parece que el régimen de facto ha
desarrollado un plan para tomar el poder y ejercer control sobre el país, las
acciones utilizadas para poner en práctica ese plan no constituyen por sí
mismos un ataque (es decir, las restricciones a la libertad, movimiento y
asociación) que era parte de una política preconcebida dirigida contra los
opositores al régimen de facto. Esto no disminuye la gravedad de las violaciones
de los derechos humanos que se produjeron, pero crea dificultades para
fundamentar la afirmación de que estos actos podrían ser considerados como un
ataque generalizado o sistemático como se entiende en el Estatuto de Roma.
76. En cuanto a las denuncias de crímenes
cometidos en el período post-golpe de Estado, la Oficina ha analizado la
calificación jurídica de las acusaciones de detenciones y persecuciones como
conducta subyacente. La
Oficina consideró que a pesar de la naturaleza a gran escala de las detenciones
y las violaciones del debido proceso, su brevedad fue un factor significativo
en su calificación jurídica. El análisis encontró que la gran mayoría de
ellos no puede ser considerada como que cae dentro del ámbito del artículo 7(1)
(e)" la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en
violación de normas fundamentales de derecho internacional". Para
los detenidos por períodos de tiempo y/o en condiciones severas más largas,
es posible que algunas de estas detenciones podría aumentar para cumplir con
el artículo 7 (1) (e), pero en la cara de la información revisada, este tipo
de detenciones parecía ser la excepción.
77. En cuanto a las denuncias de persecución, la Oficina consideró las
restricciones a la libertad, el movimiento y el montaje, a pesar de violaciones
graves y generalizadas de los derechos humanos no se puede decir que
elevarse al nivel de cualquiera de los actos enumerados en el artículo 7 (1)
con las interpretaciones actuales del Estatuto de Roma. Además, la mayoría de
las detenciones no pareció elevarse al nivel de conducta capturada por el
artículo 7(1) (e) y gran parte de la conducta restante se justificaron de
manera insuficiente. El efecto combinado de este hallazgo, junto con los
hallazgos relacionados con las denuncias de detenciones es que no hay una
base razonable para establecer la persecución durante este período.
78. Las denuncias de asesinatos selectivos y
otros actos contra determinados segmentos de la población durante el período
post-golpe no fueron suficientemente respaldadas por información sobre la
atribución que le permite conectarse a un patrón más amplio de conducta
atribuible a los actores identificables. Dada la información actual
disponible y la jurisprudencia hasta la fecha, el análisis encontró que no
había una base razonable para creer que un ataque sistemático contra los
opositores al régimen de facto se produjo en el período posterior al golpe.
79. En cuanto a las reclamaciones en el período posterior a las
elecciones, la sustanciación de un ataque en contra de esta población es un
reto y requiere de investigación y análisis adicional. En un contexto
de altos niveles de crimen violento y la prevalencia de un gran número de
grupos criminales, poca o ninguna información que acredite el nivel de
organización independiente de estos grupos criminales o posible conexión con
los agentes del Estado se ha presentado. Por lo tanto, las cuestiones clave pendientes en esta
fase del examen preliminar son la falta de información concreta sobre la
atribución de responsabilidad por los crímenes y la falta de información de
la conexión de supuestos actos contra las personas en un patrón más general
que puede caracterizarse como un ataque generalizado o sistemático
conformidad a una política.
80. La Oficina seguirá recopilando información adicional para analizar si
las denuncias más recientes pueden ser evidencia de un patrón creciente de
actos criminales que puedan alterar la caracterización del período posterior
al golpe anterior y proporcionar una base para considerar como un ataque
generalizado o sistemático continuo realizado de conformidad con una
política.
OTP
Actividades
81. Durante el período del informe, la Oficina
ha tratado y analizado información sobre la situación en Honduras a partir de
múltiples fuentes, incluyendo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
(Comisión de la Verdad y Reconciliación ), la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas el Alto Comisionado para
los Derechos Humanos, varios informes de organizaciones de la sociedad civil
nacionales y organizaciones no gubernamentales internacionales , el informe
de la Comisión con el apoyo de la sociedad civil de la Verdad (Comisión de
Verdad) , la información de los gobiernos nacionales , el artículo 15
comunicaciones presentadas a la Oficina, así como la información presentada
en nombre del gobierno de Honduras.
82. Durante el período del informe, la Oficina
ha llevado a cabo consultas con las organizaciones no gubernamentales
internacionales y hondureños para intercambiar puntos de vista y verificar
información sobre el contexto y caracterización de los supuestos crímenes
cometidos desde el 06 2009 golpe de Estado.
C conclusión y próximos pasos
83. Parece haber pocas dudas de que los acontecimientos que rodearon el
06 2009 golpe de Estado y las medidas adoptadas en sus consecuencias
constituyen violaciones de derechos humanos atribuibles directamente a las
autoridades del régimen de facto. Según lo establecido en el informe de 2012,
la Oficina reconoce que existen argumentos tanto de apoyo y oposición a la
calificación jurídica de tales actos como crímenes de la competencia de la
Corte. Sin embargo, después de un cuidadoso análisis, la Oficina ha
llegado a la conclusión de que no existe una base razonable para creer que la
conducta atribuible a las autoridades de facto de régimen durante ese período
de tiempo discreto constituye crímenes contra la humanidad.
84. La Oficina continuará su examen preliminar de la situación a
la luz de las denuncias más recientes de conducta después de la elección
presidencial de 2010, para determinar si existe una base razonable para creer
que los crímenes contra la humanidad han sido o están siendo cometidos. La
Oficina particularmente toma en cuenta si esas acusaciones pueden evidenciar
un patrón creciente de actos prohibidos que podrían alterar la calificación
jurídica de la época posterior al golpe anterior y proporcionar una base para
considerar esos actos en el contexto de un continuo generalizado y/o
sistemático ataque llevado a cabo en virtud de un Estado o de política de la
organización. En este contexto, la Oficina también seguirá de cerca cualquier
violencia asociada a las próximas elecciones presidenciales previstas para
noviembre de 2013.
(...)
C.
SITUACIONES EN LA FASE 3 (ADMISIBILIDAD)
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